Edgar Alejandro Perez Gonzalez
Expediente 974/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 18 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 974/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 20/10/2021
Partes del expediente
- Edgar Alejandro Perez Gonzalez
- Lic. Francisco Alberto Molina Hernandez, Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, En Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
hago constar que en cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de siete de octubre de dos mil veintiuno y con fundamento en lo dispuesto en los artículos 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación del proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno a los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado, en el juicio de amparo 974/2019-IV, por medio de lista de estrados, que en síntesis dice:Tijuana, Baja California, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Acuerdo. De la certificación secretarial de cuenta se advierte, que a la fecha transcurrió el plazo de tres días hábiles concedido a las partes a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable al fallo protector dictado en este asunto, sin que hubieren realizado manifestación alguna; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver si está debidamente cumplido con base en los elementos que obran en el expediente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 26/2000 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de noviembre de dos mil veinte (fojas 130 a 140), la cual causó ejecutoria el diecisiete de mayo del año en curso (fojas 159 a 161), se concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Edgar Alejandro Pérez González, contra los actos que reclamó del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para los siguientes efectos: "SÉPTIMO. Efectos de la concesión. En esas condiciones, conforme a lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la concesión del amparo es para el efecto de que el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, que celebró la audiencia inicial de veinticuatro de julio y su continuación del veintinueve de julio, ambas de dos mil diecinueve, realice lo siguiente: 1.- Celebre una nueva audiencia en la que se cerciore que Óscar Rodríguez García y Jesús Roberto Flores Alarcon, personas que se designaron como defensores particulares del imputado Edgar Alejandro Pérez González en audiencias de veinticuatro y veintinueve de julio de dos mil diecinueve, dentro de la causa penal 2134/2019, son profesionistas del derecho, para lo cual deberá realizar las gestiones necesarias para corroborar tal circunstancia, como puede ser requerirlos para que exhiban su cédula profesional o copia certificada de éstas, o bien, cualquier otra medida que estime idónea para tal efecto. En caso de acreditarse lo anterior, el juez responsable dejará subsistentes las audiencias correspondientes, incluyendo la resolución de vinculación a proceso; en el entendido de que a partir de la declaratoria que al efecto pronuncie, empezará a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso. 2.- En el entendido de que de no acreditarse la calidad de los defensores, entonces el juez deberá dejar insubsistentes las referidas audiencias; debiendo señalar nueva fecha para su desahogo salvaguardando los derechos fundamentales del imputado, incluido el de adecuada defensa, de lo que deberá dejar constancia fehaciente. Por tanto, en su caso deberá requerir al imputado para que designe defensor y, de no hacerlo, el juez le designará uno de oficio, y deberá verificar que el profesionista propuesto para tal efecto acredite fehacientemente contar con la autorización correspondiente para ejercer la profesión de licenciado en derecho; y, de existir imposibilidad para exhibir la cédula profesional original o en copia certificada, la autoridad responsable deberá indagar ante las autoridades competentes sobre su existencia." Acciones realizadas para cumplir sentencia. Bajo esas premisas, la autoridad responsable Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante oficio marcado con folio 5975 informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, para lo cual remitió registro audiovisual de la audiencia pública celebrada el veinticuatro de mayo del año en curso, del que se advierte que en esa fecha verificó las credenciales de los defensores Óscar Rodríguez García y Jesús Roberto Flores Alarcon, e indicó que los mismos cuentan con cédula profesional federal 6118110 y 1880385 respectivamente, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones; asimismo, que en esa misma audiencia hizo del conocimiento del quejoso Edgar Alejandro Pérez González, que a partir del veinticuatro de mayo del año en curso comenzó a transcurrir el término legal para la interposición del recurso o en su caso, juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 2134/2019 de su índice. Documentales y disco compacto a los que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202, 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de esta última legislación, por haber sido expedidas por funcionario público en ejercicio de sus facultades legales conferidas; además, el disco compacto al contener el registro de audio y video de la audiencia citada en el párrafo anterior, es considerada sin que haya necesidad de llevar a cabo una audiencia especial de reproducción de su contenido, pues quedaron a disposición de las partes para su consulta. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD), SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." Asimismo, la diversa tesis II.1o.A.21 K, de rubro y texto señala: "PRUEBAS EN EL AMPARO. PARA EL DESAHOGO DE LAS RELACIONADAS CON MEDIOS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS NO ES ADMISIBLE LA IMPOSICIÓN DE CARGA ESPECÍFICA A SU OFERENTE PARA VALORAR SU ADMISIBILIDAD. Además de los medios clásicos o tradicionales de prueba, la rápida evolución de la técnica ha creado nuevos métodos probatorios antaño insospechados que, en parte, debido a su constante innovación y dadas las particularidades que cada uno de ellos pueden presentar, no han sido regulados en detalle por el legislador, pero la posibilidad de aportarlos como elementos de convicción está prevista tanto en el artículo 150 de la Ley de Amparo como en los artículos 93, 188, 189, 210-A y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de aquélla. En razón de ello, el juzgador deberá determinar en cada caso concreto y según sus propias características, la forma más conveniente para el desahogo y valoración de tales medios de convicción; sin embargo, el legislador en ningún caso previó que las peculiaridades de tales probanzas tuvieran como efecto imponer cargas específicas a los quejosos, como sería el caso de solicitar a éstos que aportaran algún tipo de aparato (como televisión o videocasetera), a fin de que se valorara la admisibilidad de su prueba, ya que no es posible tener la certeza de que los quejosos cuenten con la posibilidad real y material de aportar tales aparatos eléctricos o electrónicos, y dado que el juicio de garantías constituye una defensa del gobernado frente a actos arbitrarios de la autoridad, no resulta aceptable que su acceso se haga depender de la posibilidad de disponer de determinados bienes materiales. Por ello, se estima que la imposición a los quejosos de tal carga afecta el derecho a probar y, por ello, implica violación a las leyes del procedimiento." Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados en la sentencia de amparo, en razón de que el veinticuatro de mayo del año que transcurre, celebró una nueva audiencia y se cercioró que los defensores particulares del aquí quejoso, Óscar Rodríguez García y Jesús Roberto Flores Alarcon, contaron con cédula profesional federal 6118110 y 1880385 respectivamente, expedidas por la Secretaría de Educación Pública, Dirección General de Profesiones. Asimismo, al haberse acreditado la profesión de los defensores particulares, hizo saber al quejoso Edgar Alejandro Pérez González que a partir del veinticuatro de mayo del año en curso, comenzó a transcurrir el término legal para la interposición del recurso, o en su caso, juicio de amparo contra el auto de vinculación a proceso decretado el veintinueve de julio de dos mil diecinueve en la causa penal 2134/2019 del índice de la responsable. En atención a lo antes expuesto, se llega al convencimiento de que en el caso, con el proceder de la autoridad en comento, se restituyó al quejoso en el goce y disfrute de los derechos fundamentales que en su perjuicio se estimaron transgredidos; por lo que, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida en sus términos la ejecutoria pronunciada en este asunto, sin excesos ni defectos. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Devolución de discos compactos. En otro orden de ideas, devuélvanse a la autoridad responsable dos discos compactos que remitió en vía de justificación y para dar cumplimiento al fallo protector, respectivamente, por ser innecesaria su retención. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista de estrados a los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado y por oficio a la autoridad tercero interesada.
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Estado de autos. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado de autos se advierte que mediante proveídos de veintinueve de octubre y tres de diciembre, ambos de dos mil diecinueve, de manera respectiva se ordenó notificar las determinaciones derivadas del presente juicio de amparo a los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado, por medio de lista de estrados, ya que no se señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Ahora, que por auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a las partes con el posible cumplimiento dado por la autoridad responsable; sin embargo, no obran las notificaciones de los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado. En atención a lo anterior, se comisiona al actuario judicial encargado del presente asunto para que de manera inmediata proceda notificar por medio de lista de estrados el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, a los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado, y así estar en posibilidad de hacer pronunciamiento respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Notifíquese y por lista de estrados a los terceros interesados Ángel Daniel Jiménez García y Alma Rosa Ibarra Machado el auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno.
- Principal
SE TIENE A LA AGENTE DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA FORMULANDO ALEGATOS
- Principal
Tijuana, Baja California, cuatro de agosto de dos mil veintiuno. Se reexpide oficio. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que le asistió a la actuaria judicial de la adscripción a fin de notificar al tercero interesado Ángel Pantoja, en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación con Detenido, con sede en esta ciudad, en virtud de que fue informada que dicha persona ya no labora en esa dependencia. Notifíquese.
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