Dulce Maria Mendoza Cardenas

Expediente 69/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 13 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
69/2022
Año
2022
Actuaciones
13
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • Dulce Maria Mendoza Cardenas
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Autoridad responsable informa imposibilidad de cumplir ejecutoria Se tiene por recibido el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, a través del cual, en atención a lo ordenado por el juez de control responsable, comunica que no fue posible desahogar la audiencia de cumplimiento de la ejecutoria de amparo prevista para el tres de agosto en curso, en virtud de la inasistencia de las partes, por lo que se decretó la sustracción de la acción de la justicia en contra de la quejosa y se ordenó suspender la causa penal de origen. Estado de autos Ahora bien, del estado procesal se advierte que se concedió el amparo a la parte quejosa para los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de vinculación a proceso de diez de enero de dos mil veintidós, dictado en contra de Dulce María Mendoza Cárdenas en la causa penal ************ de su índice, por el delito de lesiones, previsto y sancionado por el artículo 142, 143, párrafo primero, segundo supuesto, en relación al 14 y 20 primer párrafo, primer supuesto, del Código Penal para el estado de Guanajuato, cometido en agravio de Leticia Martínez Soto. Deje parcialmente insubsistente la audiencia inicial de diez de enero pasado, a partir de todo lo actuado con posterioridad al momento en que negó la ampliación del plazo constitucional solicitado por la inculpada. Reponga el procedimiento a partir de la solicitud de duplicidad de plazo y resuelva lo correspondiente a dicha duplicidad en el termino peticionado, conforme los lineamientos expuestos en la presente resolución. Admita como dato de prueba el estudio de trabajo social ofertado por la defensa. Atento a ello, previa firmeza de la sentencia, la autoridad responsable mediante oficio ************** comunicó que por auto de veintiséis de julio de dos mil veintidós, dictado en la causa penal de origen, dejó parcialmente insubsistente la audiencia inicial de diez de enero de dos mil veintidós, a partir de todo lo actuado con posterioridad al momento en que negó la ampliación del plazo constitucional solicitado por la aquí quejosa. Además, que citó a las partes a audiencia de veintiocho de julio de dos mil veintidós, a fin de acatar los restantes efectos de la sentencia; empero, a través de la misiva JOCEL/11800/2022 hizo del conocimiento la inasistencia de las partes, así como la nueva fecha que señaló -tres de agosto reciente- para ello. Sin embargo, como se anunció en párrafos precedentes, del oficio de cuenta se obtiene que la autoridad responsable decretó a la parte aquí quejosa sustraída de la acción de la justicia y, en consecuencia, ordenó suspender la causa penal de origen, en virtud que la amparista no compareció ni justificó su inasistencia a las audiencias de veintiocho de julio y tres de agosto del año en curso, fijadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. De la reseña que antecede, se desprende que en este caso no es posible llevar a cabo el cumplimiento de la ejecutoria. A efecto de justificar la consideración anterior, es conveniente precisar que, por una parte, el último párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, contempla la posibilidad de que el órgano judicial de amparo pueda emitir una declaración en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas o materiales, con la finalidad de que remita los autos al superior, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 44/2017 (10a.) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, mayo de 2017, Tomo I, página: 490, con registro digital 2014210; de rubro y texto siguientes: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. EL ÓRGANO JUDICIAL QUE CONOZCA DEL JUICIO DEBE REMITIR LOS AUTOS AL SUPERIOR EN LOS CASOS EN LOS QUE DETERMINE QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD PARA LOGRARLO. Cuando exista declaración del órgano judicial de amparo en el sentido de que una sentencia protectora no puede cumplirse, sea por razones jurídicas, o bien, materiales, debe cesar en el conocimiento del asunto y enviar los autos al superior, acorde con el quinto párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, que prevé que si la ejecutoria no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como lo establece, en lo conducente, el artículo 193 de dicha ley; disposición que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación pormenorizó en el inciso D) de la fracción VI del artículo segundo de su Acuerdo General Número 5/2013 (*), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de mayo de 2013. Ahora bien, si en lugar de cumplir con esta obligación, el juzgador ordena el archivo del asunto porque, en su concepto, la concesión del amparo no pudo realizar su misión de restituir al quejoso en el goce del derecho humano violado, la fracción II del artículo 201 del mismo ordenamiento habilita a las partes para que interpongan el recurso de inconformidad contra dicha determinación, a fin de que el superior examine su legalidad y, particularmente, si existe o no la pretextada imposibilidad de acatar la sentencia protectora, o la razón esgrimida para renunciar a restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación cometida pues, de no existir este medio de defensa, se privaría al quejoso de la oportunidad de obtener, en los casos que proceda, la sustitución del cumplimiento de la sentencia mediante el pago de los daños y perjuicios que habrían de liquidarse en el incidente respectivo." Por otra parte, el artículo 214 de la Ley de Amparo establece que ningún juicio de amparo podrá archivarse sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional, a menos que no exista materia para la ejecución y así lo determine el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada. De lo anterior, se concluye que la Ley de Amparo prevé dos figuras diversas que pueden llegar a actualizarse cuando se presenta un impedimento técnico para el cumplimiento de una sentencia de amparo: 1) La imposibilidad material o jurídica; y 2) La inexistencia de materia para su ejecución. En ese sentido, el primer supuesto se actualiza cuando por factores jurídicos, materiales, de hecho o sociales, las autoridades responsables vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo no están en condiciones de restituir al quejoso en el pleno goce del derecho violado en los términos de la propia ejecutoria; lo cual no significa que la ejecutoria carezca de efectos o deje de cumplirse, pues, en todo caso, ante la eventualidad surgida se busca una alternativa al cumplimiento original. La hipótesis relativa a la falta de materia para la ejecución de la sentencia, implica que los efectos del amparo no pueden materializarse al haber dejado de existir la condición que motivó la concesión del mismo; en otras palabras, no existe materia alguna en la que pueda impactar dichos efectos para reestablecer una determinada situación antes de la violación denunciada. Tales premisas son suficientes para demostrar que, en el caso concreto, no existe materia para la ejecución de la sentencia. Ello, toda vez que en audiencia de tres de agosto reciente, la autoridad responsable declaró a la parte quejosa sustraída de la acción de la justicia y, por ende, ordenó la suspensión de la causa penal de origen en la cual se resolvería la situación jurídica de la quejosa tomando en consideración la prueba que su defensa ofreció y respecto de la que se concedió el amparo a fin de que el juez responsable la admitiera. Entones, si bien es cierto que se concedió el amparo a la parte quejosa para los efectos precisados con antelación, también lo es que se requiere de su presencia ante el juez de control responsable para que éste pueda acatar el fallo y resolver lo correspondiente a su situación jurídica conforme a los lineamientos establecidos en la sentencia; empero, si imputada, aquí parte quejosa, no compareció en ninguna de las dos oportunidades que tuvo ante la autoridad responsable y que derivado de ello, se le declaró sustraída de la acción de la justicia es indudable que no es factible dar cumplimiento a la ejecutoria, pues tales circunstancias irradian en la situación jurídica de la quejosa que pretendía dilucidarse por el juez responsable. De ahí que se declare sin materia el presente asunto para efectos del cumplimiento de la sentencia dictada. Archivo y clasificación del expediente Por consiguiente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, inciso b) del citado acuerdo general, el presente expediente es susceptible de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se concedió la protección constitucional. Se precisa vía de recepción Finalmente, cabe destacar que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

