Edgar Álvarez Gurza
Expediente 302/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 302/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edgar Álvarez Gurza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con residencia en Ciudad de México, mediante el cual remite la ejecutoria correspondiente a la sesión de veinticuatro de abril del año en curso, dictada dentro de los autos del conflicto competencial 29/2019, de su índice. Acúsese recibo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y estese a lo determinado por el superior, quien resolvió: "PRIMERO. Se declara competente para conocer de la demanda promovida por ÉDGAR ÁLVAREZ GURZA, JORGINA ÁLVAREZ GRAF, LOURDES ÁLVAREZ GURZA, GEORGINA GRAF DE ÁLVAREZ E ISAAC LOCKIER FEFERMAN al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa den la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítase el expediente al juez de distrito mencionado". Finalmente, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual transcribe el proveído de nueve de abril de dos mil diecinueve, dictado dentro del conflicto competencial 29/2019 de su índice, del que se advierte que se admitió dicho conflicto suscitado entre este Juzgado y el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa con residencia en la Ciudad de México.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio de cuenta por medio del cual se acusa recibo del oficio 6847/2019 del índice de este juzgado; asimismo, informa que se remitieron los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, a fin de resolver el conflicto competencial planteado. Notifíquese.
- Principal
Téngase recibido el oficio signado por el secretario del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 478/2019, promovido por Edgar Álvarez Gurza, por propio derecho y en representación de Jorgina Álvarez Graf, Lourdes Álvarez Gurza, Georgina Graf de Álvarez, Issac Lockier Feferman, Rodolfo Jiménez Alvizo y Aurea María Aguilar Ponce de Jiménez, contra actos del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México. Fórmese el expediente respectivo, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el consecutivo 302/2019-V y procédase a determinar lo que en derecho corresponde en relación con la incompetencia planteada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Examinada la demanda constitucional, de conformidad con el artículo 48 de la Ley de Amparo, esta juzgadora no acepta la competencia declinada por el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. En resolución de catorce de marzo de dos mil diecinueve, el referido juez federal determinó que carecía de competencia legal por territorio para conocer del juicio de amparo de que se trata, en la medida en que consideró que el acto reclamado por la parte quejosa tenía ejecución en Santa María del Río, San Luis Potosí y, por ende, sería en dicha localidad en donde aquél tendría ejecución material. A fin de pronunciarse sobre la competencia declinada en favor de esta juzgadora, debe preciarse que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se desprende que el acto efectivamente reclamado del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, es el siguiente: ? La determinación de treinta y uno de enero de dos mil diecinueve, dictada por el Pleno del Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario 71/93, en la que se ordenó a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, que entregara determinada cantidad a los quejosos como pago indemnizatorio como cumplimiento sustituto a la sentencia definitiva dictada en dicho controvertido. El artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del artículo antes transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de distrito, a saber: a) La primera regla se caracteriza porque, con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del juez de distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de llevarse a cabo, se realice o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución material. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la anterior regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces federales de esas circunscripciones territoriales, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer párrafo del precepto en consulta se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuyo territorio se hubiese presentado la demanda. Ahora, debe recordarse que el acto reclamado consiste, en esencia, en la orden o determinación de pago indemnizatorio como cumplimiento sustituto, emitida por el Tribunal Superior Agrario en el juicio agrario 71/93, con cargo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, el cual, como lo refirió el juez declinante, es de aquellos que tienen ejecución material, por lo que en el caso, a fin de pronunciarse sobre la competencia de esta juzgadora, debe estarse a lo dispuesto por la primera de la reglas mencionadas. Así, tomando en consideración lo anterior, la suscrita no comparte el criterio del juez de distrito en materia administrativa, ya que el hecho de que la superficie de tierra afecta al juicio agrario natural se encuentre en esta entidad federativa, no se traduce en que el pago por concepto de indemnización como cumplimiento sustituto de la sentencia emitida en dicho controvertido, deba efectuarse también en Santa María del Río, San Luis Potosí; por el contrario, existe criterio jurisprudencial en el sentido de que el pago respectivo y, por tanto, la ejecución material de esa orden, debe efectuarse ante la autoridad que conozca del expediente de origen, pues sería en dicho asunto en donde precisamente se realice (califique, se apruebe y hasta se puede suspender) el pago de que se trate. Al resolver la contradicción de tesis 36/2008-PL, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó: "En la resolución que se impugna en el juicio de garantías, se aprueba la condena al pago de intereses, con base en la planilla de liquidación fijada en primera instancia por el Juez de origen. Los efectos de ese acto indefectiblemente implican, que se ha confirmado que una de las partes del juicio natural está obligada a pagar a la otra intereses moratorios. Este aspecto es el que precisamente motiva la promoción de la vía constitucional. Partiendo de ello, es preciso tomar en consideración que por lo general, cuando se promueve un juicio de amparo contra una resolución con esas características, bien sea exclusivamente contra ese fallo o también contra sus efectos y consecuencias, los quejosos solicitan la suspensión de los actos, medida cautelar que debe ser concedida al actualizarse los supuestos previstos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues a través de la concesión no se sigue perjuicio al interés social, ni se contravienen disposiciones de orden público, pero también, porque se busca preservar la