Dulce María Maldonado Anguiano
Expediente 573/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 25 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 573/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 25/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Dulce María Maldonado Anguiano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, la Secretaria certifica: Que el plazo de que disponía la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del trece al veintiuno de septiembre del dos mil veintitrés, sin contar los días inhábiles, toda vez que fue notificada por lista el once de septiembre pasado, sin que lo haya hecho. Que los autos y promociones que integran el expediente han sido incorporadas al expediente electrónico y coinciden en su totalidad. Lo que se asienta para el efecto legal conducente. Doy fe. Con lo anterior y con el estado que guardan los autos, se da cuenta al Juez. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. CAUSA ESTADO. Toda vez que no fue impugnado el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 97 fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. ARCHIVO. Tomando en consideración que de la certificación secretarial que antecede, se advierte en esencia que el presente expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico; por tanto, se ordena su ARCHIVO DEFINITIVO, motivo por el cual, se deberá entregar en su oportunidad al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN. En términos del artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 20 primer párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En primero de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito, registrado bajo el folio 11177. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de septiembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Dulce María Maldonado Anguiano, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de veintiuno de agosto del año en curso. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: DESECHAMIENTO. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, la parte quejosa reclama los siguientes actos: "IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS: En términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, los actos y las omisiones que reclamo de la Autoridad, son: a) El Ciudadano Juez Primero de Primer instancia en Materia Familiar, al resolver el auto que nos ocupa, omitió considerar todos los hechos y/o antecedentes, que se pretendieron dar al contestar el escrito inicial de demanda, instaurada en mi contra dando la contrapuesta de convenio, en la que se propone la Guardia y Custodia, Alimentos Retroactivos, Convivencia y lo concerniente a la Patria Potestad. b) De igual forma a considerar que me encuentro en un estado de reciente parto, haciendo mención que el actor es progenitor de mi menor hija de 04 cuatro años y 7 meses de edad, así como del que se encuentra en reciente nacimiento. c) Haciendo referencia a que el auto no fue debidamente fundamentando al no priorizarse la suplencia de la queja ni el principio constitucional del interés superior del menor, dentro del auto referido de fecha 29 veintinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, NO APLICANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, CONVENCONALES Y LEGALES. (Antecedente). d) Acuerdo de fecha 13 trece de julio presente año, el Juzgador omite hacer una interpretación extensiva del medio de defensa, aplicando semántica y literalmente preceptos que perjudican a mis menores hijos, así como mi propia defensa, a sabiendas que somos personas en estado de vulnerabilidad, auto del que se desprende: .es innegable que tal proveído no es de los que según el numeral 1095 antes invocado admitan el medio de impugnación propuesto, pues no existe precepto legal alguno que así lo disponga, de ahí que dicha resolución no pueda ser modificada o revocada en vía de apelación, tal como lo pretende la gestionante..." Asimismo, en su escrito aclaratorio, manifestó lo siguiente: "DOS. (.) Para cumplir con esta prevención me permito precisar el Juicio de donde emana el acto reclamado en este Juicio de Amparo, es el identificado como Juicio Especial Oral Familiar, promovido por JOSÉ ANTONIO MEZA RIVERA, en contra de la de la voz DULCE MARIA MALDONADO ANGUIANO, radicado en el Juzgado Primero de Primer Instancia en Materia Familiar, en este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, bajo el número de expediente 303/2023, que mediante auto de fecha 29 veintinueve de junio no se tuvo por contestada la demanda instaurada en mi contra, la cual se contestó en tiempo y forma, declarando la rebeldía, no obstante que dicha contestación se hizo en tiempo, atribuyendo tal omisión procesal al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por lo que si se señala dicho auto de fecha 29 veintinueve de junio del presente año, auto del que se tuvo conocimiento hasta fecha el siguiente día, 30 treinta de junio, lo que se aclara únicamente se conoció de manera digital en la página que se refiere (.) TRES. (.) Por tanto, Si es deseo de esta parte señalar como acto reclamado el acuerdo de fecha 13 trece de julio pasado que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente, al igual se señala como autoridad responsable al Juez Primero de Primer Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, auto de que se tuvo conocimiento hasta fecha 14 catorce de julio del presente año (.) CUATRO. (.) Igualmente se señala como acto reclamado la Omisión de conceder medida cautelar solicitada en la contestación de la demanda, que únicamente el Juzgador se contuvo a acordar sin conceder el fondo del asunto en el que se vulneran ahora derechos de dos menores de edad. En esencia, lo anterior contraviene lo estipulado en el numeral del Código Familiar vigente en el Estado, al igual que lo previsto en el numeral 4° párrafo IX Constitucional, al no garantizarse el interés superior de los menores. QUIERO MENCIONAR EN ESTE APARTADO QUE NO FUE SINO HASTA EL DIA DE HOY 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS 08:28:31 HORAS, QUE EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE URUAPAN, MICHOACÁN, HA PERMITIDO A ESTA PARTE INGRESAR AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CON ELLO SE PUEDE REVISAR Y CONSULTAR EL ENTERO DEL EXPEDIENTE 303/2023 QUE NOS OCUPA, ESTO