Eder Garduño Martínez
Expediente 176/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 176/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/02/2017
Partes del expediente
- Eder Garduño Martínez
- Juan Gomez Colin y Otros.
- Román Gómez Enríquez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintidós de febrero de dos mil diecisiete. La certificación de cuenta, evidencia que la parte quejosa no recurrió el auto de tres de febrero de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Por otra parte, vista la cuenta precedente y del estado que guarda el presente expediente, del cual se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente expediente al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Asimismo, el presente sumario no es de relevancia documental, pues no encuadra en ninguno de los supuestos a que hace referencia el último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto de referencia. A la parte quejosa se le comunica que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, Israel Díaz Reyna, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Encargado del Despacho por licencia otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon, que autoriza, firma y da fe.
- Principal
Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
I. (SE LISTA CITATORIO QUEJOSOS), SE NOTIFICA POR LISTA A LOS QUEJOSOS JUAN GÓMEZ COLÍN, EDER GARDUÑO MARTINEZ Y ROMÁN GÓMEZ ENRIQUEZ, EL ACUERDO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL EN LO CONDUCENTE DICE: I. Toluca, Estado de México; tres de febrero de dos mil diecisiete. Radicación. Por recibida la demanda de amparo promovida por Juan Gómez Colín, Eder Garduño Martínez y Román Gómez Enríquez, por derecho propio, contra actos del Juez de Juicio Oral, del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez Estado de México, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número 176/2017-I. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es menester establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar la demanda para saber si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Al respecto, se considera necesario destacar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, del texto: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." En ese sentido, es pertinente destacar que en la especie el acto reclamado en el presente asunto, consiste esencialmente en la nulidad de las pruebas que ofertó el Ministerio Publico, en la audiencia de formulación de imputaciones dentro del juicio oral 38/2016, del índice del Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez. Hecho lo anterior, este Juzgado considera que respecto del acto reclamado indicado en el párrafo que antecede, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61, de la Ley de Amparo; que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" Lo anterior es así, en virtud de que de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama de manera destacada la nulidad de las pruebas que ofertó el Ministerio Publico, en la audiencia de formulación de imputaciones dentro del juicio oral 38/2016, del índice del Juez de Control y Juicios Orales del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez; sin embargo, en el propio escrito la parte quejosa, refiere que el veintidós de octubre de dos mil catorce se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los hoy quejosos, por el delito de secuestro. Bajo ese orden de ideas, se colige que ha cambiado la situación jurídica de los agraviados, pues pasaron de ser imputados a procesados, por ello, deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones que pudiese contener la audiencia de formulación de imputación que por esta vía reclama, en este caso a la nulidad de pruebas que oferto el Ministerio Publico dentro de dicha audiencia, la cual ha sido sustituida por el auto de vinculación a proceso de veintidós de octubre de dos mil catorce. En esas condiciones, resulta claro que se presentó un cambio de situación jurídica en la esfera de derechos de los quejosos, lo que impide a este órgano jurisdiccional entrar al estudio de fondo del acto reclamado, y decidir sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de esto, sin afectar la nueva situación jurídica de los quejosos. Por tanto, al haberse emitido auto de vinculación a proceso en contra de la parte quejosa, por intervención en el delito de secuestro, dentro del juicio oral 38/2016, del índice del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, Estado de México, es evidente que los quejosos actualmente se encuentran sujetos a la jurisdicción del Juez responsable, con motivo del referido auto de vinculación, y no de la audiencia de formulación de imputación, por lo cual procede desechar la demanda de amparo respecto del acto reclamado, por configurarse la causal de improcedencia en estudio, prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Es aplicable en lo conducente la tesis XVII.1º.P.A.29 P (10a.), publicada en la página 2635, Libro XXXIV, Tomo IV del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2016, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2012691, de rubro y texto: "CALIFICACIÓN DEL CONTROL DE LA DETENCIÓN. SI SE RECLAMÓ EN EL JUICIO DE AMPARO Y SE DICTA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, ELLO ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, POR LO QUE DICHA CIRCUNSTANCIA NO LIMITA AL QUEJOSO PARA RECLAMAR LA ILEGALIDAD DE AQUÉLLA EN DIVERSO JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA EL AUTO, NI AL JUEZ DE DISTRITO DEL CONOCIMIENTO PARA VERIFICAR SI LA DETENCIÓN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES. Si en el juicio de amparo se reclama la calificación del control de la detención, con el dictado del auto de vinculación a proceso, se provoca un cambio de situación