Edelberto Verduzco Verduzco

Expediente 49/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
49/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
10/05/2021

Partes del expediente

  • Edelberto Verduzco Verduzco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Del estado procesal que guardan los presentes autos y el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    V I S T O S para resolver el juicio de amparo indirecto 49/2021-III, promovido por * * por su propio derecho, contra los actos del Director Local Colima de la Comisión Nacional de Agua, con sede en Colima, Colima, por estimarlos violatorios del derecho humano consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado el veinticinco de enero de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Colima, con sede en Colima, dirigido, por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito, Edelberto Verduzco Verduzco (en adelante, quejoso o agraviado o parte quejosa o parte agraviada) solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos y por las autoridades que en seguida se precisan: "(.) III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. DIRECTOR LOCAL COLIMA DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA, con domicilio en la Avenida Carlos de la Madrid Béjar sin número, Colonia Centro, en la ciudad de Colima, en el Estado de Colima. IV. ACTO RECLAMADO. De la autoridad señala como responsable se le reclama la omisión de dar respuesta a la solicitud de prórroga del título de concesión número 08COL105772/16AMDL11, ingresado en la Dirección Local Colima de la Comisión Nacional del Agua el día 26 de julio de 2019, y de la cual se integrara el número de expediente COL-L-0230-26-07-19, sin que hasta el momento de la interposición de la presente, la responsable hayan cumplido con la obligación de dar respuesta a la solicitud referenciada, violando en mi perjuicio los artículos 1° y 8° Constitucionales y los artículos 22 y 28 de la Ley de Aguas Nacionales". SEGUNDO. Admisión y trámite de demanda de amparo. Por acuerdo de veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo y se registró como expediente 49/2021-III; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se ordenó la intervención legal del Ministerio Público Federal aquí adscrito [quien no formuló pedimento]; se fijó día y hora para el desahogo de la audiencia constitucional. Seguidos los trámites legales, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo preceptuado por los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado. Conforme a lo dispuesto por el numeral 74, fracción I, de la Ley de Amparo y su interpretación por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. VI/2004, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia(s): Común, página: 255, registro 181810, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así como, del análisis integral del escrito de demanda y documentos que se anexaron, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La omisión de dar respuesta respecto a la solicitud de prórroga del título de concesión número 08COL105772/16AMDL11, presentada el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente COL-L-0230-26-07-19. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, Abril de 2000, Materia: Común, registro 192097, página 32, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Una vez precisado el acto reclamado, lo procedente es verificar su existencia, porque de acuerdo con la técnica que rige al juicio de amparo, se debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razones lógicas, ocuparse del estudio de cualquier otra cuestión jurídica; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica, en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos y, en el segundo, que además de ser ciertos los actos reclamados, el juicio de amparo sea procedente. TERCERO. Análisis respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado. Se presume cierto el acto reclamado al Director Local Colima de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Colima capital, pues dicha autoridad fue omisa en rendir su informe justificado, a pesar de encontrarse debidamente notificadas del oficio por el cual se solicita dicho informe, de conformidad con lo establecido en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 7/94 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Registro 206350, Segunda Sala, número 79, Julio de 1994, página 17, Jurisprudencia (Común), de rubro y texto: "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA SOLO HACE PRESUMIR CIERTO EL ACTO RECLAMADO Y NO LA TOTALIDAD DE LOS HECHOS SEÑALADOS EN LA DEMANDA. En términos del artículo 149 párrafo tercero de la Ley de Amparo, la omisión de la autoridad responsable de rendir informe justificado sólo hace presumir la certeza del acto reclamado, pero no la de los actos o hechos diversos en que el quejoso basa su acción de amparo." En vista de lo anterior, debe tenerse plenamente demostrado el acto reclamado consistente; en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia o sobreseimiento que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión planteada. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Pleno, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, página: 262, registro 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis publicada en Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Materia: Común, Tesis: IV.3o.108 K, página: 353, registro 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." Ahora bien, este juzgador advierte que en el presente juicio de amparo, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 5° y 6° de citada ley, mismos que a la letra dicen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte que se ubique en alguno de los siguientes dos supuestos: 1) Ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en su esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o, 2) En caso de que no se cuente con tal interés, el actual modelo de procedencia del juicio constitucional prevé la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Esto es, el juicio constitucional puede ser promovido por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que reclame, ya sea en forma directa (interés