DADO QUE HOY NOS FUE NOTIFICADO FECHA DE AUDIENCIA DE ESCUCHA DE MENOR PARA EL PRÓXIMO DÍA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, omisión a priori, luego acción a posteriori, que se señalan como ACTO RECLAMANDO atribuible al Juzgado Primero Familiar de Uruapan, Michoacán, y como se dijo, se tuvo conocimiento el día de hoy." Una vez examinada la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa se duele en esencia de: El acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, que le tuvo por no contestando la demanda planteada en su contra dentro del juicio especial oral familiar 303/2023. El proveído de trece de julio pasado, que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente dentro del juicio de origen. La omisión del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, de proveer la medida cautelar solicitada por la quejosa en el escrito de contestación de demanda. La omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y El auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Por lo que ve a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), se considera que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, párrafo primero, y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda de amparo se presentó en forma extemporánea, como se pondrá de manifiesto. En efecto, el precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quién teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18, de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable, la jurisprudencia 32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 165582, localizable en la página 1931, del tomo XXXI, enero de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Dicho criterio jurídico cobra aplicación al caso por identidad jurídica entre el artículo 21, de la Ley de Amparo abrogado que se interpreta con el 18, de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior, es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentarse la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, se contará desde el siguiente: Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, Al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, respecto de la fecha en que la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos reclamados en los incisos a), b) y c), se advierte que en vía de confesión judicial, bajo protesta de decir verdad, expresamente reconoce que lo fue el treinta de junio y catorce de julio de dos mil veintitrés, toda vez que así lo precisó en su escrito aclaratorio. Por lo que, en el particular resulta evidente, que el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, conforme a los arábigos 17 y 18, de la Ley de Amparo, ya han transcurrido. De ahí que, en el particular, se actualiza la segunda de las hipótesis contenidas en el numeral 18, de la Ley Amparo, misma que ya fue precisada en líneas anteriores. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis de Jurisprudencia P./J.27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.C.J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito, ubicada en el Tomo XXII, página 1035, registro 177995, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia.". No pasa inadvertido que en el acto reclamado en el inciso c), la parte quejosa se duele de la omisión de conceder, en el auto de veintinueve de junio del presente año, la medida cautelar solicitada en la contestación de la demanda, no obstante, dicho acto al encontrase inmerso en su escrito de contestación, no fue analizado, por haberse presentado fuera del plazo concedido, sin que tampoco pueda ser analizado por este órgano jurisdiccional al haberse desechado la demanda de amparo respecto del auto en cita, por haberse presentado de manera notoriamente extemporánea. Lo anterior, pues no obstante el acto reclamado emana de una contienda familiar, en que atendiendo a la suplencia de la queja, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé la ley de la materia para combatir el acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia. Sin que, en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días que regula el artículo 17, de la Ley de Amparo; toda vez que en la especie, no se actualiza ninguna de las cuatro hipótesis ahí contenidas. Lo que se robustece, al tomar en consideración que de los indicadores estadísticos de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados, que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, considerando las dos instancias que integran la vía indirecta del juicio de amparo, se estima que el tiempo promedio de resolución es de seis meses. Lo que resulta perjudicial, contrastado con lo dispuesto por los artículos 260, 322 y 718 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, de los que se desprende que el Juez Familiar podrá dictar las medidas cautelares que le sean requeridas en cualquier momento, durante la tramitación del juicio, y procedan para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, asimismo, podrá solicitarlas la persona que sufra de violencia familiar, las cuales de ser un caso de urgencia deberán proveerse dentro de las veinticuatro horas siguientes. Máxime, que son dichas medidas cautelares las idóneas para salvaguardar los derechos de las partes, al ser el juez de origen quien cuenta con los elementos necesarios que le permiten analizar la pertinencia de las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.C.81 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2358, registro digital 176326, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA, ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO EMANE DE UN JUICIO DE NATURALEZA FAMILIAR. No obstante que el acto reclamado en el juicio de amparo, emane de una contienda de naturaleza familiar, en que, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, también es verdad que no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé el ordenamiento legal en cita para combatir el señalado acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 21 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, párrafo primero, y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c). Por otra parte, se obtiene que también deviene improcedente, dicha demanda, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos d) y e), lo que impone desecharla de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de dicho ordenamiento, y 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no son de imposible reparación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicios de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con el dictado del fallo definitivo que se dicte. