Dulce María Burgos Cardenas
Expediente 521/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de enero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/01/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Dulce María Burgos Cardenas
Actuaciones
- Principal
En Apizaco, Tlaxcala, dieciocho de enero de dos mil veintiuno. Causa estado auto que desechó la demanda. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído del trece de octubre de dos mil veinte, en el que desechó la demanda de amparo promovida por Dulce María Burgos Cárdenas, con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Expediente destruible y sin relevancia documental. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso d), del Acuerdo General de veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo 21. Por otra parte, dado que el presente juicio carece de relevancia histórica documental, pues no se ubica en las hipótesis previstas en el artículo 15, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, VII, IX, X y XI, del citado Acuerdo General, una vez que transcurra el plazo de conservación que dispone el artículo 21 del citado acuerdo, deberá destruirse el expediente principal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, una vez que transcurra el plazo de treinta días que dispone el artículo 21, penúltimo párrafo del multicitado acuerdo. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del presente expediente. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, ante Carmen Esther Pérez Vargas, Secretaria de este Juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, nueve de noviembre de dos mil veinte. Se ordena notificar por lista. Vista la razón actuarial de treinta de octubre del año en curso, suscrita por el Actuario Judicial adscrito a este Juzgado; por medio de la cual, manifiesta la imposibilidad para notificar a la parte quejosa Dulce María Burgos Cárdenas, el proveído de trece de octubre del año en curso, por los motivos que indica; en consecuencia, con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, se ordena notificarle el citado auto, así como el presente proveído, y subsecuentes notificaciones -aún las de carácter personal-, por medio de lista, que se fija en los estrados de este juzgado, hasta en tanto señale diverso domicilio para tal efecto en la zona metropolitana Apizaco-Tlaxcala. En Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veinte. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Dulce María Burgos Cárdenas, por propio derecho, contra actos del Secretario General y Secretaria del Interior y Propaganda del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 521/2020-VII. Desecha demanda. Ahora, visto el escrito de demanda presentado por Dulce María Burgos Cárdenas, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. Precisado lo anterior, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, por las razones que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalente a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de ésta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". Como se puede advertir, la Ley de Amparo establece la descripción de cuándo debe considerarse a un ente del Estado como autoridad responsable; además, prevé que los particulares pueden tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo, pero, condiciona tal situación al cumplimiento de dos supuestos: El primero, que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad que afecten los derechos del quejoso, en los mismos términos de dicha fracción, esto es, de manera unilateral y obligatoria. El segundo, que sus funciones, con base en las cuales emitan sus actos, estén determinadas por una norma general. Partiendo de tales premisas, se tiene que la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no se opone a la Ley de Amparo vigente, exige para considerar a un ente como autoridad para los efectos del juicio de amparo, que se trate de una relación de supra a subordinación, lo que equivale en la actual Ley de Amparo, a que se realicen actos equivalentes a los de la autoridad (unilaterales y obligatorios). Asimismo, la jurisprudencia contempla que esa relación tenga nacimiento en la legislación, lo que equivale en la nueva Ley, a que sus funciones estén determinadas por una norma general. Para tener un concepto más claro de lo que debe entenderse por autoridad para efectos del juicio de amparo, resulta procedente atender al criterio que sustenta la citada jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS". De lo anterior, se pone de manifiesto que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En tal virtud, la redacción del actual precepto que prevé y define quiénes son las partes en el juicio de amparo, no abrió la posibilidad de hacer procedente el juicio contra cualquier acto de particulares y, por ende, no se traduce en que a partir de la iniciación de su vigencia, el amparo sea procedente contra actos emitidos por cualquier particular. De ahí que los actos que emanan de las relaciones de supra-subordinación -entre órganos del Estado-, o de coordinación -entre particulares-, no pueden reclamarse a través del juicio de amparo. En el caso a estudio, se advierte que el promovente reclama del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala: - todos los autos, acuerdos, decretos y resoluciones derivadas del oficio UC/685/23092020/SGC, mediante el cual se le canceló su licencia sindical, así como - la falta de emplazamiento al juicio que dio origen al oficio UC/685/23092020/SGC. En primer término, resulta necesario definir si las autoridades señaladas como responsables tienen tal carácter para efectos del presente juicio de amparo. En ese sentido, resulta pertinente destacar que, de conformidad