Edelberto Verduzco Ayala
Expediente 44/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 4 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 44/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Edelberto Verduzco Ayala
Actuaciones
- Principal
Visto el contenido de la certificación que antecede, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término de diez días que la Ley de Amparo establece para que, las partes de este juicio interpongan el recurso correspondiente en contra la sentencia definitiva dictada en este juicio, sin que se haya presentado impugnación alguna para tal efecto; en tales condiciones con fundamento en los artículos 2º y 86, del mismo ordenamiento, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Archívese el presente juicio, como asunto totalmente concluido. Notifíquese por lista.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo número 44/2021-V, promovido por el quejoso * * contra los actos de las autoridades responsables denominadas Director Local de la Comisión Nacional del Agua, que estima violatorios de los artículos 1° y 8° Constitucionales; y, R E S U L T A N D O Q U E: PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintiuno de enero de dos mil veintiuno, el quejoso, presentó por su propio derecho, demanda de amparo contra actos de las autoridades antes mencionadas, que hizo consistir en la omisión de dar contestación a la solicitud de prórroga dentro de la concesión 08COL104997/16AMDL13. SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. En auto de veintidós de enero de dos mil veintiuno, se admitió la demanda en cuestión, se pidió a la autoridad responsable su respectivo informe justificado, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se citó a las partes a la audiencia constitucional; misma que se llevó a cabo en esta fecha con las debidas formalidades de acuerdo al acta que antecede; procediendo a dictar la resolución que en derecho corresponde. C O N S I D E R A N D O Q U E: PRIMERO. Competencia. Este juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 94, párrafo primero, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; PRIMERO, fracción XXXII, SEGUNDO, fracción XXXII, número 3, TERCERO, fracción XXXII, CUARTO, fracción XXXII, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; por reclamarse un acto de autoridad, en cuya entidad este juzgado tiene jurisdicción territorial. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, por los motivos siguientes: Del contenido del informe justificado que presentó la autoridad responsable en el juicio constitucional se desprende lo siguiente: Al rendir informe justificado la Directora Local de la Comisión Nacional del Agua, manifestó que es cierto el acto reclamado, pero no en la forma como lo refiere la quejosa, debido a que el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, proveyó respecto a la solicitud realizada por la parte quejosa dentro del procedimiento de origen, misma que fue notificada el veintiocho del mismo mes y año. Es aplicable la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice 2000, Quinta Época, tomo VI, Común, Materia: Común, tesis: 278, registro 917812, página 231, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Máxime que así se corrobora con las copias certificadas de la resolución dictada en expediente COL-L-0235-2607-19, que la responsable acompañó a su informe justificado y como complemento al mismo, a las que se les concede pleno valor probatorio, de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, en términos del artículo 2° de la Ley de Amparo; lo anterior, por ser documental pública. Lo anterior con sustento en la jurisprudencia 226, que dice: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". En vista de lo anterior, deben tenerse plenamente demostrado el acto reclamado, consistente en la omisión de la autoridad en proveer lo conducente respecto a la solicitud de prórroga realizada por la parte quejosa dictada en el expediente COL-L-0235-2607-19, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Los artículos 62, 64 y 65 de la Ley de Amparo, ordenan que previamente al análisis de los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa contra el acto reclamado cuya existencia demostró, procede el estudio de las causales de improcedencia que hagan valer las partes o se adviertan de oficio, por ser de orden público y de estudio preferente a cualquier otra cuestión. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 158, del Pleno de Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice de 1985, Quinta Época, Parte VIII, Materia(s): Común, página 262, registro digital 395571, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Dicho estudio debe hacerse previo al análisis de fondo del asunto, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, haría innecesario el examen de la controversia constitucional planteada. Ilustra lo antes expuesto, la tesis IV.3o.108 K, de Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, página 353, registro IUS: 208448, que dice: "IMPROCEDENCIA. CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes". Este órgano de control constitucional advierte que, en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones siguientes: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Asimismo, el artículo 77, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley". Al respecto, de la interpretación efectuada de los artículos antes transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, hipótesis definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como aquella que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Por consiguiente, atendiendo a la naturaleza y finalidad de dicho motivo de improcedencia, el aspecto que debe tomarse en consideración para determinar si se actualiza o no, es precisamente la trascendencia de la nueva actuación de la autoridad que revoca, sustituye o inhabilita los efectos jurídicos del acto combatido, a fin de dilucidar si efectivamente se destruye en forma total la afectación que se podría generar al quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, de las constancias de autos se acredita que la autoridad responsable el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, emitió una resolución relativa a la solicitud realizada por la parte quejosa, en la que determinó la improcedencia en el otorgamiento de la prórroga planteada por el aquí quejoso Edelberto Verduzco Ayala, toda vez que dicha solicitud la realizó en extemporaneidad de conformidad con el artículo 24 de la Ley de Aguas Nacionales; por tanto, una vez emitido dicho pronunciamiento, la responsable, procedió a notificar dicha resolución el veintiocho de enero del mismo año, tal y como se aprecia de las constancias. Por tanto, si la parte quejosa reclama la omisión de proveer lo conducente a fin de lograr la respuesta a la solicitud de prórroga derivada del expediente COL-L-0235-2607-19, lo que se advierte ya aconteció, es evidente que el acto reclamado se destruyó en forma total e incondicional sin que al efecto hubiese dejado huella en la esfera jurídica del quejoso y las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, esto, como si se hubiera otorgado el amparo, lo que actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, cuyo rubro y texto son los siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En conclusión, con motivo de los antes expuesto y al quedar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, con relación con el diverso numeral 77, ambos de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. QUINTO. Decisión. Por lo expuesto y fundado, con apoyo, además, en los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, S E R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por la quejosa * * contra los actos reclamados a Directora Local de la Comisión Nacional del Agua; en los términos precisados en el considerando cuarto de la presente resolución.
- Principal
Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual la Directora Local de la Comisión Nacional del Agua rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva. Con respecto a las documentales ofrecidas, se admiten y se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las cuales se considerarán al momento de emitir el fallo que conforme a derecho proceda, conforme a los arábigos 119 y 123 de la citada ley; sin perjuicio de hacer nueva relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese por lista.
- Principal
De la certificación que antecede se advierte, por una parte, que mediante Circular SECNO/8/2021 y SECNO9/2021, de la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, informó la suspensión las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, con excepción de los casos previstos en dichos acuerdos y como consecuencia, no corrieron plazos y términos procesales, ni se celebraron audiencias en los expedientes que se encontraban admitidos hasta el inicio de la suspensión, motivo por el cual no se celebró la audiencia constitucional señalada para el dieciséis de febrero de dos mil veintiuno. Por tanto, toda vez que el día de hoy se reanudan las labores, se señalan las once horas con cinco minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Por otra parte, agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta, a través del cual rinde su informe justificado; hágase saber a las partes la circunstancia anterior, para que, de ser el caso, manifiesten lo que a su derecho corresponda, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por último, se tiene como delegados a los profesionistas que señala la autoridad, en términos del artículo 9º de la ley de la materia y como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su misiva.
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