Dulce Viridiana Aguado Resendiz

Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2021
Año
2021
Actuaciones
6
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Dulce Viridiana Aguado Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintidós. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite el secretario Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que acompaña copia certificada de la resolución de quince de diciembre de dos mil veintiuno dictada dentro de la queja administrativa 220/2021, de la que se advierte que declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de cinco de noviembre de dos mil veintiuno en el que no se le tuvo ampliando su demanda dentro del juicio de amparo en que se actúa. En virtud de lo anterior, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. Sin que sea necesario proveer respecto en relación a la remisión al archivo del presente juicio, ya que del estado que guardan los autos se advierte que en auto cinco de noviembre de dos mil veintiuno, se proveyó al respecto. Notifíquese por lista y mediante oficio al tribunal de alzada. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho por vacaciones del titular, con autorización otorgada en oficio CCJ/ST/5333/2021, emitido por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de trece de diciembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995 y con apoyo en la jurisprudencia de rubro "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA", quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dos de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, agréguese el oficio suscrito por la secretaria de acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, por el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, el cual se registró con el número 220/2021. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiséis de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, agréguese el oficio suscrito por la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada de Investigación del Homicidio Doloso de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe respecto a la suspensión de plano dictada en autos. Atento lo anterior, se tiene satisfecho el requerimiento decretado al respecto. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Leonardo Rojas Barragán, secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibida la demanda de amparo presentada por Araceli Reséndiz Trujillo a favor de su hija Dulce Viridiana Aguado Reséndiz, contra actos del Fiscal General del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad y de otras autoridades. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número III-949/2021-D. En relación con lo anterior, la promovente señala como actos reclamados la ilegal detención, incomunicación y tortura de la quejosa directa; por tanto, en relación con dichos actos reclamados, con fundamento en los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano para que la autoridad ante la cual se encuentre a disposición la peticionaria de amparo, realice lo siguiente: 1. Ordene de forma inmediata en su caso, el cese de la incomunicación, azotes, tormentos y torturas, así como todos aquellos actos que pongan en peligro la integridad física y la vida de la peticionaria de amparo, o bien, cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. 2. Informe a este juzgado de manera detallada y específica la causa o motivo de la detención de la quejosa directa, así como el lugar en que se encuentre físicamente y la autoridad ante la que se encuentre a disposición. 3. Asimismo, con fundamento en el artículo 165 de la Ley de Amparo, en caso de que la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis horas (tratándose de delincuencia organizada), contado a partir del momento de la detención, la parte quejosa deberá ser puesta en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional correspondiente. Lo anterior, en el entendido de que cuando la parte quejosa se encuentre a disposición del Ministerio Público por haber sido detenida en flagrancia o caso urgente, el plazo contará a partir de que sea puesta a disposición; ello, acorde con el artículo 150 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, queda a cargo y bajo la más estricta responsabilidad de la autoridad ante la cual se encuentre a disposición la quejosa, su integridad física y salud del mismo, a fin de que no sufra algún atentado contra su salud o su vida, de conformidad con los artículos 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 15 de la Ley de Amparo. Ello, al tratarse de actos reclamados que importan ataques a la libertad personal que pueden poner en peligro la vida e integridad física de la quejosa, incluso de manera indirecta, los cuales aparentemente ocurren fuera de procedimiento o por orden emitida por autoridades de carácter administrativo, no obstante el señalamiento de autoridad judicial responsable. Se requiere a las autoridades responsables para que dentro del improrrogable plazo de doce horas, contado a partir de que reciban notificación del presente auto, rindan informe sobre el cumplimiento de la suspensión de plano, en el que indiquen el cumplimiento dado a dicha suspensión, sin perjuicio de la investigación ministerial o continuación del procedimiento penal que en su caso se instruya contra la quejosa, debiendo acompañar las constancias que acrediten el cumplimiento efectivo de dicha medida cautelar. Lo anterior, con el apercibimiento