Edgar Albavera Ávila
Expediente 45/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 45/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 25/01/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Edgar Albavera Ávila
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, no ha dado cumplimiento al requerimiento de diecisiete de enero de dos mil diecisiete, no obstante de encontrarse debidamente notificado; atento a lo anterior, lo procedente es requerir nuevamente al Subdelegado de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Morelos, para que dentro del término de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, remita copia certificada de los títulos de crédito o recibos de pago expedidos a favor de la parte quejosa, respecto de los pagos referentes a la pensión que corresponde a los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, así como la primera parte de aguinaldo; en los que se advierta que se abstuvo de aplicar la porción normativa del artículo 51, segundo párrafo, de la Ley del I.S.S.S.T.E, vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete; o bien informe la imposibilidad legal o material que tenga para ello. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se agrega a los autos para que obre como legalmente corresponda, el acuse de recibo relativo a la notificación del oficio y autoridad responsable que en él se citan, para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFIQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de once de enero del dos mil diecisiete, que en lo conducente establece:...Cuernavaca, Morelos, once de enero de dos mil diecisiete. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edgar Albavera Ávila, Isaac Daniel Mendiola Albavera, Ilse Yarelli Juárez López, Juan Carlos Zúñiga Anzurez, Carlos Alberto Fuentes Acosta, Hannia Yael Mateos López, Lizette Delgado Flores, contra actos de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y otras autoridades. Representante común. En términos del párrafo primero del artículo 13 de la Ley de amparo, se tiene como representante común de los quejosos a Edgar Albavera Ávila. Registro de la demanda. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 45/2017-V, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal. Incompetencia. Ahora bien, examinada la demanda de amparo, se advierte que la suscrita Secretaria Encargada del Despacho por vacaciones del Titular de este órgano jurisdiccional, carece de competencia legal para conocer del presente juicio de amparo. La competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías y consolidaría una violación procesal cardinal. Situación jurídicamente inadmisible, porque la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Amparo y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no violentar las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sirve de fundamento, la Jurisprudencia I.2o.P. J/40, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, registro electrónico 218721, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquél acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, debido a que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición del procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la remisión de los autos al juez competente. Para que un Juez tenga competencia respecto de un asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás jueces y tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, la vía y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a.- Competencia por territorio; b.- Competencia por materia; c.- Competencia por razón de la vía; y, d.- Competencia auxiliar. Competencia por materia. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Es aplicable la Jurisprudencia P./J.83/98, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 28, tomo VIII, Diciembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro electrónico 195007, cuyo contenido es el siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." En la especie, se ejercita la acción constitucional de amparo contra: El artículo décimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2017, que entró en vigor el uno de enero de dos mil diecisiete. Artículo que establece: "Décimo Segundo. Durante 2017 y 2018 los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinarán de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. Lo establecido en este artículo tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2018." En ese orden de ideas, se estima que corresponde su estudio a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, y no así a un Juez de Distrito de Amparo en el Estado de Morelos, acorde a las consideraciones que a continuación se exponen: Resulta pertinente mencionar que este órgano jurisdiccional de conformidad con lo establecido por los artículos 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, encuentra limitada su esfera de competencia únicamente respecto de lo siguiente: "ARTÍCULO 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 53. Los jueces de distrito civiles federales conocerán: I. De las controversias del orden civil que se susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten intereses particulares podrán conocer de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal; II. De los juicios que afecten bienes de propiedad nacional; III. De los juicios que se susciten entre una entidad federativa y uno o más vecinos de otra, siempre que alguna de las partes contendientes esté bajo la jurisdicción del juez; IV. De los asuntos civiles concernientes a miembros del cuerpo diplomático y consular; V. De las diligencias de jurisdicción voluntaria que se promuevan en materia federal; VI. De las controversias ordinarias en que la federación fuere parte; VII. De las acciones colectivas a que se refiere el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; VIII. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de procesos federales que no estén enumerados en los artículos 50, 52 y 55 de esta Ley, y IX. De los juicios y procedimientos previstos en los términos de la Ley Reglamentaria del Artículo 6o. Constitucional, en materia del Derecho de Réplica. ARTICULO 54. Los jueces de distrito de amparo en materia civil conocerán: I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; III. De los asuntos de la competencia de los juzgados de distrito en materia de amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta Ley; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. ARTICULO 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Cabe conocer el contenido de los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS "Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito." LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN "Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos." "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Con base en tales obligaciones legales, el Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de fecha siete de agosto de dos mil trece aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN" Asimismo, el nueve de agosto de dos mil trece, se publicó el Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación como Juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México, en el que en los puntos sexto y octavo señala: ".SEXTO.- Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. [.] OCTAVO.- A partir de la fecha señalada en los puntos SEGUNDO y CUARTO del presente acuerdo, la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región se denominará Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, y del Centro Auxiliar de la Primera Región; y prestará servicio a los órganos jurisdiccionales motivo del presente acuerdo además del que brinda a los juzgados y tribunales auxiliares de su adscripción. Todos los asuntos nuevos que se presenten en la mencionada oficina de correspondencia común en días y horas hábiles a partir del diez de agosto de dos mil trece que correspondan a la materia administrativa en los temas de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, se remitirán conforme al sistema computarizado que se utiliza para esos efectos, a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito especializados de que se trata, así como entre los Tribunales Colegiados Primero y Segundo de la especialización de mérito según corresponda, en términos de los acuerdos generales que regulan el turno de los asuntos. Cuando el escrito inicial de demanda sea presentado utilizando el sistema de firma electrónica, la oficina de correspondencia común turnará el asunto inmediatamente al órgano jurisdiccional correspondiente. La Dirección General de Estadística Judicial en coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información realizarán la adición de los rubros necesarios en el sistema de cómputo de la oficina de correspondencia común de que se trata, a fin de adecuarlos a sus nuevas funciones. Se faculta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos para emitir las reglas y dictar las disposiciones que permitan una forma eficiente y proporcional de asignación y turno de los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales en términos del punto sexto del presente acuerdo." El artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los párrafos decimocuarto y vigésimo, dispone: "Art. 28.- En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, la (sic) prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a ls (sic) prohibiciones a título de protección a la industria. [.] El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. [.] La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; V. Las leyes garantizarán, dentro de cada organismo, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley; VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas; IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución; XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y XII. Cada órgano contará con un órgano interno de control, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley." De los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal estableció los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito Especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Adicionalmente, como criterio orientador para definir los actos inmersos en la competencia material de los Juzgados de Distrito administrativos especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es necesario traer a colación el objeto y los fines establecidos en la Ley Federal de Competencia Económica, a saber: "Artículo 1. La presente Ley es reglamentaria del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de libre concurrencia, competencia económica, monopolios, prácticas monopólicas y concentraciones, es de orden público e interés social, aplicable a todas las áreas de la actividad económica y de observancia general en toda la República." "Artículo 2. Esta Ley tiene por objeto promover, proteger y garantizar la libre concurrencia y la competencia económica, así como prevenir, investigar, combatir, perseguir con eficacia, castigar severamente y eliminar los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones ilícitas, las barreras a la libre concurrencia y la competencia económica, y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados." "Artículo 9. Para la imposición, en los términos del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de precios máximos a los bienes y servicios que sean necesarios para la economía nacional o el consumo popular, se estará a lo siguiente: I. Corresponde exclusivamente al Ejecutivo Federal determinar mediante decreto los bienes y servicios que podrán sujetarse a precios máximos, siempre y cuando no haya condiciones de competencia efectiva en el mercado relevante de que se trate. La Comisión determinará mediante declaratoria si no hay condiciones de competencia efectiva. II. La Secretaría, sin perjuicio de las atribuciones que correspondan a otras dependencias o entidades y previa opinión de la Comisión, fijará los precios que correspondan a los bienes y servicios determinados conforme a la fracción anterior, con base en criterios que eviten la insuficiencia en el abasto. La Secretaría podrá concertar y coordinar con los productores o distribuidores las acciones o modalidades que sean necesarias en esta materia, procurando minimizar los efectos sobre la competencia y la libre concurrencia. La Procuraduría, bajo la coordinación de la Secretaría, será responsable de la inspección, vigilancia y sanción, respecto de los precios que se determinen conforme a este artículo, de acuerdo con lo que dispone la Ley Federal de Protección al Consumidor." "Artículo 10. La Comisión es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independiente en sus decisiones y funcionamiento, profesional en su desempeño, imparcial en sus actuaciones y ejercerá su presupuesto de forma autónoma, misma que tiene por objeto garantizar la libre concurrencia y competencia económica, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados." "Artículo 12. La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: I. Garantizar la libre concurrencia y competencia económica; prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, e imponer las sanciones derivadas de dichas conductas, en los términos de esta Ley; II. Ordenar medidas para eliminar barreras a la competencia y la libre concurrencia; determinar la existencia y