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa la quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo anterior significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Mientras que la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del sumario, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables vía amparo indirecto. Es aplicable, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Y, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así, los actos dictados dentro de un juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos sustantivos de las personas que tutela la Constitución Federal y los tratados aludidos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnarse el fallo definitivo. Ahora, se retoma que en la demanda de amparo y su escrito aclaratorio la parte quejosa reclama: Del Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: d) La omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y e) El auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Sin embargo, como se anticipó, dichos actos no pueden estimarse como de imposible reparación, ya que no producen de manera directa e inmediata una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el hecho de que se haya omitido tener como autorizados a las personas señaladas por la parte quejosa, no se traduce en que se ocasione una afectación materia de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales. Asimismo, la orden del juez para que se presente al menor, a efecto de escuchar su opinión en el procedimiento jurisdiccional en el que se involucran sus derechos, es un derecho inherente del menor a participar y expresar sus opiniones en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, lo cual constituye una regla general, así lo han establecido los diferentes criterios jurisprudenciales "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA." Y "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO". Por lo que, el solo señalamiento de la audiencia para la escucha del menor no puede causarle algún perjuicio, por el contrario, se trata de un derecho que le asiste a fin de salvaguardar su interés superior, máxime que hasta este momento no puede decirse que se trate de una práctica desmedida o desconsiderada del derecho, que se pretenda entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. De ahí que, hasta este momento procesal, no se advierte que con los referidos actos, se le haya transgredido alguno de sus derechos sustantivos, consagrados en la Constitución o en los Tratados internacionales en los que nuestro país es parte. Por consiguiente, es claro que los actos reclamados en el presente apartado, no constituyen actos de imposible reparación, ya que implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos procesales, los cuales pueden ser reparados una vez que dicha afectación ocurra de manera adversa a sus intereses, de modo que contra tal actuación no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del precitado 107, fracción V de la ley de la materia, en sentido contrario. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y el auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
Se notifica a parte quejosa el auto de uno de septiembre de dos mil veintitrés. En primero de septiembre de dos mil veintitrés, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con un escrito, registrado bajo el folio 11177. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, uno de septiembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Dulce María Maldonado Anguiano, en atención a su contenido, téngasele cumpliendo con la prevención formulada en proveído de veintiuno de agosto del año en curso. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: DESECHAMIENTO. Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. En el caso, la parte quejosa reclama los siguientes actos: "IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS: En términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, los actos y las omisiones que reclamo de la Autoridad, son: a) El Ciudadano Juez Primero de Primer instancia en Materia Familiar, al resolver el auto que nos ocupa, omitió considerar todos los hechos y/o antecedentes, que se pretendieron dar al contestar el escrito inicial de demanda, instaurada en mi contra dando la contrapuesta de convenio, en la que se propone la Guardia y Custodia, Alimentos Retroactivos, Convivencia y lo concerniente a la Patria Potestad. b) De igual forma a considerar que me encuentro en un estado de reciente parto, haciendo mención que el actor es progenitor de mi menor hija de 04 cuatro años y 7 meses de edad, así como del que se encuentra en reciente nacimiento. c) Haciendo referencia a que el auto no fue debidamente fundamentando al no priorizarse la suplencia de la queja ni el principio constitucional del interés superior del menor, dentro del auto referido de fecha 29 veintinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, NO APLICANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, CONVENCONALES Y LEGALES. (Antecedente). d) Acuerdo de fecha 13 trece de julio presente año, el Juzgador omite hacer una interpretación extensiva del medio de defensa, aplicando semántica y literalmente preceptos que perjudican a mis menores hijos, así como mi propia defensa, a sabiendas que somos personas en estado de vulnerabilidad, auto del que se desprende: .es innegable que tal proveído no es de los que según el numeral 1095 antes invocado admitan el medio de impugnación propuesto, pues no existe precepto legal alguno que así lo disponga, de ahí que dicha resolución no pueda ser modificada o revocada en vía de apelación, tal como lo pretende la gestionante..." Asimismo, en su escrito aclaratorio, manifestó lo siguiente: "DOS. (.) Para cumplir con esta prevención me permito precisar el Juicio de donde emana el acto reclamado en este Juicio de Amparo, es el identificado como Juicio Especial Oral Familiar, promovido por JOSÉ ANTONIO MEZA RIVERA, en contra de la de la voz DULCE MARIA MALDONADO ANGUIANO, radicado en el Juzgado Primero de Primer