materia del juicio. La suspensión de los actos reclamados tendría como efecto ordenar que se mantengan las cosas en el estado que guardan al momento de la promoción del juicio de garantías, esto es, que no se ejecute lo determinado en el incidente de liquidación respecto a obligar a la parte condenada a pagar intereses moratorios. En otras palabras, si una resolución que aprueba (a través de la confirmación o modificación) una planilla de liquidación de intereses, es susceptible de suspensión; luego, los efectos de esa medida son, necesariamente, que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de dichos intereses; consecuentemente, es el Juez de primera instancia donde se ejecutaría la resolución reclamada, la que debe dejar las cosas en el estado que guardan, afirmación que encuentra apoyo si se tiene presente que la medida cautelar obligaría a la autoridad señalada como responsable (Sala del Tribunal Superior de Justicia), a dejar las cosas en el estado que guardan, lo que conduciría a que ésta comunicara al Juez de primera instancia, que a pesar de la aprobación de su planilla de liquidación, no puede exigir el pago de los intereses a la parte condenada. En esa tesitura, si como se ha evidenciado, contra la resolución pronunciada en un recurso de apelación que obliga a que se paguen intereses moratorios, puede concederse la suspensión en el juicio de amparo; resulta incuestionable que no puede calificársele como meramente declarativa, pues lleva inmersa una ejecución material, la cual es ciertamente la que se suspende, ya que se entiende por declarativa, de acuerdo a lo señalado por el Diccionario de Derecho Usual de Guillermo Cabanellas, aquella determinación que sin mandamiento ejecutivo, proclama la existencia o inexistencia de una relación jurídica, manifestando, proclamando, explicando o aclarando lo ignorado, dudoso o discutido; mientras que por resolución materialmente ejecutable, se entiende lo que es factible, posible y susceptible de ejecución o realización, aplicándose (como en el caso), a la deuda exigible por la vía ejecutiva. Conforme a lo expuesto, si bien en un principio pudiera parecer que siendo el acto reclamado en la demanda de garantías, sólo la resolución dictada por una Sala del Tribunal Superior de Justicia en un recurso de apelación, no podría tener una ejecución material porque la Sala responsable no es la que requiere de pago, ni lleva a cabo, en su caso, el embargo respectivo en caso de desacato; lo cierto es que sólo en apariencia no la tiene, pero de ninguna manera puede sostenerse que se trata de una resolución declarativa, ya que sí es ejecutable, en la medida en que lo que ese fallo determina, es la cantidad precisa que una de las partes en el juicio de origen debe pagar por concepto de intereses moratorios, porque al analizar la legalidad de la planilla de liquidación fijada por el Juez de primera instancia, aprobó el pago de intereses en cantidad líquida; y, los efectos inmediatos son el requerimiento de pago, que evidentemente implican una ejecución." De dicha ejecutoria derivó la jurisprudencia 2a./J. 192/2008, publicada en la página 606 del tomo XXIX, enero de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "COMPETENCIA EN AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA RESOLUCIÓN DE UN RECURSO DE APELACIÓN QUE APRUEBA UNA PLANILLA DE LIQUIDACIÓN DE INTERESES SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RADIQUE EL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA QUE DEBA EJECUTAR EL ACTO. Cuando en la demanda de garantías se reclama la resolución recaída a un recurso de apelación que aprueba la planilla de liquidación de intereses moratorios fijada por un Juez de primera instancia, debe considerarse que dicha sentencia lleva inmersa una ejecución material que es susceptible de suspenderse en caso de solicitarse la medida cautelar relativa, siendo sus efectos que el fallo no se ejecute, esto es, que no se obligue al pago de los intereses, debiendo permanecer las cosas en el estado que guardan. En estas condiciones, independientemente de que la Sala responsable no sea la que en su momento requiera el pago ni lleve a cabo el embargo respectivo en caso de desacato, la resolución combatida sí es ejecutable, pues lo que se determina es la cantidad cierta que una de las partes en el juicio natural debe pagar por concepto de intereses moratorios y, por ende, se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, que determina que es competente para conocer del juicio de garantías el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." De lo anterior se destaca que la determinación a través de la cual se condene a un pago, conlleva una ejecución material, precisamente en la medida en que habrá de efectuarse ese pago; y que dicha ejecución o pago habrá de realizarse (ejecutarse) ante el tribunal de instancia que dirimió la contienda principal. En el caso concreto, de lo narrado en la demanda constitucional se advierte, que el referido pago se ordenó dentro del juicio agrario 71/93 del índice del Tribunal Superior Agrario, con sede en la Ciudad de México, por lo cual, en atención a las consideraciones expuestas por la Segunda Sala del alto tribunal del país, al resolver la contradicción de tesis mencionada, es en dicho lugar en donde deba efectuarse el pago respectivo y, por ende, contrario a lo que sostiene el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa, la ejecución material o cumplimiento de la orden o determinación de pago indemnizatorio, como cumplimiento sustituto, emitida el treinta y uno de enero de dos mil diecinueve por el Pleno del Tribunal Superior Agrario, con cargo a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, debe tener lugar en aquella ciudad. De consiguiente, esta juzgadora considera que la competencia legal para conocer del juicio de amparo de que se trata, sí corresponde al Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México de conformidad con el artículo 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, devuélvase el expediente y sus anexos al Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, para que resuelva lo que estime procedente, solicitándole el acuse respectivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno correspondiente. Notifíquese a la parte quejosa por medio de lista,
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,469 expedientes
- Eber Antonio Jimenez Galdamez1169/2022
- Edda Guadalupe Yudiche Robles36/2017
- Eden Aleman Sotomayor1019/2018
- Eden Faustino Olarte Perez827/2022
- Edgar Adrian Silva Rodriguez264/2019
- Edgar Alonso Morales Hernandez999/2020
- Edgar Andres Zuñiga Aguirre68/2020
- Edgar Bautista Miguel350/2019
- Edgar Daniel Barbosa Martinez1016/2023
- Edgar David Cabrera Mata922/2022
- Edgar de Jesus Juarez Hernandez1017/2019
- Edgar de la Torre Ortega941/2017