regular el acceso a insumos esenciales, así como ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos; III. Practicar visitas de verificación en los términos de esta Ley, citar a declarar a las personas relacionadas con la materia de la investigación y requerir la exhibición de papeles, libros, documentos, archivos e información generada por medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, a fin de comprobar el cumplimiento de esta Ley, así como solicitar el apoyo de la fuerza pública o de cualquier Autoridad Pública para el eficaz desempeño de las atribuciones a que se refiere esta Ley; IV. Establecer acuerdos y convenios de coordinación con las Autoridades Públicas para el combate y prevención de monopolios, prácticas monopólicas, concentraciones ilícitas, barreras a la libre concurrencia y la competencia económica y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados; V. Formular denuncias y querellas ante el Ministerio Público respecto de las probables conductas delictivas en materia de libre concurrencia y competencia económica de que tengan conocimiento; VI. Presentar solicitud de sobreseimiento respecto de probables conductas delictivas contra el consumo y la riqueza nacional previstas en el Código Penal Federal, cuando hubiere sido denunciante o querellante; VII. Ejercer el presupuesto de forma autónoma; VIII. Crear los órganos y unidades administrativas necesarias para su desempeño profesional, eficiente y eficaz, de acuerdo con su presupuesto autorizado; IX. Ordenar la suspensión de los actos o hechos constitutivos de una probable conducta prohibida por esta Ley e imponer las demás medidas cautelares, así como fijar caución para levantar dichas medidas; X. Resolver sobre los asuntos de su competencia y sancionar administrativamente la violación de esta Ley; XI. Resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de libre concurrencia o competencia económica a que hacen referencia ésta u otras leyes y reglamentos; XII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los ajustes a programas y políticas llevados a cabo por Autoridades Públicas, cuando éstos puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse; XIII. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o a petición de parte, respecto de los anteproyectos de disposiciones, reglas, acuerdos, circulares y demás actos administrativos de carácter general que pretendan emitir Autoridades Públicas, cuando puedan tener efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica de conformidad con las disposiciones legales aplicables, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse; XIV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión o a petición de parte, sobre iniciativas de leyes y anteproyectos de reglamentos y decretos en lo tocante a los aspectos de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse; XV. Emitir opinión cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de alguna de las Cámaras del Congreso de la Unión, respecto de leyes, reglamentos, acuerdos, circulares y actos administrativos de carácter general en materia de libre concurrencia y competencia económica, sin que estas opiniones tengan efectos vinculantes. Las opiniones citadas deberán publicarse; XVI. Resolver sobre las solicitudes de opinión formal, y emitir orientaciones generales en materia de libre concurrencia y competencia económica que le sean formuladas de conformidad con los artículos 104 a 110 de esta Ley; XVII. Emitir Disposiciones Regulatorias exclusivamente para el cumplimiento de sus atribuciones, así como su estatuto orgánico, que deberán publicarse en el Diario Oficial de la Federación; XVIII. Opinar cuando lo considere pertinente, o a solicitud del Ejecutivo Federal, por sí o por conducto de la Secretaría, o de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión sobre asuntos en materia de libre concurrencia y competencia económica en la celebración de tratados internacionales, en términos de lo dispuesto en la ley de la materia; XIX. Opinar sobre la incorporación de medidas protectoras y promotoras en materia de libre concurrencia y competencia económica en los procesos de desincorporación de entidades y activos públicos, así como en los procedimientos de licitaciones, asignación, concesiones, permisos, licencias o figuras análogas que realicen las Autoridades Públicas, cuando así lo determinen otras leyes o el Ejecutivo Federal mediante acuerdos o decretos; XX. Promover, en coordinación con las Autoridades Públicas, que sus actos administrativos observen los principios de libre concurrencia y competencia económica; XXI. Promover el estudio, la divulgación y la aplicación de los principios de libre concurrencia y competencia económica, así como participar en los foros y organismos nacionales e internacionales que tengan ese fin; XXII. Publicar las Disposiciones Regulatorias que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones, entre las que deberán comprenderse las siguientes materias: a) Imposición de sanciones; b) Prácticas monopólicas; c) Determinación de poder sustancial para uno o varios Agentes Económicos; d) Determinación de mercados relevantes; e) Barreras a la competencia y la libre concurrencia; f) Insumos esenciales, y g) Desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los Agentes Económicos. Para la expedición de las disposiciones regulatorias deberá realizarse consulta pública, salvo que a juicio de la Comisión se puedan comprometer los efectos que se pretenden lograr con dichas disposiciones o se trate de situaciones de emergencia. Con independencia de la publicación de las disposiciones regulatorias a que se refiere esta Ley, la Comisión deberá expedir directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos, previa consulta pública, en los términos del artículo 138 de esta Ley, en materia de: a) Concentraciones; b) Investigaciones; c) Beneficio de dispensa y reducción del importe de las multas; d) Suspensión de actos constitutivos de probables prácticas monopólicas o probables concentraciones ilícitas; e) Determinación y otorgamiento de cauciones para suspender la aplicación de medidas cautelares; f) Solicitud del sobreseimiento del proceso penal en los casos a que se refiere el Código Penal Federal, y g) Las que sean necesarias para el efectivo cumplimiento de esta Ley. XXIII. Realizar u ordenar la realización de estudios, trabajos de investigación e informes generales en materia de libre concurrencia y competencia económica, en su caso, con propuestas de liberalización, desregulación o modificación normativa, cuando detecte riesgos al proceso de libre concurrencia y competencia económica, identifique un problema de competencia o así se lo soliciten otras Autoridades Públicas; XXIV. Aprobar los lineamientos para el funcionamiento del Pleno; XXV. Elaborar el programa anual de trabajo y el informe trimestral de actividades que deberá ser presentado a los Poderes Ejecutivo y Legislativo Federal por conducto del Comisionado Presidente; XXVI. Solicitar o requerir, para el ejercicio de sus atribuciones, la información que estime necesaria; XXVII. Establecer mecanismos de coordinación con Autoridades Públicas en materia de políticas de libre concurrencia y competencia económica y para el cumplimiento de las demás disposiciones de esta Ley u otras disposiciones aplicables; XXVIII. Ejercitar las acciones colectivas de conformidad con lo dispuesto en el Libro Quinto del Código Federal de Procedimientos Civiles; XXIX. Solicitar estudios que evalúen el desempeño de las facultades otorgadas a la Comisión, mismos que serán elaborados por académicos y expertos en la materia de manera independiente a la autoridad, y XXX. Las demás que le confieran ésta y otras leyes. "Artículo 59. Para determinar si uno o varios Agentes Económicos tienen poder sustancial en el mercado relevante, o bien, para resolver sobre condiciones de competencia, competencia efectiva, existencia de poder sustancial en el mercado relevante u otras cuestiones relativas al proceso de competencia o libre concurrencia a que hacen referencia ésta u otras Leyes, reglamentos o disposiciones administrativas, deberán considerarse los siguientes elementos: I. Su participación en dicho mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado relevante por sí mismos, sin que los agentes competidores puedan, actual o potencialmente, contrarrestar dicho poder. Para determinar la participación de mercado, la Comisión podrá tener en cuenta indicadores de ventas, número de clientes, capacidad productiva, así como cualquier otro factor que considere pertinente; [.]" De igual forma, resulta pertinente citar la Ley de Hidrocarburos, a saber los siguientes artículos: "Artículo 56.- La Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía podrán, en el ámbito de sus competencias, revocar los permisos expedidos en los términos establecidos en esta Ley. (.) IX. No acatar las resoluciones que, en el ámbito de su competencia, expida la Comisión Federal de Competencia Económica;" "Artículo 59.- La autoridad que haya expedido el permiso podrá intervenir en la realización de la actividad o la prestación del servicio, cuando el Permisionario incumpla sus obligaciones, por causas imputables a éste, y ponga en peligro grave el suministro de los Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos relacionados con el objeto del permiso. (.)" "Artículo 82.- La Comisión Reguladora de Energía expedirá disposiciones de aplicación general para la regulación de las actividades a que se refiere esta Ley, en el ámbito de su competencia, incluyendo los términos y condiciones a los que deberán sujetarse la prestación de los servicios; al igual que la determinación de las contraprestaciones, precios y tarifas aplicables, entre otros. La regulación de contraprestaciones, precios y tarifas que establezca la Comisión Reguladora de Energía, con excepción de las actividades de Expendio al Público de Gas Licuado de Petróleo, gasolinas y diésel, cuyos precios se determinarán conforme a las condiciones de mercado, se sujetará a lo siguiente: I. La regulación para cada actividad en particular será aplicable salvo que, a juicio de la Comisión Federal de Competencia Económica, existan condiciones de competencia efectiva en dicha actividad, en cuyo caso las contraprestaciones, precios o tarifas correspondientes se determinarán por las condiciones de mercado; II. La regulación, además de contemplar los impuestos que determinen las leyes aplicables, considerará que: a) Las contraprestaciones, precios y tarifas, de los bienes y servicios susceptibles de comercializarse internacionalmente se fijarán considerando el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad prevalecientes en el mercado internacional de estos productos, libres de impuestos, contribuciones o gravámenes, y b) Para aquellos bienes o servicios que no sean susceptibles de comercializarse en el mercado internacional, las contraprestaciones, precios y tarifas se fijarán de acuerdo a las metodologías de aplicación general para su cálculo que para tal efecto emita la Comisión Reguladora de Energía, considerando la estimación de costos eficientes para producir el bien o prestar el servicio, así como la obtención de una rentabilidad razonable que refleje el costo de oportunidad del capital invertido, el costo estimado de financiamiento y los riesgos inherentes del proyecto, entre otros. La Secretaría de Energía, la Comisión Reguladora de Energía o los Permisionarios podrán solicitar a la Comisión Federal de Competencia Económica que evalúe la existencia de condiciones de competencia efectiva y, en su caso, que emita la declaratoria correspondiente." "Artículo 83.- La Comisión Reguladora de Energía, con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, establecerá las disposiciones a las que deberán sujetarse los Permisionarios de Transporte, Almacenamiento, Distribución, Expendio al Público y comercialización de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos, así como los usuarios de dichos productos y servicios, con objeto de promover el desarrollo eficiente de mercados competitivos en estos sectores. Entre otros aspectos, dichas disposiciones podrán establecer la estricta separación legal entre las actividades permisionadas o la separación funcional, operativa y contable de las mismas; la emisión de códigos de conducta, límites a la participación en el capital social, así como la participación máxima que podrán tener los agentes económicos en el mercado de la comercialización y, en su caso, en la reserva de capacidad en los ductos de Transporte e instalaciones de Almacenamiento. Las disposiciones a que se refiere el párrafo anterior contemplarán que las personas que, directa o indirectamente, sean propietarias de capital social de usuarios finales, productores o comercializadores de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos que utilicen los servicios de Transporte por ducto o Almacenamiento sujetos a acceso abierto, solamente podrán participar, directa o indirectamente, en el capital social de los Permisionarios que presten estos servicios cuando dicha participación cruzada no afecte la competencia, la eficiencia en los mercados y el acceso abierto efectivo, para lo cual deberán: I. Realizar sus operaciones en sistemas independientes, o II. Establecer los mecanismos jurídicos y corporativos que impidan intervenir de cualquier manera en la operación y administración de los Permisionarios respectivos. En todo caso, la participación cruzada a la que se refiere el segundo párrafo de este artículo y sus modificaciones deberán ser autorizadas por la Comisión Reguladora de Energía, quien deberá contar previamente con la opinión favorable de la Comisión Federal de Competencia Económica." "Artículo 84.