Edgar Alan Farias Castro

Expediente 880/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
880/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Edgar Alan Farias Castro
  • Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado, con residencia en esta ciudad

Actuaciones

  1. Principal

    Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que el quejoso hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, en que se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve ********************, en contra de actos reclamados del ********************, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número ********************, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. Desechamiento. Previo al estudio de la demanda de amparo que nos ocupa y advertir si efectivamente se actualiza o no una causa manifiesta e indudable que haga improcedente la instancia constitucional, se impone precisar lo que prevén los artículos 62 y 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo (.)". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano (.)". De lo anterior, se desprende que es obligación del juzgador ante la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, se adentre a su estudio y deseche una demanda cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Es necesario precisar que por «manifiesto» debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por «indudable», que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquél que está plenamente demostrado, toda vez que, sea advertido en forma patente y absolutamente claro de la lectura del escrito de demanda. Además, que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y substanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran aportar las partes. Ahora bien, por lo que hace al acto que la parte quejosa reclama al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, consistente en la ejecución, efectos y consecuencias de todos los actos que le reclama al Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado; este juzgado federal advierte de oficio, que se actualiza de manera notoria, indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo; precepto que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . lll. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. (.)". La norma reglamentaria establece una causa de improcedencia del juicio de amparo, relativa a cuando se combatan actos del Consejo de la Judicatura Federal. En virtud de que la causa de improcedencia en cuestión alude a los actos del Consejo de la Judicatura Federal, es conveniente tener en cuenta lo establecido tanto en el artículo 94, como en el 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a saber: "Artículo 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados de Distrito. La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. (.)" "Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. (.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". De lo anterior se colige que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estará a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; además, que son inatacables y, por ende, definitivas las decisiones del Consejo mencionado, a excepción de aquéllas que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, porque en ese supuesto podrán ser revisadas por este Alto Tribunal. En ese orden de ideas, de una interpretación sistemática de ambos numerales, se advierte que no procede juicio ni recurso alguno en contra de las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que emite en materia de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación y la excepción a ello se encuentra expresamente delimitada en las disposiciones de mérito. Con el propósito de robustecer las anteriores consideraciones, es pertinente analizar las reformas que se han efectuado al artículo 100, párrafo noveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El artículo 100, párrafo noveno, antes mencionado vigente en mil novecientos noventa y cuatro y su texto original establecía lo siguiente: "(.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables, salvo las que se refieran a la designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". Posteriormente, en mil novecientos noventa y nueve, el Presidente de la República propuso una serie de reformas constitucionales, en las cuales se incluía el precepto transcrito. En la Exposición de Motivos de dicha reforma, el Titular del Ejecutivo Federal señaló lo siguiente: "(.) Respecto del citado sistema de impugnación de las resoluciones del Consejo, resulta conveniente clarificar, conforme al principio de definitividad vigente, la regla general según la cual en contra de las resoluciones del Consejo no procede recurso o juicio alguno, incluido el juicio de amparo. Por excepción el recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia procede en los caso expresamente indicados en el propio texto. (.)". En ese sentido, el Ejecutivo Federal propuso que el párrafo respectivo del artículo 100 constitucional, quedara redactado de la siguiente forma: "(.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inapelables y por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". Por su parte, en el dictamen de la Cámara de origen, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Justicia y de Estudios Legislativos, Primera Sección, del Senado de la República, en la parte que atañe a la norma en estudio, únicamente mencionaron: "(.) Para mejorar la redacción y que con ello quede más claro el propósito de esta norma, se propone especificar en este artículo, que contra lo que no procede recurso alguno es respecto de las decisiones del Consejo. Por ello se propone añadir la locución "en contra de las mismas. (.)". En ese tenor, el texto sometido al Pleno del Senado a continuación se reproduce: "(.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia únicamente para verificar que hallan (sic) sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". El Pleno del Senado aprobó dicho texto y envió la iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados para los efectos constitucionales consiguientes. En el dictamen de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia, se mencionó que: "(.) Una más de las reformas introducidas por el Senado y que, a juicio de las Comisiones que rinden el presente dictamen es igualmente justificada, se refiere a la limitación que se impone a la Suprema Corte de Justicia para conocer por cualquier vía, incluyendo el amparo, de las decisiones que dicte el Consejo de la Judicatura Federal. En este sentido, las precisiones introducidas son relevantes en tanto, nuevamente, se acota la distribución de competencias entre la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura. Aun cuando del texto original de la reforma de 1994 pareció quedar claro que la Suprema Corte podía conocer de las decisiones del Consejo únicamente a través del recurso de revisión administrativa que el propio Senado de la República introdujo a la iniciativa presidencial entonces presentada, se suscitaron algunas discusiones en cuanto a si la Suprema Corte podía o no conocer de las decisiones dictadas por el Consejo mediante otra vía que no fuera la del recurso de revisión administrativa. En virtud de la modificación llevada a cabo por el Senado, se precisa de manera indiscutible el alcance de las facultades de revisión o control de la Suprema Corte respecto de las decisiones del Consejo, en el sentido de que las mismas sólo podrán ser cuestionadas mediante el propio recurso de revisión administrativa. La modificación realizada por el Senado, por otra parte, es congruente con el otorgamiento de facultades al Pleno para solicitar al Consejo la expedición de ciertos acuerdos o llevar a cabo la revocación de los mismos, pues de no ser así se estarían confiriendo facultades excesivas al Pleno respecto de las atribuciones del Consejo, mismo que sería contrario al espíritu de delimitación de funciones que pretende la iniciativa que se dictamina. Con esta precisión, adicionalmente, se pretende resolver una discusión acerca del alcance que tiene la expresión introducida en determinados preceptos de la Constitución, en el sentido