Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas
Expediente 142/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 142/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
. Agréguese a los autos el oficio remitido por la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite el testimonio de la resolución emitida en el recurso de queja ***, en la que el mencionado órgano colegiado resolvió declarar infundado el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa... archívese como asunto concluido... se declara que este asunto carece de relevancia documental... es susceptible de destrucción
- Principal
.Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria en funciones de Administradora adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 39/2022-I, orden 63/2022-I del índice de este juzgado, librado en el presente sumario; acúsese recibo. . Ahora, de la razón actuarial levantada por el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, se advierten los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido acuerdo y esta determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
Se notifica por medio de lista de estrados a la parte quejosa Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas, los autos de veintidós de febrero y diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mismos que refieren: "I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas, por propio derecho, contra un acto del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 142/2022-I III. Decisión sobre la acción de amparo. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: Época: Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte un motivo de improcedencia que reúne las diversas características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable. En efecto, la parte quejosa reclama a) la terminación de la relación laboral del quejoso Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas y el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo de la UMF 11 de Playa del Carmen y b) la baja de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, por lo que, se actualiza la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1° fracción I y 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que a continuación se citan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De los artículos transcritos, se advierte que en el juicio de amparo, tiene el carácter de autoridad, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De igual forma, tienen el carácter de autoridad responsable los particulares cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en forma equiparable a las autoridades y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese orden de ideas, el juicio de amparo resulta improcedente contra actos que no provienen de autoridades responsables o particulares equiparables a autoridad responsable. Ahora, el concepto de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ha ido evolucionando a lo largo de la historia del juicio de derechos fundamentales y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública". Para los efectos del juicio de amparo, es todo ente que ejerce facultades decisorias que a él están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por lo tanto, es dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares y, por ende, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro y, para ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley diversos procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones, se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan a las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Ese tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Para definir el concepto de acto de autoridad, debe atenderse también a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales del amparo, se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actué como superior, o si por el contrario, dicha relación se realiza como iguales en un plano de coordinación. De lo expuesto, bien pueden advertirse como notas que distinguen a los actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. b) Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Que con motivo de esa relación se emitan el acto reclamado, el que deberá ser unilateral y crear, modificar o extinguir por sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. d) Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni se precisa del consenso de la voluntad del afectado. De ahí, la causa de improcedencia invocada se surte plenamente en este asunto, toda vez que los actos reclamados de las autoridades 1) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 2) Jefa de Personal de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 3) Directora de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, que se hace consistir en a) la terminación de la relación laboral del quejoso Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas y el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo de la UMF 11 de Playa del Carmen y b) la baja de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin que pase desapercibido que la parte quejosa refiere en su acto reclamado "(.) LAS ÓRDENES VERBALES Y ESCRITAS DE PRIVACIÓN DE LA VIDA E INFRINGIR TORTURA Y TORMENTO PSICOLÓGICO A FIN DE PRIVARME LA ATENCIÓN MÉDICA Y LAS PRESTACIONES MÉDICAS Y SUS INCAPACIDADES O LICENCIAS MÉDICAS Y REHABILITACIÓN (.)" Al respecto, se advierte que la quejosa otorga dichos calificativos a lo que considera como parte de su acto reclamado; no obstante, de una lectura integral de la demanda de amparo se desprende que los mismos no son una consecuencia directa de la terminación del contrato laboral o de haber generado su baja en el sistema de afiliación de Seguridad Social; por lo que no se consideran como actos destacados en el presente juicio. Bajo esta óptica, no puede considerarse como acto de autoridad la terminación de la relación laboral del quejoso aquí quejoso y su baja de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues en el caso las autoridades responsables, actúan en su calidad de patrones, debido a las relaciones que el Estado tiene con personas físicas como persona moral oficial. Es decir que, desde ese modelo, las autoridades 1) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 2) Jefa de Personal de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 3) Directora de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, señaladas como responsables no actúan en un esquema de supra a subordinación (como condición para la categorización de un acto de autoridad), sino dentro de las relaciones laborales (obrero patronal) con los particulares, en un plano de coordinación. Aunado a lo anterior, conviene transcribir el artículo 295 de la Ley del Seguro Social: "Artículo 295. Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa" Del precepto anteriormente citado, se advierte que ante cualquier controversia suscitada entre los asegurados y el Instituto Mexicano del Seguro Social, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral; por tanto, si bien la quejosa reclama de las autoridades 1) Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 2) Jefa de Personal de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, 3) Directora de la UMF 11 de Playa del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, a) la terminación de la relación laboral del quejoso Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas y el Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo de la UMF 11 de Playa del Carmen y b) la baja de seguridad social del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte que para dirimir dicha controversia, deberá ser resuelta por los Tribunales Federales en materia laboral. Cobra aplicación por analogía la siguiente jurisprudencia: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 160995 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 134/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511 Tipo: Jurisprudencia SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia." En consecuencia, se concluye que los actos en estudios no constituyen actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 5°, fracción II, de la Ley de Amparo. De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que se actualiza la causa de improcedencia invocada; en tal virtud, con fundamento en los artículos 1°, fracción 1, 5° fracción II, 61, fracción XXIII, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la presente demanda de amparo. IV. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas. a. Domicilio. Ahora, la parte quejosa señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Playa Hermosa 433, fraccionamiento Plaza Azul, Código Postal 77714, Playa del Carmen, Quintana Roo, con número de contacto 9841545013. En virtud que este se ubica fuera de la ciudad donde reside este órgano de control constitucional, con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso b), 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 138 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, líbrese despacho al Juez Civil Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva ordenar a quien corresponda notifique a la parte quejosa Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas, el presente proveído en el domicilio referido. Asimismo, se deberá requerirle para que dentro del término de tres días señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, apercibida que de no hacerlo, las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, sin necesidad de dictar ulterior acuerdo y sin perjuicio del derecho procesal que le asiste de señalar en cualquier etapa de este procedimiento domicilio para tales efectos. De igual forma, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto de que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. De igual forma, solicítese al Juez Civil Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, con residencia en Playa del Carmen, en turno, que a la brevedad posible, se sirva devolver la comunicación oficial aquí librada a este órgano jurisdiccional con todas las constancias que de las diligencias encomendadas se practiquen. b. Datos de contacto. Téngase a la parte quejosa señalando como datos de contacto los que refiere en su escrito inicial de demanda. V. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VI. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. VII Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana" "Agréguese a los autos el oficio firmado por la Actuaria en funciones de Administradora adscrita a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 39/2022-I, orden 63/2022-I del índice de este juzgado, librado en el presente sumario; acúsese recibo. . Ahora, de la razón actuarial levantada por el Secretario Auxiliar en funciones de Actuario adscrito a la Administración de Gestión Judicial de los Juzgados de Primera Instancia del Distrito Judicial de Solidaridad, Quintana Roo, se advierten los motivos por los que no le fue posible notificar a la parte quejosa el acuerdo de veintidós de febrero de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en tal virtud, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquesele el referido acuerdo y esta determinación, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, por medio de la lista que se publica en un lugar visible y de fácil acceso de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación."
- Principal
Agréguese a los autos la promoción de cuenta signada por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante la cual comunica que en proveído de veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en autos del toca 92/2022 de su consecutivo, la magistrada presidenta del tribunal de su adscripción admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el proveído de veintidós de febrero de dos mil veintidós; de lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.
Quedan 2 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · 12,649 expedientes
- Eddy Jacinto Pool Ku1003/2014
- Eddy Torres Sosa898/2019
- Edel Osvaldo Viveros Manriquez912/2016
- Edelmira Solis Gómez1888/2017
- Edelmiro Ricardo Martínez Rojas801/2022
- Edelmiro Ricardo Ramírez Rojas211/2022
- Edelweis Air Ag1497/2017
- Eden Jimenez Dominguez965/2014
- Eder Gómez Ochoa342/2015
- Eder Gómez Ochoa1136/2014
- Eder Joel Barbosa Lizama1328/2017
- Eder Rodrigo Salinas Dávila1712/2016