Dulce Iveth Verduzco Lopez

Expediente 730/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
730/2023
Año
2023
Actuaciones
20
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Dulce Iveth Verduzco Lopez
  • DULCE IVETH VERDUZCO LOPEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 20.

  1. Principal

    Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), el proveído y/o resolución de 06 de noviembre de dos mil veintitrés, lo anterior de conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se tiene por recibido el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que no acepta la competencia planteada por este juzgado y remite los autos originales del juicio de amparo 706/2023, así como un tomo de pruebas. Ahora bien, de la resolución de veintisiete de septiembre del presente año, este Juzgado Federal, declaró carecer de competencia legal para seguir conociendo del juicio de amparo 730/2023, promovido por Dulce Iveth Verduzco López, por su propio derecho y en su carácter de representante de sus menores hijos Heriberto y Emmanuel de apellidos Fernández Verduzco, contra actos del Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Oral Familiar, con residencia en Zamora, Michoacán. Por su parte, la autoridad remitente no aceptó la competencia declinada en su favor, pues al efecto argumentó medularmente que no acepta la competencia planteada, y que corresponde a este juzgado por razón de territorio, por tener su residencia la autoridad responsable en la ciudad de Zamora, Michoacán, y por lo tanto, el acto reclamado no conlleva ejecución material, en tanto, no trasciende a la esfera materia, ni al mundo factico, pues su impacto es meramente declarativo, dado que tiene únicamente como finalidad allegarse de información para con ello estar en condiciones de decretar las convivencias que fueron solicitadas por la quejosa (demandada en juicio de origen). Por las razones que preceden, este juzgado de Distrito no comparte los argumentos expuestos por la Jueza requerida para rehusar la declinatoria, pues se insiste en que este Órgano de Control Constitucional carece de competencia para conocer del juicio de garantías y que ello corresponde al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, con sede en Uruapan, Michoacán, que por razón de turno le correspondió, por las razones que sostuvo este juzgado mediante resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, las que se dan por reproducidas como si a la letra se insertaran en obvio de incurrir en repeticiones innecesarias. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 48, tercer párrafo de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el punto quinto, fracción II, del Acuerdo General 5/2001 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que otorga facultades a los Tribunales Colegiados de Circuito, para resolver asuntos que versen sobre la competencia originaria de esa Suprema Corte, remítanse los autos del presente juicio de amparo al Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien resolver lo conducente, en relación con la incompetencia planteada por este juzgado. Es aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a foja 1722, del Tomo XXIII, Mayo de 2006, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL ENTRE TRIBUNALES DE DISTINTA JURISDICCIÓN ORDINARIA. LA COMPETENCIA PARA RESOLVERLO RADICA EN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN SOBRE EL ÓRGANO QUE PREVINO". Déjese copia certificada del presente proveído en el cuaderno de antecedentes respectivo, para los efectos legales conducentes. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad respectiva. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con cincuenta minutos del veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 730/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el escrito registrado bajo el número 17179, signado por la licenciada Olivia Benítez Reyes, asesora jurídica federal, en cuanto representante de los menores de iniciales H.F.V. y E.F.V, designada por el Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en esta ciudad, por medio del cual realiza diversas manifestaciones en forma de alegatos, atento a su contenido se acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dichas manifestaciones se tendrán por formuladas en vía de alegatos, dese nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Asimismo, la secretaria da cuenta al juez con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, la secretaria da cuenta con la documental exhibidas por la parte quejosa con su escrito inicial de demanda y el diverso de ocho de septiembre del año en curso, así como las allegadas con su informe justificado el Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán, Al respecto, el juez acuerda: Con apoyo en los artículos 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza, las probanzas descritas. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir, ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos, la secretaria hace constar que la parte quejosa y la asesora jurídica los formuló. El juez acuerda: Vista la cuenta precedente, se tiene por precluído el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos, se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. RESULTANDO : Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el trece de junio de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Dulce Iveth Verduzco López, por su propio derecho y en su carácter de representante de sus menores hijos Heriberto y Emmanuel de apellidos Fernández Verduzco, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Juez Tercero de lo Familiar del Distrito Judicial de Zamora, Michoacán. