Edgar Alejandro Montelongo Casillas

Expediente 869/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
869/2016
Año
2016
Actuaciones
5
Última actuación
31/08/2016

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Montelongo Casillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    En treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Secretaria encargada del despacho del Juzgado con un oficio con número de registro 15124 y anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a treinta y uno de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada el veinticinco del mes y año en curso, dictada al resolver el recurso de queja penal 93/2016-3; acúsese el recibo de estilo. Ahora bien, en atención a que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa contra el auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, por el que este Juzgado Federal desechó la demanda de amparo promovida por Edgar Alejandro Montelongo Casillas, contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral, con sede en esta ciudad; por tanto, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del punto vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito; el juicio de amparo en que se actúa es susceptible de destrucción, toda vez que se considera que no contiene valor jurídico o histórico por el cual se deba conservar; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese por lista a las partes. Así lo acordó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por licencia de la titular, conforme a lo establecido en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En cuatro de agosto de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado con un oficio con registro 13809.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a cuatro de agosto de dos mil dieciséis. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el Actuario Judicial adscrito al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de queja que hizo valer el quejoso Edgar Alejandro Montelongo Casillas, contra el auto de diecinueve de julio de la presente anualidad, dictado por este Juzgado Federal, el cual registró bajo la queja penal 93/2016-3. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo proveyó y firma la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargada del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis, según oficio CCJ/ST/2755/2016, así como en sesión de dieciocho de julio posterior, por la Comisión de Receso del propio Consejo, comunicada a través del diverso oficio CR./CJD./005/5268/2016, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. Doy fe. Luis.

  3. Principal

    En veintisiete de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con el escrito registrado con el número 13514 y copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a veintisiete de julio de dos mil dieciséis. Visto el escrito de cuenta signado por el autorizado del quejoso EDGAR ALEJANDRO MONTELONGO CASILLAS, mediante el cual en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo, de la Ley de Amparo, interpone recurso de queja contra el auto de diecinueve de junio del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió contra actos del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito judicial de la Capital, con sede en esta ciudad. Con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase el informe sobre la materia de la queja que nos ocupa, en el sentido de que ES CIERTO el acto reclamado, ya que efectivamente en el juicio de amparo que se actúa, se dictó el auto recurrido. En consecuencia, remítase el escrito por que se interpone el recurso de mérito y copia del mismo al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, así como copia certificada de las constancias necesarias para la substanciación del referido medio de impugnación. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres.-doy fe.

