Dulce María Chávez Aguero

Expediente 502/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 32 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
502/2017
Año
2017
Actuaciones
32
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • Dulce María Chávez Aguero
  • Congreso del Estado de Veracruz, En Xalapa, Veracruz
  • César Miguel Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintitrés de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, en el sentido de que transcurrió el término de quince días que establece el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la resolución que declaró infundado el incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, intentado por la persona quejosa a través del recurso de inconformidad, en términos de lo que señala la fracción III del numeral 201 de la ley de la materia; por lo tanto, se declara que ha quedado firme la resolución dictada para los efectos legales a que haya lugar. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 18/2016 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, libro 35, octubre de 2016, tomo I, página 33, registro digital 2012799, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA IMPROCEDENTE LA DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO." Notifíquese.

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz; catorce de enero de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del incidente de denuncia de repetición del acto reclamado, relativo al juicio de amparo 502/2017-II, intentado por la parte quejosa; y, RESULTANDO Único. Trámite de la denuncia de repetición del acto reclamado. El doce de noviembre de dos mil veintiuno se ordenó tramitar la denuncia de repetición del acto reclamado, presentada por la persona quejosa Dulce María Chávez Agüero contra la autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), residente en Veracruz, Veracruz, por lo que se corrió traslado a las partes para conocimiento, y luego de recibirse los informes de las autoridades responsables, de desahogada la vista del informe de la autoridad denunciada, se turnaron los autos para resolver; y, CONSIDERANDO Primero. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz es legalmente competente para resolver la denuncia de repetición del acto reclamado, acorde con el artículo 109 de la Ley de Amparo, dado que tramitó y resolvió el presente juicio de amparo origen de la denuncia. Segundo. Marco normativo. El artículo 107, fracción XVI, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los diversos 77 y 199 de la Ley de Amparo disponen: Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: . XVI. Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no hubiera actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de que sea emitida la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley. Artículo 199. Artículo 199. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de esta Ley. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal. Como se puede advertir, la disposición constitucional transcrita prevé la facultad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para sancionar la inobservancia de las ejecutorias de amparo y establece dos supuestos diversos que originan aplicación de sanciones, a saber: a) El incumplimiento inexcusable de la sentencia de amparo; y, b) La repetición del acto reclamado. Lo anterior, conforme al procedimiento previsto para cada uno de esos supuestos en la ley reglamentaria. El incumplimiento inexcusable y la repetición del acto reclamado son dos supuestos de inobservancia a una ejecutoria de amparo distintos y excluyentes entre sí. El primero supone la existencia de una actitud contumaz de la autoridad responsable para acatar todos los deberes impuestos en el fallo protector. El segundo, presume la intención de burlar la calidad de cosa juzgada de la sentencia de amparo, mediante la emisión posterior de un acto que reitera los mismos vicios de que adolecía el acto declarado inconstitucional. Por su parte, el artículo 199 de la Ley de Amparo establece que la denuncia de repetición del acto reclamado se hará ante el órgano jurisdiccional que conoció del juicio de amparo, y que si se emite resolución en el sentido de que existe repetición se remitirán los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente; al igual que, si la autoridad deja sin efectos el acto repetitivo no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente, pero será atenuante de la sanción penal. Y que, conforme con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia en que se concede la protección de la Justicia Federal debe fijar sus límites y alcances, lo que están obligadas a seguir las autoridades a las que corresponde el cumplimiento de la sentencia. Lo anterior, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, ya que si tiene por