Edgar Alejandro Cabrera Suarez
Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 206/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Edgar Alejandro Cabrera Suarez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que el quejoso ************ interpusiera recurso de queja contra el auto de catorce de marzo de dos mil dieciocho, por el cual se desechó la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley reglamentaria, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido, el cual CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo 1/2009, de veintiocho de septiembre del mismo año, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. De igual forma, en cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I, del citado acuerdo, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de esta fecha en que se ordenó su archivo, puesto que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y no se tramitó incidente de suspensión.
- Principal
A).- Radicación Vista la demanda de amparo presentada por *************, por su propio derecho, contra actos del Juez de Oralidad Penal de la Tercera Región, sede en esta ciudad, por considerarlos violatorios de sus derechos fundamentales consagrados por los numerales 14, 16 y 19 Constitucionales; fórmese el cuaderno de amparo físico y digital bajo el registro número 206/2018-B. B).- Desechamiento de la demanda A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la anterior transcripción, se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En efecto, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre una causal de improcedencia del juicio; además, que esa causa sea manifiesta, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Y es que la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, de la demanda se advierte que el quejoso señala como acto reclamado la resolución de dieciocho de enero de dos mil dieciocho, dictada en la causa penal número ****del índice del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región, sede en esta ciudad, que lo vinculó a proceso por el hecho que la ley contempla como el delito de robo calificado en agravio de ************Por lo que, una vez que es analizada la demanda de amparo de que se trata, este juzgador advierte de oficio un motivo manifiesto e indudable de improcedencia en relación al acto reclamado en mención; lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por lo que procede a desechar de plano la demanda de amparo, toda vez que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo, por los siguientes razonamientos de índole jurídico. Preceptos de la ley que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" [.] "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Del numeral en primer orden plasmado, se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, contra aquellos que no se promueva el juicio dentro de los plazos previstos. En tanto, como se advierte de los preceptos legales en segundo y tercer orden transcritos, el término genérico de quince días para la presentación de la demanda correrá a partir del día siguiente de que se actualice cualquiera de los tres supuestos siguientes: a). Que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b). Que el agraviado haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; o, c). Que el afectado se hubiera ostentado sabedor de los mismos. La primera hipótesis apunta a la existencia de una actuación procesal efectuada por la autoridad responsable mediante la cual, en fecha precisa, hace saber al quejoso el acto reclamado. La segunda regla para computar el plazo de quince días importa un acto de naturaleza variable por parte de la autoridad responsable -distinto a la notificación del acto reclamado-, de una autoridad diversa, o incluso del propio quejoso, que conlleve a la certeza de que este último "tuvo conocimiento" en determinada fecha de aquél, el cual debe producir la convicción de que el quejoso se enteró del mismo en forma directa, plena y completa. Por su parte, el último supuesto establece que el plazo de quince días para la promoción del juicio se contará desde el día siguiente al en que el quejoso "se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución", lo cual implica una expresión exclusiva de este, quien manifiesta que conoce la actuación combatida, conducta que puede considerarse como una confesión expresa por parte del afectado. Como característica adicional, debe decirse que las notificaciones practicadas se consideran legales, y por tanto, válidas para efectos del cómputo de los quince días para la promoción del juicio de amparo, mientras el quejoso no alegue su nulidad o ilegalidad. Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en sus ordinales 63, 67, 82 y 84, a propósito de la notificación de las resoluciones en los procedimientos penales instaurados conforme el nuevo sistema penal acusatorio y oral, establece: "Artículo 63. Notificación en audiencia Las resoluciones del Órgano jurisdiccional serán dictadas en forma oral, con expresión de sus fundamentos y motivaciones, quedando los intervinientes en ellas y quienes estaban obligados a asistir formalmente notificados de su emisión, lo que constará en el registro correspondiente en los términos previstos en este Código." "Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: I. Las que resuelven sobre providencias precautorias; II. Las órdenes de aprehensión y comparecencia; III. La de control de la detención; IV. La de vinculación a proceso; V. La de medidas cautelares; VI. La de apertura a juicio; VII. Las que versen sobre sentencias definitivas de los procesos especiales y de juicio; VIII. Las de sobreseimiento, y IX. Las que autorizan técnicas de investigación con control judicial previo. En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. Las resoluciones de los tribunales colegiados se tomarán por mayoría de votos. En el caso de que un Juez o Magistrado no esté de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría, deberá emitir su voto particular y podrá hacerlo en la propia audiencia, expresando sucintamente su opinión y deberá formular dentro de los tres días siguientes la versión escrita de su voto para ser integrado al fallo mayoritario." "Artículo 82. Formas de notificación Las notificaciones se practicarán personalmente, por lista, estrado o boletín judicial según corresponda y por edictos: I. Personalmente podrán ser: a) En Audiencia; b) Por alguno de los medios tecnológicos señalados por el interesado o su representante legal; c) En las instalaciones del Órgano jurisdiccional, o d) En el domicilio que éste establezca para tal efecto. Las realizadas en domicilio se harán de conformidad con las reglas siguientes: 1) El notificador deberá cerciorarse de que se trata del domicilio señalado. Acto seguido, se requerirá la presencia del interesado o su representante legal. Una vez que cualquiera de ellos se haya identificado, le entregará copia del auto o la resolución que deba notificarse y recabará su firma, asentando los datos del documento oficial con el que se identifique. Asimismo, se deberán asentar en el acta de notificación, los datos de identificación del servidor público que la practique; 2) De no encontrarse el interesado o su representante legal en la primera notificación, el notificador dejará citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio, y 3) En todos los casos deberá levantarse acta circunstanciada de la diligencia