Edgar Abraham Trujillo García

Expediente 916/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
916/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/01/2022

Partes del expediente

  • Edgar Abraham Trujillo García

Actuaciones

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, trece de enero de dos mil veintidós. Visto; agréguese sus autos para que obre como corresponda el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual transcribe el proveído de veintiuno de diciembre de dos mil veintiuno, emitido en los autos del juicio de amparo 2447/2021-VI, de su índice, del que se desprende que acusa recibo del oficio por el cual le fue remitido el amparo 916/2021-III, del índice de este juzgado y acepta la competencia que le fue planteada, avocándose al conocimiento del citado juicio. En consecuencia, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo con la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.

  2. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Visto; el ocurso presentado por el quejoso Edgar Abraham Trujillo García, por el que da cumplimiento a la prevención que le fuera hecha por auto de siete de diciembre de la presente anualidad y manifiesta que las autoridades señaladas como responsables dentro de los autos del presente juicio de amparo, tienen su residencia en Tlaquepaque, Jalisco; en consecuencia, la Jueza acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. "1. De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo cualquier acto, acuerdo, determinación o autorización para destituirme como DELEGADO REGIONAL EN COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, cargo que desempeñó hasta el día de la fecha y la orden de no pagar mi salario. 2. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo precisamente la ejecución de los actos atribuibles a las responsables ordenadoras consistente en LA ORDEN DE NO PAGAR MI SALARIO que legalmente me corresponde COMO DELEGADO REGIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y LA ORDEN DE DESTITUIRME DE MI PUESTO. 3. LA ORDEN DE BAJARME EL SUELDO Y CAMBIARME DE ADSCRIPCIÓN." INCOMPETENCIA. Ahora bien, toda vez que la competencia legal constituye un presupuesto de orden público, primeramente, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo recibida. Para tal efecto, es necesario traer a contesto el contenido del artículo 37 de la Ley de Amparo, que en lo conducente dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.". Del precepto legal transcrito se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, las cuales se puntualizan en el orden siguiente: El último párrafo del precepto en comento se establece la regla consistente en que cuanto la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución materia, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. La segunda regla se encuentra contenida en el primer párrafo del citado numeral, la que se caracteriza porque el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juzgado de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La tercera previsión normativa que se contiene en el comentado artículo 37 de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz de la regla anterior, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de una distrito o si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro, entonces es competente el Juez de Distrito ante quien se presentó la demanda. Ahora bien, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que: El aquí quejoso Edgar Abraham Trujillo García, tiene laborando a parir de junio de dos mil trece en el Instituto de Ciencias Forenses en Colotlán, Jalisco, como perito y desde dos mil dieciocho, fue nombrado como Delegado Regional del Instituto de Ciencias Forenses en Colotlán, Jalisco. Que estando activo y en funciones y en cumplimiento con sus deberes, la Directora Administrativa, así como el Director de Delegaciones Regionales, ambas en Tlaquepaque, Jalisco, le informaron que por órdenes superiores y por cuestiones políticas, lo iban a destituir y no podía seguir laborando para dicha institución. Como quedó destacado, el quejoso Edgar Abraham Trujillo García acude a esta instancia constitucional reclamando esencialmente: "1. De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo cualquier acto, acuerdo, determinación o autorización para destituirme como DELEGADO REGIONAL EN COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, cargo que desempeñó hasta el día de la fecha y la orden de no pagar mi salario. 2. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo precisamente la ejecución de los actos atribuibles a las responsables ordenadoras consistente en LA ORDEN DE NO PAGAR MI SALARIO que legalmente me corresponde COMO DELEGADO REGIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y LA ORDEN DE DESTITUIRME DE MI PUESTO. 3. LA ORDEN DE BAJARME EL SUELDO Y CAMBIARME DE ADSCRIPCIÓN." Lo que atribuye a las siguientes autoridades responsables: Director General, Coordinadora de Recursos Humano, Dirección Administrativa y Director de Delegaciones Regionales, todas con sede en Tlaquepaque, Jalisco. En ese contexto, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que las consecuencias derivadas de la destitución del puesto del quejoso, como Delegado Regional en Colotlán, Jalisco, surtirán efectos en el lugar en que se encuentra laborando con dicho cargo, esto es, en Colotlán, Jalisco, el cual tendría ejecución debido a las órdenes emitidas y que son reclamadas a las autoridades ya precisadas, radicadas en Tlaquepaque, Jalisco, esto es, fuera de la jurisdicción territorial de este Juzgado. Por tanto, toda vez que la ejecución de las consecuencia derivadas de los actos reclamados surtirán efectos fuera de la residencia de este órgano jurisdiccional, es evidente que opera la hipótesis contenida en el párrafo primero, del artículo 37 de la Ley de Amparo, en donde se establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, lo cual hace patente la incompetencia de este Juzgado para conocer de la demanda en estudio. En razón de lo anterior, de conformidad con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la república mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgado de Distrito, se considera que la competencia para conocer del presente asunto se surte a favor del Juez de Distrito en Materias Administrativa Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, ya que el mismo ejercer jurisdicción territorial en el distrito judicial en el que surtirán efectos las consecuencias derivadas de las omisiones reclamadas. Lo anterior, máxime que la parte quejosa expresamente en su demanda de amparo manifiesta que las autoridades de las que emana el acto reclamado residen en Tlaquepaque, Jalisco, sin que haya señalado autoridad alguna dentro de la jurisdicción de este Juzgado. Consecuentemente, ante las consideraciones expuestas, en términos del artículo 37, en relación con el 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir el presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materias Administrativa Civil y del Trabajo del Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para lo que tenga a bien determinar; e informe si acepta o no el conocimiento del mismo. Por otra parte, se estima que en el presente caso no se cumple con la hipótesis normativa prevista en el artículo 48, primer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de que este Juzgado de Distrito se pronuncie respecto de la suspensión del acto reclamado que fue solicitada en la demanda de amparo; esto es así, ya que los actos que reclama no se trata de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de un procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Fórmese con impresión de la aludida demanda y demás constancias correspondientes, el cuaderno de antecedentes y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el sistema integral de seguimiento de expedientes.