- Los Permisionarios de las actividades reguladas por la Secretaría de Energía o la Comisión Reguladora de Energía, deberán, según corresponda: (.) XI. Respetar los precios o tarifas máximas que se establezcan; (.)" Asimismo, resulta pertinente citar el contenido del artículo 42 de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, que establece lo siguiente: "Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios." Lo anterior, permite colegir que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Así las cosas, tomando en consideración que para resolver un conflicto competencial por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido, es por lo que se estima que la competencia para conocer del presente juicio le asiste a un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la Jurisprudencia PC.XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), de la Décima Época, sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1746,con registro electrónico 2008591, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. De la intelección de los artículos 28, vigésimo párrafo, fracción VII, 107, fracción IV, y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 48 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos sexto y octavo del Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 2013, se obtiene que, para definir la competencia material de un Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, no es determinante el carácter formal de la autoridad responsable, ya que dicho presupuesto procesal puede actualizarse cuando los actos reclamados dimanen de autoridades distintas a las creadas con motivo de la reforma constitucional publicada en el citado medio de difusión oficial, el 11 de junio de 2013, siempre que, de la objetiva constatación de la naturaleza del acto, pueda colegirse que guarda relación con los temas propios de esa subespecialización, prescindiendo en todo momento de apreciaciones subjetivas planteadas por el quejoso en su demanda, pues de lo contrario, se corre el riesgo de que el justiciable participe en la delimitación de la competencia del Juzgado de Distrito, lo que representaría un perjuicio patente al principio de seguridad jurídica; de ahí que dicha competencia debe determinarse atendiendo primordialmente al análisis objetivo de la naturaleza del acto reclamado." Como se dijo con anterioridad, la parte quejosa reclama el artículo decimo segundo transitorio de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, por el que se dan a conocer las regiones en las que se aplicarán los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel, así como la metodología para su determinación, en el cual se presisa que los precios al público de las gasolinas y el diésel se determinaran de conformidad con lo siguiente: I. La Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión que emita la Comisión Federal de Competencia Económica, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años de 2017 y 2018 los precios al público se determinen bajo condiciones de mercado. Los acuerdos o el cronograma se establecerán por regiones del país. La Comisión Reguladora de Energía podrá modificar dichos acuerdos o cronograma, con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro en el país, entre otros factores. La Comisión Reguladora de Energía deberá publicar en el Diario Oficial de la Federación los acuerdos o el cronograma actualizados. Las modificaciones únicamente podrán llevarse a cabo para adelantar el momento a partir del cual los precios al público se determinarán bajo condiciones de mercado. II. En las regiones del país, durante el tiempo en donde los precios al público de las gasolinas y el diésel no se determinen bajo condiciones de mercado conforme a lo establecido en la fracción anterior, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establecerá los precios máximos al público de las gasolinas y el diésel con base en lo siguiente: a) Considerará el precio de la referencia internacional de los combustibles y, en su caso, las diferencias en la calidad de los mismos, las diferencias relativas por los costos de logística, incluyendo los costos de transporte entre regiones, los costos de distribución y comercialización en los centros de consumo y las diversas modalidades de distribución y expendio al público, procurando generar las condiciones para el abasto oportuno de dichos combustibles. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicará la metodología para determinar los precios máximos al público antes mencionados y el periodo de vigencia de los mismos a más tardar el 31 de diciembre de 2016. La fijación de estos precios máximos tendrá como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda. Adicionalmente, en aquellas regiones con precio máximo, se deberá aplicar la regulación asimétrica para el acceso a la infraestructura, cuando así lo haya determinado la Comisión Reguladora de Energía y sin perjuicio de que dicha regulación pueda ser aplicada en el resto del territorio nacional. b) Emitirá un acuerdo en el que se especifique la región, los combustibles y el periodo de aplicación de los precios, mismo que se publicará en el Diario Oficial de la Federación con anticipación al periodo durante el cual se aplicarán. En las regiones del país que al 1 de enero de 2017 no se apliquen los precios al público de las gasolinas y el diésel bajo condiciones de mercado, se deberán publicar los precios máximos al público de los combustibles mencionados, a más tardar el 31 de diciembre de 2016. III. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción I de este artículo, cuando la Comisión Reguladora de Energía, previa opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica, comunique a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que, en las regiones en las que se haya determinado que los precios de las gasolinas y el diésel se apliquen bajo condiciones de mercado se han presentado aumentos en los precios al público de dichos combustibles que no correspondan a la evolución de los precios internacionales de los combustibles y de los costos de suministro, dicha Secretaría podrá establecer por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con lo dispuesto en la fracción II de este artículo. Para los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Reguladora de Energía podrá ejercer la facultad establecida en la fracción IV del artículo 26 de esta Ley. De lo anterior, se desprende que las normas que aquí se reclaman establecen que se determinarán los precios de dichos productos, incluyéndose los combustibles como la gasolina, por la Comisión Reguladora de Energía, tomando en cuenta la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica. Así, el objeto del acuerdo impugnado, es esencialmente de competencia económica, pues pretenden que con base en la información u opinión por la Comisión Federal de Competencia Económica, se determine el precio de los bienes señalados y la comisión reguladora de energía determine los precios máximos de los mismos, de acuerdo a las condiciones del mercado. Por tanto, la intervención y atribuciones que las normas reclamadas otorga a la Comisión Reguladora de Energía, y a la Comisión Federal de Competencia Económica, constituyen materialmente actos propios de la rama del derecho administrativo normado por el artículo 28 constitucional y por la Ley Federal de Competencia Económica, al versar precisamente sobre esa materia: competencia económica. Por ende, el reclamo de la parte quejosa respecto de las normas generales no puede desvincularse del diverso relativo al estudio materia de la competencia económica, pues constituyen un sistema normativo reclamado en forma autoaplicativa, es decir, que se individualiza incondicionalmente en la esfera jurídica de los promoventes del amparo desde su entrada en vigor, por lo que, se insiste, los actos reclamados constituyen un verdadero vínculo legal que hace imposible su análisis de manera independiente a las facultades de la Comisión Federal de Competencia Económica. En suma, debe indicarse que el derecho de la competencia económica se encuentra comprendido por un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. Así, el mercado relativo al sector energético exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujeta a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. Por ello, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley de Amparo; 52 a 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; primero, fracción VI, segundo, fracción VI, punto 3, y cuarto, fracción VI, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y el Acuerdo General 23/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; este Juzgado Federal resuelve que carece de competencia, por razón de la materia, para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto; y, por ende, se ordena remitir los autos al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien se estima competente, conforme a los motivos y los fundamentos expuestos. Tienen aplicación al caso, por analogía, las tesis de jurisprudencia siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado (Época: Décima Época, Registro: 2012188, Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 84/2016 (10a.), Página: 1092). "COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. EL CRITERIO PARA DEFINIRLA DEBE ATENDER EXCLUSIVAMENTE A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO, SIN PERJUICIO DEL CARÁCTER FORMAL DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Para establecer la competencia de los órganos jurisdiccionales mencionados debe atenderse exclusivamente a la naturaleza del acto reclamado, sin perjuicio del carácter formal de la autoridad responsable, pues las materias respecto de las cuales los tribunales especializados referidos deben decidir, no pueden determinarse a priori, ya que se está ante la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que regulan los servicios públicos de telecomunicaciones y radiodifusión, así como los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Por tanto, el principio de unidad de mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica, por lo que es pertinente consolidar en una jurisdicción especializada la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial, si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines y objetivos esenciales para la sociedad y la actividad económica, que es dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada, los complejos normativos aludidos (Época: Décima Época, Registro: 2005486, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III, Materia(s): Común, Tesis: I.1o.A.E.5 A -10a.-, Página: 2297)." Similar criterio adoptó el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver el recurso de revisión 125/2016, que a letra dice: "Naturaleza material de la resolución reclamada. 20. El dos de diciembre de dos mil doce se firmó por el Presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado "Pacto por México". 21. Dicho Pacto contiene estos cinco acuerdos: 1. Sociedad de Derechos y Libertades; 2. Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad; 3. Seguridad y Justicia; 4. Transparencia, Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción; y, 5. Gobernabilidad Democrática. 22. Para el caso de nuestra atención interesa destacar el contenido del acuerdo "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". 23. En este acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. 24. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se plantearon, entre otras, esta acción: -Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones 25. En ese sentido, se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. 26. Asimismo, en dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo. 27. Para lo cual se señaló se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. 28. En el propio Pacto se estableció un calendario para implementar esas propuestas. 29. En coherencia con lo anterior, el once de junio de dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de telecomunicaciones", en el cual se señaló lo siguiente. "Artículo único. Se REFORMAN el párrafo primero del artículo 6o.; el artículo 7o.; el párrafo sexto del artículo 27; el párrafo segundo del artículo 28; la fracción XVII del artículo 73; la fracción VII del artículo 78 y el párrafo sexto del artículo 94; y se ADICIONAN los párrafos segundo, tercero y cuarto, pasando el actual párrafo segundo a ser apartado A del párrafo cuarto, y un apartado B al artículo 6o.; los párrafos decimotercero al trigésimo del artículo 28, y un inciso l) a la fracción I del artículo 105, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:." 30. Para efecto de comprender la normatividad transcrita, es necesario atender a lo expuesto en la iniciativa del proceso legislativo que dio origen a esas reformas, de lo cual se puede destacar lo siguiente: "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: ... Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38) ... ... Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general ... Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. 4. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible.' El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas ..." 31. Como se ve, en la reforma constitucional referida, se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto a cargo de órganos jurisdiccionales especializados en la materia. 32. Por ello, en la iniciativa se planteó la necesidad de establecer esos órganos jurisdiccionales especializados para efecto de brindar certeza a los agentes económicos, mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. 33. Asimismo, se señaló que dicha certeza se garantizará por medio de juzgadores especializados en aspectos técnicos relacionados con la regulación en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión. 34. Por tanto, las razones que llevaron al legislador a crear los órganos jurisdiccionales en cuestión fueron en esencia las siguientes: a) Aplicación efectiva de la materia de competencia económica y telecomunicaciones para lograr su mejor regulación y cumplir con sus objetivos. b) Agilidad en la resolución de los medios de impugnación. c) Evitar el abuso del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir las prácticas monopólicas anticompetitivas. d) Evitar que prevalezca el interés particular sobre el social. e) Decisiones congruentes, así como evitar criterios contradictorios que compliquen la aplicación de la ley y generen incertidumbre jurídica. f) Crear órganos que conozcan de aspectos técnicos de alta complejidad. 35. Posteriormente, siguiendo, también, los compromisos asumidos en el "Pacto por México", se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el veinte de diciembre de dos mil trece, el "DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía.", en el cual se estableció lo siguiente: "Artículo Único. Se reforman los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25; el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28; y se adicionan un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27; un párrafo octavo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:." 36. De dicha reforma constitucional destaca la adición hecha al artículo 28 de un párrafo octavo, en el cual se estableció lo siguiente: "Artículo 28. (ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. .". 37. El proceso legislativo del que derivó ese Decreto dio inicio con tres distintas iniciativas. 38. En la iniciativa presentada por legisladores federales, integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, se expuso, entre otras cosas, lo siguiente: Que como parte de las reformas que se ponían a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Que en razón de lo anterior se proponía reformar el artículo 28 constitucional, con varios objetivos: en primer término, reorganizar la estructura de dicho artículo, a fin de que todas las disposiciones relativas a los monopolios quedaran agrupadas de tal forma que el texto constitucional tuviera coherencia normativa. Asimismo, se proponía que dicho artículo se convirtiera en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemplara al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al texto constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país. En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reiteró que se proponía se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendría bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara. Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía sería un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que debía regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha Comisión sería el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentaría una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. En síntesis, se anotó, la incorporación de esos 3 órganos constitucionales autónomos se sumaba a los ya existentes en el artículo 28 constitucional, por lo que de manera genérica, les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en los que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo, salvo la constitución del Fondo Mexicano del Petróleo, que estaría sujeta a la integración que determinara la ley en la materia. 39. Como resultado de lo anterior, los legisladores federales integrantes de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional en las Cámaras de Diputados y Senadores, sometieron a consideración del Congreso de la Unión la siguiente iniciativa con: "PROYECTO DE DECRETO ÚNICO. Se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia energética para quedar como sigue: ." 40. Por lo que respecta al artículo 28 constitucional se propuso, en lo que interesa, lo siguiente: Artículo 28.- . . Para dar cumplimiento a los objetivos de la banca central, en materia de competencia económica, telecomunicaciones y en energía, el Estado contará con los siguientes organismos: Apartado A. El Estado tendrá un banco central que será autónomo en el ejercicio de sus funciones y en su administración. Su objetivo prioritario será procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, fortaleciendo con ello la rectoría del desarrollo nacional que corresponde al Estado. Ninguna autoridad podrá ordenar al banco conceder financiamiento. No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con excepción de aquéllos en que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, científicas, culturales o de beneficencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. Apartado B. El Estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica, que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá por objeto garantizar la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios, las prácticas monopólicas, las concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, en los términos que establecen esta Constitución y las leyes. La Comisión contará con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto, entre ellas las de ordenar medidas para eliminar las barreras a la competencia y la libre concurrencia; regular el acceso a insumos esenciales, y ordenar la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones de los agentes económicos, en las proporciones necesarias para eliminar efectos anticompetitivos. Apartado C. El Instituto Federal de Telecomunicaciones es un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en esta Constitución y en los términos que fijen las leyes. Para tal efecto, tendrá a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, así como del acceso a infraestructura activa, pasiva y otros insumos esenciales, garantizando lo establecido en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. El Instituto Federal de Telecomunicaciones será también la autoridad en materia de competencia económica de los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones, por lo que en éstos ejercerá en forma exclusiva las facultades que este artículo y las leyes establecen para la Comisión Federal de Competencia Económica y regulará de forma asimétrica a los participantes en estos mercados con el objeto de eliminar eficazmente las barreras a la competencia y la libre concurrencia; impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica, y ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando lo dispuesto en los artículos 6o. y 7o. de esta Constitución. . Apartado D. El Estado contará con un organismo autónomo denominado Fondo Mexicano del Petróleo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por objeto la administración de la renta petrolera y conseguir su máximo beneficio. . Apartado E. La Comisión Nacional de Hidrocarburos es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la exploración y extracción de hidrocarburos provenientes de formaciones geológicas, cualquiera que fuere su estado físico. Apartado F. La Comisión Reguladora de Energía es un organismo autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio que tiene por objeto regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realicen el Estado y los particulares. Asimismo, será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realice el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta, conforme a los términos que prevea esta Constitución y las leyes respectivas. Para lograr lo anterior, la Comisión fomentará una sana competencia entre los distintos operadores, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. Los organismos autónomos a que hacen referencia los Apartados B, C, D, E y F del presente artículo, serán independientes en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán conforme a lo siguiente: I. Dictarán sus resoluciones con plena independencia; II. Ejercerán su presupuesto de forma autónoma. La Cámara de Diputados garantizará la suficiencia presupuestal a fin de permitirles el ejercicio eficaz y oportuno de sus competencias; III. Emitirán su propio estatuto orgánico, mediante un sistema de votación por mayoría calificada; IV. Podrán emitir disposiciones administrativas de carácter general exclusivamente para el cumplimiento de su función regulatoria en el sector de su competencia; V. Las leyes garantizarán, en su caso, la separación entre la autoridad que conoce de la etapa de investigación y la que resuelve en los procedimientos que se sustancien en forma de juicio; VI. Los órganos de gobierno deberán cumplir con los principios de transparencia y acceso a la información. Deliberarán en forma colegiada y decidirán los asuntos por mayoría de votos; sus sesiones, acuerdos y resoluciones serán de carácter público con las excepciones que determine la ley; VII. Las normas generales, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que la Comisión Federal de Competencia Económica imponga multas o la desincorporación de activos, derechos, partes sociales o acciones, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos organismos emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. Los juicios de amparo serán sustanciados por jueces y tribunales especializados en los términos del artículo 94 de esta Constitución. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales; VIII. Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas; IX. Las leyes promoverán para estos órganos la transparencia gubernamental bajo principios de gobierno digital y datos abiertos; X. La retribución que perciban los Comisionados deberá ajustarse a lo previsto en el artículo 127 de esta Constitución; XI. Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la ley, y XII. Cada órgano contará con una Contraloría Interna especializada, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. Los órganos de gobierno de los organismos previstos en los apartados B, C, E y F de este artículo, se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. El Presidente de cada uno de los órganos referidos en el párrafo anterior será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. Los comisionados deberán cumplir los siguientes requisitos: .". 41. Por su parte, en el "DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE PUNTOS CONSTITUCIONALES; DE ENERGÍA, Y ESTUDIOS LEGISLATIVOS, PRIMERA, CON PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA DE ENERGÍA", concretamente en el apartado denominado: "Consideraciones de las Comisiones Dictaminadoras", se expuso, entre otras cosas, lo siguiente: Que para el caso de la Comisión Reguladora de Energía la ley debía prever como parte de sus atribuciones, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y el almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, la regulación de ventas de primera mano de dichos productos. 42. Por su parte, en el apartado denominado: "Proyecto de Decreto y Régimen Transitorio", se expuso que se sometía a la aprobación de la Honorable Asamblea el siguiente: "PROYECTO DE DECRETO QUE REFORMA Y ADICIONA DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN MATERIA ENERGÉTICA. Artículo Único. Se REFORMAN los párrafos cuarto, sexto y octavo del artículo 25, el párrafo sexto del artículo 27; los párrafos cuarto y sexto del artículo 28, y se ADICIONA un párrafo séptimo, recorriéndose los subsecuentes en su orden, al artículo 27, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue: . TRANSITORIOS . Transitorio Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico, a fin de establecer las atribuciones correspondientes a las siguientes dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: . c) A la Comisión Reguladora de Energía, entre otras, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución de ductos de petróleo, gas natural, gas natural comercial, productos petrolíferos, así como de etano, propano, butano y naftas; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. . Transitorio Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos administrativos desconcentrados de la Secretaría del ramo en Materia de Energía con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: ." 43. Luego del proceso legislativo del que se ha dado cuenta, entre otros cambios, se adicionó al artículo 28, el párrafo octavo, en el cual, cabe reiterar, se estableció lo siguiente: "Artículo 28. . (ADICIONADO, D.O.F. 20 DE DICIEMBRE DE 2013) El Poder Ejecutivo contará con los órganos reguladores coordinados en materia energética, denominados Comisión Nacional de Hidrocarburos y Comisión Reguladora de Energía, en los términos que determine la ley. .". 