Edgar Antonio Flores Aguillón
Expediente 267/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 267/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/06/2017
Partes del expediente
- Edgar Antonio Flores Aguillón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad de México, a dieciséis de junio de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo General mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete. Finalmente, ya que no es necesaria la retención de los anexos enviados por la autoridad responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que será suficiente el sello de la autoridad de referencia, el cual hará las veces de acuse.
- Principal
V i s t o s, para resolver los autos del juicio de amparo 267/2017, promovido por Edgar Antonio Flores Aguillón contra la omisión de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la omisión que se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de la omisión reclamada, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. El día de su recepción, se registró el asunto con el orden 267/2017 y se previno al quejoso; una vez que desahogó el requerimiento relativo, por auto de cuatro de abril del año en curso, se admitió a trámite la demanda; se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción la intervención legal que le compete, así como la representación social adscrita a la sala mencionada; y se fijaron día y hora para la audiencia constitucional. IV. En su oportunidad se emplazó a Arely Aguillón García, en su calidad de tercero interesada. V. Por último, se realizó la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica de la omisión reclamada. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido), que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que la omisión reclamada de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México es la siguiente: * La abstención de pronunciarse en relación con la prescripción de la acción penal, por lo que respecta al delito de estupro, que fue materia de reclasificación (modificación), en la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 74/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor del quejoso contra el auto de formal prisión, dictado contra este último por su probable responsabilidad en la comisión de corrupción de menores, emitido el dieciocho de enero del año en curso, en la causa 254/2013, por el Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad. No se soslaya que en el auto admisorio se precisó como acto reclamado la resolución emitida por la sala señalada como responsable, pues así lo indicó el quejoso en el capítulo relativo; sin embargo, como se dijo, de una lectura minuciosa de la demanda y de las demás constancias de autos, se aprecia que de lo que se duele el peticionario de amparo es porque dicha autoridad judicial omitió pronunciarse en relación con la prescripción mencionada, pues los conceptos de violación son tendentes a controvertir ese aspecto, máxime que manifestó su conformidad en cuanto que le fue reclasificado el delito por el que se decretó su formal prisión. TERCERO. Es cierta la omisión reclamada de la sala responsable, pues así se aprecia de las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, entre las que se encuentra la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 74/2017, documental que tiene pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que no existe algún pronunciamiento en relación con la prescripción de la acción penal, en relación con el delito de estupro, atribuido al quejoso, aun cuando tal pronunciamiento debió realizarse de manera oficiosa, acorde con el artículo 106 del Código Penal para esta ciudad. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, sin que sea necesario transcribirlos, pues no existe algún precepto que así lo establezca. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Son inoperantes los conceptos de violación, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal. En efecto, tales motivos de disenso son tendentes a evidenciar que está prescrita la acción penal relativa al delito de estupro, por el que la sala responsable resolvió debe seguirse la instrucción del proceso penal contra el quejoso; sin embargo, este órgano de control constitucional se encuentra jurídicamente impedido para determinar si tales aseveraciones son correctas o no, lo anterior en razón de que constituye un hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, que en esta misma fecha se pronunció sentencia en el juicio de amparo 235/2017, del registro de este juzgado, promovido por Arely Aguillón García, contra la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, dictada en el toca 74/2017, en que se le concedió el amparo, para el efecto de que la sala responsable realice lo siguiente: ".Deje insubsistente la resolución que constituyó el acto reclamado, y dicte otra en la que subsane las deficiencias formales de que adolece, esto es: a) En lo relativo a la prueba consistente en el dictamen de psicología de veinte de septiembre de dos mil trece, únicamente deberá tomar en consideración los aspectos que tengan relación con la causa de origen, pues por lo que hace a que no se acredita que la justiciable haya sido objeto de agresión sexual, ni de explotación infantil, esas cuestiones son ajenas a los hechos materia de la consignación. b) Dilucidar el concurso aparente de tipos que se advierte entre las descripciones típicas previstas en los artículos 180 y 184 del Código Penal para esta ciudad; y c) Determine de manera congruente y específica cuál fue la hipótesis delictiva concreta que considera acreditada, con base en las consideraciones expuestas en el presente fallo. Protección constitucional que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad, al no reclamarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia...". Consecuentemente, es indudable que este órgano de control constitucional está impedido jurídicamente para analizar lo relativo a la prescripción mencionada, pues el efecto por el que se concedió el amparo implica dejar insubsistente la resolución de la que se hace derivar la omisión reclamada, a fin de que se subsanen las violaciones advertidas. En relación con el hecho notorio es aplicable la jurisprudencia 2a./J.103/2007, emitida por la Segunda Sala del Alto tribunal de justicia del país, consultable en la página 285 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Junio de 2007, que dispone: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista". En esas condiciones, lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 124 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia Federal no ampara ni protege a Edgar Antonio Flores Aguillón contra la omisión de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, consistente en: * La abstención de pronunciarse en relación con la prescripción de la acción penal, por lo que respecta al delito de estupro, que fue materia de reclasificación (modificación), en la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete, pronunciada en el toca 74/2017, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el defensor del quejoso contra el auto de formal prisión, dictado contra este último por su probable responsabilidad en la comisión de corrupción de menores, emitido el dieciocho de enero del año en curso, en la causa 254/2013, por el Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a veinticinco de abril de dos mil diecisiete. Agréguense a los autos el oficio y anexos de cuenta; en atención a sus términos, se tiene por rendido el informe justificado que en él se contiene, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Acorde con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad signante las documentales que adjuntó a su informe de ley, las cuales se desahogan en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionarán en la audiencia constitucional. Dado el excesivo volumen de las constancias que se remiten, fórmense por separado dos anexos, respetando su sello, rúbricas y folio. Ahora, del estado de autos se advierte que en auto de diecisiete de abril pasado, se reservó proveer lo conducente respecto de las pruebas ofrecidas por la tercero interesada hasta en tanto la autoridad responsable rindiera su informe justificado, lo que en el caso acontece. En consecuencia, se tienen por ofrecidas y se admiten como pruebas de la referida contendiente la presuncional legal y humana, así como la instrumental de actuaciones, las cuales se desahogan en razón de su naturaleza jurídica, que se relacionarán en la audiencia constitucional.
- Principal
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