Edelmiro Ricardo Martínez Rojas
Expediente 801/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 801/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Edelmiro Ricardo Martínez Rojas
Actuaciones
- Principal
::. I. Juzgado de Distrito devuelve exhorto diligenciado Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta, mediante la cual el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, devuelve diligenciado el exhorto electrónico 134/2022-V orden 329/2022-V, del índice de este órgano jurisdiccional, librado en el presente expediente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo; lo anterior, sin que resulte necesario acusar recibo en atención a que dicho acuse es generado automáticamente por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). II. Causa estado desechamiento Por otra parte, visto el estado que guarda el presente asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de doce de agosto de dos mil veintidós, mediante el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, se declara que el auto de referencia ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones respectivas en el libro de control y archívese este juicio como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. Por otra parte, toda vez que en este juicio de amparo se desechó la demanda, de conformidad con el numeral 21, inciso d) del citado acuerdo general se determina que el presente expediente, es susceptible de destrucción, lo que podrá realizarse una vez transcurrido el término de tres años a que se refiere el artículo mencionado del acuerdo antes citado. Finalmente, toda vez que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, como le fue requerido por auto de doce de agosto de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificarle la presente determinación por medio de lista que se fija en los estrados de este juzgado federal, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio correcto para oír y recibir notificaciones en esta ciudad.
- Principal
::. Agréguese a los autos el oficio firmado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, mediante la cual remite la promoción con número de registro 21746, de su índice, firmada por el quejoso ****, a través de la cual manifiesta su voluntad de desistirse del presente juicio: Al respecto, dígase a la parte quejosa que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición en razón que, por auto de doce de agosto de dos mil veintidós, se desechó la demanda de amparo.
- Principal
::. I. Se avoca al conocimiento del asunto. Visto el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, con sede en Monterrey, por medio del cual remite los autos originales del juicio de amparo indirecto 1087/2022-IV de su índice, formado con motivo de la demanda de amparo promovida por David Antonio Martínez Cervantes en favor de Edelmiro Ricardo Martínez Rojas, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo y otra autoridad, debido a que mediante proveído de cinco de julio de dos mil veintidós, pronunciado en el citado juicio de amparo indirecto, se determinó la incompetencia legal del juzgado remitente para conocer de la demanda de amparo de que se trata; por tanto, acúsese recibo mediante oficio firmado electrónicamente a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y hágase saber a la autoridad oficiante que, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo, este juzgado acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. En tal virtud, se tiene a David Antonio Martínez Cervantes promoviendo demanda de amparo en favor de Edelmiro Ricardo Martínez Rojas, contra actos del Delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo y otras autoridades. II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 801/2022-V. III. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo indirecto deberá examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo anterior, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual imposibilita dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán sobreseídos. En ese orden de ideas, se debe señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, fija el imperativo consistente en que para desechar una demanda de amparo no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia, que es acorde con el texto vigente de la Ley de Amparo, cuyos datos de localización, rubro y texto establecen: "Novena Época Registro: 193379 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo X, Septiembre de 1999 Materia(s): Común Tesis: I.6o.C. J/19 Página: 730 DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Del anterior criterio, se concluye que los lineamientos que rigen el desechamiento de una demanda son: a) Que debe encontrarse un motivo de improcedencia del juicio constitucional; b) Tal motivo debe ser manifiesto, es decir, advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, c) También debe ser indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Con base en un análisis integral a la demanda, este juzgador advierte motivos de improcedencia que reúnen las diversas características exigibles para el desechamiento de la demanda por ser manifiestos e indudables. En efecto, de acuerdo con el examen integral practicado al escrito de cuenta, los actos reclamados de las autoridades responsables Delegado y Encargada del Departamento de Salud en el Trabajo y personal a su mando, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social en Quintana Roo, consisten en lo siguiente: a) La orden de elaboración de un dictamen y formato ST-4. b) La alteración de la nota médica de dos de noviembre de dos mil veintiuno, dentro de su expediente personal del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, respecto de los actos que en esta vía combate el promovente, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, 6° y 15 de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo. 