jurídico) o en virtud de encontrarse frente a una situación especial en el orden jurídico (interés legítimo). Sin embargo, la posibilidad para solicitar la protección constitucional no es ilimitada, ya que a pesar de la introducción del interés legítimo como una forma de acceso al medio de control constitucional ante los tribunales federales; el interés jurídico continúa siendo un requisito para la procedencia del juicio constitucional, en los casos que está directamente vinculado el derecho que se dice vulnerado por el acto de autoridad, por lo cual, la parte quejosa debe demostrar fehacientemente que es titular de tal derecho que se afecte de manera personal y directa, a fin de demostrar el interés jurídico en el juicio de amparo, esto es, debe ser titular de un derecho subjetivo. En ese tenor, es posible advertir que el interés jurídico se encuentra vinculado con los principios rectores del juicio de amparo, referentes a la instancia de parte agraviada y, agravio personal y directo, los cuales, esencialmente, consisten en que únicamente podrá acudir a la sede constitucional la persona que resienta una afectación real, actual y directa en su esfera jurídica con motivo del acto de autoridad; es decir, que exista una en relación directa entre el derecho afectado y el promovente, quien debe ser el titular de tal derecho, debiendo probar plenamente esa titularidad, sin que pueda justificarse con base en presunciones. Ahora bien, en el caso a estudio, al señalarse como acto reclamado la omisión de dar respuesta respecto a la solicitud de prórroga del título de concesión número 08COL105772/16AMDL11, presentada el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, dentro del expediente COL-L-0230-26-07-19; sin embargo, el quejoso no acredita el interés jurídico para acudir al juicio de amparo porque no ofreció medio de convicción a través del cual pruebe fehacientemente que el acto omisivo de molestia que dice reclamar afecte el derecho fundamental de petición, ya que para ello era necesario exhibir el original del acuse de recibo que revelara la solicitud elevada a la potestad de la autoridad responsable y, por ende, que no se ha dado contestación a la misma. En efecto, de las constancias que obran en autos se advierte que el quejoso ofreció como prueba en fotocopia simple: [i] del acuse de recibo de trámite respecto a la petición de veintiséis de julio de dos mil diecinueve, en el expediente COL-L-0230-26-07-19; [ii] copia simple del título de concesión número 08COL105772/16AMDL11; y, [iii] copia simple de su credencial para votar con clave de elector VRVRED41060614H900, expedida por el entonces Instituto Federal Electoral, elementos probatorios que, valorado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 188 en relación con el diverso 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar el acto omisivo que reclama y señala le cause perjuicio, en razón de que la documental descrita carecen de valor probatorio pleno. Apoya lo anterior, la tesis de jurisprudencia 3a. 18, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, en el Tomo III, Primera Parte, Enero- Junio de 1989, Octava Época, Página: 379, emitida por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS MISMAS. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio del juzgador. Por lo tanto en ejercicio de dicho arbitrio cabe considerar que las copias de esa naturaleza, que se presentan en el juicio de amparo, carecen por sí mismas, de valor probatorio pleno y sólo generan simple presunción de la existencia de los documentos que reproducen pero sin que sean bastantes, cuando no se encuentran adminiculados con otros elementos probatorios distintos, para justificar el hecho que se pretende demostrar. La anterior apreciación se sustenta en la circunstancia de que como las copias fotostáticas son simples reproducciones fotográficas de documentos que la parte interesada en su obtención coloca en la máquina respectiva, existe la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Asimismo, sustenta lo anterior la Tesis: 3a./J. 3/91, con número de registro digital: 207058, Instancia: Tercera Sala, Octava Época, Materias(s): Común, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Febrero de 1991, página 58, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto: "COPIAS FOTOSTATICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NO TIENEN VALOR PROBATORIO Y EL JUEZ NO DEBE ORDENAR DE OFICIO SU COTEJO. Las copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no estando facultado el juez federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo". Expuesto de otro modo, dada que la naturaleza del aducido acuse es dable su modificación, razón por la cual no puede ser eficaz para demostrar la afectación del quejoso en su esfera jurídica; lo anterior, tal como se desprende de la jurisprudencia 2ª./J. 21/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos trece, del tomo VII, abril de mil novecientos noventa y ocho, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época que dice: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, POR SÍ SOLAS, NO LO ACREDITAN. Conforme a lo dispuesto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, el valor probatorio de las fotografías de documentos, o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicios. Esta Suprema Corte, en diversas tesis de jurisprudencia, ha sostenido que el quejoso debe probar fehacientemente su interés jurídico, por ello debe estimarse que las copias fotostáticas sin certificación son insuficientes para demostrarlo, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente los derechos jurídicamente tutelados del quejoso." En ese orden de ideas, se considera que dichos documentos, por sí solo, son insuficientes para acreditar el interés jurídico del gobernado, ya que sólo cuentan con valor indiciario; el cual no podrían corroborarse con el informe justificado rendido por la responsable, pues el mismo únicamente se presumió por cierto ante la ausencia de este y no así la totalidad de los hechos señalados en la demanda, pero no acepta la veracidad de los documentos que en fotocopia simples fueron exhibidos pero no que lo haya presentado el quejoso; aunado a que el interés jurídico no puede ser