  3. Principal

    se publica auto con efectos de notificar a la arte quejosa: Zacatecas, Zacatecas, siete de diciembre de dos mil veintiuno. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edgar Abraham Trujillo García, por su propio derecho, contra actos del Director General del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y otras autoridades; se acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 916/2021-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). PREVENCIÓN. Toda vez que de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que la misma presenta irregularidades, pues en el apartado relativo a las autoridades responsables, refiere: "III. AUTORIDADES RESPONSABLES. A). Señalo como responsables ordenadoras a: 1. DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES. B). Señalo como responsables ejecutoras a: 2. COORDINADORA DE RECURSOS HUMANOS DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES. 3. DIRECIÓN ADMINISTRATIVA DEL INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES. 4. DIRECTOR DE DELEGACIONES REGIONALES DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES." Asimismo, señala como acto reclamado lo siguiente: "De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo: De las autoridades señaladas como responsables ordenadoras reclamo cualquier acto, acuerdo, determinación o autorización para destituirme como DELEGADO REGIONAL EN COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES, cargo que desempeñó hasta el día de la fecha y la orden de no pagar mi salario. De las autoridades señaladas como responsables ejecutoras reclamo precisamente la ejecución de los actos atribuibles a las responsables ordenadoras consistente en LA ORDEN DE NO PAGAR MI SALARIO que legalmente me corresponde COMO DELEGADO REGIONAL DE COLOTLÁN, JALISCO DEL INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y LA ORDEN DE DESTITUIRME DE MI PUESTO. LA ORDEN DE BAJARME EL SUELDO Y CAMBIARME DE ADSCRIPCIÓN." De lo anterior, se advierte que el quejoso se duele medularmente de la orden de destituirlo de su puesto como Delegado Regional en Colotlán, Jalisco, por lo que pudiera entenderse que las autoridades que señala como responsables, residen en Colotlán, Jalisco; sin embargo, considerando que no se debe resolver con base en presunciones, el quejoso debe ser preciso en cuanto al lugar de residencia de las autoridades responsables; lo que deberá realizar, sin soslayar lo que al efecto disponen lo artículos 248 y 261, fracción I, de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa, para que dentro del plazo de cinco días, siguientes al día en que surta efectos la notificación de este proveído, con las copias necesarias a que se refiere el artículo 110 de la ley de la materia y bajo protesta de decir verdad: Precise el lugar de residencia de las autoridades que señala como responsables; ello, tomando en consideración que se duele medularmente de la orden de destituirlo de su puesto como Delegado Regional en Colotlán, Jalisco. En ese sentido, se hace énfasis que la Ley de Amparo prevé consecuencias penales para quien se conduzca con falsedad, en términos del numeral 261, fracción I, de la Ley de Amparo, que estipula que se impondrá sanción de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días de salario, al quejoso en un juicio de amparo que al formular su demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el amparo; y, en el caso especial, el artículo 248, al establecer una multa de cincuenta a quinientos días a quien para dar competencia a un juez de distrito, de mala fe designe como autoridad ejecutora a quien no lo sea. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la promovente que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido, en el término indicado, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada su demanda de amparo. DESIGNACIÓN DE AUTORIZADO. Téngase por autorizado para oír y recibir notificaciones en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo al licenciado Salvador Lara Martínez, cuyo dato relativo a su cédula profesional que lo faculta para ejercer la profesión de licenciado en derecho se encuentra en la parte superior del escrito de demanda; asimismo, se tiene por autorizado únicamente para imponerse de autos y oír y recibir notificaciones, más no para promover, a Aarón Casillas Noyola, toda vez que no se proporcionaron los datos del documento que lo faculta a ejercer la profesión de licenciado en Derecho o Abogado, tal como lo exige la primera parte del párrafo segundo del ordenamiento legal en consulta. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en los artículos 55, 58 y 66 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los Asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a Cargo del propio Consejo, se le autoriza para recibir notificaciones vía electrónica, con nombre de usuario SALVADORLARA, así como la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al presente juicio; en consecuencia, se comisiona a la Analista Jurídico S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes), para que realice las gestiones necesarias para tales efectos. En el entendido que con el objeto de brindar certeza a las partes y atendiendo a lo señalado en el diverso numeral 62, del citado Acuerdo General, debe señalarse que las notificaciones por vía electrónica tendrán lugar con motivo de la consulta de la resolución judicial correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, lo que generará la constancia respectiva, o cuando sin haber revocado la referida solicitud, se ingrese un acuerdo al expediente electrónico para la consulta de las partes, dentro del plazo de dos días hábiles siguientes, por no haber realizado la consulta de la resolución respectiva, se genere la constancia que corresponda. Ahora bien, toda vez que la parte actora señala como domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Aralias, número doscientos trece (213), Fraccionamiento Villa Verde, en Zacatecas y solicita que se le practiquen vía electrónica; a fin de evitar la duplicidad de notificaciones considerando que las notificaciones electrónicas sustituyen a cualquiera de las efectuadas por las vías tradicionales (personales, mediante oficio y por lista), deberá el promovente precisar cuál es la vía que elige para esos fines; por tanto, notifíquesele el presente auto y requiérasele para que en el término de tres días, a que se refiere la fracción II, del artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, precise cuál es la vía que elige; apercibido que de no hacerlo, se practicarán las subsecuentes únicamente por vía electrónica, misma que fue autorizada en párrafo precedente. Es aplicable a lo anterior, por similitud jurídica, el criterio sustentado por l. en la tesis 1o.P.34 K, publicada en la página 2364, del libro 58, septiembre de dos mil dieciocho, tomo lll, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, materia común, con número de registro 2017924, de rubro y texto: "NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS EN EL JUICIO DE AMPARO. SUSTITUYEN A CUALQUIERA DE LAS EFECTUADAS POR LAS VÍAS TRADICIONALES (PERSONALES, MEDIANTE OFICIO Y POR LISTA), POR LO QUE EL ÓRGANO DE AMPARO DEBE PRACTICAR TODA CLASE DE COMUNICACIÓN CON LA PARTE QUE ASÍ LO DESIGNE, ÚNICAMENTE POR ESE MEDIO. El artículo 26 de la Ley de Amparo prevé cuatro vías para notificar los autos o resoluciones emitidos en el juicio de control constitucional, a saber: a) en forma personal; b) por oficio; c) por lista; y, d) la electrónica; siendo que cada una de éstas se encuentra expedita para emplearse en situaciones jurídicas concretas, incluso, para partes procesales en particular. De ese modo, las notificaciones relativas a los incisos a), b) y c) son las vías "tradicionales" en las que éstas se practican en un juicio de amparo, pues se comprende que si el órgano jurisdiccional pretende notificar personalmente una determinación a alguna de las partes, ya sea por previsión de la ley o porque lo estima necesario, dependiendo de la parte procesal de que se trate, empleará alguna de las vías de notificación a) y b), es decir, en forma personal o por