44. En los artículos transitorios del Decreto en Materia de Energía, se dispuso, entre otras cosas: "TRANSITORIOS. . Décimo. Dentro del plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones que resulten necesarias al marco jurídico a fin de establecer, entre otras, las siguientes atribuciones de las dependencias y órganos de la Administración Pública Federal: . c) A la Comisión Reguladora de Energía: en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos. En materia de electricidad, la regulación y el otorgamiento de permisos para la generación, así como las tarifas de porteo para transmisión y distribución. . La ley definirá los mecanismos para garantizar la coordinación entre los órganos reguladores en materia de energía y la Administración Pública Federal, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, emitan sus actos y resoluciones de conformidad con las políticas públicas del Ejecutivo Federal. . Décimo Segundo. Dentro del mismo plazo previsto en el transitorio cuarto del presente Decreto, el Congreso de la Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico para que la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía, se conviertan en órganos reguladores coordinados en la materia, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión; asimismo, podrán disponer de los ingresos derivados de las contribuciones y aprovechamientos que la ley establezca por sus servicios en la emisión y administración de los permisos, autorizaciones, asignaciones y contratos, así como por los servicios relacionados con el Centro Nacional de Información de Hidrocarburos, que correspondan conforme a sus atribuciones, para financiar un presupuesto total que les permita cumplir con sus atribuciones. Para lo anterior, las leyes preverán, al menos: .". 45. Derivado del Decreto en Materia de Energía, el once de agosto de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Ley de Hidrocarburos, misma que en términos de sus Transitorios Primero y Segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de noviembre de mil novecientos cincuenta y ocho. 46. De dicha ley destaca lo dispuesto en su artículo Décimo Tercero Transitorio, que dice: "Décimo Tercero. La Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano de Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos a principios de regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados, para lo cual tomará en cuenta, en lo que proceda, lo establecido en materia de precios en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La venta de primera mano se entiende como la primera enajenación, en territorio nacional, que realice Petróleos Mexicanos, sus organismos subsidiarios o divisiones, y cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, a un tercero o entre ellos. Dicha venta deberá realizarse a la salida de las plantas de procesamiento, las refinerías, los puntos de inyección de producto importado, Ductos de Internación o en los puntos de inyección de los Hidrocarburos provenientes de manera directa de campos de producción. Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, así como cualquier otra empresa productiva del Estado, o una Persona Moral, por cuenta y orden del Estado, podrán comercializar Hidrocarburos, Petrolíferos o Petroquímicos siempre que desagregue los distintos servicios que preste y el precio de venta de primera mano del producto de que se trate. La comercialización que realicen personas controladas por Petróleos Mexicanos o sus organismos subsidiarios, podrá realizarse en puntos distintos a los señalados en el párrafo anterior. Esta actividad también se sujetará a regulación asimétrica con objeto de limitar el poder dominante de las citadas personas, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. La regulación de las ventas de primera mano incluirá la aprobación y expedición de los términos y condiciones generales, así como la expedición de la metodología para el cálculo de sus precios. En estas materias, se deberá observar la práctica común en mercados desarrollados de Hidrocarburos, Petrolíferos y Petroquímicos y los precios deberán reflejar, entre otros, el costo de oportunidad y las condiciones y prácticas de competitividad en el mercado internacional de dichos productos. En todo caso, se deberán observar las obligaciones de no discriminación previstas en esta Ley. El incumplimiento de la regulación que la Comisión Reguladora de Energía establezca sobre los términos y condiciones de ventas de primera mano y sus precios, se sancionará por dicha Comisión con multas de ciento cincuenta mil días a setenta y cinco millones de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal." 47. De igual manera, el once de agosto de dos mil catorce, se publicó en ese mismo medio de difusión la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, misma que en términos de sus Transitorios Primero y Segundo, entró en vigor al día siguiente de su publicación, abrogando la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 48. De esta ley resalta lo dispuesto en su artículo 42, que dice: "Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios." 49. Bajo el contexto del marco regulatorio descrito, el quince de febrero dos mil dieciséis, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso. 50. De dicha resolución destaca lo dispuesto en su considerando séptimo, el cual señala: "SÉPTIMO. Que, en congruencia con lo establecido en el artículo Décimo Tercero Transitorio de la LH, esta Comisión considera necesario expedir una nueva metodología de precios máximos de VPM, que permita: I. Mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural; II. Que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; III. Evitar que exista arbitraje de precios entre las diferentes zonas del país, e IV. Incentivar la mayor producción nacional posible de gas." 51. A fin de concluir con la descripción del marco regulatorio, que servirá de sustento a la conclusión de este tribunal, es conveniente mencionar que, en atención al mandato contenido en el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, el Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General 22/2013, relativo a la creación de los nuevos órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 52. En el punto cuarto transitorio de dicho Acuerdo se estableció que dichos órganos especializados conocerían de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 53. Por ende, los conflictos derivados de esta subespecialización de la materia administrativa deben ser dirimidos por Jueces especializados en tal materia, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ella implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. 54. De lo hasta aquí expuesto se obtiene lo siguiente: 1. Que los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el "Pacto por México", concretamente en el acuerdo denominado "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". 2. Que conforme a dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural de las naciones. Asimismo, en el citado acuerdo se señaló que se realizarían las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. 3. Que de acuerdo a la iniciativa con la que inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Telecomunicaciones, se busca impedir el abuso del sistema de justicia, del que hacían uso los agentes económicos para frenar la regulación que pretendía reducir el poder de dichos agentes en mercados vitales o estratégicos, o detener prácticas anticompetitivas. 4. Que conforme con dicho iniciativa se previó la creación de tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulaban las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y, b) a fin de evitar criterios contradictorios y permitir que los juzgadores que resolvieran esos conflictos pudieran especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, revestía una alta complejidad. 5. Que con la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones se reguló la rama del derecho económico regulatorio y dentro de éste el derecho de competencia económica. 6. Que conforme a la iniciativa presentada por legisladores federales de los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional (una de las tres con las que dio inició el proceso legislativo del que derivó el Decreto en Materia de Energía), se propuso que el artículo 28 constitucional se convirtiera en el referente de los órganos reguladores, incorporando en ese precepto, entre otros, a la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, se planteó que, de manera genérica, a dichos órganos les aplicarían las mismas reglas para la elección de los comisionados que integraran sus órganos de gobierno, los requisitos que habrían de cumplir, los casos en que podrían ser removidos, así como las demás disposiciones contenidas en dicho artículo. 7. Que una vez concluido el proceso legislativo relativo a la reforma en Materia de Energía, se estatuyó, a nivel constitucional, que la Comisión Reguladora de Energía se convertiría en un órgano regulador coordinado en materia energética, con personalidad jurídica propia, autonomía técnica y de gestión. Debiéndose realizar las adecuaciones legales correspondientes a fin de establecer entre sus atribuciones: "en materia de hidrocarburos, la regulación y el otorgamiento de permisos para el almacenamiento, el transporte y la distribución por ductos de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos; la regulación de acceso de terceros a los ductos de transporte y al almacenamiento de hidrocarburos y sus derivados, y la regulación de las ventas de primera mano de dichos productos." 8. Que de conformidad con la Ley de Hidrocarburos la Comisión Reguladora de Energía continuará sujetando las ventas de primera mano, entre otros, de gas natural, a principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. 9. Que conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. 10. Que de conformidad con la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo del que deriva este recurso, la Comisión Reguladora de Energía, al expedir esa metodología, busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta, entre otros objetivos. 11. Que de conformidad con el Acuerdo General 22/2013, los órganos judiciales en materia administrativa especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, conocerán de los amparos indirectos y los recursos derivados de ellos relacionados con la materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en atención a la complejidad de aspectos técnicos que ello implica, para dar consistencia y homogeneidad a los casos que se encuentren bajo la estipulación respectiva y así evitar criterios distintos y contradictorios. 55. Concomitante a lo expuesto, con el ánimo de poder determinar con mayor nitidez la naturaleza material de la resolución reclamada, es conveniente aludir al contenido del artículo 25 constitucional. 56. De conformidad con dicho precepto corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional aportando el marco jurídico, económico y político, para garantizar que el funcionamiento de la actividad económica, sea integral y sustentable, fortalezca la soberanía de la nación y su régimen democrático, propiciando mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo, así como una más justa distribución del ingreso y la riqueza que, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución. 57. Estos objetivos requieren de un sistema armónico y funcional, basado en valores, principios, derechos económicos, sociales y culturales, directrices, acciones y mecanismos, que interactúen funcionalmente, correlacionando medios y fines, que se traduzcan en planes y acciones eficaces de acuerdo a circunstancias concretas y cambiantes. 58. La competitividad basada en un modelo de economía de mercado, promotor de la libre concurrencia, debe ser entendida como capacidad de la economía nacional, mercados y sectores productivos, para generar mayor satisfacción de los consumidores, ofreciendo los menores precios y las mejores condiciones de abasto y calidad a efecto de financiar o promover el bienestar de las personas y satisfacer sus necesidades, en especial las más apremiantes. Estos efectos deben darse a nivel colectivo e individual, lo que se traduce en eficiencias, tanto en lo económico, como en lo jurídico, y bienestar integral de las personas para lo cual deben promoverse un conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, auspiciando la inversión y la generación de empleo. 59. La competitividad debe ser entendida como el diseño y aplicación de toda una serie de políticas de competencia y no reducirse a la mera utilización de ciertas reglas o leyes de competencia. 60. Las alternativas de tales políticas pueden diferir y obedecen a que el desarrollo de la competencia es distinto, si se aplica a mercados libres o a aquellos que tradicionalmente han sido regulados. 61. Respecto a estos segundos, la tendencia en varios países, incluyendo México, es que las políticas de competitividad deben propiciar la apertura a la competencia, abarcando aspectos de liberalización, desregulación y privatización, que se estiman necesarios para lograr eficiencia en dichos mercados. 62. Estos propósitos deben ser acordes para obtener a la competencia como objetivo y a la regulación como instrumento necesario. 63. A manera de ejemplo, se tiene que la Constitución prevé, de manera expresa en el artículo 6º, tal régimen de competencia para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión. En tanto que la Ley de Hidrocarburos así como la Ley de la Industria Eléctrica16 disponen que regirá la competencia para los mercados de hidrocarburos y energía eléctrica. 