Dionicio Chávez Romero

Expediente 686/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
686/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
14/02/2022

Partes del expediente

  • Dionicio Chávez Romero
  • Integrantes del Consejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio de Cheran Ker'I, Cheran, Michoacán de Ocampo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    En catorce de febrero de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: que el plazo de diez días de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, transcurrió del diecisiete al veintiocho de enero de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada por lista el trece del mismo mes y año, sin que lo hubiera hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado, se advierte que obra la versión digitalizada del expediente en que se actúa. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con lo anterior se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, catorce de febrero de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. CAUSA EJECUTORIA. En virtud a que no fue impugnado en legal término la sentencia que sobreseyó el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. 2. ARCHIVO. En consecuencia, se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y toda vez que, se concedió la suspensión del plano el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 3.1. De conformidad con el artículo 21 penúltimo párrafo, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Ernesto Adame Ruíz.

  2. Principal

    doce de enero de dos mil veintidós En Uruapan, Michoacán de Ocampo, a las trece horas con dieciséis minutos del doce de enero de dos mil veintidós, José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo; asistido de la secretaria María Teresa Torres Espinoza, procede a celebrar la audiencia constitucional en el juicio de amparo 686/2021, en atención al contenido del AG 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Se hace constar la inasistencia de las partes, precisando además que éstas, con anterioridad a este acto procesal, no solicitaron estar presentes en la audiencia tampoco acudieron físicamente al juzgado para anunciar que esa fuera su intención, no obstante que este órgano jurisdiccional ha reanudado sus labores acorde al Acuerdo General 20/2021. Posteriormente, se da cuenta a la secretaria encargada del despacho con la totalidad de las constancias que obran en el expediente, haciendo constar que: Se encuentra debidamente integrado; Que guarda estado para dictar sentencia; Que hasta el día de hoy se encuentra debidamente foliado y rubricado; y Que las constancias del expediente físico y el electrónico coinciden íntegramente. La Secretaria encargada del despacho acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de las constancias, así como la certificación que antecede para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio, se da cuenta con la documental ofrecida por la parte quejosa en su escrito de demanda; asimismo, con las constancias remitas por personal del Concejo Mayor y Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo, recibidas en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. La Secretaria encargada del despacho: Vista la cuenta precedente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las documentales en cita, en razón de su naturaleza. Dado que no hay más pruebas pendientes por admitir ni por desahogar se declara cerrado el periodo probatorio. En el periodo de alegatos, se hace constar que la Agente del Ministerio Público adscrita no formuló pedimento ministerial; asimismo, que el resto de las partes fueron omisas en emitir alegatos. A lo anterior, la Secretaria encargada del despacho: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene a la representante social adscrita y a las partes por precluido su derecho de formular alegatos. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se procede al dictado de la sentencia correspondiente, lo que se hace a continuación. S E N T E N C I A Visto, para resolver el juicio de amparo 686/2021, promovido por Hermelinda Romero López en favor de Dionicio Chávez Romero, contra actos de los Integrantes del Consejo Mayor de Gobierno Comunal del Municipio de Cherán, Michoacán de Ocampo, y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado escrito presentado el dos de diciembre de dos mil veintiuno, ante la Secretaria de Guardia del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, Hermelinda Romero López demandó en favor de Dionicio Chávez Romero, el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades: "III.- AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES.- En cuento autoridades ordenadoras señaló a LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO MAYOR DE GOBIERNO COMUNAL DEL MUNICIPIO DE CHERÁN KERI. En su carácter de ejecutoras, señalo como tales a los titulares que integran el Consejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia de Cherán K´eri, así como al Coordinador de la Ronda Comunitaria del Municipio de Cherán, Michoacán. IV.