de que las decisiones de algunos órganos de autoridad estatal son definitivas e inatacables, toda vez que respecto de ellas no resulta procedente ningún medio de defensa legal, ni siquiera los de control de constitucionalidad. (.)". Por tal motivo, el texto que fue sometido a la consideración del Pleno de la Cámara revisora fue el siguiente: "(.) Las decisiones del Consejo serán definitivas e inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, las cuales podrán ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia, únicamente para verificar que hayan sido adoptadas conforme a las reglas que establezca la ley orgánica respectiva. (.)". Finalmente, se aprobó el texto actual del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los términos que han sido precisados con antelación. De los antecedentes legislativos enunciados, se advierte que la intención de los órganos que participaron en el procedimiento de reforma constitucional al artículo 100, párrafo noveno, fue que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal sean definitivas e inatacables, esto es, que respecto de éstas no es procedente ningún medio de defensa legal, ni tampoco el juicio de amparo. Por consiguiente, el sentido y alcance que debe darse al citado precepto, es que, por regla general, son inatacables todas las decisiones que emita el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de las atribuciones que tiene encomendadas, esto es, las de administración, vigilancia y disciplina, con excepción de las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, que de acuerdo con el propio precepto constitucional, pueden ser revisadas por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del recurso de revisión administrativa. En ese sentido fueron interpretadas las normas invocadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. XIII/2015 (10a.), publicada en la página 242, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en septiembre de 2015, Tomo I, Libro 22, de rubro y texto siguientes: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre los alcances del artículo 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atendiendo a la voluntad de su Órgano Reformador, conduce a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a considerar que, por regla general, el juicio de amparo es improcedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones -por ser la forma en la que en ese precepto constitucional se dispone que funciona dicho órgano-, con excepción de las que se refieran a las materias de designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las cuales son impugnables a través del recurso de revisión administrativa que se haga valer ante este Alto Tribunal. Ahora bien, debe precisarse que conforme a la disposición constitucional citada las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, adquieren el carácter de definitivas e inatacables, no por el solo hecho de provenir del citado órgano, sino en virtud de ser emitidas por éste en ejercicio de las atribuciones que constitucionalmente le han sido otorgadas para administrar, vigilar y disciplinar lo que atañe a su régimen interno e incluso para resolver conflictos de trabajo, sin considerar, desde luego, las que se refieran a la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Considerar lo contrario, implicaría dar un carácter definitivo e inatacable a decisiones que, si bien son emitidas por el propio Consejo de la Judicatura Federal, actuando en Pleno o en Comisiones, tienen efectos sobre situaciones o personas que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, se abre la posibilidad de que, como excepción a la regla general, el juicio de amparo sea procedente contra las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal que puedan afectar derechos de terceros que no forman parte o integran las estructuras del Poder Judicial de la Federación, lo que deberá valorarse en cada caso por los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo, de acuerdo con el planteamiento que haga el quejoso." En esa tesitura, del análisis de lo previsto en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en los numerales 94 y 100, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, deriva que el numeral citado es congruente con el texto fundamental al establecer que las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal, son definitivas e inatacables, por lo que no procede el juicio de amparo en contra de éstas. Lo anterior obedece a que por disposición expresa del texto constitucional, con las salvedades ahí previstas, no cabe juicio, ni recurso alguno contra esa clase de decisiones, motivo por el cual el solo hecho de que se combata una decisión de ese órgano administrativo, demuestra indudablemente la causa de improcedencia del juicio de amparo, establecida en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo. Por tanto, se arriba a la conclusión de que si en el presente juicio el acto reclamado es atribuido al Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio propio de sus atribuciones, éste resulta improcedente; sin que sea óbice a lo anterior, la circunstancia de que a partir del diez de junio de dos mil once, en que se haya publicado la reforma al artículo 1° 16 constitucional, y que a partir de entonces existe la obligación de examinar conjuntamente la Carta Magna y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, para privilegiar la mayor protección posible. Esto es así, en razón de que si bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que conforme al artículo 1 de la Ley Fundamental, todas las personas gozan de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, los cuales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano; lo cierto es que también ha determinado que el ejercicio de esos derechos puede ser restringido en los casos en que la propia Norma Fundamental lo establece, como en la especie, que las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, no son impugnables mediante recurso o juicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J.20/2014 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos dos, libro 5, de abril de dos mil catorce, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2006224, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL. El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal, sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que forman parte del orden jurídico mexicano." Por otra parte, el derecho de acceso a la impartición de justicia tutela diversos principios que pueden ser restringidos en los casos en que la propia Constitución lo establece, como así lo prevé el artículo 100 de la Carta Magna; por ende, tratándose de la impugnación de las decisiones que emite el Consejo de la Judicatura Federal en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas, sea que funcione en Pleno o comisiones, opera una restricción constitucional al ejercicio de esos derechos. De ahí que, las determinaciones del Consejo de la Judicatura Federal que tienen el carácter de definitivas e inatacables, son aquéllas que emite en el ejercicio de las atribuciones que tiene constitucionalmente establecidas. De ahí que no resulte aplicable la Jurisprudencia 12/2013, emitida por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo I, que a la letra establece: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Por todo lo relatado, de la recta interpretación respecto de los artículos 61, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la luz de la aplicación del principio pro persona, conducen a concluir que los actos señalados por la parte quejosa son inatacables sin poder llegar al extremo de hacer procedente el juicio de amparo cuando no lo es. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia contempladas en el artículo 61, fracciones III, y fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, en lo que atañe al acto que se reclama al Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo previsto en el numeral 113 de la Ley de la materia, y 103, fracción I, de la Constitución Federal SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE.

  3. Principal

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