64. En síntesis, el nuevo modelo de regulación para la competencia consiste precisamente en esto: en introducir una mayor competencia en aquellos aspectos o actividades en que ésta sea posible y en revisar o reformar el sentido de la regulación orientándola a la re-creación del mercado. 65. Por tanto, una regulación económica conforme al mercado debe favorecer el funcionamiento de éstos, en el entendido que la provisión de servicios públicos en régimen de competencia, exige asegurar la calidad del servicio, proteger al usuario y defender la competencia. 66. Así, competencia y regulación no son antitéticas sino complementarias, como lo demuestra la experiencia británica o norteamericana que anteceden e inspiran a la reforma que México adoptó. 67. Para consolidar estos propósitos se debe optar entre un espectro donde podrá oscilarse desde la total libertad de empresa, hasta la indispensable y pertinente intervención pública, para promover innovación, desarrollo, investigación e inversión, corrigiendo fallas en mercados, pero también fomentando y encausando servicios, actividades y acceso a bienes de interés colectivo, generando para ello diferentes esquemas, dinámicos y dúctiles de regulación e intervención, acorde a la realidad y a los fines pretendidos. 68. Sobre todo en áreas en las que existe un desinterés del sector privado, para ofertas bienes o servicios, de tal modo que la intervención del Estado, a través de una política regulatoria, se hace indispensable para asegurar la satisfacción de necesidades colectivas. 69. De esta manera tenemos que, en la actualidad, nuestra Constitución desarrolla un modelo mixto o plural, en el cual coexisten un modelo de libre mercado, junto con otro intervencionista, que se advierte a través de la rectoría económica del Estado, el cual paulatinamente ha ido liberalizando sectores de la economía y mercados, muestra visible de ello son las reformas estructurales derivadas del "Pacto por México", del cual ya se ha dado cuenta. 70. Estos mercados en proceso de liberalización se rigen por reglas especiales, en el entendido que como en el modelo de libre mercado se pugna por promover y mantener con la mayor funcionalidad posible un proceso de competencia y libre concurrencia, es decir, un funcionamiento eficiente de los mercados de bienes y servicios, que redunde, al final del día, en un beneficio a los consumidores al adquirir en costos reales y con una mayor calidad esos bienes y servicios. 71. De este modo el Estado planeará, conducirá y orientará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la regulación y fomento de las actividades que demande el interés general en el marco de reconocidas libertades constitucionales. Con este propósito, de manera excepcional, sólo el sector público participará en las áreas estratégicas señaladas en el cuarto párrafo del artículo 28 constitucional; en tanto, se prevé la posibilidad de la participación estatal por sí o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley, para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo. Finalmente, el sector privado también está sujeto a regulación, pues se establece que la ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en términos que establece la Constitución. 72. El análisis armónico de lo dispuesto en el artículo 25 constitucional, en relación con el 28 de ese mismo ordenamiento, al que se hizo mención antes, nos permite advertir que nuestro modelo constitucional adopta la concepción del Estado regulador, dentro de una economía social de mercado, entendido como el modelo de diseño estatal insertado por el Constituyente Permanente para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), que deposita en determinadas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas, a través de un variado abanico de medidas ex ante o ex post que resulten ser idóneas y necesarias para conducir la mejor política de rectoría del desarrollo nacional. 73. Este modelo de Estado regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. De ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias, diferenciadas de las legislativas, otorgadas al Congreso de la Unión y de las reglamentarias otorgadas al Ejecutivo por el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal. 74. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia P./J. 46/2015, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 339, del Libro 26, enero de 2016, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ESTADO REGULADOR. EL MODELO CONSTITUCIONAL LO ADOPTA AL CREAR A ÓRGANOS AUTÓNOMOS EN EL ARTÍCULO 28 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. De la exposición de las razones del Constituyente Permanente en relación con la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, se observa que el modelo constitucional adopta en su artículo 28 la concepción del Estado Regulador, entendido como el modelo de diseño estatal insertado para atender necesidades muy específicas de la sociedad postindustrial (suscitadas por el funcionamiento de mercados complejos), mediante la creación de ciertas agencias independientes -de los órganos políticos y de los entes regulados- para depositar en éstas la regulación de ciertas cuestiones especializadas sobre la base de disciplinas o racionalidades técnicas. Este modelo de Estado Regulador, por regla general, exige la convivencia de dos fines: la existencia eficiente de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. Ahora, la idea básica del Estado Regulador, busca preservar el principio de división de poderes y la cláusula democrática e innovar en la ingeniería constitucional para insertar en órganos autónomos competencias cuasi legislativas, cuasi jurisdiccionales y cuasi ejecutivas suficientes para regular ciertos sectores especializados de interés nacional; de ahí que a estos órganos se les otorguen funciones regulatorias diferenciadas de las legislativas, propias del Congreso de la Unión, y de las reglamentarias, concedidas al Ejecutivo a través del artículo 89, fracción I, constitucional. Este diseño descansa en la premisa de que esos órganos, por su autonomía y aptitud técnica, son aptos para producir normas en contextos de diálogos técnicos, de difícil acceso para el proceso legislativo, a las que puede dar seguimiento a corto plazo para adaptarlas cuando así se requiera, las cuales constituyen reglas indispensables para lograr que ciertos mercados y sectores alcancen resultados óptimos irrealizables bajo la ley de la oferta y la demanda. Pues bien, al introducirse el modelo de Estado Regulador en la Constitución, se apuntala un nuevo parámetro de control para evaluar la validez de los actos y normas de los órganos constitucionales autónomos, quienes tienen el encargo institucional de regular técnicamente ciertos mercados o sectores de manera independiente únicamente por referencia a racionalidades técnicas especializadas, al gozar de una nómina propia de facultades regulatorias, cuyo fundamento ya no se encuentra en la ley ni se condiciona a lo que dispongan los Poderes clásicos." 75. Como se puede notar, el modelo de Estado regulador se inserta para atender necesidades prioritarias y de interés nacional, mediante la creación de agencias independientes en sectores especializados, como competencia económica, telecomunicaciones, energía, hidrocarburos, etcétera, con facultades de creación normativa, cuya finalidad es desarrollar desde una racionalidad técnica los principios generales de política pública establecidos por el legislador; dicho modelo, como antes se dijo, exige la concurrencia de dos fines: la eficiente funcionalidad de mercados, al mismo tiempo que la consecución de condiciones equitativas que permitan el disfrute más amplio de todo el catálogo de derechos humanos con jerarquía constitucional. 76. Los principios de eficiencia y planificación requieren que sean los órganos expertos y técnicos los que conduzcan el diseño de esos principios de política pública y su ejecución conforme a una óptima realización, mediante la emisión de normas operativas que no podrían haberse previsto por el legislador, o bien, si estableciéndolo, estarían en un constante peligro de quedar obsoletas, pues los cambios frecuentes de los sectores tecnificados obligaría a una constante adaptación poco propicia para el proceso legislativo y más apropiado para los procedimientos administrativos. 77. En ese mismo sentido, es preciso mencionar que la competitividad como política pública y el derecho de defensa de la competencia son expresiones y elementos del derecho económico que busca, precisamente, el funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. En nuestro país ese conjunto de ideologías, fines, medios y habilitaciones, está previsto en los citados numerales 25 y 28 constitucionales. 78. Es así que la competencia económica debe ser entendida como una política pública, integrada en un conjunto más amplio de acciones y fines institucionales del Estado, basados en distintas potestades, políticas y propósitos concomitantes, que interactúan de manera dinámica y complementaria, como lo disponen aquellos preceptos, para la obtención de los resultados más adecuados a circunstancias particulares, siempre en el entendido de conseguir los mejores resultados y consecuencias para el interés público. 79. Por tanto, la rectoría del desarrollo nacional, entendida como objeto de regulación constitucional, se vale de medios o directrices (competitividad, crecimiento económico, empleo y justa distribución del ingreso y la riqueza) tendentes a conseguir eficiencias para alcanzar fines inmediatos (desarrollo sustentable, soberanía y democracia) e ideologías o fines últimos (libertad, dignidad y seguridad). 80. Lo relatado en este apartado nos permite resolver ya la pregunta inicial consistente en ¿Cuál es la naturaleza material de la resolución reclamada? 81. A lo que este tribunal responde: concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. 82. Ello es así, por lo siguiente: I. Porque los Decretos en Materias de Telecomunicaciones y Energía tienen su génesis en los compromisos asumidos en el "Pacto por México", concretamente en el acuerdo denominado "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad", imbricado en la rectoría del desarrollo nacional, en el cual se propuso intensificar la competencia económica y eficiencia, dotando de una adecuada y específica regulación, en sectores prioritarios como las telecomunicaciones y energía, entre otros; así como crear tribunales especializados: a) que permitieran dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica; y b) que evitaran el dictado de criterios contradictorios. II. Porque el derecho regulatorio se inserta para atender servicios prioritarios de interés público, en sectores especializados, que el Estado propicia y garantiza que sean prestados adecuadamente, de tal modo que no puede abandonar su funcionamiento a las simples reglas de mercado, sino que requieren de un régimen especial, pues tienden a favorecer el desarrollo nacional y el bienestar de consumidores o usuarios. III. Porque el derecho de la competencia económica supone la aplicación de complejos normativos de carácter transversal, que transitan desde la propia Constitución, en aspectos tales como derechos humanos, rectoría económica, libre concurrencia y regulación, hasta el derecho administrativo económico y el regulatorio, e inciden, incluso, en aspectos propios del derecho mercantil. Se trata pues de un complejo jurídico técnico-normativo extenso, que faculta al Estado para la ordenación de los mercados, en términos generales, aunado a una regulación intensa de ciertas y específicas actividades, estimadas prioritarias, en aras del funcionamiento eficiente de los mercados para el desarrollo social y beneficios a los consumidores. IV. Porque el principio de eficiencia y funcionalidad en el mercado aconseja una ordenación y regulación concertada para generar certidumbre y seguridad jurídica y lo pertinente es, consolidar en una jurisdicción especializada, la decisión de los conflictos suscitados en el contexto de la actividad económica fundamental, en especial si tiene el carácter de prioritaria y sujeta a un régimen regulatorio peculiar, incluyendo aspectos y facultades implícitos, accesorios o concurrentes para conseguir los fines esenciales o fundamentales. V. Porque las ventas de primera mano ?a que se refiere la resolución reclamada en el juicio de amparo de nuestra atención? en el mercado petrolero o sector de energéticos exige una regulación (intervención y fomento) estatal, sujetas a los principios de regulación asimétrica, con objeto de limitar el poder dominante de Petróleos Mexicanos, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. VI. Porque conforme al artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, la Comisión Reguladora de Energía tiene por objeto fomentar el desarrollo eficiente de la industria, promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios y propiciar una adecuada cobertura nacional, entre otros. VII. Porque la Comisión Reguladora de Energía al expedir la metodología inserta en la resolución reclamada busca que se permita una mayor participación de agentes económicos en el mercado de gas natural, así como que las ventas de primera mano de gas natural reflejen las condiciones de un mercado competitivo y el costo de oportunidad y las condiciones de competitividad del energético en el mercado internacional y en el lugar en el que se realice la venta; entre otros objetivos. VIII. Por tanto, al encontrarse vinculada la resolución reclamada con un tema de competencia económica, ya que en la controversia a dirimir está involucrado el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para el efecto de lograr a la postre y garantizar la competencia efectiva en el mercado del gas natural, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de éste, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; es que la naturaleza material de dicho acto concierne a la subespecialidad en competencia económica, y no a la administrativa genérica. 