Ebaristo Ocampo Alvarez
Expediente 888/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 888/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 19/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Ebaristo Ocampo Alvarez
- Tribunal Estatal de Conciliación Y Arbitraje del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 888/2020-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción a), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que el TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE MORELOS, remitió diversas constancias debiendo formarse el anexo I; en esas condiciones, devuélvase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 888/2020-V-B, promovido por ERASTO OCAMPO ALVAREZ; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el nueve de octubre de dos mil veinte en este Juzgado, ERASTO OCAMPO ALVAREZ por su propio derecho, solicitó la protección de la justicia federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Previo desahogo de prevención por auto de veintiséis de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y a las partes terceras interesadas. Seguida la secuela procesal, previa reanudación del procedimiento, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 114 y 116 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia Entidad Federativa; siendo en ésta donde se presentó la demanda y reside la autoridad a la que se atribuye el acto reclamado, el cual carece de ejecución material. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado lo constituye. La omisión de ordenar la ejecución y cumplimiento al laudo de fecha quince de marzo de dos mil trece, dictado en el expediente 01/270/2010. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. No es cierto el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Ya que si bien es cierto la autoridad responsable señala como cierto el actor reclamado, de constancias se desprende que ha llevado a cabo las diligencia de requerimiento de pago, así como diversas medidas de apremio, para dar cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral 01/270/2010. Lo anterior se considera así, en el entendido de que al rendir su informe justificado la autoridad responsable remitió copia certificada de constancias que obran en el juicio de origen; documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, es preciso citar que lo que el quejoso reclama al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, es la omisión de llevar a cabo actos encaminados a dar cumplimiento a la ejecución del laudo dentro del expediente 01/270/2010. En ese sentido, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías, se advierte lo siguiente: El quince de marzo de dos mil trece, mediante laudo dictado en el expediente laboral 01/270/2010, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, resolvió condenar al Ayuntamiento constitucional de Zacatepec, Morelos; al pago y cumplimiento de diversas prestaciones. Mediante proveído seis de noviembre de dos mil trece a petición de la apoderada legal del aquí quejoso, la responsable dio apertura al incidente de liquidación de laudo en el procedimiento burocrático numero 01/270/2010. El seis de diciembre de dos mil trece la autoridad responsable resolvió el incidente de liquidación de laudo, concediendo a la demandada en el juicio de origen un término de setenta y dos horas para dar cumplimiento voluntario de la condena impuesta. El dieciocho de diciembre de dos mil catorce, a petición de la apoderada legal de la actora en el juicio de origen; la aquí responsable dictó auto de requerimiento de pago y en caso de negativa embargo de bienes a la demandada. Mediante diligencia de veinticuatro de marzo de dos mil quince el actuario adscrito al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; realizo la diligencia de requerimiento de pago; sin que ésta se llegara a concretar por que la demandada argumento falta de recursos. El veinticinco de febrero de dos mil dieciséis el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos; dictó acuerdo a petición de la apoderada legal de la aquí quejosa, ordenando se requiriera el pago de las prestaciones a que fue condenada la demandada en el juicio natural, apercibiéndola para el caso de negativa, se le impondría una medida de apremio. El catorce de junio de dos mil dieciséis el fedatario público adscrito a la aquí responsable requirió a la demandada el pago y cumplimentó de las prestaciones a que fue condenada; obteniendo negativa del mismo, por lo que se hizo efectivo el apercibimiento ahí decretado y dictó de nueva cuenta auto de requerimiento de pago a la demandada y de nueva cuenta lo apercibió con una medida de apremio. Posteriormente, la aquí responsable declaró procedente la medida de apremio consistente en la destitución del Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos; como consecuencia de la medida de apremio impuesta por la negativa de pago y cumplimiento de obligaciones a que fue condenada en el juicio de origen. En ese orden de ideas, el diecinueve de mayo de dos mil dieciséis y a solicitud de la apoderada legal de la actora en el juicio natural dictó auto de requerimiento de pago en contra de la demandada apercibiéndolo con una medida de apremio; mismo que se llevó acabo el siete de septiembre del mismo año. Como consecuencia de lo