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 4º, 14, 16, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite de la demanda. Por razón de turno correspondió conocer de la demanda a este Juzgado de Distrito, en donde se registró bajo el número 730/2023; se admitió a trámite mediante proveído de quince de junio de dos mil veintitrés; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio vista al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción la intervención legal que le compete; finalmente, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; así pues, se procede a resolver el presente juicio de amparo; y, CONSIDERANDOS: Primero. Incompetencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán carece de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, motivo por el cual el órgano jurisdiccional antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. En apoyo a lo anterior es de citar en lo conducente, la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 2805, del Tomo LXXII, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA EN AMPARO, PUEDE SER ESTUDIADA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO. Aun cuando los acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, no hayan sido reclamados, conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, no causan estado y pueden ser reconsiderados por las Salas del mismo Alto Tribunal, cuando afectan a una cuestión de competencia; por tanto, el auto del mencionado presidente, en que indebidamente se hubiere admitido una demanda de amparo directo, que debió interponerse ante un Juzgado de Distrito, puede ser estudiado por la Sala correspondiente, para el efecto de declararse incompetente para conocer del juicio, ya que las cuestiones de competencia pueden ser resueltas en cualquier estado del mismo juicio, mientras no se pronuncie ejecutoria. Ahora bien, el referido artículo 37 de la Ley de Amparo señala lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierten tres supuestos para la competencia: a) Es competente el juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; b) Si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En tal virtud, a efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe atender a la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde se hubiere presentado la demanda, o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Respecto al criterio relativo a la ejecución material del acto reclamado se debe atender no sólo a que la resolución o acto reclamado por sí mismos tengan ejecución material, sino también al supuesto en que aun cuando la resolución reclamada no tenga ejecución material de manera directa o inmediata, sí lleve una ejecución implícita, lo cual implica analizar la naturaleza del acto o resolución reclamada y las consecuencias que produce. Esto es, sólo en el supuesto de que la resolución o acto reclamado no tenga por sí misma ni produzca consecuencias que lleven implícita una ejecución material, dichos actos o resoluciones se deberán estimar de carácter declarativo y a efecto de determinar la competencia se debe considerar el lugar donde reside la autoridad responsable. En la especie la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, pronunciado en el juicio oral familiar 89/2023, que sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovió Heriberto Fernández Narez frente a la quejosa; mediante el cual solicitó diversa información al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia -DIF- Municipal de Purépero, Michoacán, para estar en condiciones de autorizar de decretar convivencias con sus menores hijos de manera vigilada. Luego, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal, por territorio, para conocer del asunto atendiendo a las reglas previstas por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que prevé que tratándose de actos, que como en el caso, requieren ejecución material, el juez de distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquel en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de lo que se advierte, que el acto reclamado en esta instancia tendrá ejecución fuera del territorio en el que ejerce competencia legal este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, es decir, en Purépero, Michoacán, lugar donde tienen competencia los Juzgados en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan. Es así, toda vez que las constancias de autos ponen de relieve en lo conducente que, la resolución reclamada en la que se solicitó información para estar en condiciones de autorizar convivencias de la quejosa con sus menores hijos, fue al Sistema Nacional para el Desarrollo de la Familia -DIF- Municipal de Purépero, Michoacán, pero además dichas convivencias se llevarán a cabo en ese lugar. Por tanto, la competencia se surte en favor del juez donde tiene ejecución el acto reclamado, en el caso, en Uruapan, Michoacán, atento a lo preceptuado en el artículo 37 de la Ley de Amparo y conforme a lo establecido en el Acuerdo General 03/2013, reformado y adicionado por el diverso 28/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 91, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 395560, consultable en la página 142, Parte VIII, del Apéndice de 1985, séptima época, materia común, de rubro y textos siguientes: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE LA EJECUCION DEL ACTO, AUN CUANDO SE HAYA CONSUMADO. INTERPRETACION ANALOGICA INCORRECTA DEL ARTICULO 36, PARRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO. Al instituir la Ley Suprema de la República, en su artículo 107, las bases generales del juicio de garantías, estableció en su fracción IX, a la que corresponde ahora el numero VII, como norma general de competencia la de que el juicio de amparo contra los actos de autoridad a que se refiere, se interpondrá ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado. Aunque la autoridad que dicta u ordena el acto desempeña un papel principalísimo, la ejecutora tiene en su actuación importancia y trascendencia capitales ya que se encarga de llevar, hasta su último extremo, la ejecución ordenada y, por tanto, es la que directamente se enfrenta al particular agraviado. Seguramente por ser la autoridad ejecutora la que materialmente afecta al gobernado hasta en sus últimas consecuencias, en el lugar en que vive, se le tomó como base para fijar la competencia, ya que el propósito del Constituyente ha sido facilitar al máximo el acceso al procedimiento jurídico político del juicio de garantías. Si se han establecido las normas de competencia teniendo en consideración el lugar en que radican la autoridad ejecutora y el afectado con el acto -quien en ocasiones puede desconocer por el momento la intervención de la autoridad ordenadora-, ello se debe a que con tal medida dispondrá éste de mejores medios y posibilidades de defensa, pues podrá atender y vigilar personalmente el desenvolvimiento del juicio que promueva, y rendir con mayor facilidad en el las pruebas que a su derecho importen, cuando el juez que ha de conocer del asunto se encuentra en su mismo lugar de residencia o, por lo menos, dentro de la misma entidad federativa. Además, si el juez de Distrito radica en el lugar donde la autoridad ejecuta el acto, contará con más amplias facilidades en el desempeño de su función y obtendrá mayor rapidez en el trámite del