efecto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, habrán de reestablecerse las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si el acto es de carácter positivo; mientras que cuando sea de carácter negativo, el efecto de la concesión será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y cumplir lo que tal derecho exija. Así, cuando se concede la protección constitucional, el tribunal de amparo se encuentra constreñido a vigilar el debido cumplimiento que las autoridades responsables deben dar al fallo protector. En ese contexto, el referido numeral 199 de la ley de la materia prevé la denuncia de repetición del acto reclamado, cuya finalidad es determinar si el nuevo acto de las autoridades responsables con posterioridad a la emisión de la sentencia protectora reitera las mismas violaciones que el acto reclamado, respecto del cual se concedió la protección constitucional y, en consecuencia, si produce la misma afectación en la esfera jurídica de la persona quejosa. Luego, si quien denuncia considera que después del dictado sentencia amparadora firme, la autoridad responsable dicta un acto reiterativo del que fue materia del juicio de amparo, podrá inconformarse mediante la repetición del acto reclamado. En esos términos, para estimar acreditada la repetición del acto reclamado no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo. De modo que, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales. Por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto. Lo anterior, debido a que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a los derechos fundamentales. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de derechos que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia Tesis: 4a./J. 5/94, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 81, Septiembre de 1994, página 17, registro 207678: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. CUÁNDO SE CONFIGURA. Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, no basta que el acto denunciado produzca el mismo resultado del acto materia de la sentencia de amparo, es decir, que ambos se manifiesten de la misma manera en el mundo exterior; deben compararse los dos actos considerando sus causas, motivos, fundamentos, efectos y demás elementos que los constituyen, cuando de alguno de ellos haya dependido la concesión del amparo; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido por su mero efecto, con independencia de su causa, motivo o fundamento, o de la competencia de su autor, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, para considerar que la autoridad ha incurrido en repetición del acto reclamado, sin importar sus elementos materiales; por el contrario, si se estimó inconstitucional el acto por estar viciado uno de sus elementos (motivo o fundamento, por ejemplo), el estudio del nuevo acto debe hacerse considerando exclusivamente ese elemento para saber si entre ambos existe o no identidad en ese aspecto, ya que la figura jurídica de repetición del acto reclamado no se estableció para evitar que la autoridad realice, en perjuicio del quejoso, cualquier acto con efectos o resultados parecidos a los que tuvo el acto declarado inconstitucional, sino para impedir que la autoridad desconozca el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, reiterando una lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales. De igual manera apoya lo anterior, la jurisprudencia Tesis: 3a./J. 23/93 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, número 72, Diciembre de 1993, página 33, registro 206654: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. MATERIA DEL INCIDENTE RELATIVO. Para comprobar la repetición del acto reclamado que regula el artículo 108 de la Ley de Amparo, no basta que la autoridad emita otro acto de la misma naturaleza y en el mismo sentido del declarado inconstitucional, sino que la esencia de esta figura implica la emisión de un acto de autoridad que reitere las mismas violaciones de garantías individuales que fueron declaradas inconstitucionales en la sentencia de amparo. Por ello, la autoridad responsable incurrirá en las sanciones previstas en la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal, precisamente porque esta figura pretende asegurar el respeto de las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. Y la jurisprudencia 3a./J. 25/94 consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Octava Época, número 81, Septiembre de 1994, página 15, registro 206579: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. LOS ACTOS DENUNCIADOS DEBEN INCURRIR EN LAS MISMAS VIOLACIONES Y MOTIVOS POR LOS QUE SE OTORGÓ EL AMPARO. La figura de repetición del acto reclamado requiere que los actos denunciados como tales sean idénticos en la violación de garantías que entrañan a los que se impugnaron en el juicio de amparo, de manera tal que se advierta