Edgar Alejandro Campos Martínez

Expediente 2039/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2016.

Datos del expediente

Expediente
2039/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
01/03/2016

Partes del expediente

  • Edgar Alejandro Campos Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    En uno de marzo de dos mil dieciséis, la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado C E R T I F I C O : Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del dieciséis al veintinueve de febrero del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de enero del año en curso, dentro del juicio de amparo número 2039/2015. DOY FE. En la misma fecha la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta a la Juez con la certificación que antecede. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, uno de marzo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la Secretaria adscrita a este Tribunal Federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este Juzgado el veintinueve de enero del año en curso, en la que se negó al quejoso Edgar Alejandro Campos Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En consecuencia, y en atención a que la resolución de mérito no requiere ejecución material, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia en consulta, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, mismo que entro en vigor el veintiséis de noviembre del dos mil nueve; se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por lo que una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en la diversa fracción III, última parte, del citado punto vigésimo primero del acuerdo General citado en el párrafo que antecede, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva a la parte quejosa; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; luego entonces, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por lo que se refiere al DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN sí es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por tanto, guárdese por separado, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Asimismo, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvanse el duplicado del proceso penal 49/2015, que en su oportunidad remitió la Juez responsable como justificación de sus actos. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. *Rosy

  2. Principal

    En ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con un oficio registrado con el número 2319; con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 2039/2015, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 17/2016-I; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintinueve de enero del año en curso, por la que se negó al quejoso Edgar Alejandro Campos Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, un disco compacto que contiene la citada resolución y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la resolución de veintinueve de enero del año en curso, a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN FECHA OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, ASÍ COMO LA SENTENCIA EMITIDA EL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO b), DE LA LEY DE AMPARO: "En ocho de febrero de dos mil dieciséis, la Secretaria licenciada María Soledad Torres Muguiro, doy cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con un oficio registrado con el número 2319; con anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, ocho de febrero de dos mil dieciséis. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, por el que remite el juicio de amparo 2039/2015, el cual quedó registrado en el citado órgano jurisdiccional como cuaderno de antecedentes 17/2016-I; en el que se encuentra glosada la sentencia pronunciada el veintinueve de enero del año en curso, por la que se negó al quejoso Edgar Alejandro Campos Martínez, el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, un disco compacto que contiene la citada resolución y un legajo de pruebas. Acúsese el recibo de estilo y agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo. En consecuencia, hágase la anterior circunstancia del conocimiento de las partes personalmente y remítase copia certificada de la resolución de veintinueve de enero del año en curso, a las autoridades responsables, a efecto de que se impongan de los lineamientos en los que se resolvió el juicio de garantías en que se actúa. Por otra parte, una vez que cause ejecutoria o en su caso sea recurrida la sentencia dictada dentro del presente sumario, hágase tal circunstancia del conocimiento de la ahora oficiante, para los efectos legales correspondientes. En la inteligencia de que será este órgano jurisdiccional quien continuará con el trámite del presente asunto hasta su archivo definitivo. NOTIFIQUESE POR MEDIO DE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y PERSONALMENTE A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy" SENTENCIA DE 29 DE ENERO DE 2016. VISTOS, para dictar sentencia, los autos relativos al juicio de amparo 2039/2015, promovido por Edgar Alejandro Campos Martínez, por propio derecho, contra actos del Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el seis de noviembre de dos mil quince , ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en Zacatecas, Edgar Alejandro Campos Martínez, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos reclamados que más adelante se puntualizarán. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas con residencia en la ciudad del mismo nombre, a quien por razón de turno correspondió conocer del asunto, mediante proveído de nueve de noviembre de dos mil quince , admitió la demanda de amparo, registrándola con el número 2039/2015, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; dio la intervención conducente al agente del Ministerio Público de la Federación; tuvo como tercero interesado a Gerardo Martínez Molina; y, señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el cinco de enero de dos mil dieciséis . TERCERO. Designación de los órganos a apoyar en el dictado de sentencias. Mediante oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre. CUARTO. Envío de expediente. El Juzgado Primero de Distrito en el Estado Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, en cumplimiento a dicha comunicación remitió el juicio de amparo de referencia a la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, la cual a su vez lo turnó a este órgano jurisdiccional. QUINTO. Radicación en el Juzgado de Distrito Auxiliar. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, mediante acuerdo de trece de enero del año que transcurre , se avocó al conocimiento del juicio de amparo. Lo registró en el libro electrónico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 17/2016-I; y procedió al análisis del expediente para dictar la sentencia correspondiente. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Punto Quinto, apartado 5, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito; y además, en términos del oficio STCCNO/1519/2015, de siete de septiembre de dos mil quince, mediante el cual el Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que la citada Comisión determinó que este Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región apoyará en el dictado de sentencias al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre; lo anterior, en virtud de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclaman actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. SEGUNDO. Fijación de actos reclamados. Del análisis integral de la demanda en relación con los informes justificados, en términos de lo dispuesto en los artículos 74, fracción I y 76 de la Ley de Amparo, se concluye que los actos impugnados son los siguientes: Del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, se reclama: ? La orden de aprehensión de seis de octubre de dos mil quince, dictada en la causa penal 49/2015, seguida contra Edgar Alejandro Campos Martínez, por considerarlo probable responsable en la comisión del delito de lesiones que ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, en perjuicio de Gerardo Martínez Molina. Del Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, se reclama: ? La ejecución del mandamiento de captura de seis de octubre de dos mil quince. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas , así como su ejecución al Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas , pues al rendir sus respectivos informes justificados, las referidas autoridades admitieron la existencia de los actos que les fueron atribuidos; certeza que, además, se corrobora con las constancias que dicho Juez acompañó a su informe, relativas a la causa penal número 49/2015, a las que se concede valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa del arábigo 2 del mismo ordenamiento legal. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, materia común, Apéndice de 1995, de epígrafe y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. En sus motivos de inconformidad, el quejoso asegura que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el contenido del artículo 14 constitucional, relativas al derecho de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, pues la autoridad responsable pretende privarlo de su libertad sin que para ello hubiese cumplido con las formalidades esenciales del procedimiento, ya que no tuvo oportunidad de defenderse en contra de los hechos que se le imputan. El concepto de violación es infundado. Se afirma lo precedente pues si bien, atento al artículo 14 de la Carta Magna , todo gobernado goza del derecho a ser oído antes de que se realice el acto de autoridad; sin embargo, en tratándose de un mandamiento de captura, se actualiza una excepción a la regla, toda vez que el numeral 16 de la propia Constitución establece las condiciones para el libramiento de la orden de aprehensión y, previo a su emisión, no exige que se oiga al indiciado en defensa, ya que únicamente determina que dicho mandamiento esté precedido por denuncia o querella respecto de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de la libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y hagan