que se practique; II. Lista, Estrado o Boletín Judicial según corresponda, y III. Por edictos, cuando se desconozca la identidad o domicilio del interesado, en cuyo caso se publicará por una sola ocasión en el medio de publicación oficial de la Federación o de las Entidades federativas y en un periódico de circulación nacional, los cuales deberán contener un resumen de la resolución que deba notificarse. Las notificaciones previstas en la fracción I de este artículo surtirán efectos al día siguiente en que hubieren sido practicadas y las efectuadas en las fracciones II y III surtirán efectos el día siguiente de su publicación." "Artículo 84. Regla general sobre notificaciones Las resoluciones deberán notificarse personalmente a quien corresponda, dentro de las veinticuatro horas siguientes a que se hayan dictado. Se tendrán por notificadas las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Cuando la notificación deba hacerse a una persona con discapacidad o cualquier otra circunstancia que le impida comprender el alcance de la notificación, deberá realizarse en los términos establecidos en el presente Código." En la especie, como se dijo, el acto reclamado en esta instancia constitucional se hace consistir en el auto de vinculación a proceso de fecha dieciocho de enero de dos mil dieciocho, decretado contra el impetrante dentro de la causa penal número 1P0618-13 del índice de la responsable, derivado de la imputación formulada por la representación social con motivo de la carpeta de investigación número 130460/2017, esto bajo los lineamientos del Código Nacional de Procedimientos Penales, que resulta aplicable al caso concreto al haberse suscitados los hechos con la vigencia de dicha codificación, pues según se desprende de lo expuesto por el quejoso en su demanda de amparo, al haberse impuesto de las constancias que conformar la aludida investigación, los hechos con apariencia de delito de robo calificado, acontecieron en el mes de diciembre próximo pasado. De ahí que, el término para promover el juicio de amparo contra ese tipo de acto, es el genérico de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, al no encuadrarse en alguno de los casos de excepción que prevé el citado precepto. En efecto, el mencionado acto de autoridad reclamado por la parte quejosa, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En esas condiciones, si la demanda que nos ocupa fue presentada el trece de marzo de dos mil dieciocho, en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con sede en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Federal en la misma fecha, como se advierte del sello de recibo estampado en el escrito de demanda, debe decirse que se actualiza de manera notoria e indudable, la causal de improcedencia que deviene de relacionar el artículo 61 fracción XIV, con el 17 de la Ley reglamentaria, tocante a que el quejoso tenía obligación de promover el juicio de amparo dentro de los quince días siguientes al en que le fue notificado el acto que reclama, y al no haberlo hecho así, su demanda resulta extemporánea. En efecto, el impetrante señala que en audiencia oral y pública del jueves dieciocho de enero inmediato anterior, se le vinculó a proceso; luego, conforme a lo dispuesto por los invocados ordinales 63 y 84, si la notificación que de tal determinación se hizo al imputado/quejoso, lo fue en la propia audiencia y, acorde con los diversos numerales 67 y 82, ese acto de notificación surte efectos el día siguiente, esto es, el viernes diecinueve de enero de dos mil dieciocho, deviene inconcuso que el plazo de quince días previsto por el supracitado artículo 17, para la presentación de su demanda de amparo inició a partir del lunes veintidós y concluyó el doce de febrero próximo pasado, excluyendo los días veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de enero, tres, cuatro, cinco, diez y once de febrero, por resultar inhábiles. De ahí que si la demanda de amparo fue presentada el trece de marzo del presente año, según se aprecia del sello de recepción, su presentación resulta extemporánea por no estar dentro del plazo de quince días hábiles que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, sin que en el caso nos encontremos en alguna de las excepciones que contempla el citado numeral que se transcribió en líneas precedentes, ante lo cual resulta manifiesto que se actualice en forma notoria e indudable la causa de improcedencia prevista por la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo; por ende, el acto reclamado fue consentido tácitamente por el quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia P./J. 12/2015 (10a.), Décima Época, Registro 2009174, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, página 38, del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA." En consecuencia, es de concluirse que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, y conforme lo dispuesto en el numeral 113 de la citada Ley, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO DE CUENTA. Con fundamento, además, en la jurisprudencia I.13o.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, fuente Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, página mil seiscientos treinta y uno, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." C).- Transparencia. Se hace del conocimiento de las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Como el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, dispone que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales; prevéngase a éstas para que manifiesten si se oponen a ello; en la inteligencia que de no hacerlo, se entenderá que aceptan la publicación de la sentencia respectiva con dichos datos. D).- Domicilio y autorizados. Se tiene al impetrante por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en********, planta Baja de esta ciudad. Ahora bien, dado que el quejoso no proporciona dato alguno para corroborar que **********, se encuentran legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogados, (verbigracia: el número de cédula o del registro ante el sistema computarizado del Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito); con apego en el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene a los nombrados como autorizados del impetrante, únicamente en los términos restringidos del citado numeral, hasta en tanto se salve dicha situación. E).- Habilitación de días y horas. Se faculta al actuario de la adscripción para que de ser necesario proceda a llevar las notificaciones del presente auto y de los subsecuentes en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria la ley de la materia.
- Principal
Atento a que el (a) quejoso (a) ********** o cualquiera de sus autorizados no comparecieron a este Juzgado el quince y dieciséis de marzo del año en curso a notificarse personalmente del proveído o resolución de catorce de marzo de dos mil dieciocho -no obstante de habérsele dejado oportunamente en el domicilio señalado en autos el respectivo aviso para ello, siendo inhábiles del diecisiete al diecinueve del mes y año citados-, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, le notifico el referido auto o resolución por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal, en punto de las nueve horas del veinte de marzo de dos mil dieciocho; y que en lo conducente establece: Se desecha de plano la demanda de amparo.
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