claramente que se están basando en los mismos supuestos y motivos que el juez de Distrito tuvo en consideración para otorgar la protección constitucional a la parte quejosa, pues lo contrario, es decir, si los actos denunciados no reproducen las características básicas de los reclamados, deben considerarse como actos diversos, susceptibles, en su caso, de impugnarse en un nuevo juicio de amparo. Es conveniente puntualizar que la figura de repetición del acto reclamado se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo a la persona quejosa, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en el nuevo acto se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado. De ahí que, si la responsable al emitir el nuevo acto valora otros medios de convicción o parte de supuestos o hipótesis diversas a las que originaron el acto reclamado, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio o fáctico en ambos casos es distinto. Se invoca al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 4/2004 visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Novena Época, Tomo XIX, Febrero de 2004, página 67, registro 182099: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. La figura de repetición del acto reclamado a que se refiere el artículo 108 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, se actualiza en aquellos casos en que, concedido el amparo al quejoso, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en la nueva sentencia se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado; de ahí que, si la responsable en la sentencia que cumplimenta la ejecutoria de amparo, valora otros medios de convicción, que no tomó en consideración en la primigenia sentencia, es evidente que no se actualiza dicha figura, porque el sustento probatorio en ambas sentencias es distinto. Tercero. Antecedentes. Previamente al estudio de fondo, es necesario asentar los antecedentes de esta incidencia, a saber: Mediante escrito presentado el veintinueve de mayo de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad, y turnado el treinta de mayo siguiente a este Juzgado Federal, Dulce María Chávez Agüero, por propio derecho, presentó demanda de amparo contra actos de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), con domicilio en Veracruz, Veracruz, y otras autoridades. Importa precisar que el acto reclamado, inicialmente lo constituyó el documento siguiente: Luego de admitida la demanda y de integrado el expediente, el cuatro de agosto de dos mil diecisiete tuvo verificativo la audiencia constitucional y el treinta y uno de octubre de ese año se emitió sentencia, en cuyo considerando Quinto se llegó a la conclusión y determinación de los efectos siguientes: En mérito de lo expuesto, ante la eficacia de los conceptos de violación analizados, atento al resultado alcanzado, se impone conceder el amparo solicitado únicamente respecto del segundo párrafo del artículo 105 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, para el efecto de que: a) Se deje sin efectos la aplicación a la quejosa del segundo párrafo del artículo 105 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz; y, b) Como consecuencia, las autoridades responsables deberán dejar insubsistente la orden de suspensión y su ejecución y suministrar agua potable a la quejosa en el domicilio ubicado en Privada 27 número 6 Mz. 32, Lt 6, del fraccionamiento Las Palmas, en Medellín de Bravo, Veracruz, con número de medidor 80424956; atendiendo a un mínimo vital, esto es, en cantidad que permita desarrollar sus necesidades básicas, como son, la alimentación y la salud; sin que lo anterior impida a las autoridades que, como consecuencia del uso irracional o de no realizar los pagos por concepto del derecho respectivo, limite el servicio de agua potable como medida que tienda a desalentar esa conducta irregular que incide en el adecuado abastecimiento para la población en general. Por lo que hace a las autoridades legislativas que participaron en la emisión de la porción normativa declarada inconstitucional, Congreso y Gobernador del Estado de Veracruz, quedan exentas de cumplimiento alguno de este fallo, dada la naturaleza de los actos legislativos que se les reclaman. En virtud de la conclusión antes asumida, resulta innecesario analizar los argumentos contenidos en los restantes conceptos de violación, toda vez que aun cuando resultaran fundados, los alcances de dicha concesión no traerían mayores beneficios a la moral quejosa de los ya concedidos. En tanto, en el considerando Sexto de la sentencia se abordó el estudio constitucional de la orden de suspensión y cobro del servicio de agua potable, así como la violación al derecho fundamental de audiencia que conlleva la omisión de acudir a al domicilio de la parte quejosa a hacer una revisión a su medidor de agua. En ese apartado también se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia de la Unión para lo siguiente: . para el efecto que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), en domicilio en Veracruz, Veracruz, realice lo siguiente: 1. Deje insubsistente el acto reclamado consistente en la orden de suspensión del servicio de agua en el domicilio de la quejosa, así como su ejecución, restituyéndolo en el pleno goce de los derechos humanos vulnerados. 