probable la responsabilidad del inculpado, como acontece en el caso concreto. Apoya lo anterior la tesis IX.1o.33 P, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, página mil ochocientos veinticuatro, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. PARA DICTARLA NO ES REQUISITO OBSERVAR LA GARANTÍA DE AUDIENCIA. Todo gobernado goza del derecho a la garantía de audiencia, antes de que se realice en su perjuicio el acto de autoridad; sin embargo, cuando el acto de autoridad es una orden de aprehensión, al establecer el artículo 16 de la Constitución Federal, los requisitos que debe satisfacer la emisión de un mandamiento de esa naturaleza, no comprendió el relativo a que previamente se oiga al presunto indiciado, sino únicamente, que las órdenes de aprehensión sean emitidas por autoridad judicial, que estén precedidas por alguna denuncia o querella respecto de un hecho que legalmente se sancione, cuando menos, con pena privativa de libertad y que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado". Inclusive aun cuando ese requisito no sea indispensable para dictar la orden de aprehensión, contrario a lo que asegura el impetrante en el sentido de que no se le otorgó garantía de audiencia previamente a la emisión del acto privativo, de las propias constancias de autos se desvirtúa su dicho, ya que de su sola lectura se puede advertir que el diecinueve de agosto de dos mil quince, Edgar Alejandro Campos Martínez se presentó ante el Agente del Ministerio Público número uno del Distrito Judicial de Pinos Zacatecas, a rendir su declaración ministerial en cuanto a los hechos denunciados por Gerardo Martínez Molina, consistentes en la comisión del delito de lesiones. Diligencia de la que se evidencia que el aquí quejoso tuvo oportunidad de conocer la imputación directa que en su contra formuló el denunciante, lo que denota que estuvo en aptitud de planear su estrategia de defensa, principalmente, al encontrarse en posibilidad de narrar su versión de los hechos, mediante los cuales pretendió evidenciar que actuó en defensa de su persona. De manera que si de autos se advierte que al impetrante sí se le otorgó garantía de audiencia, en la medida en que acudió ante el agente ministerial a defender sus derechos, es inconcuso que debe desestimarse el concepto de violación en que plantea una situación diversa. De ahí que el argumento resulte infundado. En diverso orden de consideraciones, manifiesta el peticionario del amparo, que el mandamiento de captura vulnera sus derechos humanos consagrados en el artículo 16 de la Constitución Federal, pues se encuentra indebidamente fundado y motivado, habida cuenta que -en su opinión- de los autos contenidos en la indagatoria no se desprenden elementos suficientes que acrediten la existencia del cuerpo del delito ni su probable responsabilidad en la comisión del mismo. Además de que -a su juicio- se acredita una causa excluyente de responsabilidad, en tanto que a lo largo de su declaración ministerial aludió a la circunstancia de que actuó en defensa propia, repelando una agresión actual, violenta e injusta por parte del supuesto ofendido. Son infundados los conceptos de violación. En primer lugar, se estima pertinente destacar que para el libramiento de la orden de captura, la legislación adjetiva penal del Estado de Zacatecas, no exige que deban analizarse las causas eximentes de responsabilidad, como sí lo requiere para el dictado del auto de formal prisión, según lo establece el artículo 143, fracción IV, del código en cita . De ahí que, con independencia de que la autoridad responsable al emitir el mandamiento de captura se pronuncie o no en cuanto a las eximentes de responsabilidad que prevé el Código Punitivo Penal del Estado, al no ser un requisito indispensable para la emisión de la orden de aprehensión, no es posible exigir a la autoridad judicial que realice su análisis, como si de ello dependiera la legalidad del acto. Por ende, si la pretensión del quejoso se dirige a cuestionar la legalidad de la orden reclamada, por virtud de que en su opinión se acredita una causa excluyente de responsabilidad, es inconcuso que debe desestimarse su argumento, pues será -en su caso- durante el término constitucional que el Juez primiinstancial estará posibilitado para analizar ese aspecto, no antes, de conformidad con lo que prevé la codificación adjetiva penal del Estado. Máxime que para que prospere alguna eximente de responsabilidad se requiere como condición indispensable que aparezca comprobado con claridad meridiana sin el menor asomo de duda, por lo que su examen y resolución -en términos generales- debe reservarse hasta el dictado de la sentencia definitiva, al ser el momento en que el juzgador dispone del mayor acopio de elementos de comprobación sobre el particular, lo que no ocurre al dictarse el mandamiento de captura. Ilustra lo expuesto la tesis aislada emitida por la Primera Sala de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISION, EN ÉL PUEDEN ESTUDIARSE LAS EXCULPANTES. Aun cuando nada se opone a que el juzgador estime a través de la formal prisión