Dulce María Motte Fernández
Expediente 1116/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1116/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Dulce María Motte Fernández
Actuaciones
- Principal
Puebla, Puebla, veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que el auto de seis de septiembre de dos mil dieciséis por el que DESECHÓ la demanda de amparo no fue recurrido mediante el recurso de queja procedente en términos del artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, CAUSA ESTADO dicho auto. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. ---, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN ----. Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009. NOTIFÍQUESE.
- Principal
.... con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VII, éste último aplicado en contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, es dable concluir que el juicio de amparo que se provee es improcedente, ya que, se insiste, los actos que reclama la quejosa, es decir, las llamadas recibidas para invitarla a una plática conciliatoria , no es una omisión del Ministerio Público en la investigación de los delitos, la resolución de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal, o la que decrete la suspensión de procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Aunado a lo anterior, se estima que también se actualiza en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 1, fracción I, este último a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I.Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De los preceptos transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente cuando ello derive de alguna disposición constitucional o de la Ley de Amparo; así mismo, que éste procederá contra normas generales, actos, u omisiones de autoridad que violen derechos humanos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En el caso, es evidente que el inicio de la asistencia tempranal, así como las llamadas realizadas a la quejosa por parte de la autoridad a fin de invitarla a una plática conciliatoria, no afecta materialmente algún derecho humano tutelado en la Constitución y en los tratados internacionales en favor del promovente, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, ya que sólo es la integración de una carpeta de investigación, así co0mo una invitación para que la quejosa, en su caso concilie con la contraparte, actos que se insiste, no afectan algún derecho humano de la quejosa. Máxime que del contenido integral de la demanda no se advierte que la quejosa reclame algún acto en que se ordene se le prive de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por consiguiente resulta improcedente el juicio de amparo que se promueve en conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 1, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, por ser notorias e indudables las causales de improcedencia que se observan, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XIII, en relación con los diversos 107, fracción VII, y 1, fracción I, éstos últimos aplicados a contrario sensu y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se provee. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando las listas que se fijan en los estrados de este Juzgado para oír y recibir notificaciones y por autorizando a Pablo Javier Motte Jiménez en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, así como por autorizada a la diversa que indica de manera restringida como lo precisa en la misma, esto es, únicamente para oír y recibir notificaciones. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES A fin de que se agilice el adecuado despacho del presente asunto, con fundamento en lo establecido en el artículo 21 de la Ley de Amparo se habilita al actuario judicial adscrito a este órgano jurisdiccional para que practique las notificaciones personales que se originen en el expediente de amparo en que se actúa en días y horas inhábiles, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad en los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, téngase a la quejosa manifestado su oposición para que se publique su nombre y datos personales en la sentencia que se llegue a dictar.
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