2. Sin que se le constriña a emitir una nueva resolución en atención a que ello obedece a sus facultades discrecionales por estar relacionadas con adeudos en el pago del servicio de agua potable; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, es decir, de reiterar su postura de suspender el servicio de agua potable a la peticionaria de amparo, emita una determinación debidamente fundada y motivada, en el que se respeten las formalidades esenciales de todo procedimiento, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 50, Volumen 66, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, registro 238542, que indica: "AUDIENCIA, GARANTÍA DE. DEBE RESPETARSE AUNQUE LA LEY EN QUE SE FUNDE LA RESOLUCIÓN NO PREVEA EL PROCEDIMIENTO PARA TAL EFECTO. La circunstancia de que no exista en la ley aplicable precepto alguno que imponga a la autoridad responsable la obligación de respetar a alguno de los interesados la garantía de previa audiencia para pronunciar la resolución de un asunto, cuando los actos reclamados lo perjudican, no exime a la autoridad de darle oportunidad de oírlo en defensa, en atención a que, en ausencia de precepto específico, se halla el mandato imperativo del artículo 14 constitucional, que protege dicha garantía a favor de todos los gobernados, sin excepción." Asimismo, la jurisprudencia 2a./J.16/2008, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 497, Tomo XXVII, Febrero de 2008, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 170392, que establece: "AUDIENCIA. SI SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL RESPECTO DE UNA LEY POR SER VIOLATORIA DE ESA GARANTÍA, LA AUTORIDAD FACULTADA PARA EMITIR UN ACTO PRIVATIVO PODRÁ REITERARLO SI LLEVA A CABO UN PROCEDIMIENTO EN EL QUE CUMPLA LAS FORMALIDADES ESENCIALES, AUN CUANDO PARA ELLO NO EXISTAN DISPOSICIONES DIRECTAMENTE APLICABLES. Si se toma en cuenta que el fin que persiguió el Constituyente a través de la garantía de audiencia fue el de permitir que los gobernados desplieguen sus defensas antes de que las autoridades modifiquen en forma definitiva su esfera jurídica, y no el de impedir que éstas ejerzan las facultades que les fueron conferidas para cumplir con los fines que constitucional o legalmente se les encomendaron, se concluye que cuando se declara la inconstitucionalidad de una disposición de observancia general por no prever un procedimiento en el que antes de la emisión de un acto privativo se respeten las formalidades esenciales a que se refiere el párrafo segundo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en acatamiento del fallo protector, la respectiva autoridad administrativa o jurisdiccional podrá reiterar el sentido de su determinación, siempre y cuando siga un procedimiento en el que el quejoso pueda ejercer plenamente su derecho de audiencia. Ello es así, porque el efecto de la protección constitucional no llega al extremo de impedir el desarrollo de la respectiva potestad, pues permite a la autoridad competente purgar ese vicio antes de su ejercicio, brindando al quejoso la oportunidad de defensa en la que se acaten las referidas formalidades; sin que obste a lo anterior la circunstancia de que no existan disposiciones directamente aplicables para llevar a cabo el referido procedimiento, pues ante ello, al tenor del párrafo cuarto del mencionado precepto constitucional, la autoridad competente deberá aplicar los principios generales que emanen del ordenamiento respectivo o de uno diverso que permitan cumplir con los fines de la garantía citada. Sentencia que por auto de uno de diciembre de dos mil diecisiete causó ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento. Por auto de veintiuno de diciembre siguiente se tuvo cumplida la sentencia y se ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido. Posteriormente, el doce de noviembre de dos mil veintiuno se acordó el escrito de la parte quejosa, recibido en esa misma fecha en este juzgado, mediante el cual denuncia la repetición del acto reclamado que originó el incidente que ahora se resuelve; se ordenó correr traslado a las partes; y se requirió a las autoridades responsables para que dentro del términos de tres días rindieran informe. Así, la denunciante manifiesta que el nueve de noviembre de ese año la propia autoridad responsable Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), residente en Veracruz, Veracruz, envió a su domicilio un aviso de corte de