Instancia en Materia Familiar, en este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, bajo el número de expediente 303/2023, que mediante auto de fecha 29 veintinueve de junio no se tuvo por contestada la demanda instaurada en mi contra, la cual se contestó en tiempo y forma, declarando la rebeldía, no obstante que dicha contestación se hizo en tiempo, atribuyendo tal omisión procesal al Juzgado Primero Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, por lo que si se señala dicho auto de fecha 29 veintinueve de junio del presente año, auto del que se tuvo conocimiento hasta fecha el siguiente día, 30 treinta de junio, lo que se aclara únicamente se conoció de manera digital en la página que se refiere (.) TRES. (.) Por tanto, Si es deseo de esta parte señalar como acto reclamado el acuerdo de fecha 13 trece de julio pasado que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente, al igual se señala como autoridad responsable al Juez Primero de Primer Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, auto de que se tuvo conocimiento hasta fecha 14 catorce de julio del presente año (.) CUATRO. (.) Igualmente se señala como acto reclamado la Omisión de conceder medida cautelar solicitada en la contestación de la demanda, que únicamente el Juzgador se contuvo a acordar sin conceder el fondo del asunto en el que se vulneran ahora derechos de dos menores de edad. En esencia, lo anterior contraviene lo estipulado en el numeral del Código Familiar vigente en el Estado, al igual que lo previsto en el numeral 4° párrafo IX Constitucional, al no garantizarse el interés superior de los menores. QUIERO MENCIONAR EN ESTE APARTADO QUE NO FUE SINO HASTA EL DIA DE HOY 30 TREINTA DE AGOSTO DE 2023 DOS MIL VEINTITRÉS, A LAS 08:28:31 HORAS, QUE EL JUZGADO PRIMERO FAMILIAR DE URUAPAN, MICHOACÁN, HA PERMITIDO A ESTA PARTE INGRESAR AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y CON ELLO SE PUEDE REVISAR Y CONSULTAR EL ENTERO DEL EXPEDIENTE 303/2023 QUE NOS OCUPA, ESTO DADO QUE HOY NOS FUE NOTIFICADO FECHA DE AUDIENCIA DE ESCUCHA DE MENOR PARA EL PRÓXIMO DÍA 03 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO, omisión a priori, luego acción a posteriori, que se señalan como ACTO RECLAMANDO atribuible al Juzgado Primero Familiar de Uruapan, Michoacán, y como se dijo, se tuvo conocimiento el día de hoy." Una vez examinada la demanda y su escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa se duele en esencia de: El acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, que le tuvo por no contestando la demanda planteada en su contra dentro del juicio especial oral familiar 303/2023. El proveído de trece de julio pasado, que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente dentro del juicio de origen. La omisión del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, de proveer la medida cautelar solicitada por la quejosa en el escrito de contestación de demanda. La omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y El auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Por lo que ve a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c), se considera que se actualiza, de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, párrafo primero, y 18, de la Ley de Amparo, porque la demanda de amparo se presentó en forma extemporánea, como se pondrá de manifiesto. En efecto, el precepto 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso...". De acuerdo con el precepto transcrito, el juicio constitucional es improcedente en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la ley de la materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad, quién teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho plazo. En ese sentido, el artículo 18, de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el plazo de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable, la jurisprudencia 32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, con número de registro 165582, localizable en la página 1931, del tomo XXXI, enero de 2010, de la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Dicho criterio jurídico cobra aplicación al caso por identidad jurídica entre el artículo 21, de la Ley de Amparo abrogado que se interpreta con el 18, de la Ley de Amparo vigente. De lo anterior, es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del plazo de quince días dentro de los cuales debe presentarse la demanda de amparo, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyan entre sí, por lo cual no siguen un orden de prelación. Por tanto, al ser excluyentes entre sí y no guardar orden de prelación las hipótesis en análisis, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de amparo es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres identificadas en el precepto legal en comento. En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo, se contará desde el siguiente: Al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la quejosa de la resolución o acuerdo que reclame. Al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o, Al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, respecto de la fecha en que la parte quejosa, tuvo conocimiento de los actos reclamados en los incisos a), b) y c), se advierte que en vía de confesión judicial, bajo protesta de decir verdad, expresamente reconoce que lo fue el treinta de junio y catorce de julio de dos mil veintitrés, toda vez que así lo precisó en su escrito aclaratorio. Por lo que, en el particular resulta evidente, que el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, conforme a los arábigos 17 y 18, de la Ley de Amparo, ya han transcurrido. De ahí que, en el particular, se actualiza la segunda de las hipótesis contenidas en el numeral 18, de la Ley Amparo, misma que ya fue precisada en líneas anteriores. Sirve de apoyo a lo expresado, la tesis de Jurisprudencia P./J.27/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo.". Asimismo, la jurisprudencia IV.2o.C.J/7 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil de Cuarto Circuito, ubicada en el Tomo XXII, página 1035, registro 177995, Julio de 2005, del Semanario Judicial de la Federación su Gaceta, con rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN CUANDO EL QUEJOSO MANIFIESTA EXPRESAMENTE LA FECHA EN QUE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 21 