Edgar Antonio Flores Aguillón

Expediente 1093/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 14 actuaciones registradas, la última del 16 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1093/2017
Año
2017
Actuaciones
14
Última actuación
16/04/2018

Partes del expediente

  • Edgar Antonio Flores Aguillón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de abril de dos mil dieciocho. Vistas la constancia y la certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobresee en el juicio y niega el amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó en el juicio y negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con lo que establecen los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse dentro de la hipótesis a que se refiere la fracción IV del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Asimismo, deberán conservarse los proveídos integrantes del cuaderno original del incidente respectivo, en los que en su caso, se haya concedido la suspensión ya sea provisional o definitiva, en términos del segundo párrafo de la fracción III, de la disposición en consulta, siendo depurables los restantes. Con sustento en el punto vigésimo, fracción III, del acuerdo general en comento, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. Con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los lineamientos establecidos en el acuerdo general conjunto citado, elabórese el presente proveído por triplicado para que se integre en los cuadernos incidentales. Finalmente, toda vez que no es necesaria la retención de las constancias enviadas por la autoridad judicial responsable, devuélvanse a su lugar de origen, sin que sea necesario solicitar el acuse de recibo, debido a que es suficiente el sello de la autoridad de referencia el cual hará las veces de acuse.

  2. Principal

    Cúmplase.

