Edel Balderas Castillo

Expediente 680/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
680/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
28/10/2022

Partes del expediente

  • Edel Balderas Castillo
  • Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en Veracruz, en Boca del Río, Veracruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que feneció el término de cinco días que concede el artículo el artículo 97, fracción I, inciso "a", en relación con el diverso 98 de la Ley de Amparo, para que la parte promovente interpusiera recurso de queja contra el auto de cuatro de octubre de dos mil veintidós, por el cual se desechó la demanda de amparo. En tales condiciones, con fundamento en los artículos 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y su captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otro lado, se establece que el presente juicio es susceptible de depuración, esto a pesar de que se dictó un acuerdo que sobreseyó el juicio y conforme a lo establecido por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte es susceptible de destrucción; sin embargo, al haberse concedido la suspensión de plano de los actos reclamados, se estima que dicha medida tiene efectos definitivos, por lo que procede conservarse, con independencia del sentido de la resolución que lo tuvo por concluido, por lo que debe estarse a lo dispuesto en el capítulo 7 numeral 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se establece como fecha probable de depuración el veintiocho de octubre de dos mil veinticinco. En cumplimiento al artículo 35 del referido acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Notifíquese vía electrónica al promovente, y háganse las anotaciones correspondientes.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, seis de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para los efectos legales correspondientes la razón de cuatro de octubre del año en curso, en atención a su contenido del que se advierte que en la lista de acuerdos que se fija en la mampara asignada a este órgano jurisdiccional, se indicó que se dictó sentencia en el juicio de amparo 680/2022, siendo lo correcto y como quedó asentado en la lista de acuerdos, que dicha sentencia corresponde al juicio de amparo 680/2021, cuya parte quejosa es Vanessa Jiménez López, en su carácter de apoderada de la persona moral Rieken Grupo Constructor, Sociedad Anónima de Capital Variable. En mérito de lo anterior, se ordena al actuario judicial de la adscripción, notifique a las partes la sentencia emitida en el juicio de amparo 680/2021, el treinta de septiembre del año en curso, en los términos precisados en la misma. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la razón signada por la actuaria judicial adscrita, de la cual se advierte que el quejoso Edel Balderas Castillo, manifestó: "sí ratifico la demanda que siga procedimiento, señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Uxpanapa número 1495, Río Medio 3, en esta ciudad"; atento a lo anterior, se tiene por hecha la manifestación realizada por el quejoso y por cumplido el requerimiento emitido mediante proveído de veintiocho de julio del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, por auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de demanda presentado por Rogelio Manuel Reyes Camacho, en favor de Edel Balderas Castillo, en la que señaló como actos reclamados, "la orden de impedir la comunicación del procesado Edel Balderas Castillo, quien actualmente está recluido en el módulo preventivo de setenta y dos horas, de prevención y reinserción social en el estado, y a disposición del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 325/2022." Atento a ello, se dio trámite al escrito de demanda y se ordenó su ratificación por conducto de cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción; sin embargo, el mismo veintiocho de julio de este año, se agregó a los autos, la razón firmada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, con la que manifestó la imposibilidad legal y material que tuvo para notificar el auto de veintiocho de julio del año en curso, al directo quejoso, al habérsele informado que dicho impetrante de amparo fue trasladado el quince de ese mes y año, al Centro Penitenciario de Acayucan Veracruz. Por consiguiente, se libró exhorto a fin de notificar al directo quejoso Edel Balderas Castillo, en términos de lo ordenado por auto de veintiocho de julio del año en curso, tocando conocer de la comunicación oficial enviada al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, el cual con posterioridad, devolvió sin diligenciar, pues al fedatario judicial que le correspondió llevar a cabo la encomienda, le informaron que el directo quejoso, fue trasladado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, quien al parecer dejó sin efectos la medida cautelar decretada. Consecuentemente, en auto de ocho de agosto del año en curso se requirió al Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para que remitiera constancias con las que se acreditara que dejó sin efectos la medida cautelar decretada en contra del quejoso; por lo que, el siete de septiembre pasado, se recibió copia del audio y video en un disco versátil digital con número de folio STI6752022, que correspondió a la audiencia celebrada el dos de agosto del año en curso, en la que Edel Balderas Castillo, accedió al beneficio de la suspensión condicional dentro del proceso penal 325/2022 de su índice y por ende, obtuvo su libertad. Sin que pase desapercibido que, mediante diverso proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se recibió el escrito firmado por Rogelio Manuel Reyes Camacho, autorizado