83. Como consecuencia de lo anterior, se llega a la conclusión de que el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, que fue el que conoció y resolvió en definitiva ese asunto. 84. Sin que se oponga a esa conclusión el hecho de que la resolución reclamada no haya sido emitida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones o la Comisión Federal de Competencia Económica, sino por la Comisión Reguladora de Energía, pues, como se vio, la naturaleza material de dicho acto se vincula con la subespecialidad en competencia económica, que se extiende por las implicaciones correspondientes a otras áreas del Derecho Económico, como es la regulación de determinados de servicios y actividades prioritarias. 85. De este modo los temas de Derecho económico corresponden a la amplía esfera competencial atribuida a los citados órganos judiciales especializados, ya que la competitividad, concepto dinámico y en constante movimiento, es parte de un entramado más amplio, como lo son las materias que exigen acciones regulatorias del Estado al quedar insertas en el amplio campo de rectoría económica del Estado. 86. A fin de confirmar la conclusión adoptada conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2015. 87. En dicha contradicción el punto a dilucidar consistió en determinar qué órgano jurisdiccional es competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias. 88. En este punto cabe llamar la atención que algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 89. En la contradicción la Segunda Sala estableció, en esencia, lo siguiente: A) Que para revisar la determinación adoptada respecto de una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica es necesario que el órgano jurisdiccional al que se le encargue esa función tenga conocimientos especializados en esas materias; B) Que si bien el derecho de acceso a la información encuadra dentro de la materia administrativa, pues por regla general versa sobre las relaciones entre los órganos del Estado y particulares, cuando la solicitud de acceso a la información entraña el acceso a la información relacionada con la materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, encuadra dentro de la especialización en esas materias. C) Ello, porque el derecho de acceso a la información no implica únicamente la entrega de cierta documentación, sino que además, ésta se debe realizar de forma congruente a lo pedido, completa, en los formatos solicitados, dentro del plazo legal, fundada y motivadamente, en los casos en que se solicite una respuesta en específico y, en algunas ocasiones, será necesario revisar la clasificación de la información realizada por la autoridad correspondiente. D) Por tanto, consideró, para que un juzgador se encuentre en aptitud de resolver si la respuesta a una solicitud de acceso a la información relacionada con esas materias se realizó de forma correcta, congruente y completa con lo solicitado, es necesario que cuente con conocimientos técnicos y especializados en la materia. E) En conclusión, expuso, cuando en un juicio de amparo se reclaman cuestiones concernientes al ejercicio del derecho de acceso a la información relacionado con las materias de radiodifusión, telecomunicaciones o competencia económica, su resolución no implica que sólo se abordarán aspectos relativos a ese derecho, como pueden ser el propio acceso a la información, los medios por los que se ejerce ese derecho o las limitaciones que al respecto se pueden determinar; sino que también se debe resolver si la información fue completa, congruente, las reservas fundadas y motivadas, etcétera, lo cual es compatible con la competencia de los órganos jurisdiccionales especializados en esas materias. F) Señaló además que el objetivo de la creación de los órganos jurisdiccionales especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones fue la de dirimir las controversias suscitadas mediante la aplicación de conocimientos técnicos, los cuales se estiman de alta complejidad; situación que se actualizaba en la cuestión planteada, ya que un juzgador en materia administrativa no cuenta con los conocimientos técnicos de alta complejidad necesarios para resolver sobre el fondo, congruencia y clasificación de la información solicitada con la entregada por el sujeto obligado. G) Lo expuesto, anotó, guarda congruencia con el objetivo de la creación de esos órganos, el cual consiste en evitar criterios contradictorios e incertidumbre jurídica y que existan juzgadores que conozcan los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión, a fin de dar congruencia a todo el marco regulatorio de esas materias. H) Finalmente, resolvió cuando en un juicio de amparo se señale como acto reclamado la determinación adoptada derivada del acceso de determinada información en específico, resulta competente el órgano jurisdiccional especializado en materia de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, pues el tema jurídico a resolver requiere de conocimientos especializados en esas materias, a fin de que se dé certidumbre jurídica. 90. Como se puede ver, la Segunda Sala al decidir qué órgano jurisdiccional era el competente para conocer de un juicio de amparo o sus recursos relacionados con una solicitud de acceso a la información en materia de telecomunicaciones, radiodifusión o competencia económica, si los especializados en materia administrativa en general o los especializados en las aludidas materias, atendió a la naturaleza material y específica sobre la que versaba la solicitud correspondiente, con independencia de la autoridad que emitió el acto reclamado, y al respecto resolvió que los competentes para conocer de esos asuntos eran los órganos especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en razón de la temática que en su integridad se debía abordar entrañaba cuestiones relacionadas con esas materias, de alta complejidad, sobre las cuales tenían conocimientos especializados tales órganos, lo cual además abonaba a generar certidumbre jurídica y evitar el dictado de criterios contradictorios. 91. En ese sentido, lo resuelto por la Segunda Sala en la contradicción de tesis enunciada confirma el criterio contenido en esta ejecutoria, así como el método desarrollado para determinar la naturaleza material del acto reclamado, por lo que, en el caso, al vincularse la naturaleza de la resolución reclamada en este asunto con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico, independientemente de que dicha resolución no haya sido dictada por la Comisión Federal de Competencia Económica o el Instituto Federal de Telecomunicaciones, sino por la Comisión Reguladora de Energía; pues, tal como se vio, en la decisión a la que se llegó en la contradicción de tesis, ese aspecto no tuvo influencia para decidir qué órgano jurisdiccional debía conocer de los asuntos relativos, a pesar de que, como se anotó, algunos de los criterios que contendieron en esa contradicción tuvieron como antecedentes juicios de amparo en los que se reclamaron resoluciones derivadas de recursos de revisión dictadas por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 92. Finalmente, cabe anotar en este apartado que no escapa a la apreciación de este tribunal, la jurisprudencia 2a./J 84/2016, sustentada, también, por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado." 93. A fin de conocer con mayor claridad las consideraciones que informan la jurisprudencia transcrita, es conveniente remitirnos a una de las ejecutorias, de las que derivó por reiteración dicha jurisprudencia, de la que destaca lo siguiente: ". 17. Por consiguiente, atendiendo a la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, es posible establecer que la competencia por materia en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, se surte en el tema de competencia económica, en aquellos casos en que se debe dirimir una controversia en la que está involucrado el proceso de competencia y libre concurrencia. Entendiendo por la primera, la rivalidad que se genera entre empresas que contienden en un mercado para vender sus bienes o servicios y, por la segunda, el libre acceso de consumidores y productores en un mercado en condiciones de igualdad. Además, los actos que pueden ser reclamados ante dichos órganos judiciales deben surgir de la actividad reguladora de los organismos autónomos a los que se alude en el transcrito artículo 28 constitucional. 18. Establecido lo anterior, es necesario recordar que esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro digital: 167761, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS.", en el sentido de que para fijar la competencia por materia, se debe atender a la naturaleza del acto reclamado y a la autoridad responsable y no a los conceptos de violación o a los agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que sólo evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario, resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado. 19. Atendiendo a lo expuesto, se debe determinar la naturaleza del acto reclamado en el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial. 20. Así, se tiene que la quejosa señaló como acto reclamado en su demanda de amparo, la sentencia emitida por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dentro del juicio de nulidad **********. Esto es, se reclama una sentencia emitida por el mencionado tribunal y no una resolución emitida por alguno de los órganos autónomos a los que se alude en el reformado artículo 28 constitucional, a saber: Comisión Federal de Competencia Económica e Instituto Federal de Telecomunicaciones. 21. Este solo hecho hace, de por sí, que no se actualice la competencia material en favor de los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones. 22. Aunado a lo anterior, se advierte que los actos que se combatieron en el juicio de nulidad, que dio lugar a la emisión de la sentencia que se reclama mediante el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, tuvieron su origen en el ejercicio de las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior, conforme a las cuales se determinaron diversos créditos fiscales a cargo de la quejosa por omisiones en el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado, cuotas compensatorias y derecho de trámite aduanero, con sus correspondientes actualización, recargos y multas. Por lo que una vez más se constata que no se trata de actos provenientes de los órganos autónomos creados a partir de la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, ni se trata de actos que involucren el proceso de competencia y libre concurrencia, al que se hizo referencia en párrafos anteriores, por lo que no se surte la competencia en favor de los órganos judiciales especializados creados en términos de la misma reforma constitucional. 23. No es óbice para la anterior conclusión el hecho de que en la demanda de amparo se señale, de manera específica, que se promueve en contra del sobreseimiento decretado en el juicio de nulidad, por lo que respecta a las reglas 46, 47 y 48 de la Resolución por la que se Establecen las Reglas de Carácter General relativas a la Aplicación de las Disposiciones en Materia Aduanera del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y en contra de la declaración de validez de la negativa ficta recaída al recurso de revocación interpuesto por la quejosa en contra de distintas resoluciones finales de investigación antidumping, de supresión de cuotas compensatorias definitivas y del examen de vigencia de cuotas compensatorias, pues todas ellas se encuentran vinculadas a los créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda de Hacienda y Crédito Público, por ser parte de su motivación, por lo que deben seguir la suerte de las resoluciones determinantes de los créditos en cuestión. 24. Así, en virtud de todo lo expuesto, se concluye que el acto reclamado en el juicio de amparo, respecto del cual, los Tribunales Colegiados implicados se niegan a conocer, por considerar que no son competentes por razón de materia, es de naturaleza administrativa, pues fue emitido por autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en ejercicio de sus facultades de comprobación en materia de comercio exterior y de derecho aduanero y no involucran el proceso de competencia y libre concurrencia. 25. Con motivo de la conclusión alcanzada, en virtud del análisis realizado tanto de la naturaleza del acto que se reclama, como de la autoridad que lo emitió, se concluye que corresponde conocer del asunto al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito." 94. Como se puede notar la ejecutoria transcrita dilucidó un conflicto competencial entre un tribunal colegiado administrativo genérico, y un tribunal colegiado especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 95. En dicho conflicto ambos tribunales consideraron carecer de competencia, por razón de materia, para conocer de un juicio de amparo. 