presuntivo sino demostrado de manera inconcusa e indubitable. Por identidad de razón es aplicable la jurisprudencia 2ª./J. 23/94, visible en la página veinte, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número ochenta y cuatro, diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, Octava Época, que dice: "INTERÉS JURIDICO EN EL AMPARO. OBLIGACION DE PROBARLO AUNQUE OPERE PRESUNCION DE CERTEZA DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO POR FALTA DE INFORME. La presunción de existencia del acto reclamado por falta de informe justificado de las autoridades responsables, prevista por el artículo 149 de la Ley de Amparo, no exime al quejoso de la obligación que tiene de acreditar que el acto que reclama afecta su interés jurídico, ya que de no hacerlo el juicio de garantías resulta improcedente y debe sobreseerse en términos de la fracción V del artículo 73, y fracción III del artículo 74 de la Ley de Amparo." Lo expuesto es así, porque la parte quejosa reclama un acto negativo de la responsable (omisión a proveer); de ahí que le correspondía al quejoso desvirtuar la negativa de manera fehaciente que elevó la petición a la responsable, cuestión que no hizo, como ya se dijo. Sustenta lo anterior, la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 197269, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a. CXLI/97, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Diciembre de 1997, página 366, Tipo: Aislada, de rubro y texto: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ. La jurisprudencia establecida por la Suprema Corte de Justicia, en cuyo sumario se dice: "ACTOS NEGATIVOS.- Tratándose de actos negativos, la prueba corresponde no a quien funda en ellos sus derechos, sino a su contendiente.", constituye una regla genérica que no es aplicable cuando la existencia de la conducta negativa de la autoridad responsable aplicadora requiere, necesariamente y de una manera previa, la existencia de una solicitud del particular -el quejoso- para que la autoridad ejerza la facultad prevista en la ley aplicable, lo cual implica que si bien al quejoso no corresponde probar la conducta omisa de la responsable, sí le toca, en cambio, acreditar que realizó los trámites conducentes para exigir la actuación de esta última". Sin que sea suficiente su afirmación "bajo protesta de decir verdad" en ese sentido, toda vez que era necesario que lo acreditara de manera fehaciente, ello es así, puesto que el promovente tiene la obligación de demostrar que el acto que reclama causa perjuicio a su esfera jurídica, por lo tanto, si no acredita dicha afectación, es lógico determinar que no cuenta con interés jurídico para solicitar la protección constitucional. Se estima aplicable la tesis 3a./J. 27/90, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO DEMUESTRA LA MANIFESTACIÓN DEL QUEJOSO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD". Lo anterior, pues, como principio inexcusable para la procedencia del juicio de amparo, se requiere que la afectación al interés jurídico se encuentre plenamente acreditado y no se infiera con base en presunciones, tal como se desprende de la jurisprudencia 2a/J. 16/947 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro digital: 206338, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 82, Octubre de 1994, página 17, que dispone: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones". Por tanto, al quedar evidenciada la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, prevista en la fracción XII del arábigo 61 de la Ley de Amparo, por cuanto al acto reclamado a las autoridades responsables, procede el sobreseimiento en el presente juicio conforme lo preceptúa la fracción V del artículo 63 del citado ordenamiento legal. En esa tesitura, es que no se estudien los conceptos de violación propuestos por la parte quejosa, pues al actualizarse las causas de improcedencia es que se impide entrar al estudio del fondo del asunto. Ilustra lo anterior, la tesis de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SOBRESEIMIENTO. Si se sobresee en el juicio, es claro que no debe entrarse al estudio de los conceptos de violación relativos a cuestiones de fondo, pues el sobreseimiento no juzga sobre la existencia o inexistencia de esos conceptos de violación, sino sólo sobre la improcedencia del amparo, por lo que en el caso, al omitir, su examen el inferior, no infringió el artículo 79 de la Ley de Amparo". QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 76, 77, 78, 79, 155 de la Ley de Amparo; y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. S E R E S U E L V E:ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por * * contra el acto que atribuye al Director Local de la Comisión Nacional del Agua, con sede en Colima, Colima, por los motivos expuestos en el cuarto considerando de esta sentencia.

  3. Principal

    Vista la certificación que antecede se advierte que hoy está señalada la celebración de la audiencia constitucional, misma que no es posible llevar a cabo toda vez que el titular de este órgano jurisdiccional figura en la lista de los aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, como se advierte del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno; por lo que, el secretario encargado del despacho, en términos de lo dispuesto por el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se encuentra impedido para desahogar la audiencia señalada para este día. Atento a lo anterior, lo procedente es diferir la audiencia referida y, en su lugar, señalar las nueve horas con trece minutos del veinte de abril de dos mil veintiuno. Notifíquese por lista.

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como del estado de autos se advierte que para el día de hoy está señalada la audiencia constitucional, misma que no es posible llevar a cabo en razón de que se encuentra transcurriendo el término de quince días para que la autoridad responsable rinda su informe justificado; por tanto, a efecto de que se encuentre debidamente integrado el expediente, lo procedente es diferir la audiencia referida y en su lugar señala las nueve horas con trece minutos del veintiséis de marzo de dos mil veintiuno.

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