con el derecho a la libertad sindical de los trabajadores, se encuentra regulado por la Ley Federal del Trabajo, y las irregularidades que resulten de éste, serán resueltas por las autoridades laborales, consideración que deriva del criterio sustentado en la tesis IX.1o.1 L (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, de rubro: "SINDICATOS. LAS IRREGULARIDADES COMETIDAS PREVIAMENTE AL REGISTRO O TOMA DE NOTA DE LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA PUEDEN RECLAMARSE A TRAVÉS DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL, UNA VEZ QUE HA CONCLUIDO EL PROCESO DE ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA". De lo anterior se obtiene que, de existir alguna afectación al agremiado respecto del oficio a través del cual se le cancela su licencia sindical, puede acudir ante las instancias labores que correspondan, ya que éstos serán los encargados de examinar la constitucionalidad o no del actuar del sindicato, pues de darse ese supuesto, es claro que ello tendría su origen en un orden laboral derivado de una relación sindical. En ese orden de ideas, resulta inconcuso que los actos reclamados por parte de la promovente del amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala, al comunicarle el oficio UC/685/23092020/SGC mediante el cual le hace saber la cancelación de su actual licencia sindical, no son conductas que se realicen con el carácter de autoridad, sino que derivan de disposiciones contenidas en los estatutos que rigen la vida interna de los sindicatos, lo cual no reviste las características de unilateralidad, coercibilidad, e imperatividad que se requieren para establecer el concepto de acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Además, los integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala, no están investidos de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre éste y sus agremiados es de igualdad (coordinación) máxime que las controversias entre un sindicato y sus agremiados serán resueltas por la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva; en cuyo procedimiento el sindicato no acude como autoridad. Es aplicable, por analogía, la tesis XXVI.2 A (10a.), sustentada por la Tribunal Colegiado del Vigésimo Sexto Circuito, de rubro siguiente: "DETERMINACIONES ADOPTADAS POR LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LOS SINDICATOS, A TRAVÉS DE LAS CUALES IMPONEN SANCIONES A SUS MIEMBROS. NO CONSTITUYEN ACTOS EQUIVALENTES A LOS DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO". En ese sentido, los actos que se combaten a través de esta vía no pueden considerarse actos de autoridad para efectos de juicio de amparo, al no provenir de una norma legal que le otorgue a la institución emisora por sí y ante sí la facultad de conducirse de tal o cual manera que mediante ésta cree una situación jurídica concreta que afecte la esfera legal de la quejosa, sin la necesidad de acudir a los tribunales judiciales ni del consenso de su voluntad; bajo la premisa de que su actuar proviene como un órgano administrativo que carece de jurisdicción e imperio, y por tanto, de existir alguna discrepancia, ésta debe resolverse por la vía ordinaria correspondiente y no mediante el juicio de amparo. Así, los actos que se reclaman del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala, no tienen la característica de "actos de autoridad", toda vez que el citado sindicato no actúa con ese carácter, pues la relación existente entre la quejosa y el sindicato responsable es laboral. De ahí que si, en el caso concreto, el origen de la relación entre el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala, señalado como responsable, y la hoy quejosa, dimana de una relación en un plano de igualdad; más no es de supra a subordinación; consecuentemente para los efectos del presente juicio de amparo, el citado sindicato, no tiene el carácter de autoridad responsable, al no encontrarse revestidos sus actos de unilateralidad y obligatoriedad. De modo que los actos reclamados por la quejosa, no pueden ser materia de análisis en la instancia constitucional por no haber sido emitidos por un ente del Estado en uso de su potestad de imperio sino, en todo caso, el estudio de tal cuestión corresponde a los tribunales ordinarios, por no tratarse de actos de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.T.24 L (10a.) del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro: "SINDICATOS. CUANDO SUS MIEMBROS CONSIDEREN AFECTADOS SUS DERECHOS EN LA ELECCIÓN O CAMBIO DE DIRECTIVA, ESTÁN LEGITIMADOS PARA CONTROVERTIRLOS EN LA VÍA JURISDICCIONAL". En consecuencia, respecto de los actos reclamados a las autoridades citadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, al haberse actualizado la causa de improcedencia a que se ha hecho alusión, por los actos que se reclaman del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XXX, Tlaxcala, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda intentada. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala para tales efectos, con el apercibimiento que de resultar inexacto, la notificación del presente proveído y subsecuentes, incluso las personales, le surtirán efectos mediante lista de acuerdos que se fije en los estrados de este juzgado. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Óscar Morales Torres y José Luis Paredes Márquez, por contar con registro único en el sistema computarizado de profesionales del derecho ante los órganos jurisdiccionales. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. No obstante lo anterior, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de reguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado.
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