su servicio de agua potable, con fundamento en el artículo 105 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz, sin que tomara en cuenta que no se le puede aplicar el segundo párrafo de ese precepto legal. Por ello, considera que es evidente la repetición del acto reclamado por esa autoridad responsable respecto del cual se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; como sustento de su dicho exhibe el documento mencionado, de contenido siguiente: En lo conducente, la autoridad denunciada, Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), residente en Veracruz, Veracruz, en su informe de esta incidencia manifiesta que de la ejecutoria amparadora se determinó que cuenta con la facultad de limitar el servicio de agua potable en caso de no realizarse los pagos por concepto de costo del servicio. Que derivado del adeudo que presenta el inmueble de la denunciante por el servicio de agua potable, drenaje y saneamiento emitió el aviso de corte, el cual, refiere la autoridad, es un documento meramente informativo que no produce afectación actual, real, directa ni definitiva en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya que no se está requiriendo a ésta de pago, sino que se le comunica que el inmueble de su propiedad, registrado con el número 251921, presenta adeudo por $133,769.90 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional) por el servicio en cita. Expone que se trata de una invitación para regularizar sus pagos, tan es así -indica-, que en el caso de hacer el pago deberá ignorarse el comunicado. Manifiesta que las consecuencias del acto están supeditadas a la conducta que la propia autoridad guarde en relación con efectuar o no el pago por el servicio. Señala que si hiciera efectivo el corte por la conducta omisiva de la impetrante, sería entonces cuando podría afectarse su esfera jurídica. Añade que el aviso de adeudo no constituye el inicio de un procedimiento económico coactivo, sino por el contrario, es una invitación para que la usuaria regularice el pago de los adeudos del inmueble de su propiedad por el servicio referido y, por ende, no se actualiza la repetición del acto reclamado. A su vez, al desahogar la vista del informe, la denunciante refiere que, contrariamente a lo expuesto por la autoridad responsable, el documento materia de la denuncia es un aviso de corte del servicio de agua potable, no una invitación al pago, pues contiene el fundamento para realizar tal suspensión y un término para pagar y que en caso de no hacerlo le suspenderán el servicio. Dice que la autoridad responsable intentó privarle del servicio, pero no lo logró porque su esposo les explicó su situación legal, por lo que se retiraron del domicilio. Por lo que solicita se declare fundado el incidente en que se actúa. Cuarto. Análisis de fondo del asunto. Resulta infundado el incidente planteado. Para que proceda la denuncia de repetición del acto reclamado es necesario que se actualicen los supuestos siguientes: a) Que la repetición del acto reclamado se denuncie por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo; b) Que exista una sentencia de amparo en la que se concedió a la solicitante del amparo la protección de la Justicia Federal; y, c) Que en el acto denunciado se reiteren las violaciones de aquel respecto de las cuales se otorgó la protección constitucional. Puntualizado lo anterior, se advierte que el primer requisito se satisface porque la parte quejosa, mediante escrito recibido el doce de noviembre de dos mil veintiuno en este juzgado, formuló denuncia respecto del aviso materia de inconformidad fechado el nueve de ese mes y año, por tanto, su planteamiento se presentó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 199 de la Ley de Amparo. En cuanto al requisito precisado en el inciso b), relativo a la existencia de una sentencia concesoria del amparo, también se colma, dado que el treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete se emitió la sentencia amparadora, la cual causó ejecutoria y se tuvo cumplida mediante autos de uno y veintiuno de diciembre siguiente, respectivamente. Respecto del tercer requisito precisado en el inciso c), consistente en que en el acto denunciado se reiteren las violaciones de aquel respecto de las cuales se otorgó la protección constitucional, este supuesto no se actualiza, como se expondrá a continuación. Se afirma así, pues contrariamente a lo afirmado la denunciante y al margen de la naturaleza del acto materia de denuncia referente a si constituye o no una invitación al pago, en los efectos de la sentencia protectriz no se determinó que la autoridad responsable no aplicara en la esfera jurídica de la parte quejosa el artículo 105 de la Ley 21 de Aguas del Estado de Veracruz. Ciertamente, de la ejecutoria se patentiza, como primer aspecto, que la concesión del amparo fue para