Dulce Abigail Uribe JuàRez

Expediente 430/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 25 actuaciones registradas, la última del 19 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
430/2022
Año
2022
Actuaciones
25
Última actuación
19/08/2022

Partes del expediente

  • Dulce Abigail Uribe JuàRez
  • Celestino MartìNez Bones, Juez de Oralidad Penal del Sistema Acusatorio Adversarial de la RegiòN Judicial Norte, del Distrito Judicial de ZacatlàN, Puebla

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veinte de julio de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER fuera de audiencia, en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es DEPURABLE, pues se concedió la suspensión provisional y por resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de dos mil veinte; y el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación a la suspensión; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico, como el impreso coincidan en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérsele hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE ORDENA DEVOLVER BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo fue exhibida garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional, y que en el presente asunto se ha ordenado el archivo como totalmente concluido. Sin que en el caso sea aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues el billete en cuestión no garantizó daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, de manera tal, que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la devolución del billete, pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de ésta es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía manifieste lo que a su interés convenga y, en el caso, con el otorgamiento de la medida cautelar se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios. En tales condiciones, requiérase a la quejosa para que comparezca a recoger el billete de depósito N 933578, expedido por Banco del Bienestar, y que ampara la cantidad de por la cantidad de $10,000.00 M.N. (DIEZ MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), apercibida que en caso de no comparecer en el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, las cantidades que ampara el aludido billete de depósito, se entenderá prescrito en favor de la Tesorería de la Federación y se ordenará su remisión para que su importe sea ingresado al Erario Federal. REGLAS PARA DEVOLUCIÓN DEL BILLETE Para lo cual, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que dentro del término concedido comparezca DULCE ABIGAIL URIBE JUÀREZ al desahogo de la diligencia de devolución del documento enunciado, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, por lo que se hace de su conocimiento que queda a cargo de la parte quejosa obtener la cita correspondiente (Código QR), pues no se trata de una diligencia que este juzgado deba programar. Hecho lo anterior, deberá informar al personal de este juzgado, vía telefónica, la hora y fecha generada para tal comparecencia, a fin de preparar la logística para su devolución. Por tanto, queda a su disposición el número telefónico 22 23 90 22 39 de la secretaria de juzgado, Mónica Grisell Hernández Velázquez a fin de que informe lo anterior, con la anticipación debida; en la inteligencia que de no hacerlo, deberá programar nuevamente su cita e informarla en la forma indicada. Lo anterior, atendiendo al esquema de trabajo de este juzgado, pues las actividades presenciales aún están limitadas, a virtud de la pandemia actual, para salvaguardar la salud del personal y de quienes acuden al mismo. Finalmente, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte los comparecientes deberán atender los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, así como las medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento, ello con el fin de resguardar la integridad del personal de este juzgado.

