Edgar Abraham Garcia Martínez
Expediente 5/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 5/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Edgar Abraham Garcia Martínez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Estado de autos. De la certificación precedente, se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de cinco de enero pasado, por el cual se desechó la demanda de amparo. Causa Estado. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. Archivo. Por otra parte, vista la cuenta precedente y el estado que guarda este asunto, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Anotaciones. En el libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE, háganse las anotaciones correspondientes. Calificación del expediente. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: El presente expediente es susceptible de destrucción, por tratarse de un asunto en el cual se desechó la demanda de amparo (artículo 21, inciso b) del citado acuerdo general). En el entendido que no existen documentos originales exhibidos por las partes de los referidos en la fracción XVIII del artículo 3° del citado acuerdo general, ni garantía alguna. Asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente asunto carece de relevancia documental (pues no encuadra en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado Acuerdo General Conjunto). Además, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 21 del Acuerdo en comento, se procederá a la destrucción, para remitirse al Centro archivístico respectivo. ...
- Principal
Toluca, Estado de México; cinco de enero de dos mil veintitrés. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Por recibida la demanda de amparo promovida por********************, por propio derecho contra actos del Juez Octavo Familiar de Toluca, Estado de México, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 5/2023-VII. IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de amparo, pues las causas previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en estudio. Ahora, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio, pues las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo y las referida en la última fracción del propio precepto legal, de conformidad con el diverso 62, de la citada ley de la materia, son de examen preferente y deben analizarse aun de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y escrito aclaratorio. Lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se obtiene que la impetrante tilda de inconstitucional, lo siguiente: La sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil veintidós emitida en la controversia familiar ********************, en la que se resolvió infundado el recurso de revocación promovida por la actora en contra de la sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil veintidós en la cual se negó la expedición de la copia de la videograbación de la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós. Lo reseñado evidencia la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con lo dispuesto en los diversos 107, fracción V, 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que literalmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta la Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)." "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)." De lo expuesto se obtiene, que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, como son la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, porque esta afectación o sus consecuencias, no se destruyen tácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga un laudo favorable a sus pretensiones en el juicio y por el contrario, los actos de ejecución reparable no tocan tales valores. Es decir, el prototipo de los actos irreparables está en la infracción de los derechos sustantivos, en razón de que éstos constituyen especies de los cuales la ley fundamental preserva al gobernado como géneros. El supuesto de los reparables se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que toman las partes en el procedimiento, con vista a obtener una sentencia favorable; por lo que, cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica, en el caso, podrá reclamar dicho pago con las costas que originen con la tramitación del juicio. Ellos es así, pues el amparo indirecto procede, por regla general, entre otros supuestos, contra actos de imposible reparación dictados en un procedimiento que aún no ha concluido, cuando los daños causados por éstos no tengan reparación alguna para el gobernado, por afectar sus derechos sustantivos y no los adjetivos, de acuerdo con la siguiente distinción: - Derechos Sustantivos. Son los que lesionan los derechos fundamentales de la parte agraviada, en virtud de que la afectación no se destruye con el solo hecho de que quien la sufra obtenga un laudo favorable en el juicio. - Derechos Adjetivos. Son los que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal, pues inciden en el procedimiento legal, de acuerdo a como se desarrolla éste, debido a la intervención de las partes con vista a la obtención de un laudo favorable; por lo cual, si esto se logra, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Así, la distinción entre un derecho sustantivo y un adjetivo, para determinar cuándo se está en presencia de un acto de imposible reparación, versa en la afectación sufrida por el gobernado en relación con sus derechos fundamentales y los actos procesales que se dicten dentro del procedimiento respectivo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia 189 visible en la páginas 154, del Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, que establecen: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV, previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Sobre la base expuesta, debe estimarse que la resolución reclamada, no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata, alguno de sus derechos sustantivos protegidos por la Constitución o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, porque los pronunciamientos de mérito, ningún perjuicio irreparable le irrogan, pues los efectos de ese tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen en el supuesto de que se obtenga una sentencia favorable, y dichas erogaciones pueda reclamarlas con las costas judiciales. Se estima aplicable en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el número 3a./J. 40 26/89, en la página 280, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Primera Parte, Octava Época, con el registro 207332, cuyo rubro y texto son: "AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUANDO Y COMO PROCEDE. La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar "las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo". La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto." En efecto, la sentencia interlocutoria de doce de diciembre de dos mil veintidós dictada en la controversia familiar ********************, en el que el Juez Octavo Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, declaro infundados los agravios expuestos por la parte actora , por lo anterior no afecta derechos sustantivos ya que: 1.-La resolución únicamente versa sobre la copia de la videograbación de la audiencia de veinte de octubre de dos mil veintidós solicitada por la actora. 2.-No afecta de forma alguna derechos sustantivos la no expedición de la copia de la videograbación. 3.-El acto impugnado es reparable si obtiene sentencia a su favor, y por lo anterior no deja huella en la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior, guarda congruencia, con el hecho de que admitir y dar trámite al juicio constitucional por cuanto hace al acto reclamado, a nada práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo, y a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Sobre el particular se invoca en la jurisprudencia IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página 1539 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Décima Época, Materia Común, número de registro 2006338, que a la letra dice: .... En tal virtud, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V y 172, fracción III, de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda promovida por********************, por propio derecho contra actos del Juez Octavo Familiar de Toluca, Estado de México. Domicilio. De conformidad con los artículos 305 y 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y 26 de la ley de la materia, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el proemio de la demanda de cuenta. ...Notifíquese personalmente.
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