cualquiera excluyente de responsabilidad que pudiera favorecer al presunto infractor, se requiere, como condición indispensable para que prospere tal eximente, que aparezca comprobada con claridad meridiana y sin el menor asomo de duda, pues en caso contrario, su examen y resolución debe reservarse para la definitiva, por ser el momento en que el juzgador dispone del mayor acopio de elementos de comprobación sobre el particular". En segundo lugar, se considera que son infundados los conceptos de violación antes relatados, en virtud de que, contrario a lo expuesto por el impetrante, el mandamiento de captura reclamado cumple con las exigencias establecidas por el artículo 16 constitucional, según se relata a continuación. Para efecto de demostrar la anterior aseveración, es conveniente citar el contenido del numeral en comento, mismo que, en lo que interesa, dispone lo siguiente: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. (.) No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de libertad y existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. (.)". La norma constitucional invocada, en su primer párrafo, impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad, siendo necesario que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Por su parte, el segundo párrafo (previo a la reforma de dieciocho de junio de dos mil ocho), establece que la orden de aprehensión podrá librarse únicamente si se cumplen con diversos requisitos, a saber: a) Que sea dictada por autoridad judicial b) Que esté precedida por denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito c) Que el ilícito sea sancionado con pena privativa de libertad d) Que existan datos que acrediten el cuerpo del delito y que hagan probable la responsabilidad del indiciado. En la especie, de las constancias que integran la averiguación previa y que fueron allegadas por la autoridad responsable, se advierte que se cumplió a cabalidad con los requisitos descritos en los incisos citados a), b) y c), toda vez que la orden de aprehensión que ahora constituye el acto reclamado, fue librada por una autoridad judicial competente, como lo es el Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas; a la misma la precede la denuncia presentada por Gerardo Martínez Molina, respecto del delito de lesiones; ilícito que es sancionado por los artículos 285, 286, fracción II, y 287 del Código Penal para el Estado de Zacatecas, con pena privativa de libertad. Asimismo, se estima que se encuentra cumplida la exigencia puntualizada en el inciso d), en tanto que la determinación a que arribó el juez responsable para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito, así como la probable responsabilidad del inculpado en su comisión, se encuentra debidamente fundada y motivada, como se demostrará a continuación. Efectivamente, por lo que respecta a los elementos del cuerpo del delito de lesiones previsto y sancionado por los artículos 285, 286, fracción II, y 287 del código punitivo penal del Estado, el Juez responsable estimó que consistían en los siguientes: a) La existencia de un daño o alteración de la salud en el cuerpo de alguien; b) Que la alteración sea producida por una causa externa imputable a una persona; y, c) El nexo causal. Así, para tener por acreditado el primero de los elementos del sector corporal en estudio, consistente en la existencia de un daño o alteración de la salud en el cuerpo de alguien, el juez responsable tomó en consideración la inspección ministerial de lesiones, practicada por el agente del Ministerio Público número uno, el dieciocho de agosto de dos mil quince, en la que asentó que al tener a la vista a Gerardo Martínez Molina, se pudo apreciar, en la región abdominal, cicatriz postquirúrgica que se encuentra debidamente cicatrizada, la cual fue afrontada con quince puntos de sutura, siendo que dicha cicatriz es en forma lineal y abarca hasta la región inguinal por debajo del ombligo, de tonalidad rosada, en la región de franco derecho por encima de la cadera presenta dos cicatrices postquirúrgicas, siendo la primera de un centímetro y afrontada con dos puntos de sutura y que -según referencia del lesionado- es la que corresponde a la herida que le fue causada por su agresor, y la cicatriz de dos centímetros en la región abdominal derecha y afrontada con dos puntos de sutura, que refirió el ofendido que es la que tenía como dren posterior a la intervención quirúrgica de que fue objeto. Probanza que consideró robustecida con el dictamen médico de lesiones, emitido por la doctora Irma Alvarado Nava, perito del departamento de medicina legal de la Dirección de Servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, mediante el cual certifica las lesiones que presentó el ofendido, en donde concluyó que son lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar. Del mismo modo, estimó que tales pruebas eran coincidentes con la denuncia presentada por Gerardo Martínez Molina, en cuanto a la alteración de la salud que sufrió. Con tales medios de convicción, analizados en lo individual y en conjunto, en términos