  2. Principal

    Puebla, Puebla, diecinueve de agosto de dos mil veintidós. CAUSA ESTADO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la resolución de veinte de julio de dos mil veintidós, por la que este órgano de control constitucional determinó SOBRESEER fuera de audiencia, en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, causa ESTADO; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: - Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. - ES DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 21, inciso a) del acuerdo general citado porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados; por ende, se conservará durante un plazo de tres años y se destruirá dentro de los treinta días siguientes al vencimiento de éste, sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo porque no los acompañó. DESTINO INCIDENTE ORIGINAL De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, es DEPURABLE, pues se concedió la suspensión provisional y por resolución interlocutoria de veintinueve de abril de dos mil veintidós, se concedió la suspensión definitiva solicitada, acorde con lo dispuesto en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, de agosto de dos mil veinte; y el artículo 18, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas al otorgamiento o violación a la suspensión; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular del órgano jurisdiccional. La justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación; y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. DESTINO INCIDENTE DUPLICADO Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la DESTRUCCIÓN del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido y remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, tal y como lo dispone el segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo normativo. ANOTACIONES EN CARÁTULA Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico, como el impreso coincidan en su totalidad. SIN OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES Así mismo, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérsele hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes. SE ORDENA DEVOLVER BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, se advierte que en el incidente de suspensión que deriva del presente juicio de amparo fue exhibida garantía para que surtiera efectos la suspensión provisional, y que en el presente asunto se ha ordenado el archivo como totalmente concluido. Sin que en el caso sea aplicable lo dispuesto por el artículo 156 de la ley de la materia, pues el billete en cuestión no garantizó daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado con el otorgamiento de la medida cautelar, de manera tal, que es innecesario esperar a que transcurran los seis meses que se indican en ese numeral, como plazo para que pueda ordenarse la devolución del billete, pues no existe razón objetiva alguna para que se agote dicho lapso y, por ende, tampoco para que previo a la devolución del documento, se de vista a las partes, pues el objeto de ésta es que quien tenga interés en hacer efectiva la garantía manifieste lo que a su interés convenga y, en el caso, con el otorgamiento de la medida cautelar se garantizó que el impetrante pudiera ser devuelto a la autoridad responsable que lo reclama, por lo que no existen daños y perjuicios. En tales condiciones, requiérase a la quejosa para que comparezca a recoger el billete de depósito N 933578, expedido por Banco del Bienestar, y que ampara la cantidad de por la cantidad de $10,000.00 M.N. (DIEZ MIL PESOS, CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), CERO CENTAVOS, MONEDA NACIONAL), apercibida que en caso de no comparecer en el término de dos años a que se refiere el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación, las cantidades que ampara el aludido billete de depósito, se entenderá prescrito en favor de la Tesorería de la Federación y se ordenará su remisión para que su importe sea ingresado al Erario Federal. REGLAS PARA DEVOLUCIÓN DEL BILLETE Para lo cual, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 6, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que dentro del término concedido comparezca DULCE ABIGAIL URIBE JUÀREZ al desahogo de la diligencia de devolución del documento enunciado, en las instalaciones de este órgano jurisdiccional, por lo que se hace de su conocimiento que queda a cargo de la parte quejosa obtener la cita correspondiente (Código QR), pues no se trata de una diligencia que este juzgado deba programar. Hecho lo anterior, deberá informar al personal de este juzgado, vía telefónica, la hora y fecha generada para tal comparecencia, a fin de preparar la logística para su devolución. Por tanto, queda a su disposición el número telefónico 22 23 90 22 39 de la secretaria de juzgado, Mónica Grisell Hernández Velázquez a fin de que informe lo anterior, con la anticipación debida; en la inteligencia que de no hacerlo, deberá programar nuevamente su cita e informarla en la forma indicada. Lo anterior, atendiendo al esquema de trabajo de este juzgado, pues las actividades presenciales aún están limitadas, a virtud de la pandemia actual, para salvaguardar la salud del personal y de quienes acuden al mismo. Finalmente, se hace de su conocimiento que en atención al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura publicado el treinta y uno de julio de dos mil veinte los comparecientes deberán atender los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, así como las medidas sanitarias y consecuencias de su incumplimiento, ello con el fin de resguardar la integridad del personal de este juzgado.

  3. Principal

    SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DECRETADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACION Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE VEINTE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. uebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control y Ejecución Región Judicial Norte; recibido vía correo electrónico, por medio del cual en cumplimiento al auto de catorce de julio del actual informa que el diez de enero del año en curso se le impusieron a la aquí quejosa Dulce Abigail Uribe Juárez las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de acercarse a la víctima, las cuales concluyeron el diez de mayo del año en curso, por lo que actualmente no se encuentra sujeta a ninguna medida cautelar dentro de la causa penal 110/2020/ZACATLAN, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, la parte quejosa se duele de la orden de aprehensión de once de abril del año en curso, librada por el Juez de Control y Ejecución Región Judicial Norte, dentro de la causa penal 110/2020/ZACATLAN de su índice y su ejecución al Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlàn, Puebla, en su denominación correcta. Sin embargo, la autoridad responsable informó mediante oficio JOPZ/2215/2022 de doce de julio del año en curso que dejó sin efecto la orden de aprehensión reclamada, toda vez que la aquí quejosa Dulce Abigail Uribe Juárez se puso a su disposición para la continuación del proceso y se decretó la reapertura del mismo, haciendo de su conocimiento a los Agentes del Ministerio Público correspondientes, para que se abstuvieran de ejecutarla, tal como se advierte del acuse de recibo que remitió la responsable. En esa tesitura, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veinte de abril de dos mil veintidós, el acto reclamado se encontraba vigente, también lo es, que el mismo dejó de estarlo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de once de abril del año en curso, librada en contra de la quejosa, determinación que le notificó a los Agentes del Ministerio Público correspondientes mediante oficio de doce de julio del actual, para que a su vez éste informara a quien corresponda se abstenga de ejecutar la misma. En esas condiciones resulta indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y su ejecución De ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos de los artículos 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlàn, Puebla, en su denominación correcta, por no haberlo reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