medio de oficio; pero si considera que es innecesario que la comunicación respectiva se haga así, el auto o resolución deberá notificarse como lo señala el inciso c), o sea, por medio de lista, pues no puede haber proveído alguno que carezca de publicidad. Por su parte, la notificación citada en el inciso d), es decir, la referente a la vía electrónica, constituye un medio "especial" por el cual, las partes que así lo soliciten, se hacen sabedoras de los acuerdos o resoluciones que se dicten en el controvertido constitucional, siendo que, salvo en situaciones específicas, la notificación electrónica sustituye a las indicadas como vías "tradicionales" (o sea, a la notificación personal, por oficio y por lista), debiendo practicar el órgano de amparo toda clase de comunicación con la parte que así lo designe, por ese medio. Esto es así, pues del artículo 30 de la ley de la materia, en el que se reglamenta cómo deben llevarse a cabo las notificaciones electrónicas, se advierte la carga procesal u obligación de la parte que elija dicho modo de notificación, de estar diariamente, o sea, de modo permanente, al pendiente del expediente digital, a fin de que oportunamente esté enterada de los pronunciamientos que se decreten en él, de donde se colige que cuando una de las partes elige que las actuaciones emanadas del juicio se le notifiquen electrónicamente, lo conducente es que se le practiquen todas sus notificaciones por esa vía, incluso, las de carácter no personal, salvo casos en los que el órgano de amparo, atento a la naturaleza del acto, estime que deban efectuarse por el actuario mediante otro método. Lo anterior, ya que ni la Ley de Amparo ni el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, prevén alguna disposición que indique que la notificación electrónica deba emplearse única y exclusivamente respecto de proveídos o determinaciones que deben hacerse del conocimiento personal de la parte procesal de que se trate, mientras que el resto (o sea, las de carácter no personal) deban efectuarse por otra vía, como por ejemplo, por medio de lista; ni tampoco en los ordenamientos jurídicos referidos existe dispositivo que señale que la notificación electrónica deba duplicarse o estar a la par de cualquiera de las vías "tradicionales", pues en congruencia con la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo vigente, la notificación electrónica es una vía adoptada libre y voluntariamente por las partes, para que puedan tener conocimiento y consultar de forma pronta, rápida, ágil e inmediata, todas y cada una de las determinaciones que en aquél lleguen a emitirse, sin soslayar que es una vía que representa la utilización de menos recursos humanos, materiales y hasta logísticos del órgano jurisdiccional para llevar a cabo la diligencia de notificación. Por tanto, en el sumario es ilegal que la misma parte procesal (como lo es la quejosa) tenga dos o más vías para que se le practiquen sus notificaciones, ya que ello genera incertidumbre en el adecuado trámite y sustanciación del juicio de control constitucional, por ejemplo, para el cómputo de los plazos y términos que se fijen en el expediente, pues al haber dos o más vías de notificación sin precisar cuál de ellas es la efectiva para esos fines, podría derivar en que tuvieran que hacerse dos o más cómputos de términos o plazos para una misma parte procesal, en la medida en que las notificaciones "tradicionales" y "especial" surten efectos de manera distinta, de conformidad con el artículo 31 de la ley citada, situación que, además de que se estima impropia desde un enfoque adjetivo, también podría utilizarse intencionalmente para obtener ventajas procedimentales inadecuadas, verbigracia, para la presentación de escritos, desahogo de vistas, ofrecimiento de pruebas o interposición de recursos, entre otros supuestos." INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso trámite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del artículo 3 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021.

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