Eddi López Alcazar
Expediente 749/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 749/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Eddi López Alcazar
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se advierte que en el presente asunto no existe trámite por realizar ni recurso que resolver; en tal circunstancia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, con fundamento en lo establecido en los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este juzgador estima que el presente expediente: a).- No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, último párrafo, del acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a su prudente arbitrio; b).- es susceptible de destrucción; y, c).- deberá procederse a su digitalización. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
- Principal
PREVIO CITATORIO.- San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de agosto de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por EDDI LÓPEZ ALCAZAR, contra actos del Juez Segundo Familiar en el Estado de Oaxaca y otra; fórmese expediente y regístrese bajo el número 749/2019. Ahora, la procedencia del juicio de amparo es de orden público, por lo que debe estudiarse oficiosamente; al respecto, este juzgado advierte que la demanda debe desecharse de plano, por causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo. Del contenido integral del escrito de demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama del Juez Segundo Familiar en el Estado de Oaxaca el auto de siete de agosto del año en curso emitido en el expediente 823/2016 de su índice en el que tuvo discerniendo del cargo de perito en genética forense a una diversa persona, en sustitución de Andrea Citlalic Hernández Hernández, perito en genética forense, quien dejó de laborar en el Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca; y se le otorgó termino de cinco días para que emitiera su dictamen en genética. Ello, porque el juez responsable autorizó la sustitución del perito oficial y solicitó la emisión del dictamen pericial, sin que notificara personalmente a las partes tal circunstancia. Lo anterior, pone en evidencia que el juicio familiar 823/2016 se encuentra en trámite, en etapa probatoria, que el quejoso es demandado y ha comparecido a él en defensa de sus derechos, también, que dicho auto atiende al desahogo de la prueba pericial en genética y que en trece de mayo de dos mil diecinueve fue tomada la prueba genética, se otorgó a la perito en genética el plazo de treinta y cinco días para la emisión del dictamen; no obstante a solicitud del Director del Instituto de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Oaxaca, se acordó su sustitución. Luego, la determinación reclamada en su caso, solo constituye una violación de carácter adjetivo, formal o intraprocesal que no es de carácter irreparable, para poder ser procedente el amparo indirecto ni tampoco afecta derechos subjetivos del quejoso. Conforme a lo anterior, se arriba al conocimiento que los actos reclamados encuadran en la fracción XII, del artículo 172 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción III del citado numeral, pues se trata de temas vinculados con el ofrecimiento, admisión o desechamiento de pruebas, que en su caso, sólo afecta derechos adjetivos, que por ahora, no es posible determinar si trascenderá al resultado de la resolución que llegue a dictar el Tribunal responsable, como tampoco se estima que sea de carácter irreparable en este momento del juicio, como tampoco afecta un derecho subjetivo del quejoso, pues esa circunstancia dependerá del sentido favorable o desfavorable en que se dicte la misma. En el primer supuesto, puede ser remediada, si tal resolución es favorable a los intereses del promovente; de lo contrario, para el caso de que la resolución del mismo le sea desfavorable, se está en posibilidad de invocarla como violación procesal en el juicio de amparo directo, que en su momento promueva en su contra, en términos del citado artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. De ahí, que en el caso concreto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparacio´n, entendie´ndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitucio´n Poli´tica de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Por su parte, los artículos 172, fracciones III y XII, y 174, primer párrafo, del ordenamiento de la materia, disponen: "ARTI´CULO 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerara´n violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: . III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; . XII. Se trate de casos ana´logos a los previstos en las fracciones anteriores a juicio de los o´rganos jurisdiccionales de amparo." Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 6/94, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página trece de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Resulta aplicable la tesis número LVII/2004, localizable en la página nueve, del tomo XX, octubre de dos mil cuatro, Novena Época, Pleno, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo." En tales circunstancias, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61, fracción XXIII, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, respectivamente; lo procedente es desechar de plano por notoriamente improcedente la demanda de garantías. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Téngase a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones y autorizados únicamente para esos efectos a las personas que señala, en virtud de no proporcionar datos idóneos que acrediten que se encuentran facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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