  3. Principal

    Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1093/2017, promovido por Edgar Antonio Flores Aguillon, contra actos del Juez Quincuagésimo Tercero Penal en esta ciudad y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso en cita solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos de las autoridades que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. II. El solicitante de amparo narró los antecedentes de los actos reclamados, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que se violan sus derechos públicos subjetivos previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Al día siguiente, se admitió a trámite la demanda con el orden 1093/2017; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, así como al representante social adscrito al órgano jurisdiccional responsable; se tuvo con el carácter de tercero interesada a Arely Aguillón García, quien fue emplazada; finalmente, se señalaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I y VII, constitucionales, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 51, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza de los actos reclamados. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 207 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional, que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Dicho criterio es del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que los actos reclamados son la orden de reaprehensión dictada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 254/2013, así como su ejecución, que se atribuyen en su carácter de ordenadora al: a) Juez Quincuagésimo Tercero Penal. Como ejecutoras al: b) Procurador; y c) Jefe General de la Policía Judicial, ambos de la Procuraduría General de Justicia; y d) Dirección de Mandamientos Judiciales Todos de esta ciudad. TERCERO. Las autoridades mencionadas como responsables en los incisos c) y d) no existen, como se observa en la razón actuarial de tres de enero pasado, por tanto, menos aún puede existir el acto de ellas reclamado. Consecuentemente ante la inexistencia de las autoridades indicadas, procede sobreseer en el juicio con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la ley de la materia. CUARTO. Son ciertos los actos reclamados consistentes en la orden de reaprehensión dictada el veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en la causa penal 254/2013, así como su ejecución, en virtud de que el Juez Quincuagésimo Tercero Penal y el Procurador General de Justicia, ambos de esta ciudad, así lo manifestaron al rendir su respectivo informe de ley, lo que se corrobora con las constancias que remitió el juzgado responsable en apoyo a su comunicado; documental que tiene valor probatorio pleno al tenor del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. QUINTO. Por razón de técnica jurídica en el dictado de las sentencias de amparo, previamente al análisis de fondo de la cuestión debatida se deben examinar las causales de improcedencia que aleguen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, según lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sobre el particular, el juez responsable al rendir su informe de ley consideró que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XVII, de la ley de materia, pues la orden de reaprehensión reclamada constituye un acto consumado, lo que a su criterio conduce al sobreseimiento en este juicio. Son infundados los argumentos de improcedencia invocados. En efecto, el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente contra actos consumados de modo irreparable, entendiéndose por tales, aquellos en los que habiéndose emitido o ejecutado el acto, sea materialmente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado al otorgarse la protección constitucional, como lo ordena el artículo 77 de ese ordenamiento, por estar fuera del alcance de los instrumentos jurídicos volver las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Sin embargo, también existen actos consumados de modo reparable, que son aquellos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, por lo que procede el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. Lo anterior tiene apoyo en la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 325 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 1994, Materia Común, Octava Época, Tomo XIV, que en su rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". De ahí que incluso, cuando se haya ejecutado la orden de reaprehensión reclamada, no puede considerársele un acto consumado de modo irreparable, pues los actos de privación de la libertad de la persona derivados de dicha orden judicial, se realizan de momento a momento, ya que esta es una determinación judicial que se emite con el objeto de que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer o bien, la sanción impuesta, en su caso, por lo que tales acciones presentan las características de ser actos positivos con efectos de tracto sucesivo, pues dicha privación de libertad no ha producido todas sus consecuencias materiales y, por ello, no puede tenerse como irreparablemente consumado, ya que de concederse el amparo, se restituiría al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, como lo es que recobre su libertad. Desestimada la causal de improcedencia alegada, y en atención a que este juzgado no advierte que se actualice alguna, procede el análisis de los conceptos de violación contenidos en la demanda, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción Encuentra apoyo lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 830 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Materia Común, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". SEXTO. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el promovente de amparo, sin que se advierta materia para suplirlos en su deficiencia, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previamente a analizar el fondo del asunto, para mejor comprensión, es menester señalar los antecedentes de la determinación reclamada, consistentes en: - El dieciocho de enero de dos mil diecisiete, el Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad, decretó auto de formal prisión en la causa penal 254/2013, contra el quejoso por considerarlo responsable en la comisión del delito de corrupción de personas menores de edad agravado, cometido en agravio de la tercero interesada. - Inconforme con dicha determinación el defensor particular del quejoso interpuso recurso de apelación, del que tocó conocer a la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, registrado como toca 74/2017, mismo que fue resuelto el siete de marzo de dos mil diecisiete, en el que modificó dicho auto y decretó la formal prisión o preventiva por el delito de estupro en agravio de la citada tercero interesada, razón por la cual el diez siguiente, el amparista solicitó el beneficio de libertad provisional bajo caución, en virtud que el delito de estupro no está considerado como grave, acordándosele favorable el diez siguiente. - No conforme con el auto de formal prisión modificado, la tercero interesada promovió juicio de amparo, del que tocó conocer a este juzgado, el cual se registró bajo el orden 235/2017, en el que el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, se determinó conceder el amparo para el efecto de que dejara insubsistente el auto de formal prisión combatido por esa vía, y se dilucidara el concurso aparente de tipos previstos en los artículos 180 y 184 del Código Penal de esta ciudad y determinara la hipótesis delictiva concreta que consideraba acreditada. - En cumplimiento a la mencionada sentencia, el veintiuno de junio de dos mil diecisiete, la sala responsable dejó insubsistente la resolución de siete de marzo de dos mil diecisiete y confirmó el auto de formal prisión dictado por el juez de origen por el delito de corrupción de personas menores de edad agravado. - El diez de junio del citado año, se tuvo por admitida la demanda de amparo promovida por el amparista, registrada en el orden de este juzgado como 584/2017, contra la resolución de veintiuno de junio pasado dictada en el toca penal 74/2017, que