Dulce María Martínez Peña
Expediente 1609/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 1 actuación registrada, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1609/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Dulce María Martínez Peña
Actuaciones
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Informe justificado Agréguese a los autos el oficio signado por el Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, atento a su contenido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley de Amparo, se le tiene por rendido su informe justificado. Pruebas autoridad responsable De igual forma, se tienen por ofrecidas las pruebas de la autoridad responsable consistente en las documentales que anexa, las cuales se desahogan por su propia naturaleza y serán relacionadas en la audiencia constitucional, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Se da vista a la parte quejosa para ampliar demanda Ahora bien, del estado procesal de autos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "La omisión de dar contestación al escrito presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés" Ahora bien, de las constancias que remite la autoridad responsable, se advierte que el diez de noviembre del año actual, mediante oficio SP/DAP/1161/2023, dio contestación al escrito de la parte quejosa, presentado el nueve de octubre de dos mil veintitrés, tal y como se advierte de las documentales que remite la autoridad responsable. En consecuencia, dese vista a la parte quejosa, para que manifieste si es su deseo ampliar su demanda y señalar como actos reclamados: el oficio SP/DAP/1161/20 de nueve de octubre de dos mil veintitrés, emitido por la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y de ser el caso, amplié sus conceptos de violación formulados en su escrito inicial de demanda; por lo que se le otorga un plazo de quince días hábiles (que se otorga conforme al numeral 17, en relación con el 111, ambos de la Ley de Amparo) a efecto de que lo realice. Además, se hace del conocimiento del peticionario de amparo que, de considerar favorable a sus intereses cumplir con la prevención que se le efectúa, el cumplimiento respectivo deberá ser por escrito colmando los requisitos del artículo 108 de la Ley de Amparo, con las copias suficientes del escrito de ampliación para correr traslado a las partes de este juicio; en la inteligencia, que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional analizará el acto reclamado a la luz de su escrito inicial de demanda. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia: 2a./J. 149/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 334, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. Si durante la tramitación de un juicio de garantías promovido por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la autoridad responsable emite respuesta expresa a solicitud del quejoso, éste puede promover otro amparo o ampliar su demanda inicial contra ese nuevo acto, porque si bien es cierto que la respuesta de la autoridad responsable extingue la omisión original en que se encontraba y que motivó el juicio de amparo, también lo es que tal respuesta constituye un acto nuevo relacionado con aquella omisión que, por tanto, puede analizarse en el mismo juicio, a más de que por razones de concentración y economía procesal y en estricto cumplimiento al artículo 17 constitucional, es conveniente que así sea. Lo anterior no quebranta el sistema dispuesto en la Ley de Amparo, por el contrario, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar la respuesta de la autoridad responsable como corresponda y estime conveniente, y si opta por ampliar su demanda porque considera que ésta es la vía adecuada, el Juez de Distrito debe analizarla." Así como la jurisprudencia número VI.1o.A. J/48, visible en la página 1728, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. EL QUEJOSO PUEDE OPTAR POR ELLA EN CONTRA DE LA CONTESTACIÓN A SU PETICIÓN Y SU NOTIFICACIÓN, AUN CUANDO LA RESPONSABLE AFIRME QUE CUMPLIÓ CON EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL, ANTES DE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si el juicio de garantías se promueve por violación al derecho de petición, contenido en el artículo 8o. constitucional, y la autoridad responsable rinde informe justificado en el sentido de que la petición formulada por el accionante del juicio fue contestada y notificada en fecha previa a la de la presentación de demanda, lo que podría tener como consecuencia el sobreseimiento en el juicio de garantías, en términos del artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, ante la inexistencia de la omisión reclamada, dicha contestación puede ser objeto ya sea de la promoción de un diverso juicio de garantías o de la ampliación de la demanda de amparo inicial, porque aun cuando se afirme por la autoridad responsable que la respuesta se formuló antes de que se presentara la demanda de garantías, la circunstancia de que el quejoso acuda al amparo haciendo valer la violación a la garantía constitucional en estudio, hace deducir que tal contestación y su notificación constituyen actos nuevos desconocidos por el accionante relacionados con la omisión reclamada, y que por tanto, pueden analizarse en el mismo juicio ya promovido, en aras de la concentración y economía procesal referidas en el artículo 17 de la Constitución General de la República." Cabe hacer la aclaración que la prevención que se le hace a la parte quejosa para que manifieste si es su deseo ampliar su escrito inicial de demanda se formula en cumplimiento a la jurisprudencia 2a./J. 149/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. EL QUEJOSO PUEDE AMPLIARLA PARA IMPUGNAR LA RESPUESTA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, DURANTE LA TRAMITACIÓN DE UN JUICIO DE GARANTÍAS PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN", cuyo texto ya quedó trascrito en párrafos precedentes; sin embargo, también se le hace saber al impetrante del amparo que dicha prevención no lo exime de cumplir con los requisitos de procedencia que exige la Ley de Amparo, como son, por ejemplo, instancia de parte agraviada, agravio personal y directo, interés jurídico, oportunidad de la demanda, definitividad, entre otros, los cuales, de ser el caso, se analizarán en la sentencia que se dicte en el presente juicio constitucional. Por otro lado, visto el escrito signado por la quejosa Dulce María Martínez Peña, respecto a la solicitud de la parte quejosa de dar vista al Ministerio Público Federal adscrito a este juzgado federal, para los efectos legales conducentes, hágase del conocimiento de la parte quejosa, que se dejan a salvo sus derechos para hacerlos valer como a su interés legal convenga, pues de proceder como lo solicita se estaría calificando, desde el punto de vista penal, la conducta asumida por alguna de las partes en el juicio de amparo correspondiente, invadiendo las facultades que son propias del órgano investigador, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable a lo anterior la tesis P. XXVI/91, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 11, Tomo VII, del Seminario Judicial de la Federación, Octava Época, correspondiente a Mayo de 1991, cuyo rubro y texto señala: "DENUNCIA DE HECHOS QUE PUEDEN CONSTITUIR ILÍCITO PENAL, SU CONOCIMIENTO NO INCUMBE A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Resulta improcedente el escrito presentado como denuncia de hechos que pueden constituir ilícitos penales, para que la Suprema Corte de Justicia se avoque a su conocimiento, en virtud de que, corresponde al Ministerio Público la persecución de los delitos correspondientes, de conformidad con lo establecido por las disposiciones constitucionales y legales." Finalmente en cuanto hace a su diversa solicitud de requerir a la Jefa del Departamento de Afiliación y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que informe a este órgano jurisdiccional quien es la autoridad que sí está facultada para otorgar o negar la pensión de viudez que solicita, comuníquese a la ocursante que deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Cecilia Ángeles Serrano Secretario de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
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