que de no acatar dicha suspensión, la autoridad responsable será sancionada en los términos que señala el Código Penal Federal por el delito de abuso de autoridad por cuanto a la desobediencia cometida, independientemente de cualquier otro delito en que incurra, como lo dispone el artículo 206 de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se requiere a las autoridades responsables, para que en caso de que la quejosa no se encuentre a su disposición, de inmediato giren las comunicaciones pertinentes para investigar su paradero y lo informen de inmediato a este juzgado con las constancias autorizadas que así lo acrediten, así como para que proporcionen a este órgano jurisdiccional toda la información relativa a la localización y ubicación del peticionario de amparo. Se autoriza a la autoridad responsable para que rinda su informe por vía fax al número 44 33 21 54 41 (fax directo), o bien, al correo electrónico del secretario de guardia oscar.hernandez.garcia@correo.cjf.gob.mx sin perjuicio de que se confirme su recepción en el propio número telefónico de fax directo, o en su caso, en el teléfono móvil de dicho secretario con número 44 34 10 96 03, sólo en caso de enviarse por vía electrónica. En virtud de lo anterior, se comisiona al actuario de este juzgado para que realice lo siguiente: a) Con libertad de decisión, se constituya preferentemente en las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Michoacán o en la Fiscalía Regional de Morelia, Alto Impacto, en caso de no encontrar a la parte quejosa en dichos lugares se le faculta para que prosiga en las instalaciones de las diversas Fiscalías Estatales, en la Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, en la Zona Militar de esta Entidad Federativa, instalaciones policiales de detención o reclusión, esto es, en líneas generales en cualquier lugar en que pueda ser localizada; b) Hecho lo anterior y en caso de encontrar a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, la requiera para que ante el actuario, o bien, dentro del término de tres días contado a partir de que surta sus efectos la notificación que se le realice del presente auto, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida a su favor, en la inteligencia que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda y se dejarán sin efecto todas las providencias dictadas en relación con su trámite, así como todo requerimiento relativo formulado a la autoridad señalada como responsable; c) Se ordena al actuario que dé fe del estado físico en el que se encuentre la quejosa; d) Con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza al actuario encargado de realizar la diligencia para que la efectúe aun en días y horas inhábiles, en la inteligencia de que si se entera de un domicilio diverso donde pueda localizar a la quejosa, se constituya en el lugar que se le informe y dé cumplimiento a lo encomendado, asentando la razón correspondiente; e) Finalmente, se comisiona al actuario para que al momento de la diligencia obtenga el nombre, cargo, teléfono y extensión del servidor público que pueda fungir como enlace a efecto de instituir un vínculo de comunicación para las gestiones derivadas de la tramitación del presente asunto, en el entendido de que en caso de que la quejosa se encuentre a disposición de autoridad diversa de las señaladas como responsables deberá notificarle la medida decretada en el presente auto con oficio abierto que al efecto se gire (donde en el momento deberá asentar el nombre de la autoridad respectiva), con la finalidad de que cumpla cabalmente con todo lo aquí ordenado, la cual quedara vinculada al presente juicio como autoridad responsable desde el momento de su notificación. Prevéngase a la autoridad que tenga a su disposición a la quejosa, para que otorgue las facilidades necesarias al actuario de este Juzgado de Distrito para el efecto de que pueda dar cabal y debido cumplimiento a lo ordenado en este auto, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior se dará vista al Ministerio Público Federal para los efectos de la responsabilidad penal en que pudiera incurrir. Lo anterior, en el entendido de que si la autoridad respectiva o sus subordinados, se niegan a recibir el oficio derivado del presente auto, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación de acuerdo con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, con lo que se dará cuenta al juez para derivar la responsabilidad penal y administrativa que corresponda. En virtud de lo anterior, se faculta al actuario adscrito que realice la presente encomienda, que en caso de que alguna de las autoridades mencionadas no le permita la entrada a las instalaciones, o realizar cualquier acto tendiente a localizar a la quejosa, los aperciba que de no hacerlo se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público Federal, tomando como base los actos que se reclaman en el juicio de amparo en que se actúa, los cuales se encuentran prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Asimismo, en caso de incumplir a lo solicitado en el término referido se dará vista a su superior jerárquico para que coadyuve a remitir la información solicitada, aunado a la responsabilidad administrativa o penal que pudiera derivar la conducta del servidor público que obstaculice la encomienda. Con independencia de lo anterior, se le impondrá una multa al funcionario público que obstaculice la encomienda, por la cantidad de ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos, equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en términos del artículo 237, fracción I, en relación con el diverso 259, ambos de la Ley de Amparo. En otro aspecto, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece entre las obligaciones de la parte quejosa, la de señalar con precisión a las autoridades responsables (tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del numeral 79 del ordenamiento legal invocado), desde ahora se le apercibe, en el sentido de que en caso de que alguna autoridad responsable no exista en la denominación señalada en la demanda, mediante auto se suspenderá toda comunicación con la misma quedando fuera de juicio y en la audiencia constitucional que se celebre no se hará referencia a ésta, o bien, en la propia audiencia se hará el pronunciamiento respectivo sobre su inexistencia, sin que sea necesario realizar señalamiento alguno en la sentencia respecto de los actos reclamados que se le atribuyan, de acuerdo con los artículos 5°, fracción II y 108, fracción III, de la ley de la materia, interpretados en sentido contrario. Lo anterior, salvo prueba en contrario o que se corrija la denominación de la autoridad responsable relativa, previa vista que en su caso otorgue este juzgado, tomando en consideración que corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto, circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, que procura la impartición de justicia pronta, así como al principio de economía procesal ya referido en párrafos precedentes. En virtud de lo anterior, resulta innecesario ordenar la apertura del incidente de suspensión respectivo, pues con el otorgamiento de la suspensión de oficio, se suspenden los actos reclamados, así como su ejecución, por lo que no procede decretar la medida cautelar provisional, ya que ésta se concede de plano de acuerdo con los artículos 15 y 126 de la Ley de Amparo. En atención a la circular 12/2009 de la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se hace saber a las partes que no existe inconveniente en que se les permita imponerse de los acuerdos dictados en los expedientes que se tramitan en los Juzgados de Distrito, mediante el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para para recibir notificaciones los estrados del presente órgano jurisdiccional, sin que autorice a persona alguna para para tal efecto. De conformidad con los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Amparo, se ordena notificar a las autoridades responsables, así como a las que tengan el carácter de terceras interesadas, mediante oficio con inserción completa del texto de los autos o resoluciones, únicamente en relación con aquellos actos procesales que por su trascendencia deba asegurarse que sean plenamente conocidos por las partes a fin de otorgar seguridad jurídica y oportunidad de defensa, en el entendido de que las determinaciones diversas serán notificadas mediante lista que se publica en lugar visible de este juzgado, así como en la sección de servicios de la página electrónica institucional www.cjf.gob.mx consultable vía Internet. En tal virtud, todos aquellos acuerdos de mero trámite deberán notificarse por medio de lista de autos, lo cual constituye un sistema de notificación que se publica en Internet con una síntesis del proveído dictado en cada caso, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, y con apoyo además en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro 2002576, de rubro siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Por otro lado, en los supuestos previstos en el artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la Ley de Amparo, el plazo de dos días con que cuentan las partes para acudir al órgano jurisdiccional a notificarse de las resoluciones que requieran notificación personal, queda constreñido al lapso comprendido de las nueve a las quince horas en días hábiles, en virtud de que es el horario de atención al público establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, mediante el Acuerdo General 49/2011. En ese mismo sentido, se hace notar que en términos del citado artículo 27, fracción III, los actuarios de la adscripción se encuentran facultados para que en caso de que en autos no conste domicilio para recibir notificaciones o el señalado resulte inexacto, sin previo acuerdo, practiquen las notificaciones personales mediante lista, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, con excepción del emplazamiento al tercero interesado y al particular que en su caso sea señalado como autoridad responsable; caso en el cual, de no ser halladas en el domicilio en el que se les haya buscado, deberán levantar razón circunstanciada a efecto de que se acuerde lo conducente. Hágase saber a la parte quejosa que de conformidad con los artículos 5, 6 y 7 del reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las sentencias ejecutorias son públicas y de acuerdo con el artículo 8 del propio reglamento, puede ejercer el derecho que le confiere el artículo 8, en relación con el 6, ambos de la Ley Federal de Transparencia, para oponerse a la publicación de sus datos personales, en la medida que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional respectivo, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista, mediante oficio a las autoridades responsables y cúmplase. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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