  4. Principal

    En diecinueve de julio de dos mil dieciséis, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta a la Juez con la demanda de amparo con registro 13152 y ocho copias que se adjuntan.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de julio de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por Edgar Alejandro Montelongo Casillas, contra actos de Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral, con residencia en esta ciudad, por violación a los artículos 1, 14, 16 y 20 constitucionales, se provee lo siguiente: Fórmese y regístrese el expediente bajo el número 869/2016-3, en el libro de gobierno. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto citado se obtiene que es procedente desechar la demanda de amparo cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Conforme a lo anterior, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. Lo anterior, conforme a la tesis del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." Ahora, del escrito de demanda se advierten como actos reclamados los siguientes: "1) La resolución consistente en la negativa de fecha 2 de Junio del 2016, del C. JOSUÉ BARRÓN OLIVA, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, a concederme nueva prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria, a efecto de recabar datos de prueba en mi favor. 2) La resolución de fecha 24 de Junio del 2016, en la cual el C. LIC. JOSUÉ BARRÓN OLIVA, Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de Zacatecas, declara de improcedente en mi perjuicio, el Recurso de Revocación interpuesto en contra de la resolución, que como acto reclamado señalo en el punto 1 inmediato anterior, en donde por lo tanto ratifica la negativa a concederme nueva prórroga de plazo de cierre de investigación complementaria." Asimismo, de la lectura integral de la demanda de amparo derivan los antecedentes del acto reclamado que enseguida se relacionan. 1. Ante el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con residencia en esta ciudad, se tramita la causa penal 165/2015, en contra de Edgar Alejandro Montelongo Casillas, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro agravado, en perjuicio de Miguel Frausto Rojas, Pascual Delgado Delgado, Pio Quinto Rodríguez Delgado, Edgar Jonathan Rodríguez Rivera, Pedro Díaz Abrego y María Guadalupe Guerrero González. 2. Al resolverse su situación jurídica con un auto de vinculación a proceso, se fijó plazo de ampliación de cierre de investigación complementaria el cual fue ampliado en varias ocasiones, feneciendo el término el veinte de junio del año en curso. 3. Que la defensa del peticionario del amparo Edgar Alejandro Montelongo Casillas, antes de que se cerrara el plazo del cierre de investigación complementaria solicitó la ampliación del mismo, argumentando que necesitaba más tiempo para recabar datos de prueba a favor del inculpado. 4. En audiencia celebrada el veinticuatro de junio de dos mil dieciséis, la responsable negó la ampliación del plazo de cierre de investigación complementaria. 5. Inconformes con tal determinación, la parte quejosa interpuso recurso de revocación; y en esa propia fecha el juez de la causa declaró improcedente el aludido medio de impugnación; determinación que constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Pues bien, en torno a la determinación de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis donde el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Oral del Distrito Judicial de la Capital, con sede en esta ciudad, negó ampliar el plazo de cierre de la investigación complementaria, se actualiza la causal prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así se considera, toda vez que del análisis del escrito de demanda se advierte que el juez responsable al resolver el recurso de revocación generó la cesación de los efectos del acto reclamado consistente en la negativa a ampliar el plazo de cierre de la investigación complementaria; por tanto, al haber sido sustituida procesalmente esa determinación por la que se resolvió el indicado medio ordinario de impugnación, debe concluirse que en el caso a estudio cesaron los efectos del apuntado acto que se reclama en esta instancia constitucional. En relación al diverso acto consistente en la interlocutoria que declaró infundado el recurso de revocación que se hizo valer contra la determinación que negó la petición de ampliar el plazo de cierre de la investigación complementaria, se actualiza el motivo de improcedencia contenido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los numerales 107 fracción V y 173, fracciones X y XXII, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". Por su parte el artículo 107, de la Ley de la Materia, en su fracción V señala: "El amparo indirecto procede: [...] V.- Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; En tanto que el dispositivo 173 fracciones X y XXII, consigna lo siguiente: "Art. 173. En los juicios del orden penal se considerarán violadas las leyes del procedimiento con trascendencia a las defensas del quejoso, cuando: (.) X. No se reciban al imputado las pruebas pertinentes que ofrezca o no se reciban con arreglo a derecho, no se le conceda el tiempo para el ofrecimiento de pruebas o no se le auxilie para obtener la comparecencia de las personas de quienes ofrezca su testimonio en los términos señalados por la ley; (.) XXII. Se trate de casos análogos a las fracciones anteriores a juicio del órgano jurisdiccional de amparo. Previamente es pertinente establecer que los actos procesales (sucedidos dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, hasta antes de emitirse la resolución en definitiva), tienen una ejecución de imposible reparación sólo si sus consecuencias afectan directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado tutelados por la Constitución General de la República a través de las garantías individuales, como la vida, la integridad personal, la libertad, en sus diversas manifestaciones, la propiedad, ya que tal afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de obtener una sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos procesales de ejecución reparable, o bien, de efectos intraprocesales, no afectan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia; asimismo, es preciso destacar que dichos actos inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, con vista a obtener un fallo favorable, por lo que, cuando se logra ese objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. En ese sentido, a guisa de ejemplos de los actos procesales que tienen una