del directo quejoso, a través del cual comunicó que cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que el dos de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que Edel Balderas Castillo, accediera al beneficio de la suspensión condicional de proceso, razón por la cual fue trasladado a diverso centro penitenciario y en dicha audiencia obtuvo su libertad. Entonces, de lo antes narrado, el que suscribe estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivó al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Supuesto que se materializa toda vez que el acto que nos ocupa, no obstante que subsista no puede surtir efecto legal o material alguno, en razón de que el dos de agosto del año en curso, el quejoso Edel Balderas Castillo, fue puesto en libertad. Lo que se corrobora con el disco versátil digital (DVD) remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, que contiene la audiencia de dos de agosto del año en curso, en la que Edel Balderas Castillo, accedió al beneficio de la suspensión condicional dentro del proceso penal 325/2022 de su índice y obtuvo su libertad; mismo que se le otorga eficacia probatoria de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de documentos públicos, cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De igual manera, se afirma lo anterior con la razón signada por la actuaria judicial adscrita, de veinte de septiembre pasado, de la cual se advierte que el quejoso Edel Balderas Castillo, se encontraba en su domicilio; por lo que, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." De ahí que se advierta que ha operado la causal de improcedencia antes invocada y que imposibilita el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la Incomunicación, toda vez que ya no pueda decidirse sobre su constitucionalidad, por haber dejado de existir la material del mismo, al haber sido puesto en libertad. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. En consecuencia, con fundamento en los artículos, 113, en relación al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Edel Balderas Castillo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la razón actuarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y VÍA ELECTRÓNICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 04/10/2022, EN CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN II, INCISO C... Boca del Río, Veracruz, cuatro de octubre de dos mil veintidós. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la razón signada por la actuaria judicial adscrita, de la cual se advierte que el quejoso Edel Balderas Castillo, manifestó: "sí ratifico la demanda que siga procedimiento, señalando el domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Río Uxpanapa número 1495, Río Medio 3, en esta ciudad"; atento a lo anterior, se tiene por hecha la manifestación realizada por el quejoso y por cumplido el requerimiento emitido mediante proveído de veintiocho de julio del año en curso. DESECHAMIENTO Ahora, acorde al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y, de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Sustenta lo anterior, la tesis P.VI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, abril del 2000, Tomo XI, página 32, con número de registro 192097, bajo el rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." (Lo destacado es propio). De lo anterior, se evidencia que si bien se refiere a la fijación clara y precisa de los actos reclamados en la sentencia, también lo es que resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, de la cual se advierte que el promovente expuso hechos o antecedentes, bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, de acuerdo al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, septiembre de 2007, Tomo XXVI, página 2613, con número de registro 171389, del tenor siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado." (Lo destacado es propio). En este sentido, por auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito de demanda presentado por Rogelio Manuel Reyes Camacho, en favor de Edel Balderas Castillo, en la que señaló como actos reclamados, "la orden de impedir la comunicación del procesado Edel Balderas Castillo, quien actualmente está recluido en el módulo preventivo de setenta y dos horas, de prevención y reinserción social en el estado, y a disposición del Juzgado de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, con sede en Veracruz, en virtud de la medida cautelar de prisión preventiva justificada dentro del proceso penal 325/2022." Atento a ello, se dio trámite al escrito de demanda y se ordenó su ratificación por conducto de cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción; sin embargo, el mismo veintiocho de julio de este año, se agregó a los autos, la razón firmada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, con la que manifestó la imposibilidad legal y material que tuvo para notificar el auto de veintiocho de julio del año en curso, al directo quejoso, al habérsele informado que dicho impetrante de amparo fue trasladado el quince de ese mes y año, al Centro Penitenciario de Acayucan Veracruz. Por consiguiente, se libró exhorto a fin de notificar al directo quejoso Edel Balderas Castillo, en términos de lo ordenado por auto de veintiocho de julio del año en curso, tocando conocer de la comunicación oficial enviada al Juez Décimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Coatzacoalcos, el cual con posterioridad, devolvió sin diligenciar, pues al fedatario judicial que le correspondió llevar a cabo la encomienda, le informaron que el directo quejoso, fue trasladado ante el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, quien