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. "Artículo 8°. El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante cuando éste se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le nombrará un representante especial para que intervenga en el juicio, debiendo preferir a un familiar cercano, salvo cuando haya conflicto de intereses o motivo que justifiquen la designación de persona diversa. - - - Si el menor hubiere cumplido catorce años, podrá hacer la designación de representante en el escrito de demanda. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Conviene prevenir que la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo, lo cual implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo, sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos que pueden estimarse improcedentes, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia Ley de Amparo. Sustenta lo anterior, por las razones que informan, la siguiente tesis: "Registro digital: 193829 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a. LXXXVI/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999, página 373 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Esta fracción debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de garantías que en forma enunciativa prevé, deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Carta Magna, lo que de suyo implica que las diecisiete primeras fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por tanto, no es exacto que exista imprecisión en torno de las causas de improcedencia que se prevén en esa fracción." Ahora, de acuerdo con los preceptos legales referidos, por regla general el juicio de amparo debe ser promovido por el titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, directamente o por conducto de su representante legal, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico, y por excepción lo podrá promover cualquier otra persona en su nombre, respecto de los actos señalados en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuando el directo quejoso se encuentre imposibilitado para promoverlo. En esa tesitura, resulta claro que el promovente David Antonio Martínez Cervantes no se encuentra legitimado para promover este juicio de amparo a nombre de Edelmiro Ricardo Martínez Rojas porque de la lectura integral de la demanda no se advierte que el directo quejoso estuviera impedido para promover el amparo directamente o por conducto de sus legítimos representantes legales. Por tanto, es necesario precisar que la legitimación está íntimamente ligada al concepto de parte, pues implica la capacidad de promover el amparo con ese carácter, en virtud que dicha legitimación no es un presupuesto procesal, sino una condición para obtener sentencia favorable, esto es, se trata de una condición necesaria para la procedencia del amparo y consiste en la identidad del agraviado con la persona quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución Federal y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Bajo esa premisa, el impetrante estará legitimado para promoverlo, cuando ejercite un derecho que realmente le corresponde o que afecte su esfera jurídica; circunstancia que en el caso no acontece. En efecto, en conformidad con lo dispuesto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción I, y 6°, de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado al titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, cuando se alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Carta Magna y con ello se afecte su esfera jurídica, quienes estarán facultados para acudir ante el órgano de control constitucional para solicitar el cese de esa afectación, de lo cual se reitera que ese derecho protegido por el ordenamiento legal es lo que constituye la legitimación que debe recaer en el promovente que para la procedencia del juicio de amparo debe tomarse en consideración. En el presente asunto, David Antonio Martínez Cervantes promueve la demanda de amparo a favor de Edelmiro Ricardo Martínez Rojas, lo cual no es suficiente para tener por acreditada la representación pretendida, en razón que de la lectura integral del libelo constitucional no se advierte que el directo quejoso Edelmiro Ricardo Martínez Rojas se encuentre incomunicado o que exista cualquier otra razón que le impida promover el amparo directamente. En efecto, conviene tener en cuenta que, conforme a los antecedentes narrados en la demanda, no se advierte que el promovente manifieste alguna imposibilidad para que el directamente quejoso Edelmiro Ricardo Martínez Rojas o sus legítimos representantes, promuevan la demanda de amparo y que, por tal circunstancia, se actualice la hipótesis prevista en el numeral 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo. A la presente determinación se estiman aplicables, por las razones jurídicas que apuntan, las tesis siguientes: "Registro digital: 223900 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Penal Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Enero de 1991, página 272 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO EN MATERIA PENAL POR FALTA DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA PROMOVERLO. Uno de los principios fundamentales que rigen el juicio de amparo, lo es el de la iniciativa o instancia de parte agraviada previsto por la fracción I del artículo 107 de la Constitución General de la República, en relación con el 4o. de la Ley de Amparo, establece que el juicio de garantías únicamente puede promoverse por el gobernado a quien perjudique el acto que se le reclama, sin que pueda hacerlo persona distinta a él; sin embargo, en materia penal existen tres disyuntivas por virtud de las cuales se puede promover ese juicio, a nombre del quejoso: a) cuando