Eder Misael Serrano Landeros
Expediente 248/2021 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 248/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/03/2022
Partes del expediente
- Eder Misael Serrano Landeros
Actuaciones
- Principal
I. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, en que en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. II. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).
- Principal
Se tiene por no presentada la demanda de amparo, al haber transcurrido el plazo de cinco días otorgado al quejoso para que diera cumplimiento al requerimiento ordenado.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve *******, en contra de actos reclamados del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades, por considerar que se vulneran en su perjuicio los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 8, 14, 16, 17, 103, fracción I, 107, fracción VII, último párrafo, y 123, constitucionales; se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con número 248/2021-V registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. 2. Prevención de la demanda de amparo. Ahora, previo acordar sobre la admisión del escrito de demanda es obligación de este órgano jurisdiccional examinar el mismo y si hubiere alguna irregularidad o deficiencia en éste, mandará prevenir a la promovente para que llene los requisitos omitidos o haga las aclaraciones que corresponda, dando oportunidad para que pueda subsanarlas en tiempo. En efecto, -conforme a la teoría del proceso- toda demanda debe reunir ciertos requisitos esenciales que permitan a este órgano de control constitucional, a la contraparte y, en caso de existir, al tercero interesado, conocer con precisión cuál es su materia, a fin de que el primero esté en posibilidad de analizar lo que se reclama, la segunda de hacer valer excepciones y defensas y, al tercero, de formular las manifestaciones que estime convenientes. Así, la demanda de amparo no es la excepción, pues el artículo 108 de la ley de la materia, establece los requisitos con los que dicho escrito debe cumplir -siendo ello la regla general- en su carácter de acto procesal inicial del juicio de amparo, esto es, alude al contenido formal de la demanda, al especificar los datos que en ella deben insertarse para la formación completa y efectiva de la relación jurídico-procesal, así como para fundar la acción deducida. Los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto, los cuales no constituyen formalismos sin sentido sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el órgano jurisdiccional se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de amparo y, además, proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por otro lado, el cumplimiento de estas condiciones permite a las partes preparar su defensa al haber sido emplazadas en forma legal, pues conocen la identidad del quejoso y, en su caso, la de quien promueve en su nombre; la ley o el acto que de cada autoridad se reclama; los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de éstos; los conceptos de violación y los preceptos constitucionales que contienen las garantías individuales que el quejoso considera violadas en su perjuicio. Además, el artículo 114, de la Ley de Amparo, otorga la facultad -obligación- al juzgado de distrito de analizar la demanda para revisar el cumplimiento de los requisitos de ésta y, sólo en el supuesto de que advierta deficiencias, irregularidades u omisiones, se le faculta para requerir a la promovente que corrija cuando: a. Hubiera alguna irregularidad en el escrito de demanda. b. Se hubiere omitido en ella alguno de los requisitos a que se refiere el artículo 108 de la ley de la materia. c. No se hubiere acompañado documento que acredite la personalidad o éste resulte insuficiente. d. No se hubiese expresado con precisión el acto reclamado. e. No se hubiesen exhibido las copias de la demanda. En ese sentido, las causas de prevención de la demanda a que se refiere el inciso a), se relacionan con irregularidades del escrito que contiene la misma, como podría ser la fecha de conocimiento del acto reclamado, entre otras. Los motivos de aclaración señalados en los incisos b), c) y d), tienen relación con los requisitos previstos en el artículo 108; y, la causa señalada en el inciso e), se refiere a la exhibición de copias del escrito de demanda, en el número que señala el precepto 110 de la ley de la materia. A más de que el artículo 114, de la Ley de Amparo, ordena que si el promovente no llena los requisitos omitidos o no realiza las aclaraciones conducentes, se tendrá por no presentada su demanda. De lo anterior, se obtiene que el cabal cumplimiento de los requisitos de la demanda permite estar en condiciones de:.. Así, cuando se actualiza el artículo 114, de la Ley de Amparo, esto faculta al órgano jurisdiccional para prevenir el escrito de demanda de amparo con la finalidad de que se aclaren dichas irregularidades; asimismo, al dar cumplimiento a lo requerido, se estará en condiciones de ordenar la tramitación del juicio y las partes podrán preparar su defensa sin obstáculos, lo cual no se lograría si subsistiera el defecto o la omisión advertida en el escrito inicial de demanda. Resulta pertinente precisar, que el estudio integral de la demanda y sus anexos no implica que se perfeccione en su contenido material, sino que la finalidad de esa labor estriba en armonizar los datos del escrito para fijar un sentido que sea congruente con todos los elementos de la propia demanda, pero sobre todo es importante porque constituye el medio para entender la voluntad de los quejosos. Lo anterior, además, permitirá la restitución de los derechos fundamentales de los quejosos por parte de las autoridades que intervinieron en el acto reclamado, como ordenadoras o ejecutoras, en caso de obtener la protección constitucional. Sobre este tema, es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese sentido, resulta pertinente indicar que una vez analizada la demanda de amparo en su integridad, se advierte la siguiente irregularidad: El quejoso reclama la constitucionalidad de los artículos 235, último párrafo, 237, 245, fracción II, 247, último párrafo y 248 de la Ley de Salud, particularmente la iniciativa, discusión, aprobación, expedición, promulgación y orden de publicación de dichos dispositivos; actos que atribuye al Presidente de los Estados Unidos Mexicano, Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, en su calidad de ordenadoras y ejecutoras; empero, omite señalar qué acto de ejecución en particular es el que reclama y en todo caso a qué autoridad. Por tanto, con el fin de garantizar el inicio y la conducción adecuada del presente controvertido constitucional, con fundamento en los artículos 108, fracción III y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, se requiere a la promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir de su legal notificación, manifieste qué acto de ejecución atribuye a las antes mencionadas, o bien a qué otra autoridad; en la inteligencia que, de su escrito aclaratorio deberá acompañar igual número de tantos como lo hizo de demandas para correr traslado a las partes. En la inteligencia que de no desahogar la prevención formulada, dentro del término concedido, se procederá, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo, del artículo 114, de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de garantías. 3. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *******; y, por autorizados en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a los licenciados ******; asimismo, que en esta data se agregó en el módulo de expedientes del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, como autorizado en el expediente electrónico de este juicio de amparo al usuario "********". Por otra parte, únicamente para oír y recibir notificaciones a ******* hasta en tanto registre su cédula profesional en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Asimismo, por lo que se refiere a *******, únicamente se le tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones, por así haberlo solicitado. 4. Solicitud de notificaciones vía electrónica. Ahora, por cuanto hace a la diversa solicitud de recibir por vía electrónica las notificaciones; con fundamento en el numeral 26, fracción IV; 30, fracción II; y, 31, fracción III, de la Ley de Amparo; y, Capítulo Sexto del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a la parte quejosa a recibir notificaciones por vía electrónica; consecuentemente; se comisiona a cualesquiera de las actuarias de la adscripción para que practique las subsecuentes notificaciones que deban ser personales, por dicha vía (electrónica). Además, se tiene a la parte quejosa proporcionando como como datos de contacto el correo electrónico ********@gmail.com, como forma especial y expedita de contacto, a través del cual se pueda entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente; lo que se hace con fundamento en los artículos 3, de la Ley de Amparo; 22 y 28, del aludido Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con la finalidad de privilegiar la salud de las partes, personal de este órgano jurisdiccional y quienes intervienen en el presente juicio, dentro del contexto del fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. 5. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma.
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