  2. Principal

    Se agrega oficio Agréguese únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado Único de Oralidad en Materia Penal de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, sede Celaya, en virtud que mediante proveído de dos de agosto de dos mil veintidós, se acordó lo conducente. Sin que pase inadvertido que en el rubro indique que se anexa un disco versátil digital; empero, de su revisión se aprecia que no fue ajuntado el mismo, lo que se corrobora con el sello plasmado por la Oficialía de Partes Común de esta ciudad, en que asentó que lo recibió sin anexos; de ahí que resulte innecesario hacer mayor pronunciamiento.Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ma del Carmen Zúñiga Cleto, jueza Octava de Distrito en el estado de Guanajuato, asistida de Fabiola Alcántara Alonso, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Autoridad responsable en vías de cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, a través del cual, en atención a lo ordenado por el juez de control responsable, comunica que no fue posible desahogar la audiencia de cumplimiento de la ejecutoria de amparo prevista para el veintiocho de julio pasado, en virtud de la inasistencia de las partes, por lo que se señalaron las doce horas del tres de agosto próximo para su verificativo semipresencial. Atento a ello, téngase a la autoridad responsable en vías de acatar la sentencia dictada en autos, quedando en espera de que, en su caso, informe el cumplimiento total a la ejecutoria de referencia. Se precisa vía de recepción Cabe destacar que la misiva fue recibida al correo electrónico institucional de este órgano jurisdiccional sin evidencia criptográfica; sin embargo, en términos del artículo 28 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se privilegia el uso de medios electrónicos para la continuación de la secuela procesal en el presente asunto.

  4. Principal

    Autoridad responsable en vías de cumplimiento. Se tiene por recibido el oficio signado por la encargada de Sala del Juzgado de Oralidad Penal de la Tercera Región del estado de Guanajuato, sede Celaya, a través del cual, en atención a lo ordenado por el juez de control responsable, comunica las gestiones realizadas para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Atento a ello, téngase a la autoridad responsable en vías de acatar la sentencia dictada en autos, quedando en espera de que, en su caso, informe el cumplimiento total a la ejecutoria de referencia.

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