que se dejara sin efectos la aplicación a la persona quejosa del segundo párrafo del artículo 105 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz y, como consecuencia, las autoridades responsables dejaran insubsistente la orden de suspensión y su ejecución y suministrar agua potable a la quejosa en su domicilio. Se estableció también que ello debería ser atendiendo a un mínimo vital, esto es, en cantidad que permitiera desarrollar sus necesidades básicas, como eran, la alimentación y la salud. Asimismo, se especificó que lo anterior no impedía a las autoridades que, como consecuencia del uso irracional o de no realizar los pagos por concepto del derecho respectivo, limitara el servicio de agua potable como medida que tendiera a desalentar esa conducta irregular que incidía en el adecuado abastecimiento para la población en general. En segundo término, concerniente a la orden de suspensión y cobro del servicio de agua potable, así como la violación al derecho fundamental de audiencia que conlleva la omisión de acudir al domicilio de la denunciante a hacer una revisión a su medidor de agua, de igual modo se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión para el efecto que el Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), con domicilio en Veracruz, Veracruz, dejara insubsistente el acto reclamado consistente en la orden de suspensión del servicio de agua en el domicilio de la quejosa, así como su ejecución, restituyéndole en el pleno goce de los derechos humanos vulnerados. Sin que se le constriñera a emitir una nueva resolución en atención a que ello obedecía a sus facultades discrecionales por estar relacionadas con adeudos en el pago del servicio de agua potable, así como que, en caso de considerarlo necesario, es decir, de reiterar su postura de suspender el servicio de agua potable a la peticionaria de amparo, emitiera una determinación debidamente fundada y motivada, en el que se respetaran las formalidades esenciales de todo procedimiento, en términos de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal. Sin embargo, los efectos no conllevaron la desincorporación de la esfera jurídica de la parte quejosa del segundo párrafo del artículo 105 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, sino únicamente que se dejara sin efectos la aplicación de ese precepto legal, lo que trajo como consecuencia que las autoridades responsables dejaran insubsistente la orden de suspensión y su ejecución y que le suministraran agua potable en su domicilio. Como se vio, en los efectos protectrices se señaló a las responsables que ello debería ser atendiendo a un mínimo vital, es decir, en cantidad que permitiera desarrollar sus necesidades básicas: alimentación y la salud, así como que ello no impedía que, como consecuencia del uso irracional o de no realizar los pagos por concepto del derecho respectivo, se limitara el servicio de agua potable como medida que tendiera a desalentar esa conducta irregular que incidía en el adecuado abastecimiento para la población en general. Y por cuanto a los actos ejecución material, no se constriñó a la autoridad que emitiera nueva resolución, pues ello obedecía a sus facultades discrecionales por estar relacionadas con adeudos en el pago del servicio de agua potable, y que si consideraba necesario reiterar su postura de suspender el servicio de agua potable a la peticionaria de amparo, emitiera una determinación debidamente fundada y motivada, en el que se respetaran las formalidades esenciales de todo procedimiento. Luego, la autoridad denunciada no incurre en repetición del acto reclamado en cuanto a la aplicación del numeral 105 de la Ley Número 21 de Aguas del Estado de Veracruz, pues, se itera, los efectos protectrices no fueron para la desincorporación de ese numeral de la esfera jurídica de la parte quejosa hacia el futuro o que se impidiera a la responsable actuar con apoyo en ese precepto legal. Tampoco se advierte que repitiera los actos de ejecución material, pues no existe suspensión de suministro del servicio, sino un aviso previo de ponerse al corriente en el pago de los adeudos reportados en el domicilio de la denunciante. De modo que, la autoridad no contraviene ni desconoce el principio de cosa juzgada y la fuerza vinculatoria de la sentencia de amparo, pues el acto reclamado y el que es materia de la denuncia no son idénticos en la violación alegada sino que son actos diversos; de ahí que no pueda considerarse fundada la pretensión de la parte quejosa. En efecto, el acto reclamado en el presente asunto, consistente en aviso de suspensión, se emitió el tres de mayo de dos mil diecisiete, basándose la autoridad responsable en la facturación de ese mes en el domicilio de la ahora denunciante, cuyo monto total a pagar del período más rezago ascendía a $21,930.00 (veintiún mil novecientos treinta pesos 