Edgar Ali Martinez Olguin
Expediente 548/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 23 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 548/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 30/06/2022
Partes del expediente
- Edgar Ali Martinez Olguin
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
Tijuana, Baja California, treinta de junio de dos mil veintidós. Devuelve oficio. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, a través del cual la Consultora Jurídica General, en ausencia de la Consejera Adjunta de Control Constitucional y de lo Contencioso, con domicilio en la Ciudad de México, devuelve el oficio 10470 dirigido al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, en virtud de que no es competencia de esa Consejería, sino de la Secretaría de la Defensa Nacional; atento a lo anterior, reenvíese el oficio de referencia, por conducto de la Secretaría de la Defensa Nacional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, tres de junio de dos mil veintidós. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de sentencia emitida el catorce de marzo de dos mil veintidós, en la que en la que se sobreseyó el presente juicio de amparo; sin que lo hubieren hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Certificación. De igual forma, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el mismo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el penúltimo párrafo del citado precepto. Cuaderno incidental original. Se precisa que el original del incidente de suspensión es destruible; lo anterior, al encuadrar en la hipótesis prevista en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, capítulo 8, punto 8.1.2 Expedientes que deben destruirse una vez que cuenten con tres años de haberse acordado su archivo como asuntos concluidos" serie 3, al haberse concedido la suspensión provisional pero se declaró sin materia la suspensión definitiva, teniendo los mismos efectos a que si se hubiere negado la misma; por tanto, una vez que transcurra el plazo de tres años destrúyase el expediente original del incidente de suspensión. Cuaderno duplicado. En cuanto al duplicado del incidente, se establece que es susceptible de destrucción al encuadrar en el artículo 20, fracción II, inciso a) del Acuerdo de referencia y una vez transcurrido el término de seis meses a que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, diez de mayo de dos mil veintidós. Notificación. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que la sentencia dictada el catorce de marzo del presente año, se ordenó notificar personalmente a las partes; sin embargo, dicha notificación practicada de forma electrónica a la parte quejosa, se advierte que no se le hizo del conocimiento del punto resolutivo de la misma; atento a lo anterior, instrúyase a la actuaria a cargo de este expediente, para que notifique la referida sentencia que contenga el punto resolutivo que a la letra dice: "Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Alí Martínez Olguín, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia." de manera personal a la parte quejosa, así como el presente proveído. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. "...sentencia de fecha catorce de marzo de dos mil veintidós... R E S U L T A N D O S Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiséis de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Edgar Ali Martínez Olguín, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos señalados en la demanda de amparo. Segundo. Trámite del juicio. El veintiocho de julio de dos mil veintiuno, la demanda se radicó bajo el número de expediente 548/2021-II y se admitió a trámite; por autos de veintiuno de septiembre y once de octubre, ambos de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes las autoridades que el quejoso denominó como "Fiscal General de Justicia Militar (artículo 39 Código de Justicia Militar) con sede en la Ciudad de México; General de Brigada del Servicio de Justicia Militar (artículo 39 del Código de Justicia Militar) con sede en esta ciudad; Jefe de la Institución del Ministerio Público Militar, responsable de la Investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos competencia de los Tribunales Militares (artículo 39 Código de Justicia Militar), con sede en esta ciudad; y, Policía Ministerial Militar Permanente, con sede en la Ciudad de México" y se suspendió toda comunicación con las mismas. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S Primero. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda, se advierte que el quejoso solicita el amparo y protección de la justicia federal en contra de los actos y autoridades que enseguida se precisan: Autoridades responsables en su denominación correcta Actos reclamados 1.- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 2.- Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 3.- Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. En el ámbito de sus facultades, la aprobación, expedición y promulgación del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, que reforma y deroga diversos artículos del Código de Justicia Militar y el Código Militar de Procedimientos Penales, en específico el artículo 83, fracción XVII, del Código de Justicia Militar y los artículos 128, fracción X, y 149, del Código Militar de Procedimientos Penales. Se precisa que también señaló como acto reclamado la orden de detención por caso urgente emitida en su contra, así como su ejecución, a las cuales se las atribuyó a las autoridades que en su escrito de demanda denominó como "Fiscal General de Justicia Militar (artículo 39 Código de Justicia Militar) con sede en la Ciudad de México; General de Brigada del Servicio de Justicia Militar (artículo 39 del Código de Justicia Militar) con sede en esta ciudad; Jefe de la Institución del Ministerio Público Militar, responsable de la Investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos competencia de los Tribunales Militares (artículo 39 Código de Justicia Militar), con sede en esta ciudad; y, Policía Ministerial Militar Permanente, con sede en la Ciudad de México", empero dichas autoridades fueron declaradas inexistentes en autos de veintiuno de septiembre y once de octubre, ambos de dos mil veintiuno. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. Las autoridades señaladas por la parte quejosa como responsables "Fiscal General de Justicia Militar (artículo 39 Código de Justicia Militar) con sede en la Ciudad de México; General de Brigada del Servicio de Justicia Militar (artículo 39 del Código de Justicia Militar) con sede en esta ciudad; Jefe de la Institución del Ministerio Público Militar, responsable de la Investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos competencia de los Tribunales Militares (artículo 39 Código de Justicia Militar), con sede en esta ciudad; y, Policía Ministerial Militar Permanente, con sede en la Ciudad de México"¸ no existen con tal denominación, según lo informó la Actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional y por lo obtenido de la página de internet https://www.estafeta.com/, con lo que se le dio vista a la quejosa por autos de seis de agosto y veintiuno de septiembre, ambos de dos mil veintiuno, sin que hiciera manifestación al respecto. Por lo cual en proveídos de veintiuno de septiembre y once de octubre, ambos de dos mil veintiuno, se declararon inexistentes. En consecuencia, si dichas autoridades no existen, menos se puede tener la existencia del acto que se les reclama, esto es, la orden de detención por caso urgente emitida en contra del quejoso, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, se procede a decretar el sobreseimiento del juicio de amparo en relación a dicho acto reclamado. Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Las autoridades responsables que enseguida se indicarán rindieron su informe justificado tal como se precisa a continuación: No. Autoridades Sentido de los informes Foja(s) 1 Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Cierto 32 y 33 2 Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. Cierto 37 a 40 3 Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, por Conducto del General Secretario de la Defensa Nacional. Cierto 84 a 89 Como se aprecia del recuadro anterior, las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados únicamente en cuanto a la aprobación, expedición y promulgación, en sus respectivas competencias, del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Justicia Militar y se expide el Código Militar de Procedimientos Penales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis, específicamente del artículo 83, fracción XVII2 , del Código de Justicia Militar y los artículos 128, fracción X3 , y 1494 , del Código Militar de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del Ministerio Público para ordenar la detención y la retención de los imputados, así como la detención en caso urgente, no así de los diversos actos de aplicación que refiere la parte quejosa. 2 Artículo 83. Las funciones del Ministerio Público, son las siguientes: [.] X. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba;. 3 Artículo 128. Obligaciones del Ministerio Público Militar Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: [.] X. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código;. 4 Artículo 149. Supuesto de caso urgente Sólo en casos urgentes el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad y fundando y expresando los datos de prueba que motiven su proceder, ordenar la detención de una persona, siempre y cuando concurran los siguientes supuestos: I. Existan datos que establezcan la existencia de un hecho señalado como delito grave y que exista la probabilidad de que la persona lo cometió o participó en su comisión. Se califican como graves, para los efectos de la detención por caso urgente, los delitos señalados como de prisión preventiva oficiosa en este Código o en la legislación aplicable así como aquellos cuyo término medio aritmético sea mayor de cinco años de prisión; II. Exista riesgo fundado de que el imputado pueda sustraerse de la acción de la justicia; III. Por razón de la hora, lugar o cualquier otra circunstancia, no pueda ocurrir ante la autoridad judicial, o que de hacerlo, el imputado pueda evadirse; IV. Los delitos previstos en la fracción I de este artículo, se considerarán graves, aun tratándose de tentativa punible. Los elementos de la Policía Ministerial