de los artículos 276, 277, 278 y 280 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, estimó que se encontraba demostrado el primero de los elementos en análisis, consistente en la existencia de un daño o alteración de la salud en el cuerpo de alguien. En cuanto al segundo de los elementos materiales del ilícito, consistente en que la alteración de la salud obedeció a una causa externa imputable a otra persona, lo estimó acreditado con la denuncia interpuesta por Gerardo Martínez Molina, en donde refirió que el catorce de junio de dos mil quince, aproximadamente a las siete de la tarde, se encontraba con unas personas tomando cerveza y de pronto llegó el inculpado gritando que qué tenía en su contra, aclarando que momentos antes de ese incidente se había encontrado con esta persona, que al salir de la peluquería en la que estaba le preguntó que por qué decía eso, a lo que éste contestó que le había "echado" la moto encima y que iba "a valer madre", por lo que se hicieron de palabras y que finalmente al intentar resolver el conflicto a base de golpes, el inculpado corrió hacia otro lado, por lo que Gerardo se dirigió a su motocicleta, se subió, y que al presentir algo volteo y vio que Alejandro traía una daga en la mano derecha, con la cual lo apuñaló del lado derecho a nivel del abdomen. Denuncia que el primiinstancial consideró reforzada con la declaración de Teódulo Martínez Sifuentes, de diecinueve de agosto de dos mil quince, en la que, ante el agente del ministerio público, manifestó que sin recordar la fecha, él se encontraba cerca de donde se pelearon Gerardo y Alejandro, sin conocer el motivo de la riña, que salió de su casa y se puso a platicar con el señor Manuel Campos, y que nada más se percató de que a Gerardo se lo llevaban en una motocicleta, que después se enteró que estaba herido, pero que no se enteró quién fue. Elementos los anteriores que estimó se robustecían con la declaración de Alfonso Betancourt Cano, quien aludió a que el día domingo (sin recordar la fecha), aproximadamente a las siete de la tarde, ocurrieron los hechos tal como lo narró Gerardo Martínez Molina, que él lo único que hizo fue auxiliarlo a llevarlo con su primo Edgar Almanza Molina para que éste a su vez lo llevara a que lo curaran de la herida que le fuera causada por Alejandro Campos, que se percató que el inculpado se retiró de ahí donde se agredió y lesionó a Gerardo, sin conocer el motivo por el cual "Jano" llegó a reclamarle al ofendido, aunque asegura que sí escuchó que le refería algo que le había "echado la moto encima", que ninguno de los dos tenía lesiones hasta que "Jano" lesionó a Gerardo. También, tomó en cuenta lo declarado por Gonzalo Giovani Martínez Palomo, quien expuso que su papá estaba escuchando música, cuando Alejandro llegó gritándole que saliera, que qué traía, que él se acercó a la peluquería donde se encontraba su papá para ver qué pasaba, que se hicieron de palabras Gerardo y Alejandro, por lo que su papá se subió a la motocicleta en la que andaba, que al momento en que la prendió él se hizo a un lado para que arrancara, cuando en ese momento llegaron tres personas, o sea Alejandro y otros dos que estaban ahí, así como en bola, y cuando su papá le iba a dar a la moto, Alejandro se fue corriendo hacia donde él estaba y se percató que el imputado le aventó un golpe con un cuchillo que traía, o algo similar, que ese golpe se lo dio a un lado del cuerpo y que por tal razón ya no pudo bajarse de la moto. Además, estimó robustecidos los elementos de prueba citados con el informe de investigación de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, de uno de septiembre de dos mil quince, del que se desprende, que al entrevistarse con Gerardo Martínez Molina, éste informó que los hechos ocurrieron de la manera en que lo dejó asentado en su denuncia; que Alfonso Betancourt Cano, informó que sin recordar la fecha exacta al estar en una tienda observó que agredieron a Gerardo Molina, siendo el inculpado quien le dio un "piquete" con una especie de daga, en el estómago, por lo que él solamente otorgó auxilio a Gerardo; que Teódulo Martínez Sifuentes mencionó que no recuerda la fecha exacta pero que él estaba cerca del lugar donde se pelearon Gerardo y Alejandro, mencionando que lo único que notó fue cuando a Gerardo se lo llevan en una camioneta, pero no sabe el porqué, que sólo se enteró que lo habían lesionado, y que se percató también que estas personas estaban discutiendo. Medios de convicción que consideró reforzados con la declaración del inculpado Edgar Alejandro Campos Martínez, en donde refirió que cuando el hijo del denunciante le prendió la moto para que se fuera, éste se volvió a bajar y sacó una navaja, aventándole golpes con la misma, por lo que corrió y al voltear notó que el ofendido iba detrás de él, por lo que sacó su cuchillo porque no tenía más opción y por tal razón le clavó el cuchillo del lado derecho del abdomen, y ante tal situación Gerardo se agachó y soltó la navaja que traía. Con las anteriores probanzas, concatenados entre sí y analizados en términos de los numerales 