96. En el juicio constitucional se reclamó una sentencia emitida dentro de un juicio contencioso administrativo por la primera sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 97. Los actos impugnados en aquel juicio contencioso se vinculaban con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 98. A partir de esos elementos la Segunda Sala concluyó que el tribunal competente para conocer del juicio de amparo directo era el tribunal colegiado administrativo genérico, y no el especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. 99. Tal conclusión se apoyó en dos premisas indisociables: por un lado, que el acto impugnado en el juicio de nulidad, del que derivó el juicio de amparo, se vinculaba con créditos fiscales determinados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por otro, a que dicho acto no involucraba el proceso de competencia y libre concurrencia, tal como se constata del siguiente apartado de la aludida ejecutoria que, nuevamente, se transcribe: ". 22. Aunado a lo anterior, se advierte que los actos que se combatieron en el juicio de nulidad, que dio lugar a la emisión de la sentencia que se reclama mediante el juicio de amparo motivo de este conflicto competencial, tuvieron su origen en el ejercicio de las facultades de comprobación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en materia de comercio exterior, conforme a las cuales se determinaron diversos créditos fiscales a cargo de la quejosa por omisiones en el pago de los impuestos general de importación, al valor agregado, cuotas compensatorias y derecho de trámite aduanero, con sus correspondientes actualización, recargos y multas. Por lo que una vez más se constata que no se trata de actos provenientes de los órganos autónomos creados a partir de la reforma constitucional del once de junio de dos mil trece, ni se trata de actos que involucren el proceso de competencia y libre concurrencia, al que se hizo referencia en párrafos anteriores, por lo que no se surte la competencia en favor de los órganos judiciales especializados creados en términos de la misma reforma constitucional. .". 100. En el caso materia de estudio de esta ejecutoria, el acto reclamado en el juicio de amparo fue emitido por la Comisión Reguladora de Energía, a lo que se suma que, tal como quedó ampliamente desarrollado, dicho acto está vinculado con un tema de competencia económica, lo que revela que el criterio establecido en la jurisprudencia 2a./J 84/2016, no influye para sustentar una conclusión distinta a la que se adoptó en la presente ejecutoria, sino que, por lo contrario, sirve para robustecerla. 101. Esto es así, porque al igual que como lo anota dicha jurisprudencia en un apartado, un tema que revela la competencia material de los órganos especializados es que el asunto involucre el proceso de competencia y libre concurrencia, lo cual sucede en la especie. 102. Así, las consideraciones antes desarrolladas llevan a este tribunal a concluir que se debe revocar la sentencia recurrida pronunciada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al haberse violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, lo cual se expondrá en el siguiente apartado. Violación a las reglas del procedimiento. 103. Como se adelantó, en el caso se advierte la existencia de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, relacionada con un presupuesto procesal (competencia), que amerita revocar el fallo combatido. 104. El artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone que, al conocer de los asuntos en revisión, si el órgano jurisdiccional resolutor advierte que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento. 105. La porción normativa referida es del contenido siguiente: "Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes: (.) IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; (.)". 106. En la jurisprudencia P./J. 22/2009 de rubro "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE", el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo el criterio consistente en que, de conformidad con los artículos 91, fracción IV, y 94 de la abrogada Ley de Amparo (de los cuales el contenido del primero de los mencionados se reiteró en el numeral 93, fracción IV, de la vigente ley de la materia), cuando en un amparo en revisión el tribunal colegiado de circuito advierta que el juez de distrito que conoció del juicio y dictó la sentencia respectiva era incompetente por razón de materia para resolverlo, deberá revocar dicho fallo y remitir los autos al juez especializado que considere competente, al tratarse de una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. 107. Expuso que, en el supuesto aludido, el tribunal revisor debe, además, señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el juez de distrito incompetente y no por lo que hace a la audiencia constitucional, porque conforme al principio de celeridad, que rige tratándose del derecho fundamental de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional, prevalece sobre la declaratoria de invalidez total. Asimismo, la nulidad general de lo actuado por un juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como ocurre con las previsiones contenidas en los artículos 53 y 54 de la anterior Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. 108. Finalmente, el Máximo Tribunal del país precisó que el criterio en cita no obsta a la facultad que tiene el juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, para dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución. 109. Ahora, como quedó ampliamente establecido en el apartado anterior de este fallo, en el caso, al vincularse la naturaleza de la resolución reclamada en este asunto con la subespecialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento del juicio de amparo correspondía a un juzgado de distrito especializado en materia de competencia económica, y no al Juzgado de Distrito Administrativo genérico. 110. En ese sentido, si el juicio de amparo de nuestra atención se promovió desde el dieciocho de abril de dos mil dieciséis, entonces resultaban competentes para conocer de éste los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, pues desde el diez de agosto de dos mil trece ya habían iniciado funciones. 111. No obstante, como se ha narrado, el juicio de amparo en el que se reclamó la "Resolución por la que la Comisión Reguladora de Energía expide la metodología para la determinación de los precios máximos de gas natural objeto de venta de primera mano", publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil dieciséis, fue sustanciado y resuelto por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 112. Por tanto, al no haber declinado dicho órgano la competencia para conocer del asunto y al haber dictado sentencia de fondo, violó las reglas fundamentales que norman el procedimiento de amparo, por lo que, en aplicación de la jurisprudencia P./J. 22/2009 citada en parágrafos anteriores, lo procedente es revocar el fallo recurrido. 113. En consecuencia, se ordena remitir los autos del juicio de amparo indirecto 662/2016, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno, para que se avoque al conocimiento del asunto y resuelva lo que en derecho proceda, en el entendido de que la nulidad de lo actuado en el juicio se produce únicamente respecto de la sentencia dictada por el juez declarado incompetente y no por lo que hace a la audiencia constitucional. 114. Lo anterior, sin perjuicio de que si el juzgador estimado competente advierte alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución, pueda regularizar el procedimiento y, en su caso, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el juez incompetente u otras actuaciones precedentes. 115. Similar criterio sostuvo este tribunal al resolver el recurso de revisión 172/2015, en sesión de catorce de abril de dos mil dieciséis. 116. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: PRIMERO. Se REVOCA la sentencia recurrida de treinta de junio de dos mil dieciséis, dictada por el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en el juicio de amparo 662/2016. SEGUNDO. Se ordena remitir los autos del juicio de amparo al Juzgado de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, en turno. NOTIFÍQUESE;.." La transcrita ejecutoria, se invoca para integrar su contenido a la motivación del presente fallo, ya que se adopta en cuanto a la interpretación que allí se hizo, para determinar la competencia en razón de la naturaleza del acto reclamado, ocurrido en forma similar en la presente demanda de amparo. Es aplicable al presente caso, por analogía (en cuanto a la posibilidad de integrar a la motivación de un fallo la transcripción de un determinado texto), la jurisprudencia P./J. 88/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ocho del entonces Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Novena Época, Materia Común, correspondiente al mes de septiembre de dos mil, con número de registro electrónico 191112, la cual establece: "JURISPRUDENCIA. SU TRANSCRIPCIÓN POR LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES EN SUS RESOLUCIONES, PUEDE SER APTA PARA FUNDARLAS Y MOTIVARLAS, A CONDICIÓN DE QUE SE DEMUESTRE SU APLICACIÓN AL CASO. Las tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas, y las que dictan los Tribunales Colegiados de Circuito, dentro de sus respectivas competencias, son el resultado de la interpretación de las normas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los tratados internacionales, leyes federales, locales y disposiciones reglamentarias y, al mismo tiempo constituyen normas de carácter positivo obligatorias para los tribunales judiciales o jurisdiccionales, en términos de lo dispuesto en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 177 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, como el artículo 16 constitucional obliga a toda autoridad a fundar y motivar sus resoluciones, debe estimarse que la sola transcripción de las tesis jurisprudenciales no es suficiente para cumplir con la exigencia constitucional, sino que es necesario que el órgano jurisdiccional asiente las consideraciones lógicas que demuestren, cuando menos, su aplicabilidad al caso concreto independientemente de que, de ser necesario, el juzgador complemente la aplicación de los criterios jurisprudenciales en que se apoye, con razonamientos adicionales que aseguren el cumplimiento de la referida garantía constitucional." En esa medida, se solicita atentamente al juez declinado acuse recibo, precisando si acepta o no la competencia, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, el criterio contenido en la jurisprudencia de rubro "LEYES FEDERALES AUTOAPLICATIVAS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE AMPAROS CONTRA. CORRESPONDE AL JUEZ QUE EJERZA JURISDICCION EN EL LUGAR EN QUE LOS DESTINATARIOS DEBAN ACATARLAS.", pues la jurisdicción de los juzgados especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, es en toda la república. De igual modo, no se opone a esa conclusión el hecho de que en el presente juicio de amparo no se reclamen actos específicos atribuidos a la Comisión Federal de Competencia Económica, sino que se reclaman normas autoaplicativas en las que tiene injerencia tanto dicha Comisión como la diversa Comisión Reguladora de Energía; pues, como se vio, la naturaleza material de las normas impugnadas se vincula con la subespecialidad del derecho administrativo en materia de competencia económica. Fórmese cuaderno de antecedentes. No procede suspender los actos reclamados por la incompetencia. El artículo 48, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En la especie, se declina la competencia, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión, porque no se reclama alguno de los actos de excepción. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 118, 119 y 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste para oponerse a la inclusión de sus datos personales en la publicación de la resolución que se emita en este asunto. Lo anterior, sin perjuicio que conforme al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la citada ley, modificado el doce de diciembre de dos mil siete, aun cuando no ejerzan la oposición de que se trate, en la versión pública de la resolución que se dicte, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la referida supresión no impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Domicilio procesal . Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Avenida Morelos Norte, número 244, interior 1, Cuernavaca, Morelos. Gratuidad en el servicio. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; asimismo, se indica que las promociones que dirija a este juicio de amparo, deben contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma la Licenciada Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargada del despacho por vacaciones del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/8737/2016, remitido por el Secretario Técnico, en sesión celebrada el trece de diciembre de dos mil dieciséis, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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