de la Ley de Amparo contempla tres supuestos para fijar el término de quince días con que cuenta el quejoso para presentar la demanda de garantías; a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acuerdo que reclame, conforme a la ley del acto; b) A partir del día siguiente a la fecha en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución; y c) A partir del día siguiente a la fecha en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Para el caso concreto del último supuesto, éste se actualiza, entre otras formas, cuando el agraviado presenta ante la autoridad responsable un escrito, sin fecha precisa, mediante el cual solicita se le tenga por notificado del acto que posteriormente reclama en amparo; sin que sea acertada la pretensión de que la manifestación de la voluntad así exteriorizada, sólo cobre eficacia hasta una vez que se dicta el proveído correspondiente a dicha petición. En ese tenor, no puede computarse a partir del proveído de referencia, el término correspondiente para la presentación de la demanda, aunado a que el supuesto que se estima actualizado, dispone que éste empieza a computarse a partir del día siguiente al en que la parte quejosa se haya ostentado sabedora del acto o, en su caso, el día en que aparece fechado tal ocurso, al ser ello lo que refleja la manifestación inequívoca de su parte, acerca del conocimiento pleno del acto, sin soslayarse que con tal manifestación, el propio interesado hizo a un lado los requisitos que debía reunir la notificación del acto conforme a la ley de la materia.". No pasa inadvertido que en el acto reclamado en el inciso c), la parte quejosa se duele de la omisión de conceder, en el auto de veintinueve de junio del presente año, la medida cautelar solicitada en la contestación de la demanda, no obstante, dicho acto al encontrase inmerso en su escrito de contestación, no fue analizado, por haberse presentado fuera del plazo concedido, sin que tampoco pueda ser analizado por este órgano jurisdiccional al haberse desechado la demanda de amparo respecto del auto en cita, por haberse presentado de manera notoriamente extemporánea. Lo anterior, pues no obstante el acto reclamado emana de una contienda familiar, en que atendiendo a la suplencia de la queja, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé la ley de la materia para combatir el acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 17 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia. Sin que, en el caso, se esté en alguno de los supuestos de excepción al plazo de quince días que regula el artículo 17, de la Ley de Amparo; toda vez que en la especie, no se actualiza ninguna de las cuatro hipótesis ahí contenidas. Lo que se robustece, al tomar en consideración que de los indicadores estadísticos de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados, que maneja la Dirección General de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, considerando las dos instancias que integran la vía indirecta del juicio de amparo, se estima que el tiempo promedio de resolución es de seis meses. Lo que resulta perjudicial, contrastado con lo dispuesto por los artículos 260, 322 y 718 del Código Familiar para el Estado de Michoacán de Ocampo, de los que se desprende que el Juez Familiar podrá dictar las medidas cautelares que le sean requeridas en cualquier momento, durante la tramitación del juicio, y procedan para la protección de los hijos menores de edad o con discapacidad, atendiendo siempre el interés superior de estos, asimismo, podrá solicitarlas la persona que sufra de violencia familiar, las cuales de ser un caso de urgencia deberán proveerse dentro de las veinticuatro horas siguientes. Máxime, que son dichas medidas cautelares las idóneas para salvaguardar los derechos de las partes, al ser el juez de origen quien cuenta con los elementos necesarios que le permiten analizar la pertinencia de las mismas. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.6o.C.81 K, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2358, registro digital 176326, de rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA, ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA, AUN CUANDO EL ACTO RECLAMADO EMANE DE UN JUICIO DE NATURALEZA FAMILIAR. No obstante que el acto reclamado en el juicio de amparo, emane de una contienda de naturaleza familiar, en que, atendiendo a la suplencia de la queja instituida en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, debe considerarse lo más favorable a los intereses de la parte quejosa, también es verdad que no puede llegarse al extremo de eximir a ésta de sujetarse a las reglas y términos que prevé el ordenamiento legal en cita para combatir el señalado acto de autoridad. Esto es, si la parte impetrante no promueve el juicio de garantías dentro de los quince días que para tal efecto establece el artículo 21 de la propia ley, sino que lo hace de manera extemporánea, en tales circunstancias, no es posible alegar que deberá estarse a lo más favorable a los intereses de la quejosa con relación al cómputo de los términos establecidos, toda vez que los previstos en la ley de referencia son de observancia obligatoria, sea cual fuere la materia." En consecuencia, SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO, toda vez que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos artículos 17, párrafo primero, y 18, todos de la Ley de Amparo, por lo que hace a los actos reclamados precisados en los incisos a), b) y c). Por otra parte, se obtiene que también deviene improcedente, dicha demanda, respecto de los actos reclamados precisados en los incisos d) y e), lo que impone desecharla de plano, al actualizarse de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia contemplada en el arábigo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, de dicho ordenamiento, y 107 fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, estos últimos interpretados en sentido contrario, en virtud de que los actos reclamados no son de imposible reparación. En efecto, el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". La fracción transcrita establece la posibilidad de que se actualice alguna causal de improcedencia diversa a las contenidas en el artículo 61 de dicha legislación. Lo anterior implica que los supuestos regulados por el normativo en comento no son los únicos por