277 y 278 de la codificación adjetiva penal, concluyó que el segundo elemento consistente en que la causa que produjo los daños corporales del pasivo fue externa, quedaba debidamente acreditado, en virtud de que tales daños físicos resultaron una causa totalmente extraña al paciente del injusto, siendo imputable a una persona en particular. Por lo que respecta al tercer elemento relativo al nexo de causalidad, generado entre la concreción de la conducta descrita y requerida por la norma legal y el resultado del daño corporal que sufriera el ofendido, lo estimó acreditado al constituir las lesiones inferidas en la persona de Gerardo Martínez Molina, el resultado inmediato de la conducta desplegada por el agente activo, sobre la humanidad del pasivo, logrando ocasionar las lesiones inferidas. De lo anteriormente expuesto se puede colegir que se cumplió con el requisito relativo a que existan datos que acrediten el cuerpo del delito de lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, pues como se puede apreciar el a quo desglosó integralmente dichos elementos, precisó con qué medios de convicción se acreditaba cada uno de ellos, puntualizó el valor que estimó correspondiente de tales probanzas de acuerdo con la ley procesal y citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso concreto; lo que, además, hizo de manera correcta, pues efectivamente, de los citados medios probatorios se desprende la actualización de las hipótesis que para tener por comprobado el ilícito en estudio establece la ley secundaria aludida, esto es, que Gerardo Martínez Molina fue víctima de un daño ocasionado en su cuerpo, producido por una causa externa imputable a una persona; y que, además, las lesiones adquiridas sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, fundamentalmente, porque quedó debidamente comprobado que fue sometido a cirugía en atención a las lesiones de que fue objeto. Ahora, por lo que respecta a la probable responsabilidad del inculpado, la autoridad responsable consideró que se encontraba debidamente comprobada, en términos del artículo 11, fracción I, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, con las mismas probanzas que sirvieron de base para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito, y particularmente, haciendo énfasis en la declaración de Edgar Alejandro Campos Martínez; medios de convicción que el a quo valoró de manera individual y en su conjunto, de conformidad con los artículos 277 y 278 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Zacatecas, así como el último de los mencionados, de acuerdo con la jurisprudencia de rubro: "CONFESION CALIFICADA DIVISIBLE". Elementos de prueba que a juicio del Juzgador resultaron aptos, eficaces y suficientes para tener por acreditada la probable responsabilidad penal de Edgar Alejandro Campos Martínez en la comisión del delito de lesiones, cometido en perjuicio de Gerardo Martínez Molina, además que estimó que la imputabilidad del indiciado era a título doloso, en términos del artículo 6, fracción I, del Código Penal del Estado. Tal determinación se considera ajustada a derecho, pues efectivamente como lo estimó la autoridad responsable, los mismos medios de convicción que sirvieron de base para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito, son bastantes para tener por demostrada la probable responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito que se le imputa, ya que de ellos se obtiene, que probablemente Edgar Alejandro Campos Martínez (aquí quejoso), ocasionó un daño en el cuerpo de Gerardo Martínez Molina, específicamente en el lado derecho, en la región abdominal, debido al cual fue sometido a cirugía. Aunado a que, como lo expuso el primiinstancial, el propio inculpado reconoció haber causado una lesión en el cuerpo de su denunciante; esto es, admitió haberse encontrado en el lugar de los hechos, así como haber tenido un encuentro con el ofendido, y además aceptó que clavó un cuchillo en el cuerpo de éste; lo que denota, aún más, que existen elementos suficientes para tener por comprobada la probable responsabilidad del imputado en la comisión del hecho delictivo que se le imputa. En esas condiciones, de lo expuesto, tal como lo apreció el juez primiinstancial, con los relatados medios de prueba, al ser analizados y valorados por este órgano jurisdiccional, se considera que son suficientes para tener por demostrados el cuerpo del delito de lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, previsto y sancionado por los artículos 285, 286, fracción II, y 287 del código punitivo penal del Estado, así como la probable responsabilidad del quejoso en su comisión; máxime que para el dictado de una orden de aprehensión, la ley sólo exige datos o indicios y no pruebas plenas para acreditar la probable responsabilidad del inculpado, en la comisión del ilícito que se le atribuye. Apoya lo anterior la jurisprudencia VI.2o. J/182, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IX, marzo de mil novecientos noventa y dos, página ciento cuatro, que dice: "ORDEN DE APREHENSION. SU LIBRAMIENTO NO