juicio; ventajas que son apreciables no sólo en materia de desahogo de pruebas sino especialmente en lo que ve al cumplimiento de los fallos que se dicten tanto en el incidente de suspensión como en el fondo de amparo, al evitarse las dilaciones que ocasionaría el tener que librar exhortos o despachos a tribunales distantes para la práctica de notificaciones y otras diligencias que no podría realizar el juzgado del conocimiento. El artículo 36 de la Ley de Amparo, en su primer párrafo, reproduce el principio de que será competente para conocer del juicio el juez en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado; regla que tiene la excepción consignada en el párrafo final del precepto, mismo que determina la competencia del juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad ordenadora, cuando requiriendo el acto reclamado ejecución material, con su solo dictado viole alguna garantía individual, siempre que la demanda se presente antes de que aquel haya comenzado a ejecutarse. La segunda situación que prevé la Ley es la que se presenta cuando existen dos o más autoridades ejecutoras radicadas en territorios sometidos a la jurisdicción de otros tantos jueces, caso en el cual cualquiera de ellos será competente, a prevención, conforme al párrafo segundo del aludido artículo 36; de lo que se desprende que aun agotada la ejecución en la parte encomendada a una de esas autoridades ejecutoras, el juez que tiene jurisdicción en ese territorio sigue siendo competente, a prevención. La última hipótesis legal prevista se refiere al caso de que el acto reclamado no requiera ejecución material; entonces el amparo deberá promoverse ante el juez de Distrito dentro de cuyo territorio resida la autoridad que lo hubiere dictado, según lo dispone el párrafo tercero del artículo 36 invocado. Ahora bien, no puede aceptarse que exista analogía entre la situación que se presenta cuando se reclama un acto que no exige ejecución material y la que se da cuando sí la requiere, pero se ocurre al juicio de garantías después de haberse ejecutado dicho acto. El que la ejecución se haya o no consumado, no hace variar los motivos que informan la regla general de competencia establecida en el párrafo primero del artículo 36 de la citada Ley de Amparo, regla que sólo admite la excepción a que se refiere el párrafo cuarto del propio dispositivo, de acuerdo con el principio de que las excepciones son de estricta interpretación y no pueden hacerse extensivas por analogía a situaciones diversas de las expresamente previstas; y es obvio que hay diversidad esencial entre el acto que no precisa ejecución material -caso en el que no interviene autoridad ejecutora alguna-, y el que sí la requiere -hipótesis en la que sí se da o se dio esa intervención de la autoridad-. De todo lo expuesto debe concluirse que la regla general de competencia relativa a que el juicio debe promoverse ante el juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, es aplicable cuando el acto esté pendiente de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ya ejecutado; hipótesis esta última en la que la autoridad ejecutora no deja de tener participación en el curso del juicio y aun después de concluido, al cumplimentar la sentencia de amparo." Asimismo, apoya a lo anterior la tesis I.1o.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, número de registro 189167, visible en la página 1299, novena época, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materias administrativa, común, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." En tal virtud, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. En consecuencia, una vez que quede firme esta sentencia envíese el expediente en que se actúa formado con la referida demanda de amparo, así como sus anexos, y los cuadernos incidentales respectivos al juez que se considera con competencia legal por territorio, para que dentro del término de cuarenta y ocho horas determine si acepta o no la competencia que se le plantea y se le solicita que haga del conocimiento de este juzgado la resolución que al respecto pronuncie, conforme a lo dispuesto por el artículo 48 de la Ley de Amparo. Con copia certificada fórmese cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 74, 76, 217 de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se resuelve: Primero. Este Juzgado Federal declara carecer de competencia para conocer y resolver de la demanda de amparo que nos ocupa y la declina a favor del Juez de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán. Segundo. En su momento, comuníquese la presente determinación al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán en turno, con residencia en Uruapan, Michoacán, y solicítesele que informe si acepta o no la competencia que se declina. Notifíquese por lista y por oficio a las responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Karla Martínez Arenas, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, ocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, agréguese el escrito de la quejosa Dulce Iveth Verduzco López, mediante el cual ofrece pruebas documental y formula alegatos. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada la documental que exhibe y hágase relación de éstas en la audiencia constitucional respectiva. Asimismo, con fundamento en el numeral 124 de la Ley de Amparo, se tiene por formulados los alegatos de la parte quejosa, lo anterior se ordena relacionar al momento de celebrarse la audiencia de ley. Ahora bien, respecto a la petición de la parte quejosa en el sentido de que se autoricen las convivencias con sus menores hijos los días sábados por la tarde, ello en virtud de que dejó de laborar y descansa ese día, asimismo, regresarlos con el padre custodio los domingos por la noche. Atento a lo anterior, dígase a la parte quejosa que en virtud de que en el incidente de suspensión derivado del presente juicio, se le autorizaron las convivencias para que las cosas se mantengan en el estado que guardan, es decir, se sigan llevando las convivencias entre la quejosa Dulce Ivett Verduzco López, y sus menores hijos de iniciales H.F.V. y E.F.V., en el horario establecido en cumplimiento a la suspensión provisional, y la modificación al mismo puede ser materia de la sentencia que se dicte dentro del presente juicio de amparo. Notifíquese por lista y personalmente a la quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Oscar Hernández García, secretario que autoriza y da fe.

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