los que puede decretarse la improcedencia del juicio de amparo, sino que existe la posibilidad de que ésta derive de cualquier otra disposición del ordenamiento en análisis. Por tanto, las causales de improcedencia enumeradas en el dispositivo transcrito no son limitativas; por el contrario, tienen carácter enunciativo, al poder derivar la improcedencia del juicio de cualquier otra disposición normativa de la Ley de Amparo que así lo establezca. "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". El precepto citado prevé la posibilidad de reclamar los actos dictados dentro de un juicio cuando éstos sean de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En contrasentido, la vía de amparo indirecto será improcedente cuando los actos dictados dentro de juicios de esa naturaleza tengan una ejecución reparable con el dictado del fallo definitivo que se dicte. La razón fundamental del requisito anterior, es que si la parte en contra de quien se cometieron violaciones procesales obtiene resolución favorable, el perjuicio que le pudieron ocasionar tales violaciones desaparece, dado que el ejercicio de los derechos adjetivos con que cuentan las partes tiene como fin último la obtención de una resolución favorable, por lo que de actualizarse este supuesto, los efectos de las violaciones de esa naturaleza son reparados. Considerar lo contrario implicaría que el juicio de amparo indirecto pudiera promoverse tantas veces como violaciones de ese carácter se estimara que fueron cometidas en un procedimiento, lo que motivaría la demora en la resolución del conflicto. Por tanto, las violaciones ocurridas dentro del juicio deben ser combatidas al momento de impugnar la sentencia definitiva dictada en dicho sumario, siempre y cuando por virtud de ésta quede sin defensa la quejosa, trascendiendo tal violación al resultado de la resolución, salvo que sean de ejecución irreparable, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En este caso, se podrá presentar el amparo en la vía indirecta. Lo anterior significa que las consecuencias de tales violaciones deben ser de tal gravedad que impidan o afecten, en forma actual, el ejercicio de un derecho sustantivo, lo que se aparta de la lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de juicio, derivados del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo. Mientras que la segunda, en el sentido de que éstos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del sumario, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sobre esa base, los actos dictados dentro de un juicio que no cumplan con ese criterio (ejecución irreparable), como se expuso, no serán impugnables vía amparo indirecto. Es aplicable, la jurisprudencia 24/92, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 11, del volumen 56, agosto de 1992, de la octava época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 205651, que establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". Y, la jurisprudencia 5, del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal y Jurisdicción en toda la República, consultable en la página 1902, del libro 29, abril de 2016, del tomo III, de la décima época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2011338, que señala: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE O DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SUS CARACTERÍSTICAS PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado el criterio general de que los actos tienen una ejecución irreparable o de imposible reparación, cuando sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no cuando sólo afecten derechos adjetivos o procesales, porque la afectación irreparable o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufre obtenga una sentencia definitiva en el procedimiento natural, favorable a sus pretensiones. En consecuencia, a contrario sensu, para efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación llegan a extinguirse sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque esa violación es susceptible de repararse posteriormente, al reclamar el acto terminal o resolución". Así, los actos dictados dentro de un juicio tendrán una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos sustantivos de las personas que tutela la Constitución Federal y los tratados aludidos, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga un fallo definitivo favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada al impugnarse el fallo definitivo. Ahora, se retoma que en la demanda de amparo y su escrito aclaratorio la parte quejosa reclama: Del Juez Primero en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán: d) La omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y e) El auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Sin embargo, como se anticipó, dichos actos no pueden estimarse como de imposible reparación, ya que no producen de manera directa e inmediata una afectación material a los derechos sustantivos de la parte quejosa. Lo anterior es así, porque el hecho de que se haya omitido tener como autorizados a las personas señaladas por la parte quejosa, no se traduce en que se ocasione una afectación materia de imposible reparación, debido a que su actualización tiene como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales. Asimismo, la orden del juez para que se presente al menor, a efecto de escuchar su opinión en el procedimiento jurisdiccional en el que se involucran sus derechos, es un derecho inherente del menor a participar y expresar sus opiniones en los procedimientos jurisdiccionales que afecten su esfera jurídica, lo cual constituye una regla general, así lo han establecido los diferentes criterios jurisprudenciales "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. REGULACIÓN, CONTENIDO Y NATURALEZA JURÍDICA." Y "DERECHO DE LOS MENORES DE EDAD A PARTICIPAR EN LOS PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES QUE AFECTEN SU ESFERA JURÍDICA. LINEAMIENTOS PARA SU EJERCICIO". Por lo que, el solo señalamiento de la audiencia para la escucha del menor no puede causarle algún perjuicio, por el contrario, se trata de un derecho que le asiste a fin de salvaguardar su interés superior, máxime que hasta este momento no puede decirse que se trate de una práctica desmedida o desconsiderada del derecho, que se pretenda entrevistarlo más veces