REQUIERE DE PRUEBAS PLENAS DE LA RESPONSABILIDAD DEL INCULPADO. Para dictar una orden de aprehensión no se requiere de pruebas plenas que acrediten la responsabilidad del inculpado sino únicamente es necesario que se reúnan los requisitos a que se refiere el artículo 16 constitucional, y que se desprendan datos que hagan probable la responsabilidad del inculpado". En razón de lo expuesto con anterioridad, se considera que la resolución reclamada se encuentra debidamente fundada y motivada, en atención al artículo 16 constitucional, toda vez que, de lo sintetizado y razonado se concluye que la autoridad responsable, al emitir el mandamiento de captura no solamente se concretó a enunciar los elementos de prueba, sino que los sintetizó en lo conducente, valoró en particular y al concluir la narración de tales elementos de convicción dedujo, razonadamente, que los mismos eran suficientes para tener por acreditados los elementos del cuerpo del delito de lesiones que sí ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, previsto y sancionado por los artículos 285, 286, fracción II, y 287 del código punitivo penal del Estado, así como la probable responsabilidad de Edgar Alejandro Campos Martínez en su comisión; por lo que, en ese entendido, es incuestionable que la resolución de referencia sí cuenta con la debida fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener, y por ende, debe calificarse de infundado el concepto de violación mediante el cual el quejoso pretende demostrar un extremo opuesto. Consecuentemente, ante lo infundado de los conceptos de violación y al no existir deficiencia de la queja que deba ser suplida en favor del quejoso, en atención al artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo y protección solicitados. Negativa que se hace extensiva a la autoridad responsable señalada como ejecutora Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, dado que el acto que se le reclama no se atribuye por vicios propios, sino como consecuencia del mandamiento de captura impugnado como principal. Resulta aplicable al respecto la jurisprudencia II.1o. J/12, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 82, octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página cuarenta y uno, que reza: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS. Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenan el acto violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las señaladas sólo como ejecutoras, si no se les atribuyen por vicios propios". Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Edgar Alejandro Campos Martínez, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como del Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, por la razones expuestas en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese; por conducto del Juzgado de origen; se instruye a la secretaria para que en términos de la circular CAR06/CCNO/2011, de quince de marzo de dos mil once, signada por el Secretario Ejecutivo de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos, ingrese la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y agregue en autos el acuse respectivo; anótese el sentido de la misma en el libro de registro electrónico que se lleva en este Juzgado Federal; con el original de esta resolución y disco compacto que contenga su archivo electrónico, devuélvanse los autos respectivos al lugar de su procedencia, debiendo quedar testimonio de ella en el cuaderno de antecedentes 17/2016-I del índice de este Juzgado de Distrito. Así lo resolvió y firma Paulina Cisneros Nájar, Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, párrafo XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, conforme al oficio CCJ/ST/7313/2015, de ocho de diciembre de dos mil quince, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistida de la Secretaria Silvana María D'Amico Toscano, que autoriza y da fe, hasta hoy veintinueve de enero de dos mil dieciséis, por así permitirlo las labores de este Juzgado. Doy fe. En esta misma fecha, mediante el oficio 104 se devolvieron los autos al juzgado de origen. Conste. RAZÓN. La Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa; CERTIFICA: Que la presente foja corresponde a la última parte de la resolución emitida el veintinueve de enero de dos mil dieciséis, en el juicio de amparo 2039/2015, correspondiente al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad del mismo nombre, el cual quedó registrado en este órgano jurisdiccional con el número de cuaderno de antecedentes 17/2016-I, cuyo único punto resolutivo señala: "ÚNICO. La justicia de la unión no ampara ni protege a Edgar Alejandro Campos Martínez, contra los actos que reclama del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, así como del Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Grupo Pinos, Zacatecas, por la razones expuestas en el último considerando de esta sentencia." Lo anterior se hace constar para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Lic. Silvana María D'Amico Toscano. Secretaria del Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región.

