Eder Yosimar Rodríguez

Expediente 81/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 14 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Eder Yosimar Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, dictada en el presente juicio, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha causado estado; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible. Devuélvase a la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, las constancias que remitió como soporte de su informe justificado y que constituyen el tomo I de este juicio, agregando a los autos la carátula que lo contenía.

  2. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, atento al contenido de las constancias que lo integran, quien resuelve advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia aducida y prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." A efecto de una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Los quejosos Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por conducto de quien se ostenta su defensor particular, licenciado J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, reclaman del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, la omisión de dictar sentencia dentro del proceso penal 53/2018. Luego, de las constancias que remitió la responsable, Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante oficio 49/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, registrado en este órgano jurisdiccional con el número 1064, consistentes en copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de falle dictada en la causa 53/2018, copia certificada de la sentencia definitiva, dictada el quince de diciembre de dos mil veinte y de las notificaciones realizadas a las partes formales y materiales de la sentencia; se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte en audiencia de fallo judicial celebrada dentro de la causa penal 53/2018, seguida contra Alfredo Alvarado Pérez, Alfredo Jiménez López, Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, se dictó fallo absolutorio a favor de los aquí quejosos y como consecuencia se decretó la libertad; asimismo, que el quince de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva absolutoria a favor de Alfredo Alvarado Pérez, Alfredo Jiménez López, Eder Yosimar Rodríguez Flores y Juan Antonio Vargas Torres, dentro de la causa penal 53/2018, seguida en su contra por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, dejando sin efecto la medida cautelar impuesta a los antes señalados, el quince de diciembre de dos mil veinte, se notificó de manera personal a Eder Yosimar Rodríguez Flores y vía telefónica por conducto de quien dijo ser su madre de nombre María Torres Puente, a Juan Antonio Vargas Torres, el contenido de la referida sentencia; y, al efecto acompañó copia certificada copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de falle dictada en la causa 53/2018, copia certificada de la sentencia definitiva, dictada el quince de diciembre de dos mil veinte y de las notificaciones realizadas a las partes, documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la sentencia definitiva dentro de la causa 53/2018 seguida en su contra por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, cesaron los efectos del acto reclamado, que los quejosos Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por conducto de quien se ostenta su defensor particular, licenciado J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, le atribuyeron al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, la omisión de dictar sentencia. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las doce horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  3. Principal