que ejecuten una orden de detención por caso urgente, deberán hacer el registro de la detención y presentar inmediatamente al imputado ante el Ministerio Público que haya emitido dicha orden, quien procurará que el imputado sea presentado sin demora ante el Juez de control. El Juez de control determinará la legalidad del mandato del Ministerio Público y su cumplimiento al realizar el control de la detención. La violación de esta disposición será sancionada conforme a las disposiciones aplicables y la persona detenida será puesta en inmediata libertad. Además, al tratarse los actos reclamados que se les atribuyen de normas de carácter general no están sujetas a prueba, puesto que constituyen un hecho público y notorio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo5 . Quinto. Causales de improcedencia. Examinada la certeza de los actos reclamados y en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 626 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si en la especie se actualiza algún motivo de improcedencia, sea que las partes lo hagan valer o no, ya que su estudio es de orden público y preferente. Falta de interés jurídico. Del análisis de las constancias de estudio, este órgano de control constitucional, de oficio, considera que el juicio de amparo es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Justificación. Lo anterior, en razón de que la parte quejosa no acreditó, con prueba alguna y de manera fehaciente, el acto de aplicación de las normas reclamadas, lo que genera que no se encuentre acreditada la afectación a su esfera jurídica y, por ende, el interés para instar esta instancia constitucional. Marco normativo. El artículo 61, fracción XII, de la 5 Cobra aplicación la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65 Primera Parte, página 15, de rubro: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA". Así, como la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 65/2000, visible en la página 260 del tomo XII del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN". 6 "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Conviene precisar que la figura del interés jurídico se relaciona íntimamente con el principio de instancia de parte agraviada que establece el artículo 6° de la Ley de Amparo, según el cual el acto que se reclama de la autoridad responsable debe causar un perjuicio a la persona que solicita la protección constitucional, al disponer tal precepto lo siguiente: "Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5 de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". El interés jurídico consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía constitucional, algún acto violatorio de sus derechos fundamentales; es decir, se trata de un derecho subjetivo que protege alguna norma general, el cual se ve afectado por un acto arbitrario de autoridad, ocasionando un perjuicio a su titular en sus derechos o intereses. Asimismo, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera del gobernado, no existe legitimación Caso concreto. En el caso en análisis, la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar la inconstitucionalidad del artículo 83, fracción XVII, del Código de Justicia Militar y los artículos 128, fracción X, y 149, del Código Militar de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del Ministerio Público para ordenar la detención y la retención de los imputados, así como la detención en caso urgente. La impugnación de tal norma general no la realiza el quejoso de manera abstracta, es decir, por su sola entrada en vigor (norma autoaplicativa), sino que su objeción la formula con motivo del acto de aplicación (heteroaplicativa), consistente, según dice, en la orden de detención que la parte quejosa aduce fue emitido y sería ejecutado por las autoridades responsables "Fiscal General de Justicia Militar (artículo 39 Código de Justicia Militar) con sede en la Ciudad de México; General de Brigada del Servicio de Justicia Militar (artículo 39 del Código de Justicia Militar) con sede en esta ciudad; Jefe de la Institución del Ministerio Público Militar, responsable de la Investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos competencia de los Tribunales Militares (artículo 39 Código de Justicia Militar), con sede en esta ciudad; y, Policía Ministerial Militar Permanente, con sede en la Ciudad de México". Por tal motivo, no puede desvincularse el estudio de la ley del que concierne a su aplicación, pues este último es el que precisamente causa perjuicio al promovente del 7 Obligación que reiteró el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia con número de registro electrónico 232266, visible en el Semanario Judicial de la Federación a página 180 del Volumen 193-198, Primera Parte, que dice: "INTERÉS JURÍDICO. NECESIDAD DE ACREDITARLO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. 