al parecer dejó sin efectos la medida cautelar decretada. Consecuentemente, en auto de ocho de agosto del año en curso se requirió al Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, para que remitiera constancias con las que se acreditara que dejó sin efectos la medida cautelar decretada en contra del quejoso; por lo que, el siete de septiembre pasado, se recibió copia del audio y video en un disco versátil digital con número de folio STI6752022, que correspondió a la audiencia celebrada el dos de agosto del año en curso, en la que Edel Balderas Castillo, accedió al beneficio de la suspensión condicional dentro del proceso penal 325/2022 de su índice y por ende, obtuvo su libertad. Sin que pase desapercibido que, mediante diverso proveído de ocho de agosto de dos mil veintidós, se recibió el escrito firmado por Rogelio Manuel Reyes Camacho, autorizado del directo quejoso, a través del cual comunicó que cesaron los efectos del acto reclamado, en razón de que el dos de agosto del año en curso, se llevó a cabo la audiencia prevista por el Código Nacional de Procedimientos Penales, para que Edel Balderas Castillo, accediera al beneficio de la suspensión condicional de proceso, razón por la cual fue trasladado a diverso centro penitenciario y en dicha audiencia obtuvo su libertad. Entonces, de lo antes narrado, el que suscribe estima que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De la interpretación que se realiza de la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo transcrita, se deriva la existencia de dos hipótesis de cesación de efectos: 1. Cuando los efectos del acto reclamado desaparezcan o se destruyan inmediata, total, incondicional y materialmente; supuesto en el que con tal destrucción, el gobernado es restituido en el pleno goce de sus prerrogativas, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica (revocación). Sobre esa hipótesis, resulta ilustrativa la jurisprudencia Tiene aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." 2. Cuando se da la sustitución de actos procesales; es decir, el segundo acto sustituye al primero e incide sobre su vigencia y ejecutividad (sustitución). Puntualizado lo anterior, tenemos que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivó al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Supuesto que se materializa toda vez que el acto que nos ocupa, no obstante que subsista no puede surtir efecto legal o material alguno, en razón de que el dos de agosto del año en curso, el quejoso Edel Balderas Castillo, fue puesto en libertad. Lo que se corrobora con el disco versátil digital (DVD) remitido por el Juez de Control y Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Veracruz, Veracruz, que contiene la audiencia de dos de agosto del año en curso, en la que Edel Balderas Castillo, accedió al beneficio de la suspensión condicional dentro del proceso penal 325/2022 de su índice y obtuvo su libertad; mismo que se le otorga eficacia probatoria de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, párrafo segundo, al tratarse de documentos públicos, cuyo contenido no se encuentra contradicho con otras pruebas. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia por contradicción 1a./J. 43/2013 (10a.), formulada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 703, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título y contenido siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." De igual manera, se afirma lo anterior con la razón signada por la actuaria judicial adscrita, de veinte de septiembre pasado, de la cual se advierte que el quejoso Edel Balderas Castillo, se encontraba en su domicilio; por lo que, en términos de los artículos 161 y 212 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dicha diligencia tiene valor probatorio, al tratarse de actuaciones de un funcionario investido de fe pública, por lo que lo asentado en su razón corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos de los cuales dio fe. Es aplicable la jurisprudencia 563, visible en la página 405, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, tomo IV, cuyo rubro y texto son: "NOTIFICACIÓN. VALOR PROBATORIO DE LAS RAZONES DE LOS ACTUARIOS. Las razones de notificación realizadas por los secretarios actuarios, que gozan de fe pública, tienen pleno valor probatorio respecto de los hechos que en ellas se consignan, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 403 en relación con la fracción VIII del 327, ambos del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, a menos que el contenido de las mismas sea desvirtuado por prueba en contrario." De ahí que se advierta que ha operado la causal de improcedencia antes invocada y que imposibilita el análisis de la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la Incomunicación, toda vez que ya no pueda decidirse sobre su constitucionalidad, por haber dejado de existir la material del mismo, al haber sido puesto en libertad. Por tanto, han quedado destruidos todos los efectos del acto reclamado, en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la existencia de la violación reclamada, como si se hubiera otorgado el amparo, al habérsele restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales transgredidas. En consecuencia, con fundamento en los artículos, 113, en relación al artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se desecha por notoria e indudablemente improcedente la demanda de amparo promovida por Edel Balderas Castillo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el indicado en la razón actuarial de cuenta. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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