el representante acredite debidamente esa calidad, en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia; b) por los defensores, cuando el acto reclamado emane de un procedimiento judicial (artículo 16 de la Ley de Amparo), y c) por cualquier persona, si se reclaman actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación, destierro o alguno de los prohibidos, por el artículo 22 constitucional, siempre y cuando "el agraviado se encuentre imposibilitado para" promoverlo según el artículo 17 de la ley reglamentaria. En estas condiciones, si en el caso concreto, el promovente hizo valer el juicio constitucional en favor de un hermano, sin que se encuentre en alguno de los supuestos referidos, puesto que reclama la orden de aprehensión emitida por autoridad judicial y no demostró ser el mandatario exhibiendo el documento respectivo, ni tampoco defensor del indicado, ni se está en los supuestos del artículo 17 del ordenamiento invocado, debe considerarse que el solicitante carece de legitimación procesal activa para intentar la acción constitucional, por actualizarse la causa de improcedencia que prevé la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 4o., de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales." "Registro digital: 232899 Instancia: Pleno Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 76, Primera Parte, página 45 Tipo: Aislada LEGITIMACIÓN PROCESAL PARA OCURRIR AL AMPARO. La fracción I del artículo 107 constitucional establece como principio esencial del juicio de garantías, el que éste se siga siempre a instancia de parte agraviada, y, a su vez, el artículo 4o. de la Ley de Amparo dispone que el juicio de garantías puede promoverse únicamente por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Ahora bien, de la correcta interpretación de los mencionados preceptos, se llega a la conclusión de que la legitimación procesal para ocurrir al amparo sólo la tiene la persona o personas, físicas o morales, directamente agraviadas por la ley o acto que se estime violatorio de garantías, mas no así quien, por ello, indirectamente pudiera resentir algún perjuicio, porque el derecho de promover ese juicio es personalísimo." En ese orden de ideas, debe considerarse que el solicitante del amparo carece de legitimación para intentar la acción constitucional y, por tal motivo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 5°, fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por David Antonio Martínez Cervantes en favor de Edelmiro Ricardo Martínez Rojas, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia. IV. Autorizados. a. Autorizados. Vista la certificación de cuenta se tiene como autorizado de la parte quejosa en términos del artículo 12, párrafo primero, de la Ley de Amparo a David Antonio Martínez Cervantes. V. Se gira exhorto a efecto de notificar auto a parte quejosa. Ahora, vista la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señaló como domicilio procesal en el presente juicio de amparo el ubicado en Calle Reforma número 819 Oriente, colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León; en consecuencia, toda vez que el domicilio proporcionado se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, 79 y 80 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, líbrese exhorto con los insertos necesarios y haciendo uso de la firma electrónica través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes al Juez de Distrito en Nuevo León, con residencia en la Monterrey, en turno, para que en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, se sirva ordenar a quien corresponda, notifique el presente auto a la parte quejosa, corriéndole traslado con fotocopia autorizada del presente auto, en el domicilio ubicado en Calle Reforma número 819 Oriente, colonia Centro, en Monterrey, Nuevo León. Para lo cual se deberá anexar al presente comunicado copia autorizada del presente proveído. Ahora, en caso de ser necesario y a fin de evitar dilaciones procesales, se faculta al juez de referencia, para que habilite días y horas inhábiles al actuario de su adscripción, a efecto de que realice la diligencia encomendada, esto con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. En ese orden, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo y 82 del Acuerdo General Conjunto 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita al juez exhortado, que de no tener inconveniente legal alguno, una vez efectuada la diligencia encomendada se sirva devolver a la brevedad la comunicación oficial enviada vía electrónica mediante el mismo medio. VI. Expedición de copias. Entréguese a la parte quejosa el archivo digital firmado electrónicamente de este proveído que tiene el mismo valor probatorio que una copia certificada, lo cual se podrá realizar mediante medios digitales dejando constancia en autos; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 5 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y artículo Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. VIII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal adoptó medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha mantenido la operatividad de los órganos jurisdiccionales para la atención de los casos urgentes, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, se exhorta a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, la rendición de los informes de ley o de cualquier comunicación dirigida a este Juzgado se realice a través de medios que permitan privilegiar dicho esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx)- o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea). Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. IX. Aviso de privacidad y transparencia. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.
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