    SE PUBLICA CON EFECTOS DE NOTIFICACION PARA LA REPRESENTANTE ESPECIAL DEL MENOR TERCERO INTERESADO: Visto; el estado que guardan los presentes autos, atento al contenido de las constancias que lo integran, quien resuelve advierte la actualización de manera notoria, manifiesta e indudable de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". En efecto, en el caso concreto se advierte que se actualiza la causal de improcedencia aducida y prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." A efecto de una mejor comprensión de lo que aquí se resuelve, es importante realizar ciertas precisiones en cuanto a la naturaleza y contenido de la causal de improcedencia que se invoca. En principio, cabe precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sustentado diversas tesis que aparecen publicadas en las páginas 2443, 731, 774 y 2161, de los Tomos XVIX, LXXXIX, XCIII y LVIII, del Semanario Judicial de la Federación, respectivamente, cuyos rubros y textos son los siguientes: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Sólo puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación, se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada." "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La cesación de los efectos del acto reclamado que amerita que se sobresea, no consiste en que tales efectos ya no se puedan producir en lo futuro, sino que es necesario que sobrevenga una revocación total del acto y de los efectos que haya producido, pues de otra manera se dejaría de juzgar, sin motivo, de la legalidad del acto y sus efectos, en el periodo comprendido entre el día en que se realizó y aquel en que cesó. En otras palabras, para que se pueda admitir que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera existido. Por tanto, si una ley viene a establecer reglas para el futuro, en determinada materia, pero deja en pie lo ocurrido antes a virtud del acto reclamado, la materia del amparo subsiste, aun cuando puede quedar limitada a cierto tiempo y por lo mismo, no hay cesación de efectos." "ACTOS RECLAMADOS, CESACIÓN DE LOS. Para que se pueda estimar que han cesado los efectos del acto reclamado, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido, y la revocación debe ser definitiva y no provisional." "ACTO RECLAMADO, CUANDO HAY CESACIÓN DEL. Es cierto que la Ley de Amparo establece como causa de improcedencia, el hecho de que hayan cesado los efectos del acto reclamado; pero tratándose de actos que se tradujeron en una situación de hecho, esa cesación no puede producirse por la sola determinación de la autoridad responsable, revocando el acuerdo que dio origen anteriormente a ella, pues para que positivamente cesen esas consecuencias, es preciso que la autoridad, tras de revocar su resolución, dicte las medidas eficaces encaminadas a establecer positivamente las cosas al estado que tenían antes de ejecutarse el acto de que se trata." Del texto de las tesis reproducidas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales violados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que pueda ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Los quejosos Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por conducto de quien se ostenta su defensor particular, licenciado J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, reclaman del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, la omisión de dictar sentencia dentro del proceso penal 53/2018. Luego, de las constancias que remitió la responsable, Juez Presidente del Tribunal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, mediante oficio 49/2021, de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, registrado en este órgano jurisdiccional con el número 1064, consistentes en copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de falle dictada en la causa 53/2018, copia certificada de la sentencia definitiva, dictada el quince de diciembre de dos mil veinte y de las notificaciones realizadas a las partes formales y materiales de la sentencia; se advierte que el ocho de diciembre de dos mil veinte en audiencia de fallo judicial celebrada dentro de la causa penal 53/2018, seguida contra Alfredo Alvarado Pérez, Alfredo Jiménez López, Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, se dictó fallo absolutorio a favor de los aquí quejosos y como consecuencia se decretó la libertad; asimismo, que el quince de diciembre de dos mil veinte, se dictó sentencia definitiva absolutoria a favor de Alfredo Alvarado Pérez, Alfredo Jiménez López, Eder Yosimar Rodríguez Flores y Juan Antonio Vargas Torres, dentro de la causa penal 53/2018, seguida en su contra por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, dejando sin efecto la medida cautelar impuesta a los antes señalados, el quince de diciembre de dos mil veinte, se notificó de manera personal a Eder Yosimar Rodríguez Flores y vía telefónica por conducto de quien dijo ser su madre de nombre María Torres Puente, a Juan Antonio Vargas Torres, el contenido de la referida sentencia; y, al efecto acompañó copia certificada copia certificada del registro de audio y video de la audiencia de falle dictada en la causa 53/2018, copia certificada de la sentencia definitiva, dictada el quince de diciembre de dos mil veinte y de las notificaciones realizadas a las partes, documentales que cuentan con pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por disposición de su ordinal 2°. Atento a lo anterior, queda de manifiesto que con el dictado de la sentencia definitiva dentro de la causa 53/2018 seguida en su contra por los delitos de Homicidio Calificado, Robo Calificado y Abigeato Calificado, en perjuicio de quien en vida respondió al nombre de Francisco Mireles Estrada y el segundo en agravio de Fátima Guadalupe Mireles Estrada, cesaron los efectos del acto reclamado, que los quejosos Juan Antonio Vargas Torres y Eder Yosimar Rodríguez Flores, por conducto de quien se ostenta su defensor particular, licenciado J. Jesús Maquir Enríquez Rodríguez, le atribuyeron al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, la omisión de dictar sentencia. Sustenta lo anterior, tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. Texto: De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Entonces, en tanto que han cesado los efectos del citado acto reclamado, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. En vista de lo anterior, y toda vez que se encuentran programadas las doce horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, se procede a dejarla sin efectos, dado el sobreseimiento decretado en el presente juicio constitucional; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y comuníquese lo anterior a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Sirve de fundamento, la tesis jurisprudencial: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial".

  4. Principal

    Visto; el estado que guardan los presentes autos, del que se advierte que no obra el emplazamiento de los terceros interesados Gloria Galilea y Emanuel Alejandro de apellidos Mireles Reza, así como la menor de edad de iniciales Y.S.M.R., por conducto de su madre Gloria Lorena Edith Reza Bertauld, por lo que, a efecto de no dejar en estado de indefensión a los citados terceros, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy y, en su lugar se fijan las doce horas con diez minutos del treinta de abril de dos mil veintiuno, para su celebración.

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