de las necesarias, o si de cualquier manera pudiera ponerse en riesgo su integridad física o psíquica. De ahí que, hasta este momento procesal, no se advierte que con los referidos actos, se le haya transgredido alguno de sus derechos sustantivos, consagrados en la Constitución o en los Tratados internacionales en los que nuestro país es parte. Por consiguiente, es claro que los actos reclamados en el presente apartado, no constituyen actos de imposible reparación, ya que implica la infracción de derechos adjetivos que únicamente producen efectos procesales, los cuales pueden ser reparados una vez que dicha afectación ocurra de manera adversa a sus intereses, de modo que contra tal actuación no procede el juicio de amparo indirecto, en términos del precitado 107, fracción V de la ley de la materia, en sentido contrario. En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia advertida, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, por lo que hace a los actos reclamados consistentes en la omisión de acordar lo conducente, en proveído de veintinueve de junio del año en curso, relativo al señalamiento de autorizados hecho por la parte quejosa; y el auto que señala fecha para la audiencia de escucha de menor para el próximo día tres de octubre del presente año. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo de la licencia personal concedida al titular de este órgano jurisdiccional del veintinueve de agosto al cuatro de septiembre del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1550/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos del artículo 44 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral 175 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura que reglamenta la carrera judicial; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
- Principal
En veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, la secretaria CERTIFICA: Que Carlos Alejandro Cortes Alonso, cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. Cuenta. En esta propia fecha se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con la certificación que antecede y con la demanda de amparo presentada físicamente en el buzón judicial de los juzgados de distrito con sede en esta ciudad, la cual fue turnada a este órgano de control constitucional y registrada bajo el folio 10583. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: RECEPCIÓN. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Dulce María Maldonado Anguiano, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. REGISTRO. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 573/2023. PREVENCIÓN. Previo a hacer pronunciamiento sobre la admisión de la demanda de amparo y con la facultad que otorga en el artículo 114, fracción I, en relación con el diverso 108, fracción IV, de la Ley de Amparo, se estima necesario requerir a la promovente para que subsane las irregularidades que se advierten de su escrito de demanda, como a continuación se verá. Los invocados artículos establecen lo siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame. (...) "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda;" De lo transcrito, se deduce que cuando hubiera alguna irregularidad en la demanda, se tendrá que requerir a la promovente para que la aclare; además que, la parte quejosa tiene como obligación al presentar su demanda de amparo, señalar la autoridad o autoridades responsables, la norma general, acto u omisión que reclame, así como los antecedentes del mismo. Ahora bien, de la lectura integral de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa, en el capítulo relativo a los actos reclamados de la misma manifiesta: "IV. ACTOS Y OMISIONES RECLAMADAS: En términos del artículo 170 fracción I, de la Ley de Amparo, los actos y las omisiones que reclamo de la Autoridad, son: a) El Ciudadano Juez Primero de Primer instancia en Materia Familiar, al resolver el auto que nos ocupa, omitió considerar todos los hechos y/o antecedentes, que se pretendieron dar al contestar el escrito inicial de demanda, instaurada en mi contra dando la contrapuesta de convenio, en la que se propone la Guardia y Custodia, Alimentos Retroactivos, Convivencia y lo concerniente a la Patria Potestad. b) De igual forma a considerar que me encuentro en un estado de reciente parto, haciendo mención que el actor es progenitor de mi menor hija de 04 cuatro años y 7 meses de edad, así como del que se encuentra en reciente nacimiento. c) Haciendo referencia a que el auto no fue debidamente fundamentando al no priorizarse la suplencia de la queja ni el principio constitucional del interés superior del menor, dentro del auto referido de fecha 29 veintinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, NO APLICANDO LOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES, CONVENCONALES Y LEGALES. (Antecedente). d) Acuerdo de fecha 13 trece de julio presente año, el Juzgador omite hacer una interpretación extensiva del medio de defensa, aplicando semántica y literalmente preceptos que perjudican a mis menores hijos, así como mi propia defensa, a sabiendas que somos personas en estado de vulnerabilidad, auto del que se desprende: .es innegable que tal proveído no es de los que según el numeral 1095 antes invocado admitan el medio de impugnación propuesto, pues no existe precepto legal alguno que así lo disponga, de ahí que dicha resolución no pueda ser modificada o revocada en vía de apelación, tal como lo pretende la gestionante..." Asimismo, en el capítulo relativo a los antecedentes y hechos del acto reclamado, señala: "(.) QUINTO.- Haciéndole de su conocimiento, que el progenitor JOSÉ ANTONIO MEZA RIVERA, en reiteradas ocasiones ha arribado al domicilio donde actualmente resido, el cual se encuentra en la localidad "El Mesón", perteneciente al Municipio de Tingambato, Michoacán, mismo que en repetidas ocasiones ha llegado en un avanzado estado etílico, siendo este muy agresivo y prepotente, por ello al dar contestación se le solicito a su Señoría me fuera otorgada una Medida Cautelar, misma que a su vez no se acercara a la de la voz ya mi menor hija, esto para no generará mayores problemas. SEXTO.