10/09/23 12:57:25 Ahora bien, como se vio en los considerandos previos, en este asunto se tuvo como cierta la emisión de la norma reclamada; sin embargo, con relación al acto de aplicación se tuvo por inexistente, pues al no haber existido las autoridades responsables "Fiscal General de Justicia Militar (artículo 39 Código de Justicia Militar) con sede en la Ciudad de México; General de Brigada del Servicio de Justicia Militar (artículo 39 del Código de Justicia Militar) con sede en esta ciudad; Jefe de la Institución del Ministerio Público Militar, responsable de la Investigación y persecución de los hechos probablemente constitutivos de delitos competencia de los Tribunales Militares (artículo 39 Código de Justicia Militar), con sede en esta ciudad; y, Policía Ministerial Militar Permanente, con sede en la Ciudad de México", tampoco podía existir el acto que se les reclamó. La anterior situación implica que en esta instancia constitucional no se encuentre acreditada, la aplicación de la norma reclamada. Con base en ello, se considera que no se encuentra acreditado el interés jurídico de la parte quejosa para 8 Tal como lo determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia con número de registro digital 232361, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 181-186, Primera Parte, página 251, de contenido: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACION. Cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o reglamento del que concierne a su aplicación, acto éste que es precisamente el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c) que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su aplicación". impugnar la norma que tilda de inconstitucional, esto es, el artículo 83, fracción XVII, del Código de Justicia Militar y los artículos 128, fracción X, y 149, del Código Militar de Procedimientos Penales, que establecen la facultad del Ministerio Público para ordenar la detención y la retención de los imputados, así como la detención en caso urgente. Lo anterior, porque en este juicio de protección de derechos fundamentales no quedó demostrada la existencia del acto de aplicación reclamado lo que, como se dijo, no puede acreditar el interés jurídico del quejoso. Aunado a lo anterior, el quejoso no ofreció prueba alguna para acreditar la existencia del acto de aplicación de las normas reclamadas. Decisión. Atento a lo anterior, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del dispositivo 61 de la Ley de Amparo, lo que se impone es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el ordinal 63, fracción V, de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J. 4/999 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido indica: "LEY RECLAMADA CON MOTIVO DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO SE ACREDITA DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso reclama la inconstitucionalidad de un dispositivo legal como heteroaplicativo, con motivo del primer acto de aplicación en su perjuicio, y no acredita su existencia, procede sobreseer en el juicio de garantías, por falta de interés jurídico, con fundamento en los artículos 73, fracción V y 74, fracción III, de la Ley de Amparo". Con número de registro digital 194605, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Tomo IX, Febrero de 1999, página 103. Por las mismas razones, no es viable el estudio del fondo de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa10 . Por lo expuesto y fundado, se: R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Edgar Alí Martínez Olguín, en contra de los actos y autoridades precisados en los considerandos segundo y tercero de la presente sentencia. Notifíquese personalmente
- Principal
Audiencia constitucional. Apertura. En Tijuana, Baja California, a las diez horas con cuarenta minutos del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional en el juicio de amparo 548/2021-II, promovido por Edgar Alí Martínez Olguín, por derecho propio, estando en audiencia pública Magali María Díaz Villarreal, Jueza Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, ante Aaron Abraham Rodríguez Agúndez, Secretario de juzgado con quien actúa y da fe, se declaró abierta con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo y sin la asistencia de las partes. Certificación de relación de constancias. Acto seguido, el Secretario certifica que se dio lectura a las constancias que obran en el presente expediente. Asimismo, el Secretario certifica que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y éstos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente, para los efectos legales conducentes. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, de rubro siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE 'ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS', BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE."1 Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes no ofrecieron medio de convicción alguno. Asimismo, hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar; y, que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, toda vez que las partes no ofrecieron medios de convicción, y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa 1 "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." probatoria. Alegatos. Enseguida, se abre el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho, ni el agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos ni la representación social presentó pedimento, la jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda.
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