confirmó el auto de plazo constitucional emitido en la causa 254/2013, así como su ejecución. - Por resolución emitida en el juicio de amparo mencionado en el párrafo que antecede el veintitrés de octubre siguiente, se determinó negar el amparo contra los actos mencionados en el párrafo anterior, quedando firme el cuatro de diciembre del año próximo pasado. - En atención lo anterior, el Agente del Ministerio Público adscrito al juzgado de origen solicitó se revocara al quejoso la libertad caucional otorgada el diez de marzo de dos mil diecisiete, en términos del artículo 568 fracción V, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad. - El veintidós de diciembre pasado, la autoridad judicial responsable acordó favorable la petición del Agente del Ministerio Público de su adscripción, por lo que revocó la libertad caucional de que se trata y ordenó en esa fecha la reaprehensión reclamada en este juicio. Siendo esta última determinación judicial y la ejecución de la misma los que constituyen los actos reclamados. Ahora, es menester destacar que la determinación reclamada constituye un acto de molestia, y como tal, está sujeto a las exigencias que prevé el párrafo primero del artículo 16 constitucional. La interpretación de esa norma ha llevado a concluir que debe entenderse por fundamentación, la cita de las normas legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que se pretendan imponer con el acto de autoridad, presupuesto que tiene su origen en la legalidad consistente en su aspecto imperativo, consistente en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Y por motivación, a la exposición de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder, se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar, es decir, la autoridad responsable, para colmar tal extremo, debe realizar el correspondiente estudio y exponer con argumentos lógico jurídicos, las causas o razones que lo impulsaron a determinar en la forma en que lo hizo. En ese contexto, para que una autoridad cumpla con los extremos del primer párrafo del artículo 16 constitucional, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales aplicables que le sirven de apoyo y, además, exprese los razonamientos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, encuadra en los supuestos de la norma invocada. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1239, del multicitado apéndice, 1917-Septiembre 2011, Tomo I, Materia Constitucional 3, Derechos Fundamentales, Primera Parte, Décima Tercera Sección -Fundamentación y motivación-, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN". Bajo ese contexto, este órgano de control constitucional advierte que la resolución por esta vía controvertida, contrario a lo que señala el quejoso en sus conceptos de violación, sí está adecuadamente fundada y motivada, por lo que satisface los requisitos que prevé el artículo 16 constitucional, pues la juez responsable citó los preceptos que estimó aplicables al caso de que se trata (574 y 568, fracción V, del código adjetivo de la materia) y, además, expuso las razones que la llevaron a considerar que se actualizaron los supuestos previstos en dichos numerales y para ello señaló lo siguiente: - Que el Agente del Ministerio Público solicitó le fuera revocada la libertad caucional al quejoso, en virtud que la Cuarta Sala Penal de esta ciudad reclasificó el delito de estupro por el de corrupción de personas menores de edad agravado, siendo este último considerado como grave, razón por la que giró oficio al Procurador General de Justicia de esta ciudad, a fin de que elementos a su cargo se avocaran a la búsqueda, localización y reaprehensión del amparista. Consideraciones que a juicio de este juzgado son acertadas, toda vez que los artículos invocados en su orden señalan lo siguiente: "Artículo 568.- El juez podrá revocar la libertad caucional cuando a su criterio el procesado incumpla en forma grave con cualquiera de las obligaciones previstas en el Artículo anterior. Asimismo, se revocará la libertad caucional en los siguientes casos: . V.- Si durante la instrucción apareciere que el delito o los delitos materia del auto de formal prisión son de los considerados como graves; y". "Artículo 574.- En los casos de revocación de la libertad caucional se deberá oír previamente al Ministerio Público". De la transcripción que antecede, se obtiene en lo que interesa, que para revocar la libertad caucional cuando se dicte auto de formal prisión por un delito considerado como grave, los jueces previamente deberán oír al agente del Ministerio Público, lo que así aconteció como se advierte de autos. Por tanto, como se indicó, dicho juzgador de manera acertada ordenó la reaprehensión del amparista, toda vez que el delito por el que se dictó auto de formal prisión, esto es, por de corrupción de personas menores de edad agravado, previsto y sancionado en los artículos 184, párrafo primero (hipótesis de al que induzca a una persona menor de dieciocho años de edad a realizar prácticas sexuales) y 191, párrafo primero, ambos del código sustantivo de la materia, es considerado como grave. En atención a lo anterior, este órgano de control constitucional concluye que el acto reclamado satisface adecuada y suficientemente el requisito constitucional de fundamentación y motivación. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que el juez responsable citó de manera incorrecta los artículos 574 y 568, fracción V, del Código de Procedimientos Penales para esta ciudad, y en su lugar mencionó los citados preceptos indicando que eran del Código Penal para esta ciudad; sin embargo, ningún fin práctico tendría conceder el amparo solicitado para que se subsanara esa cuestión, pues en nada variaría la determinación a la que se arribó, pues este juzgado estima que la cita de dicho ordenamiento fue consecuencia sólo de un error. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal que solicitó contra la orden de reaprehensión, contenida en proveído de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 254/2013, por la Juez Quincuagésimo Tercero Penal de esta ciudad y como consecuencia la detención o retención del amparista, que se reclama del Procurador General de Justicia de esta ciudad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Antonio Flores Aguillon, respecto de la ejecución de la orden de reprehensión que se atribuye al Jefe General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia y Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos de esta ciudad. SEGUNDO. Por los motivos señalados en el último considerando de esta resolución la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Antonio Flores Aguillón, contra la resolución de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el causa penal 254/2013, por el Juez Quincuagésimo Tercero Penal, en que se ordenó la reaprehensión del amparista, así como su ejecución que se reclama del Procurador General de Justicia de esta ciudad, ambas autoridades de esta ciudad.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, incisos b y c de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista a la parte quejosa y tercero interesada la sentencia de dieciséis de marzo de dos mil dieciocho, que en lo conducente dice: " se R E S U E L V E: PRIMERO. Por las razones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, se sobresee en el juicio de amparo promovido por Edgar Antonio Flores Aguillon, respecto de la ejecución de la orden de reprehensión que se atribuye al Jefe General de la Policía Judicial de la Procuraduría General de Justicia y Dirección de Mandamientos Judiciales, ambos de esta ciudad. SEGUNDO. Por los motivos señalados en el último considerando de esta resolución la Justicia de la Unión no ampara ni protege a Edgar Antonio Flores Aguillón, contra la resolución de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, emitida en el causa penal 254/2013, por el Juez Quincuagésimo Tercero Penal, en que se ordenó la reaprehensión del amparista, así como su ejecución que se reclama del Procurador General de Justicia de esta ciudad, ambas autoridades de esta ciudad.

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