- De la contestación ya mencionada, el Juez Primero Familiar, al no dar una lectura íntegramente, y valorando las excepciones planteadas, decidió acusar de rebeldía, por no tener por contestada la demanda en contra de la persona de la voz, mediante el auto de fecha 29 veintinueve de junio de 2023 dos mil veintitrés, dejando en completo estado de indefensión a la suscrita, además de que se involucran derechos de dos menores de edad que he referido en múltiples ocasiones. De igual manera, al intentar recurrir el auto que le pone fin a mi derecho de defensa de fecha, mediante acuerdo de fecha 13 trece de julio presente año, el Juzgador omite hacer una interpretación extensiva del medio de defensa, aplicando semántica y literalmente preceptos que perjudican a mis menores hijos, así como mi propia defensa, a sabiendas que somos personas en estado de vulnerabilidad. (.) OCTAVO. Lo que se reclama en la presente demanda son fundamentalmente omisiones de la Autoridad Responsable, esencialmente, mediante las cuales primero me tuvo por no contestando la demanda planteada en mi contra, aun y cuando se contestó en tiempo, y segundo, me denegó mi derecho de apelar su determinación, no valorando ni aplicando los principios constitucionales, internacionales ni lo contenido en la propia legislación familiar, bajo consideración, prima facie, de que soy una mujer en estado de vulnerabilidad y abandono por parte del actor del juicio de origen, lo cual transgrede continuamente derechos humanos y garantías constitucionales de la Quejosa y de los menores hijos. Por tanto, las omisiones de la autoridad persiste en la vulneración de los derechos humanos de la quejosa. Por lo tanto, el plazo genérico para la promoción del juicio de amparo y sus excepciones no son aplicables." Como se advierte de las transcripciones que anteceden, en los incisos a), b), c) y d) la quejosa no señala de manera categórica los actos que de cada autoridad reclama, sino que realiza manifestaciones que constituyen, en todo caso, conceptos de violación. No se soslaya que, en el apartado correspondiente a los actos reclamados en los incisos c) y d) la parte quejosa hace referencia a los autos de veintinueve de junio y trece de julio de dos mil veintitrés, no obstante en los incisos marcados como a) y b), así como en el capítulo de antecedentes de la demanda se refiere de manera genérica a los actos reclamados como "el auto que nos ocupa", "a que el auto", "al auto que le pone fin a mi derecho de defensa de fecha" -sin hacer mención a la fecha o algún otro dato que permita identificarlos de manera clara-, lo que imposibilita que este órgano jurisdiccional esté en condiciones de precisar los actos reclamados aun analizando de manera íntegra la demanda. Asimismo, de los antecedentes de la demanda se advierte que vierte manifestaciones tendientes a controvertir la omisión de la autoridad responsable de proveer respecto a la petición de una medida cautelar solicitada por la quejosa, acto que no señala expresamente como reclamado. Por otro lado, del escrito de demanda se advierte que la quejosa comparece a juicio por propio derecho, sin embargo, de los antecedentes y conceptos de violación que vierte, se desprende que pretende comparecer también en defensa de su hija menor de edad de iniciales Y.G.M.M., así como de su hijo recién nacido. Por lo anteriormente expuesto, se estima necesario requerir a la quejosa para que, dentro del plazo de CINCO DÍAS, computado legalmente subsane las irregularidades advertidas en su escrito de demanda y, bajo protesta de decir verdad, apercibida de las sanciones que al efecto establece la Ley de Amparo manifieste: Si promueve la demanda de amparo únicamente por propio derecho o también lo hace en representación de sus menores hijos; en caso de que lo haga en el segundo de los supuestos, en términos de los artículos 6 párrafo primero y 10 de la Ley de Amparo, deberá exhibir copia certificada del documento idóneo con el que acredite la personalidad con la que se ostenta (copia certificada del acta de nacimiento y/o del certificado médico de nacimiento). Si es su deseo señalar como acto reclamado el acuerdo de veintinueve de junio del año en curso, que le tuvo por no contestando la demanda planteada en su contra dentro del juicio especial oral familiar 303/2023, del índice del Juzgado señalado como autoridad responsable, y en caso afirmativo, señalar la fecha en que tuvo conocimiento y la autoridad a la que se lo atribuye. Si es su deseo señalar como acto reclamado el proveído de trece de julio pasado, que no admitió el recurso de apelación interpuesto por la promovente dentro del juicio de origen, y en caso afirmativo, manifieste la fecha en que tuvo conocimiento y la autoridad a la que se lo atribuye. Si es su deseo señalar como acto reclamado la omisión del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar de este Distrito Judicial, de proveer la medida cautelar solicitada por la quejosa en el escrito de contestación de demanda, dentro del multicitado juicio. En la inteligencia de que para dar cumplimiento a lo anterior, deberá reunir los requisitos previstos en el numeral 108 de la Ley de Amparo; asimismo exhibir copias suficientes de su escrito aclaratorio, para correr traslado a las partes, tal como lo refiere el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se le apercibe, que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114° de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. Asimismo, se le tiene señalando como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Carlos Alejandro Cortes Alonso, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada ante el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones a Mario Alberto Lemus Medina, Alfredo Sosa Aguirre y Jaime Herrera González, por así haberlo solicitado expresamente. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma la licenciada Ana Bertha Bravo Duarte, Secretaria Encargada del Despacho del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional del ocho al veintidós de agosto del año en curso, según el oficio CCJ/ST/1553/2023, de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, signado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente del Consejo de la Judicatura Federal, para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de dicha ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 14/2010, con número de registro 164525; quien actúa asistida de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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