ejecución de imposible reparación, vale la pena citar el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, el auto que ordenará la intercepción de correspondencia de una de las partes en las oficinas de correos, el arraigo, la prueba pericial en genética, pues en los primeros tres casos se pueden afectar las propiedad y posesiones, en el cuarto la libertad personal, en el quinto el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia, en el sexto la libertad de tránsito y en el séptimo el derecho a la intimidad del ser humano, al obtenerse características genéticas inherentes a la persona que se somete a ese estudio. Así pues, en los citados casos, ninguna de esas afectaciones se podrá reparar en una actuación posterior en el juicio, ya que, en el supuesto, de embargo, el derecho al goce, uso y disfrute de los bienes secuestrados, de que se priva por el tiempo que se prolongue la medida, no se restituye mediante el dictado de una sentencia definitiva favorable, aunque se cancele el secuestro; el goce y disponibilidad del numerario pagado por concepto de multa no se puede restituir en el procedimiento; la libertad personal tampoco; la correspondencia ya no podrá volver a su secreto; y, finalmente, la violación al derecho a la intimidad, ya no se podrá restituir. Así las cosas, atendiendo a la naturaleza, contenido y momento procesal en que se emitió la resolución impugnada, es inconcuso que tal acto no es de ejecución irreparable, en la medida de que con el mismo sólo se afectan derechos adjetivos, es decir, la determinación emitida en la audiencia de veinticuatro de junio del año en curso, que declaró improcedente el recurso de revocación contra la negativa de ampliación del plazo de cierre de investigación complementaria, no afecta los derechos fundamentales del quejoso, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, la posesión, la intimidad de las personas, la garantía de audiencia, el principio pro persona, entre otros; de ahí que se considera que la determinación que aquí se reclama solo tiene efectos intraprocesales, pues tal violación procesal podría quedar reparada al obtener el garante sentencia favorable a sus pretensiones, sin haberle originado ninguna lesión en su esfera jurídica, además en caso de no ser favorable la sentencia, puede hacer valer sus pretensiones, en términos del artículo 173 fracciones X y XXII de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyo rubros y textos son. "AUTO QUE NIEGA DAR POR CONCLUIDO EL PERIODO PROBATORIO, CUANDO YA FENECIÓ EL PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY Y SE ENCUENTRAN PRUEBAS PENDIENTES DE DESAHOGAR. NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO ABROGADA). Conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que recoge el contenido del numeral 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos dentro de juicio se reserva a los que tengan una ejecución de imposible reparación, siempre y cuando la violación no pueda ser reparada, ni aun mediante el amparo directo. Luego, no se está ante un acto de esa naturaleza cuando se reclama el auto que niega cerrar el periodo probatorio y cuya base es el derecho fundamental de defensa, tutelado por el artículo 14 constitucional, que tiene el oferente de una prueba pendiente de desahogar, que debe prevalecer sobre el de acceso a la justicia pronta que, a su vez, consagra el numeral 17 de la propia Carta Magna." "INSTRUCCIÓN. SI EL JUEZ DE LA CAUSA, AL DECLARARLA AGOTADA, OMITE PRECISAR EL PLAZO POR EL QUE SE AMPLÍA EL PERIODO PROBATORIO Y DECIDE CERRAR DICHA ETAPA PROCESAL, SIN DEJAR TRANSCURRIR EL PLAZO MÁXIMO DE CINCO DÍAS A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 314 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS NORMAS QUE RIGEN EL PROCEDIMIENTO PENAL QUE ORIGINA SU REPOSICIÓN. De conformidad con los artículos 314 y 315 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, tratándose de procesos ordinarios, dictada la formal prisión, se ordenará poner el proceso a la vista de las partes para que propongan dentro de quince días las pruebas que estimen pertinentes, las que se desahogarán en los quince días posteriores, pero si del desahogo de las pruebas aparecen nuevos elementos, el Juez podrá señalar otro plazo probatorio de tres días con un desahogo dentro de los cinco días siguientes y, una vez que se considera agotada la instrucción, según las circunstancias que aprecie el juzgador, de conformidad con el párrafo cuarto del citado artículo 314 podrá, de oficio, ordenar el desahogo de las pruebas que a su juicio considere necesarias para mejor proveer, o bien, ampliar el plazo de su desahogo hasta por cinco días más. Ahora bien, conforme a este último supuesto, si el Juez declara agotada la instrucción y respecto de dicho plazo flexible que prosigue (que va de uno a cinco días) omite precisar su duración, atendiendo al principio de lo más favorable al reo, debe estarse al máximo de cinco días, por lo que si dicho juzgador declara cerrada esa etapa procesal antes de transcurrido el plazo máximo de referencia se actualiza una violación a las normas que rigen el procedimiento penal que deja sin defensa al quejoso, trascendiendo al resultado de la sentencia y, por ende, procede conceder el amparo solicitado para efectos de que se reponga el procedimiento." En las condiciones apuntadas y atendiendo a que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, el acto reclamado de que se trata no es de aquéllos que tengan sobre los derechos procesales de la parte quejosa una ejecución de imposible reparación, por ello es que se considera que en el caso concreto el juicio de amparo indirecto que se promueve es notoriamente improcedente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia invocada; y en esa tesitura, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de garantías promovida por EDGAR ALEJANDRO MONTELONGO CASILLAS. Por otra parte, téngase como autorizado del quejoso en lo amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Hilario Rodríguez Domínguez, toda vez que cuenta con cédula profesional (3356123) registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo faculta para ejercer la profesión de abogado y como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal el ubicado en Calle del Puente número 303, esquina con Calle Obrero Mundial, Colonia Buena Vista de esta ciudad. Por último, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres. Doy Fe.

Quedan 1 actuación en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · 11,540 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano