Dulce Viridiana Aragón Iriarte
Expediente 770/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 770/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 05/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Dulce Viridiana Aragón Iriarte
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase al secretario haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se concedió a la parte quejosa la medida cautelar solicitada (provisional y definitiva), con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. Valoración documental. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este órgano jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 17, fracción III, inciso b) (Incidentes de suspensión en los que se haya concedido la medida cautelar definitiva), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; b) Es conservable; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, transfiérase al depósito documental que, para tal efecto designe el Área coordinadora de archivos. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la parte quejosa ..., mediante el cual manifiesta que se actualiza la causal de improcedencia del artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto del pago por concepto de Inscripción por el importe de $335.00 (trescientos treinta y cinco pesos 00/100 MN, y hace del conocimiento que realizó dicho pago el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, sin contar con el comprobante debido que le hizo entrega a la autoridad responsable. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que la procedencia del juicio de control constitucional es un tema que debe ser estudiado de manera oficiosa, lo cuestionen o no las partes, por ser de carácter público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo que, en su orden y en la parte que interesa, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.). XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento." El artículo citado prevé la improcedencia del juicio de amparo por consentimiento tácito de los actos reclamados, traducida en la promoción extemporánea de la demanda de amparo, lo que tiene su explicación y fundamento racional en esta presunción humana: cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad y tiene la posibilidad legal de reclamarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo determinado, pero a pesar de ello deja pasar el término sin presentar la demanda, esta conducta revela conformidad con el acto. En el ámbito y para los efectos del amparo, el razonamiento contiene los hechos conocidos siguientes: a) Un acto de autoridad. b) Una persona afectada por tal acto; c) La posibilidad legal para dicha persona de promover el juicio de amparo contra el acto en mención; d) El establecimiento en la ley de un plazo perentorio para el ejercicio de la acción y; e) El transcurso de ese lapso sin haberse presentado la demanda. Todos estos elementos deben concurrir necesariamente para la validez de la presunción, en virtud de que la falta de alguno impide la reunión de lo indispensable para estimar el hecho desconocido como una consecuencia lógica y natural de los hechos conocidos. Ahora, a efecto de evidenciar la existencia de la causa de improcedencia invocada, es de necesario traer a contexto lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, los cuales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días (.)". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Por la importancia que reviste, cabe destacar que el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días que prevé el numeral 17, del cuerpo normativo en cita, para promover el juicio de amparo, esto es, a partir del día siguiente: a) A que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A que el quejoso haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución; o, c) A que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos o de su ejecución. Resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo sea a partir del día siguiente a que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por las razones que contiene es aplicable la tesis aislada I.13o.A.36 K, emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia Común, página 1394, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. EL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN, NO DEPENDE DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO, SINO DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DE ÉL". Expuesto lo anterior, se reitera que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV.- ACTO RECLAMADO: . * El cobro de $335.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de inscripción." Lo anterior demuestra que la parte quejosa tuvo conocimiento de los actos reclamados el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, ya que en esa data realizó el pago de $335.00 (TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS, CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto de inscripción. Por tanto, el cómputo del término a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, para combatir los actos reclamados, inició el cuatro de abril de dos mil veintitrés; de ahí que si la demanda de amparo, origen de este expediente, fue presentada el tres de agosto de dos mil veintitrés en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, es inconcuso que fue presentada cuando ya había transcurrido el término legal para su presentación. Lo anterior, se corrobora con lo narrado por la propia quejosa en su escrito de trece de septiembre de dos mil veintitrés, donde hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que realizó un pago el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés, por concepto de inscripción, sin contar con el comprobante respectivo, por lo que se evidencia que tuvo conocimiento del acto reclamado que se analiza desde el treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. De lo antes expuesto, resulta evidente que transcurrió en exceso el plazo legal para promover el presente juicio de amparo, respecto del acto reclamado en párrafos que anteceden; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18 de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Asimismo, se actualiza también la diversa causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]." Es así, toda vez que en este asunto la quejosa Dulce Viridiana Aragón Iriarte solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, reclamando: * El cobro de $10,018.00 (DIEZ MIL DIECIOCHO PESOS CERO CENTAVOS MONEDA NACIONAL), por concepto apoyo a servicios educativos; y, * La exigencia de dicha cantidad, para continuar con su proceso de inscripción." Cabe destacar que la autoridad judicial responsable, a través del oficio con número de registro 12451, recibido el veintiocho de agosto de dos mil veintitrés, informó y acreditó con las constancias respectivas, con valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, que el doce de agosto de dos mil veintitrés, se le entregó a la quejosa, la hoja original de su ficha de pago por concepto de "apoyo a servicios educativos" condonada al cien por ciento (100 %), lo que acredita con la copia simple del acuse de recibido firmado por la quejosa, así como la copia simple de su credencial de elector. Circunstancia, que la propia quejosa manifiesta en su escrito de seis de septiembre de esta anualidad, donde, entre otras cosas solicita el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de amparo al actualizarse la causa de improcedencia analizada. Por lo tanto, resulta evidente que cesaron los efectos del acto reclamado; en consecuencia, se actualiza en la especie la causa de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que SE DECRETA EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, con apoyo en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Se cita en apoyo, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, páginas 386 y 387, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando con la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En ese sentido, se dejan sin efecto la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional - once horas con diez minutos del veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés-, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales consiguientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito que suscribe la parte quejosa ********************, mediante el cual intenta dar cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintinueve de agosto dedos mil veintitrés. Sin embargo, indica que al habérsele condonado el pago por concepto de servicios educativos; manifiesta de manera genérica que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo y solicita que se decrete el sobreseimiento en el juicio respecto de los actos reclamados. En mérito a lo anterior, requiérasele nuevamente para que dentro del plazo de tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, se manifieste de manera específica, por cada acto que aquí reclamó en su escrito inicial de demanda, esto es deberá indicar si se encuentra actualizada la causal invocada respecto al diverso pago por concepto de Inscripción. Apercibida que de no cumplir con lo anterior en el plazo que se indica, se le impondrá multa de treinta a trescientos días, con fundamento en lo señalado por el artículo 251, de la Ley de Amparo. Lo anterior en la inteligencia, que en caso de no realizar manifestación alguna; este órgano jurisdiccional podrá hacer efectivo el apercibimiento decretado al monto resolver el fondo del presente asunto. En tal circunstancia, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy; se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo. NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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