00/100 moneda nacional), correspondientes a tres meses de dicho rezago. En tanto, el aviso materia de denuncia en esta incidencia se emitió el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo de que el adeudo actual en el domicilio de la inconforme asciende a $133,769.90 (ciento treinta y tres mil setecientos sesenta y nueve pesos 90/100 moneda nacional), correspondientes a cincuenta y nueve períodos, sin considerar la factura actual, según se constata en el documento. En ese sentido, es claro que no se presenta la repetición del acto reclamado, cuya figura se actualiza cuando concedido el amparo a la parte quejosa, la autoridad responsable insiste en su conducta lesiva, es decir, que en el nuevo acto se base en los mismos motivos y supuestos que sustentaron la que fue materia del acto reclamado. De ahí que, si en el presente caso la responsable al emitir el nuevo acto parte de supuestos diversos a las que originaron el acto reclamado, es evidente que no se actualiza la repetición denunciada, porque el sustento fáctico en ambos casos es distinto. Es decir, en el acto reclamado se partió de un adeudo por un período de facturación más rezagos de tres meses concernientes a marzo de dos mil diecisiete, mientras que el aviso materia de la presente denuncia se emitió el nueve de noviembre de dos mil veintiuno, con motivo del adeudo actual superior al primero y correspondiente a cincuenta y nueve períodos. Por lo tanto, no se configura la repetición del acto reclamado. Consideraciones apoyadas en la jurisprudencia 1a./J. 4/2004, invocada previamente, con 182099 y rubro: REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. NO SE ACTUALIZA SI LAS SENTENCIAS TIENEN DIFERENTE SUSTENTO PROBATORIO. Aunado a lo anterior, quien esto resuelve considera que los efectos de la sentencia amparadora no deben utilizarse como instrumento para que la parte quejosa eluda obligaciones inherentes a su calidad de usuaria del servicio contratado con la autoridad responsable, pues se advierte su omisión de pago al amparo de la sentencia protectriz, debido a la cantidad de meses o períodos de rezago que presenta actualmente y que ha originado el aumento considerable en el adeudo desde la emisión del acto reclamado. Es decir, en ningún caso una sentencia amparadora debe servir como instrumento de elusión de obligaciones que permitan a la parte beneficiada alegar con dolo en su provecho, en perjuicio de derechos o pactos de voluntades con terceros. Consecuentemente, se declara infundado el presente incidente derivado de la denuncia de repetición del acto reclamado formulada por la parte quejosa. Por lo anteriormente expuesto y fundado, se Resuelve: Único. Se declara infundada el presente incidente derivado de la denuncia de repetición del acto reclamado intentado por la persona quejosa, por los fundamentos y razones expuestas en el considerando cuarto de esta resolución. Notifíquese.

  3. Principal

    Boca del Río, Veracruz, doce de enero de dos mil veintidós. Visto el escrito de cuenta signado por la quejosa Dulce María Chávez Agüero, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes, y atento a su contenido, téngasele desahogando la vista concedida, en relación al informe respecto del incidente de repetición del acto reclamado rendido por Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) Sociedad Anónima de Capital Variable (Grupo MAS), residente en Veracruz, Veracruz, asimismo, realizando alegatos que serán tomados en consideración al resolver la presente incidencia. Ahora, vista la certificación de esta fecha, se advierte que en proveído de cuatro de enero actual, se dio vista a las partes con el informe rendido por el aludido Grupo Metropolitano de Agua, respecto del incidente de repetición del acto reclamado promovido por la parte quejosa en el presente asunto. En razón de lo anterior, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 199 de la Ley de Amparo, díctese la resolución respectiva dentro del término indicado en dicho precepto legal. Notifíquese por lista a las partes.

  4. Principal

    Boca del Río, Veracruz, cuatro de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el oficio signado por Raciel Anuar Ayala Palma, apoderado legal de Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (SAPI) de Capital Variable (Grupo MAS), con residentes en Veracruz, Veracruz, atento a su contenido, téngasele dando cumplimiento al requerimiento de doce de noviembre de dos mil veintiuno y rindiendo su correspondiente informe respecto del incidente de repetición del acto reclamado promovido por la quejosa en el presente asunto; por tanto, dese vista a las partes con dicho informe para que dentro del término de tres días, contado a partir de que surta los efectos legales la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

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