jurídica; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. No obstante, la estandarización en la protección del derecho humano a la libertad personal en el ámbito nacional e internacional, amerita el control de la detención con apego a la Constitución Federal y a los tratados internacionales de los que México es Parte, traducido en un ejercicio auténtico de los órganos jurisdiccionales, y siendo dicho control el mecanismo establecido para analizar si fue o no trastocado ese derecho del imputado, elevado a la categoría de orden público, propicia su análisis preferente y oficioso al resolverse la situación jurídica, en términos del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En esas condiciones, la circunstancia de que se actualice la citada causa de improcedencia, no limita al quejoso para reclamar la ilegalidad de la detención en diverso juicio de amparo promovido contra dicho auto de vinculación a proceso, ni al Juez de Distrito del conocimiento para verificar, aun en suplencia de la queja deficiente de la expresión de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la misma ley, si cumplió con los requisitos constitucionales, dada la estrecha relación jurídica existente entre ambas actuaciones procesales en cuanto a la afectación de la libertad personal. Para robustecer la anterior conclusión, basta tener en cuenta que los datos de investigación se relacionan con el hecho de la detención y son sujeto de valoración a cargo del Juez de Garantía al dictar el auto de vinculación a proceso; de ahí la necesidad de constatar previamente si los datos fueron obtenidos en respeto a los derechos fundamentales del imputado, lo cual involucra la detención, pues de haber acontecido una transgresión, se estaría ante una posible violación al debido proceso y obtención de prueba ilícita." De igual forma, tiene aplicación en lo conducente la tesis II.2o.P.20 P (10a.), publicada en la página 1287, Libro XV, Tomo 2 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Diciembre de 2012, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2002240, de rubro y texto: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SU EMISIÓN ACTUALIZA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO ES LA ORDEN DE APREHENSIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MÉXICO). En el sistema penal tradicional la emisión del auto de formal prisión posterior a la orden de aprehensión, cuando ésta es señalada como acto reclamado, generaba un cambio de situación jurídica en términos de la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo, que hacía improcedente el juicio de garantías. Ahora, en el actual sistema de justicia penal de corte acusatorio acontece lo mismo con el dictado del auto de vinculación a proceso, pues éste produce -en esencia- los mismos efectos que el de formal prisión; por ejemplo, según el caso y al menos indirectamente restringe la libertad del impetrante de garantías, al estar sujeto a un proceso penal instaurado en su contra con todas las consecuencias que pueda acarrear, destacándose que ambas resoluciones constituyen el inicio de una nueva y diversa fase intraprocesal que genera a futuro sus propios efectos, distintos a los que en su momento se atribuyeron a la orden, aspectos que ya no podrían analizarse en el amparo, sin afectar en su caso a la diversa situación del impetrante que ahora se encuentra bajo los efectos formales de la resolución de término constitucional. De ahí que opere igualmente la causal de improcedencia en términos de la fracción y numeral citados." Así como la diversa jurisprudencia II.2o.P. J/8, publicada en la página 1168, Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octubre de 1999, Novena Época, Materia Penal, con número de registro 193212, que a la letra dice: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE. Si el acto reclamado consiste en la orden de aprehensión y con posterioridad se decreta auto de formal prisión, se produce un cambio de situación jurídica y se estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 73 de la Ley de Amparo reformada, según publicación en el Diario Oficial de la Federación del ocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, como así se desprende del texto que dice: "Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera instancia hará que se considere irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez cerrada la instrucción y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;". La que entró en vigor al día siguiente de su publicación, es decir, el nueve del mismo mes y año, según su artículo transitorio primero, que dice: "El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación." En consecuencia, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa promovida por Juan Gómez Colín, Eder Garduño Martínez y Román Gómez Enríquez, contra actos del Juez de Juicio Oral del Distrito Judicial de Toluca, estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez y otras autoridades, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio señalado en la presente demanda. Autorizados. En atención a la certificación de cuenta, se tienen por autorizado a William Pérez Santos de conformidad con la parte final del párrafo segundo del artículo 12 de la Ley de Amparo, esto es, solo para oir y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por no tener registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Segundo Transitorio de la citada Ley, en caso de solicitarse una versión pública de la resolución que se emita en este juicio, se ordena clasificar la información que, en su caso, fuese reservada y suprimir la confidencial de las partes en términos de los artículos 110 y 113 de dicha norma. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Maria Isabel Lopez Mondragon que autoriza, firma y da fe.
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