anterior y haciendo efectivo el apercibimiento previamente decretado la autoridad responsable decretó la destitución del Presidente del Ayuntamiento Constitucional de Zacatepec, Morelos. El veinticinco de enero de dos mil diecinueve, a petición de la apoderada legal de la actora en el juicio de origen; la autoridad responsable por conducto del actuario adscrito a esta requirió a la demandada el pago de las prestaciones a que fue condenada sin que esto se llevara a cabo; motivo por el cual fue impuesta diversa medida de apremio. De igual forma el seis de febrero de dos mil veinte se requirió a la demandada el pago de las prestaciones a que fue condenada; sin que esto aconteciera, por lo que se hizo efectiva la medida de apremio impuesta. Por otra parte el trece de octubre de dos mil veinte la actora por conducto de su apoderado legal solicito a la aquí autoridad responsable para efecto de requerir de nueva cuenta a la demandada del cumplimiento de las prestaciones y obligaciones a que fue condenada por lo que el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos acordó favorable la solicitud. En las apuntadas circunstancias, se colige que Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, ha dictado diversos acuerdos dentro de la etapa ejecutiva del juicio laboral de origen, tendente a la ejecución o cumplimiento del laudo definitivo, sin que de las constancias que obran agregadas en el expediente de origen se advierta que el quejoso se haya presentado a solicitar la ejecución o materialización de dicho auto y la responsable se negara u omita hacerlo, con posterioridad al trece de octubre del año pasado y con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo, y ante tal panorama, es evidente que la autoridad responsable no ha omitido pronunciarse en torno a la ejecución del laudo, independientemente de que a la fecha aún no se haya podido cumplimentar. Ahora bien, en el caso en particular se advierte que la parte quejosa no reclama en el presente juicio de amparo un acto u omisión en concreto a la autoridad responsable, sino que de manera genérica reclama la inejecución del laudo emitido en el expediente de origen, no obstante que existe dictado mandato de ejecución; sin embargo por lo apuntado se observa que nos encontramos ante un reclamo que se puede traducir en la falta u omisión genérica de ejecutar el laudo emitido en el expediente laboral 01/270/2010, y ello torna improcedente el juicio de amparo. Debe recordarse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, de aplicación supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, que regula la ejecución de los laudos, dispone lo siguiente: "Artículo 151. Cuando se pida la ejecución de un laudo, el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que, asociado de la parte que obtuvo, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, apercibiéndola da que, de no hacerlo, se procederá conforme a lo dispuesto en el capítulo anterior." Lo resaltado es propio. En ese contexto, debe decirse que el artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, dispone que la parte que obtuvo una resolución favorable sea quien impulse las etapas correspondientes al procedimiento de ejecución del laudo y el Tribunal despachará auto de ejecución y comisionará a un actuario para que asociado de dicha parte, se constituya en el domicilio de la demandada y la requiera para que cumpla la resolución, de lo que se colige que el impulso de la ejecución no corresponde al Tribunal responsable, sino a la parte actora, pues como se advierte es necesaria su intervención en la ejecución del laudo. Al caso tiene aplicación por analogía el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a./J. 16/2011 (10a.), con registro 2000025, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro III, diciembre de 2011, tomo 4, cuyo rubro y texto, se inserta enseguida: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En razón de lo antes expuesto, no podría constreñirse al Tribunal responsable para que, de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los términos legales, a la ejecución de un laudo, de conformidad con lo previsto por el referido artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, pues como ya se dijo, ese impulso precisamente corresponde al ejecutante y no al Tribunal responsable, dada la necesaria intervención del actor, por lo tanto, se está en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda y de realización incierta, razón por la cual, no puede tenerse por actualizada la omisión genérica de ejecutar el laudo que se atribuye a la junta responsable. En ese contexto, se concluye que como en el caso se reclama de forma genérica, la inejecución del laudo por parte de la autoridad responsable, el presente juicio es improcedente, en términos de la fracción IV del numeral 63 de la Ley de Amparo, porque estamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición e impulso del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada la omisión genérica que se atribuye al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Asimismo, da sustento a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Décima Época, de número de registro 2000011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, página: 2771, del siguiente rubro y texto: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA. Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia Ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del Presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al Presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." En esas condiciones, al actualizarse la causal prevista en el artículo 63 fracción IV de la Ley de Amparo se debe de sobreseer en el presente juicio. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por ERASTO OCAMPO ALVAREZ, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando tercero. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular **** la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal informó que a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General ******cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales *******. Así, atendiendo al contenido del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en el que -con el objeto de dar continuidad y reanudar las actividades jurisdiccionales dentro del Poder Judicial de la Federación- se establecen diversas acciones que deben llevar a cabo los órganos jurisdiccionales para la reanudación en el trámite y resolución de todos los asuntos radicados en este juzgado, adoptando las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, VI y VIII del citado acuerdo general, en lo que resulten aplicables, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el quince de marzo de dos mil veintiuno, de acuerdo a la Circular SECNO/10/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura federal. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional. Data que se señala, en razón de la alta carga de trabajo generada con motivo de la suspensión de labores de los órganos jurisdiccionales a virtud del fenómeno de salud pública originado por el COVID-19, así como su reanudación en los términos apuntados. Ello en atención a que conforme al artículo 124 de la Ley de Amparo no se exige la presencia de las partes lo que permite la celebración de la audiencia constitucional y la reanudación del juicio; lo cual incluso favorece la protección de su salud ante la emergencia sanitaria ya indicada. En caso de que alguna de las partes manifieste que requiere estar presente en el desahogo de dicha diligencia como lo establece el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se utilizará la videoconferencia como regla general para su desahogo, sin la presencia física de las personas en este recinto judicial; y de ser así, deberán hacerlo del conocimiento a este juzgado de manera expresa dentro del término de tres días contado a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, proporcionando un correo electrónico, para realizar las gestiones necesarias ante Dirección General de Tecnologías de la Información del Consejo de la Judicatura Federal, a través del Coordinador Técnico Administrativo de la adscripción, para que proporcione los elementos técnicos necesarios para establecer el enlace simultáneo de imágenes y sonidos y sean citadas las partes para su debido desahogo. Bajo apercibimiento que de no realizar manifestación alguna se celebrará la audiencia de ley en la fecha y hora indicada, privilegiando en todo momento el trabajo a distancia. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se les hace saber que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. ESTADO DE LOS AUTOS. Bajo esas circunstancias, se tiene que el nueve de febrero del año en curso, se recibió el escrito signado por Luis García Lagunas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos; atento a lo anterior, se procede a dictar el siguiente acuerdo: En atención a su contenido, de conformidad con lo establecido por el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas las manifestaciones que vierte la parte promovente en vía de alegatos. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que este totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Asimismo, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de febrero de dos mil veintiuno. Se tiene por recibido el escrito signado por Luis García Lagunas, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual realiza manifestaciones en vía de alegatos. Atento a lo anterior, cabe destacar que el presente juicio de amparo no se promovió a través de los servicios tecnológicos previstos en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. En esas condiciones, visto el estado que guardan los autos, se advierte que el presente asunto no encuadra en los supuestos que establece el acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; por tal motivo, se tiene por recibido el escrito de cuenta y se ordena glosarlo al expediente para que obre como corresponda, reservándose proveer su contenido una vez que se reanuden las labores cuando así lo determinen las instancias administrativas competentes. Esto último de conformidad con la Circular SECNO/9/2021, de seis de febrero del año en curso, emitida por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, en la que aprobó el punto para acuerdo denominado "Propuesta de medidas a tomar que deben adoptarse del 10 al 15 de febrero de 2021 en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19". Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.
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