Edgar Alonso Morales Hernandez
Expediente 999/2020 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 999/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- Edgar Alonso Morales Hernandez
Actuaciones
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído por el que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en la fracción II, del numeral 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y toda vez que no hay promociones pendientes por acordar, ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, archívese como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente. Acorde a lo establecido en el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, debido a que en el presente asunto se desechó la demanda, lo cual causó estado en esta fecha, este expediente es susceptible de destrucción, lo que deberá hacerse constar en la carátula del expediente, como lo estipula el artículo 35, párrafo segundo del Acuerdo General en cita; destrucción que deberá llevarse a cabo una vez cumplido el plazo de tres años contado a partir del dictado el presente proveído y realizarse dentro de los treinta días siguientes de que haya transcurrido el término referido, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que en el caso obre algún documento original presentado por las partes que por sus características deba ser devuelto. En la inteligencia de que en el caso, no se trata de un asunto que por su valor jurídico, histórico o de relevancia documental deba conservarse; lo que se precisa para los efectos a que se contrae el artículo 3º fracción II del citado Acuerdo General. Notifíquese.
- Principal
San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve EDGAR ALFONSO MORALES HERNÁNDEZ, contra actos del JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL DE ESTA CIUDAD y otras autoridades; con diez copias que acompaña; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 999/2020-II. Ahora bien, una vez analizada la misma, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere, en esencia, que el cinco de noviembre de dos mil veinte, acudieron a su domicilio elementos de la Policía Ministerial, con el propósito de privar de la libertad al quejoso de mérito sin alguna orden judicial para tal efecto. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de cuenta deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia Ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. Ahora bien, como se adelantaba, la parte promovente reclama en forma destacada que el cinco de noviembre de dos mil veinte, acudieron a su domicilio elementos de la Policía Ministerial, con el propósito de privarlo de la libertad, sin orden alguna judicial para tal efecto, como ha quedado precisado con anterioridad. No obstante lo anterior, de lo manifestado por el propio impetrante en el escrito de demanda, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de tal situación, desde el cinco de noviembre de dos mil veinte. Deposición la anterior que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios, a través de un escrito por el cual comparece ante este Juzgado de Distrito. Por su parte, se tiene que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el treinta de diciembre de dos mil veinte. Bajo esa óptica jurídica, debe concluirse que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda; asimismo, ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
- Principal
EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN QUE EN LO CONDUCENTE DICE:San Luis Potosí, San Luis Potosí, cuatro de enero de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo que promueve EDGAR ALFONSO MORALES HERNÁNDEZ, contra actos del JUEZ PRIMERO DEL RAMO PENAL DE ESTA CIUDAD y otras autoridades; con diez copias que acompaña; fórmese y regístrese el expediente respectivo, bajo el número 999/2020-II. Ahora bien, una vez analizada la misma, se advierte que, como antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, la parte promovente refiere, en esencia, que el cinco de noviembre de dos mil veinte, acudieron a su domicilio elementos de la Policía Ministerial, con el propósito de privar de la libertad al quejoso de mérito sin alguna orden judicial para tal efecto. Sentado lo anterior, se arriba a la conclusión de que la demanda de cuenta deviene improcedente al actualizarse la causa prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Del precepto legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos de forma tácita, entendiéndose dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la propia Ley de la materia, sin promover dentro del mismo el juicio de amparo respectivo. Ahora bien, como se adelantaba, la parte promovente reclama en forma destacada que el cinco de noviembre de dos mil veinte, acudieron a su domicilio elementos de la Policía Ministerial, con el propósito de privarlo de la libertad, sin orden alguna judicial para tal efecto, como ha quedado precisado con anterioridad. No obstante lo anterior, de lo manifestado por el propio impetrante en el escrito de demanda, se advierte la confesión en el sentido de que dicha parte procesal tuvo conocimiento de tal situación, desde el cinco de noviembre de dos mil veinte. Deposición la anterior que adquiere una eficacia demostrativa plena, según el contenido de los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2°, de esta última legislación en cita, toda vez que la misma se presume fue hecha por persona capacitada para obligarse, pues incluso, promovió el presente juicio de control constitucional, con pleno conocimiento y sin coacción ni violencia; y de hechos relatados como propios, a través de un escrito por el cual comparece ante este Juzgado de Distrito. Por su parte, se tiene que la demanda de amparo que ahora nos ocupa, fue presentada hasta el treinta de diciembre de dos mil veinte. Bajo esa óptica jurídica, debe concluirse que el término de quince días para instar la acción constitucional a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso. En consecuencia, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, en relación con lo dispuesto por los ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, con fundamento en lo dispuesto por el diverso numeral 113 de la ley invocada, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo de que se trata. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el señalado en el proemio de la demanda; asimismo, ténganse como autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que menciona, toda vez que no se proporcionan los datos correspondientes respecto de que se encuentren legalmente autorizadas para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado, tal como lo exige el segundo párrafo del citado numeral. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 constitucional y 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento, días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. Ahora bien, con apoyo en la Circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa el uso de medios electrónicos para imponerse de las presentes actuaciones, previa razón que de tal acto se deje en el presente expediente, para constancia legal, sin necesidad de promoción posterior. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 3° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que toda la información generada en el presente asunto, tiene el carácter de pública, es accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada, en forma temporal, por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. De igual forma, se hace del conocimiento que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, fracciones II y V de la diversa Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones que se dicten en el presente asunto se publicarán sin la supresión de los datos personales, salvo los casos de excepción; lo anterior, en la inteligencia de que las partes procesales tienen expedito el derecho de manifestar su oposición a ello, en lo respectivo a la información que se considere confidencial. Notifíquese personalmente.
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