Dulce María Mendoza Sánchez
Expediente 486/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 486/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 20/07/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dulce María Mendoza Sánchez
Actuaciones
- Principal
...CÚMPLASE...
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, TRECE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por la quejosa DULCE MARÍA MENDOZA SÁNCHEZ, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el que se desechó su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 81, 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, y para los efectos de la ulterior tramitación del mencionado recurso y remítase el original del escrito de agravios, así como de este asunto al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, dentro del término de tres días que establece el último de los numerales en cita. En la inteligencia que el término de tres días a que se hizo referencia en el párrafo que antecede, comenzará a transcurrir a partir del día siguiente al en que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación del presente proveído. NOTIFÍQUESE.
- Principal
MORELIA, MICHOACÁN, CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por DULCE MARÍA MENDOZA SÁNCHEZ, contra actos del Presidente de la Junta Especial Número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad y otra autoridad, de la que se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa básicamente reclama los siguientes actos: "A).- De la AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA, se reclama: I.- El auto de DESAHOGO DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN, DEMANDA Y EXEPCIONES, de fecha 11 once de abril del año 2018 dos mil dieciocho, dictado dentro del Expediente número 2B-2844/2016 relativo a la Demanda Laboral promovida por las CC. LANDY BERENICE JUSTINIANI y ALEJANDRA JUSTINIANI RODRÍGUEZ, por conducto de sus apoderados jurídicos, frente a la suscrita DULCE MARÍA MENDOZA SANCHEZ, que se tramita ante la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación Arbitraje en el Estado; asi mismo (SIC) se le reclama la Diligencia de emplazamiento ordenada con fecha de 11 once de abril del año en curso. B) De la AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA se reclama: I. Del ciudadano Notificador adscrito a la Junta Especial número Dos de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado; la falta absoluta e ilegal del supuesto emplazamiento realizado a la impetrante, al momento que con su actuarme deja en total estado de indefensión." Cabe destacar que los artículos 752, 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, en su orden señalan: "ARTÍCULO 752. Son nulas las notificaciones que no se practiquen de conformidad a lo dispuesto en este Capítulo". "ARTÍCULO 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley". "ARTÍCULO 762. Se tramitarán como incidentes de previo y especial pronunciamiento las siguientes cuestiones. I. Nulidad; De lo que se sigue, que los citados numerales preceptúan la posibilidad de que en contra de las notificaciones efectuadas dentro del procedimiento laboral, que no se practiquen de conformidad con lo dispuesto en la citada ley, pueden ser impugnadas a través del incidente de nulidad. En vista de lo anterior, resulta evidente que, respecto del acto analizado, la quejosa como parte del juicio del que emana el acto reclamado, debió agotar el principio de definitividad que rige el juicio constitucional, esto es, impugnar la notificación de veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, mediante incidente de nulidad de actuaciones previsto por los referidos artículos 752, 761 y 762 de la Ley Federal del Trabajo, que establecen que las notificaciones hechas en forma distinta a lo señalado por la ley serán nulas. Entonces, debe arribarse a la conclusión que los actos reclamados pudieron haber sido invalidados mediante la tramitación del citado incidente. En esas condiciones, la peticionaria de garantías debió promover el incidente sobre la declaración de nulidad de tal actuación, antes de acudir al juicio constitucional, de forma que al no hacerlo así, no agotó el principio de definitividad, necesario para la procedencia de esta instancia constitucional. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 65/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 259, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES EN EL JUICIO LABORAL. ESTE INCIDENTE, RESPECTO DE LAS PARTES QUE HAN COMPARECIDO, CONSTITUYE UN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA Y DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL AMPARO, EXCEPTO CUANDO LA PARTE AFECTADA SE ENTERA DESPUÉS DEL LAUDO. Los artículos 107, fracción III, incisos a) y b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de garantías, consistente en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables, pues de no ser así, el mencionado juicio será improcedente. Ahora bien, de la interpretación conjunta de los artículos 735, 752 y 762 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el incidente de nulidad de notificaciones en el juicio laboral satisface los requisitos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido para estimar la existencia de un medio ordinario de defensa, es decir, tiene por objeto anular la notificación que lesiona los intereses del quejoso, con efectos similares a la revocación, está establecido en la citada ley laboral y tiene determinado un procedimiento para su resolución, pues fija un término para su interposición y un plazo para su resolución y, por tanto, constituye una actuación necesaria de las partes que han comparecido al juicio laboral, a fin de que la Junta de Conciliación y Arbitraje se pronuncie, específicamente, sobre la nulidad de las notificaciones que se practiquen en forma distinta a lo prevenido en la ley. Lo anterior es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en caso de no obtener resolución favorable se actualiza el medio extraordinario de defensa, que es el juicio de amparo; de lo contrario, si las partes dentro del juicio ordinario no tuvieran la carga de plantear sus defensas, excepciones o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote su jurisdicción, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de amparo suplantaría las facultades del Juez ordinario; además, si los afectados no interponen dichos medios ordinarios de defensa, las violaciones procesales que pudieron haber sido reparadas por la propia autoridad responsable mediante la tramitación del incidente respectivo, no podrán ser atendidas en el juicio de amparo que se promueva; máxime que debe prevalecer lo dispuesto por la fracción V del artículo 159 de la Ley de Amparo, que establece que se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, entre otras, cuando se resuelva ilegalmente un incidente de nulidad, lo que implica la obligatoriedad de su promoción. Sin embargo debe considerarse para la exigencia previa del incidente de nulidad de notificaciones, el momento en el cual el afectado tuvo conocimiento de la violación procesal de que se trata, pues si ello ocurrió antes de dictarse el laudo, el afectado debió interponer el incidente de referencia antes de acudir al juicio de amparo; en cambio, de haber conocido la violación hasta después de emitido el laudo por la Junta del conocimiento, el afectado puede reclamar el laudo en amparo directo junto con la violación procesal, pues habiendo concluido el procedimiento, los efectos de la cosa juzgada y de la preclusión impiden que se abra nuevamente para discutir cuestiones procesales, las que sólo pueden ser decididas en vía de amparo." Por lo que al no haberlo hecho así, es de considerarse que en el particular se actualiza la causal de improcedencia de referencia; ya que a través del incidente de nulidad de actuaciones, bien pudo obtener la revocación de la notificación reclamada. De donde se sigue, que si la inconforme dejó de agotar el principio de definitividad que impera en el juicio de garantías, por ende, en términos del artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, la presente demanda de garantías deviene improcedente. Sirven de apoyo las tesis de jurisprudencia números VI. 2o.J/52, y 986, publicadas en las páginas 401 y 678, de los Tomos VI, Segunda Parte-1, julio a diciembre de 1990 y, Tomo VI, Octava y Séptima Épocas, del Semanario Judicial de la Federación y del Apéndice 1995, que a continuación por su orden se transcriben: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común". "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN INPROCEDENTE EL AMPARO. Si el quejoso estuvo en aptitud de hacer valer en el juicio de donde emanan los actos reclamados, el recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados dichos actos, y no agotó ese recurso o medio de defensa antes de ocurrir al juicio de garantías, el acto reclamado carece de definitividad y es improcedente el amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia citadas, resulta improcedente la demanda de garantías y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Cuautla, número 90, altos, interiores 3 y 4, Centro, en esta ciudad y autorizando únicamente para tal efecto a Favio Antonio Hernández Patiño, y Sandra Parra Ángel, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se advierte que se encontró el dato inherente a las cédulas profesionales número 4939694 y 3627420, que acredita a los referidos autorizados como licenciados en derecho, no así a Lilia Guerrero Abiles y Evaristo Lemuz Ayala, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza laboral y se la quejosa la parte patronal dentro del juicio laboral de donde emanan los actos reclamados. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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