Dulce María Aguirre Alvarado
Expediente 904/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 904/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dulce María Aguirre Alvarado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, como no se interpuso recurso de revisión en contra del auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, de la Constitución Federal, 354, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2º, se declara que dicho auto HA QUEDADO FIRME, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo como asunto totalmente concluido. Luego, vistos los autos del presente expediente y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Quinto Transitorio, Titulo Segundo, Capítulo Primero, artículo 6; Capítulo Segundo, ordinal 8; Capítulo Tercero numeral 14, fracción III, y, Capítulo Sexto, numeral 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo sexto, artículo 20, fracción II del Acuerdo en mención. Notifíquese.
- Principal
En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso b) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio **************, signado por el Presidente de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; mediante el cual, se le tiene remitiendo en alcance a su informe justificado las constancias que indica, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable en comento, las documentales que acompaña a sus oficios de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, los cuales hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Violentar el derecho fundamental de la quejosa a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de justicia pronta y expedita, ya que la autoridad responsable ha omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en audiencia de fecha 31 treinta y uno de agosto del año 2022 dos mil veintidós, en términos de lo establecido en los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos legales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda ordinaria laboral." Ahora, en el caso concreto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, por razón de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en haberse omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en audiencia de treinta y uno de agosto dos mil veintidós, en términos de lo establecido en los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos legales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda ordinaria laboral; ello, dentro de los autos del juicio ordinario laboral ********. Luego, cabe destacar que por oficio **********, el presidente y representante de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, recibido el dieciséis de agosto del año en curso, informó que en los autos del juicio ordinario laboral *********, el nueve de agosto de dos mil veintitrés, fue emitido el acuerdo de pruebas correspondiente, turnándose los autos al actuario para que llevara a cabo las correspondientes notificaciones, asimismo, con el oficio de cuenta, dicha autoridad remitió las notificaciones realizadas a las partes de dicho acuerdo, dejándose con ello, insubsistente el acto reclamado por el aquí quejoso; de ahí, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, por razón de que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; también lo es, que la autoridad responsable emitió un acuerdo el nueve de agosto de dos mil veintitrés que superó la omisión reclamada. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio **************, signado por el Presidente de los Integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán; mediante el cual, se le tiene remitiendo en alcance a su informe justificado las constancias que indica, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar Asimismo, con fundamento en el artículo 119 del citado ordenamiento legal, se tiene como prueba de la autoridad responsable en comento, las documentales que acompaña a sus oficios de cuenta, mismas que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia respectiva. Ahora, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, mediante proveído de once de julio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por ********************, contra los actos de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, los cuales hizo consistir en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: Violentar el derecho fundamental de la quejosa a un proceso sin dilaciones y a obtener administración de justicia pronta y expedita, ya que la autoridad responsable ha omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en audiencia de fecha 31 treinta y uno de agosto del año 2022 dos mil veintidós, en términos de lo establecido en los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos legales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda ordinaria laboral." Ahora, en el caso concreto, se considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, por razón de que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora, en el caso, el acto reclamado se hace consistir en haberse omitido dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes, en audiencia de treinta y uno de agosto dos mil veintidós, en términos de lo establecido en los artículos 880 fracción IV y 883 de la Ley Federal del Trabajo, preceptos legales vigentes en la fecha de la presentación de la demanda ordinaria laboral; ello, dentro de los autos del juicio ordinario laboral ********. Luego, cabe destacar que por oficio **********, el presidente y representante de los integrantes de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, recibido el dieciséis de agosto del año en curso, informó que en los autos del juicio ordinario laboral *********, el nueve de agosto de dos mil veintitrés, fue emitido el acuerdo de pruebas correspondiente, turnándose los autos al actuario para que llevara a cabo las correspondientes notificaciones, asimismo, con el oficio de cuenta, dicha autoridad remitió las notificaciones realizadas a las partes de dicho acuerdo, dejándose con ello, insubsistente el acto reclamado por el aquí quejoso; de ahí, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, por razón de que la omisión aquí reclamada ha dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Lo anterior es así, dado que si bien es cierto, en el presente juicio, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado la omisión de dictar el acuerdo de admisión y/o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes; también lo es, que la autoridad responsable emitió un acuerdo el nueve de agosto de dos mil veintitrés que superó la omisión reclamada. Por lo cual, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia Constitucional, programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL CUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio J-IV-2024/2023, signado por el Presidente y representante de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje de Michoacán, con sede en esta ciudad; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifieste lo que a su interés legal convenga. Por otro lado, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene admitida y desahogada, dada su propia y especial naturaleza la prueba documental que anexa su oficio de cuenta, relativo al expediente laboral 4C-2508/2019, sin perjuicio de hacer relación en la audiencia constitucional. Atento a la documental que remite, se advierte que no obra constancia de notificación a las partes dentro el expediente laboral 4C-2508/2019, relativo al auto de nueve de agosto del año en curso. Por tanto, con fundamento en los artículos 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, y 75 de este último ordenamiento legal, por resultar necesarias para resolver el presente juicio de amparo, requiérase a la autoridades responsables oficiante, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que reciba el oficio correspondiente, remita copias certificadas de la totalidad de las constancias de notificación a las partes en el expediente laboral 4C-2508/2019, relativo al auto de nueve de agosto del año en curso, bajo apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo concedido, se les impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con el artículo 260, fracción II, de la Ley de la materia en vigor. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia P./J. 17/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo V, Febrero de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Asimismo, resulta aplicable la tesis número I.11o.T.1 K (10a.), emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 2675, Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2019418, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUEZ DEBE INDAGAR O RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA DETERMINAR SI AQUÉLLA SE ACTUALIZA, Y SI EL INDICIO SE CONOCIÓ EN EL RECURSO DE REVISIÓN, EL TRIBUNAL DEBE REVOCAR LA SENTENCIA IMPUGNADA Y ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PARA QUE AQUÉL REALICE LA INDAGATORIA. Conforme al artículo 62 de la Ley de Amparo las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio, por lo que deben estudiarse por el juzgador aunque no las invoquen las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto, regla que debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales, cuando éstas se adviertan mediante un indicio; por consiguiente, si de las constancias de autos el Juez advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio, oficiosamente debe indagar y, en todo caso, allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza y sobreseer en el juicio, o bien, en caso contrario, abordar el fondo del asunto, sin que obste a lo anterior que las pruebas documentales deban ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional, en términos del artículo 119 de la ley citada, de manera que las exhibidas con posterioridad no podrán tomarse en cuenta porque, de hacerlo, se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal. No obstante, esa regla general no opera cuando se acredite un motivo de sobreseimiento conforme al artículo 63 de la propia ley, aun con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional o después de dictada la sentencia, como pudiese acontecer al promoverse el recurso de revisión, donde puede presentarse una prueba documental de la cual derive la existencia de un indicio, al no haber limitación alguna para ello, por lo que el órgano colegiado, al ocuparse del recurso de revisión, tiene la facultad para sobreseer en el juicio, valorando esas pruebas cuando aparezca fehacientemente demostrada o sobrevenga una causal de improcedencia, sin que exista obstáculo para que se revoque el fallo impugnado y se ordene la reposición del procedimiento." Notifíquese.
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