  4. Principal

    Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio del Juez de Control y Ejecución Región Judicial Norte; recibido vía correo electrónico, por medio del cual en cumplimiento al auto de catorce de julio del actual informa que el diez de enero del año en curso se le impusieron a la aquí quejosa Dulce Abigail Uribe Juárez las medidas cautelares de presentación periódica y la prohibición de acercarse a la víctima, las cuales concluyeron el diez de mayo del año en curso, por lo que actualmente no se encuentra sujeta a ninguna medida cautelar dentro de la causa penal 110/2020/ZACATLAN, lo anterior para que surta sus efectos legales correspondientes. Ahora bien, visto el estado que guardan los autos y del contenido de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte la actualización de motivos manifiestos e indudables de improcedencia; lo que a consideración del suscrito hace innecesaria la continuación del presente juicio de amparo. En efecto, de lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad de que durante el juicio sobreviniera alguna causa de improcedencia que condujera al sobreseimiento, tan es así que en dicho precepto estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la propia ley reglamentaria de procedimiento constitucional. En efecto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, cuyo texto literal es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Para precisar los alcances de la expresión "cesado los efectos" resultan útiles las consideraciones de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al interpretar lo dispuesto en la fracción XV del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada, por que dicha disposición y la transcrita son idénticas. La sala en cita estimó que la improcedencia del juicio por cesación de efectos ocurre cuando éstos fueron destruidos en forma total e incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo a la parte quejosa; esto es, como si el acto no hubiera invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella, ya que la razón que justifica la improcedencia del juicio de amparo es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni los surtirá en la esfera de derechos del quejoso. La interpretación aludida puede advertirse en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.". En el caso, la parte quejosa se duele de la orden de aprehensión de once de abril del año en curso, librada por el Juez de Control y Ejecución Región Judicial Norte, dentro de la causa penal 110/2020/ZACATLAN de su índice y su ejecución al Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlàn, Puebla, en su denominación correcta. Sin embargo, la autoridad responsable informó mediante oficio JOPZ/2215/2022 de doce de julio del año en curso que dejó sin efecto la orden de aprehensión reclamada, toda vez que la aquí quejosa Dulce Abigail Uribe Juárez se puso a su disposición para la continuación del proceso y se decretó la reapertura del mismo, haciendo de su conocimiento a los Agentes del Ministerio Público correspondientes, para que se abstuvieran de ejecutarla, tal como se advierte del acuse de recibo que remitió la responsable. En esa tesitura, es dable colegir que si bien a la fecha de presentación de la demanda de amparo, esto es, el veinte de abril de dos mil veintidós, el acto reclamado se encontraba vigente, también lo es, que el mismo dejó de estarlo, pues la autoridad responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de once de abril del año en curso, librada en contra de la quejosa, determinación que le notificó a los Agentes del Ministerio Público correspondientes mediante oficio de doce de julio del actual, para que a su vez éste informara a quien corresponda se abstenga de ejecutar la misma. En esas condiciones resulta indudable que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que la autoridad responsable dejó insubsistente el acto reclamado y su ejecución De ahí que lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo en términos de los artículos 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución reclamado al Jefe de Grupo Ministerial adscrito a la Unidad de Apoyo Policial, sede Zacatlàn, Puebla, en su denominación correcta, por no haberlo reclamado por vicios propios sino en vía de consecuencia. SIN EFECTOS AUDIENCIA En consecuencia de lo acordado en el presente proveído se deja sin efectos la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional, misma que fue fijada para las NUEVE HORAS CON DOCE MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.

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