  4. Incidental

    AUDIENCIA INCIDENTAL.- En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 2039/2015, el Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, que actúa con la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaria procede a relacionar las constancias que integran el presente incidente de suspensión entre las que destaca la copia de la demanda de garantías promovida por Edgar Alejandro Campos Martínez, el auto de nueve de noviembre del año en curso, por el que se admitió la demanda promovida y el informe previo del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas, a través del Secretario designado para substituir a la titular de dicho órgano jurisdiccional y el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en el aludido municipio. A lo anterior, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias que antecede para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de autoridad responsable. Acto continuo, se abre el periodo probatorio, en el cual la Secretaria hace constar que no fueron ofrecidas por ninguna de las partes; luego, al no haber pruebas por desahogar, se pasa a la etapa de alegatos, en la que se hace constar que ninguna de las partes hizo valer el derecho que les otorga el artículo 144 de la Ley de la Materia, luego, al no haber alegatos que tener por reproducidos y sin pedimento de la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se declara cerrada la etapa de alegatos y al no haber más actuaciones y constancias que relacionar, se procede al dictado de la interlocutoria correspondiente. VISTOS, para resolver, los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo 2039/2015; y, RESULTANDO 1. EDGAR ALEJANDRO CAMPOS MARTÍNEZ, solicitó la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados de la autoridad responsable Juez de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en el citado municipio, que hizo consistir en la orden de aprehensión librada en su contra y su ejecución. 2. Por auto de nueve de noviembre de dos mil quince, se proveyó respecto a la suspensión provisional solicitada por Edgar Alejandro Campos Martínez, se solicitó informe previo a las autoridades responsables; y se citó a las partes a la audiencia incidental; la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. CONSIDERANDO: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual deriva esta incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo vigente; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, el cual señala que la resolución que decida la suspensión definitiva deberá contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados. Bajo esa tesitura, los actos reclamados en esta instancia esencialmente consisten en: La orden de aprehensión girada en contra del quejoso y su ejecución. III. El Secretario designado en substitución de la Titular del Juzgado de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Pinos, Zacatecas y el Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en el citado municipio, al rendir su respectivo informe previo manifestaron que es cierto el acto reclamado, en razón de que el seis de octubre del dos mil quince, dentro de proceso penal 49/2015, se giró orden de aprehensión en contra del ahora quejoso por el delito de lesiones que si ponen en peligro la vida y tardan más de quince días en sanar, en perjuicio de Gerardo Martínez Molina; asimismo, señala que ilícito imputado al impetrante de garantías es considerado como grave por el artículo 350, fracción XIX, del Código de Procedimientos Penales del Estado. Con apoyo en el artículo 166 fracción II de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales vigente; SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS PARA EL EFECTO DE QUE UNA VEZ QUE SEA APREHENDIDO EL QUEJOSO, SEA PUESTO A DISPOSICIÓN DE ESTE JUZGADO DE DISTRITO EN CUANTO A SU LIBERTAD PERSONAL SE REFIERE, EN EL LUGAR EN QUE SEA RECLUIDO Y A LA DEL JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA Y DE LO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PINOS, ZACATECAS, PARA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL DE ORIGEN, HASTA EN TANTO EXISTA RESOLUCIÓN FIRME QUE PONGA FIN AL JUICIO PRINCIPAL DEL QUE DERIVA ESTA INCIDENCIA. Apoya lo anterior por identidad de razonamiento lo siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se CONCEDE al EDGAR ALEJANDRO CAMOS MARTÍNEZ, la suspensión definitiva solicitada, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos indicados en el considerando III de la presente interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario en funciones de Juez de Distrito del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, designado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el uno de diciembre de dos mil quince, comunicada mediante oficio CCJ/ST/7129/2015, firmado por el licenciado Vicente David Burguet Franco, Secretario Técnico de dicha comisión, ante la licenciada María Soledad Torres Muguiro, Secretaria que autoriza y da fe. Rosy

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