- ACTOS RECLAMADOS: Reclamo la inconstitucional e ilegal privación de la libertad e incomunicación que persiste en contra de mi hijo DIONICIO CHÁVEZ ROMERO ejecutada por las autoridades que señalo como ejecutoras". La promovente expuso que el acto reclamado vulnera los derechos fundamentales de su representado contenido en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes del acto reclamado; y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda de amparo de que se trata fue recibida durante el periodo de guardia de este Juzgado Sexto de Distrito en Estado de Michoacán de Ocampo, el dos de diciembre de dos mil veintiuno; y en auto de esa misma fecha, se ordenó registrarla con el expediente 686/2021 (fojas 15 a 11), determinó conceder la suspensión de plano al quejoso, derivado de la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento de Dionicio Chávez Romero; así como de cualquier acto de los derivados del artículo 22 constitucional; por lo que se solicitó el informe correspondiente a las autoridades responsables; además, ordenó requerir al quejoso directo Dionicio Chávez Romero, a efecto que en el acto de la notificación o dentro del plazo de tres días ratificara la demanda presentada en su favor; con el apercibimiento de no hacerlo, se tendría por no presentada; caso en el cual, se dejarían sin efectos las medidas decretadas. En diligencia realizada a las veintidós horas con treinta minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno, se localizó al quejoso en las instalaciones del Consejo de Vigilancia y Mediación de Justicia, y en ese momento, ratificó la demanda presentada en su nombre; asimismo, expuso que no era objeto de malos tratos, palos, azotes, tortura, que tampoco fue incomunicado. También, se hizo constar por parte de la actuaria adscrita a este órgano jurisdiccional que a simple vista no presentaba huellas de violencia física (foja 23). En esas condiciones, en proveído de tres de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda promovida, se solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desahogó en los términos del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, residente en Uruapan, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, de la Ley de Amparo, 49 y 56, fracción I, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la república mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, adicionado mediante el diverso 3/2021. Lo que precede, en virtud que la parte quejosa reclama la privación ilegal de la libertad atribuida a autoridades con domicilio en Cheran, Michoacán de Ocampo, lugar en el cual este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, procede fijar los actos que se reclaman en la presente instancia constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar, a saber: a) analizar en su integridad la demanda y anexos con un criterio amplio, no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance, así como contenido; y, b) prescindir de los calificativos vinculados con la inconstitucionalidad que se hagan al enunciar los actos reclamados en el escrito inicial. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000 y tesis VI/2004, ambas del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD" y "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De la lectura íntegra de la demanda, se advierte que el quejoso Dionicio Chávez Romero, reclama: Del Concejo Mayor del Gobierno Comunal; y, el Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, ambos de Cherán, Michoacán de Ocampo 2021-2024: La privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento contra el quejoso; de la cual hace derivar la incomunicación. TERCERO. INEXISTENCIA DE ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado al Consejo Mayor del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo 2021-2024. En el caso, la autoridad responsable al rendir su informe justificado (foja 30), negó el acto que de ella reclama el quejoso. Ahora, de las constancias que obran en el presente juicio de garantías se advierte no se advierte la presencia de medio de convicción alguno del que se desprenda que efectivamente dicha autoridad haya girado o ejecutado alguna orden de privación de libertad contra el solicitante de amparo. Luego, si las autoridades responsables negaron los actos que se les atribuyen, argumentando que no es cierto el acto reclamado por el quejoso, entonces la carga de la prueba recae sobre el solicitante de amparo, de modo que, al no hacerlo, las negativas de las autoridades no fueron desvirtuadas. Aunado a lo anterior, como se verá más adelante dicho acto fue aceptado por la diversa autoridad Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia de Cherán, Michoacán de Ocampo (foja 32). En consecuencia, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, por identidad jurídica entre el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo interpretada, y el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo vigente, la tesis jurisprudencial 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "INFORME JUSTIFICADO, NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos reclamados que se les atribuyen, y los quejosos, no desvirtúan esa negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Así como, la jurisprudencia 1089, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y el quejoso no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." En ese orden de ideas, al decretarse el sobreseimiento en el presente juicio, impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de la tesis de jurisprudencia II.3o. J/58, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente." CUARTO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Es cierto el acto reclamado al Concejo de Vigilancia y Mediación de Justicia del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo 2021-2024, consistente en la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento contra el quejoso, de la que derivó su incomunicación. En efecto, dicha autoridad al rendir su informe de ley (foja 32), inicialmente negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, posteriormente realizó manifestaciones que evidenciaron su certeza, al exponer que la salida del quejoso tuvo lugar a las once horas con cincuenta y ocho minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se pone en evidencia que el quejoso Dionicio Chávez Romero, sí se encontraba privado de su libertad bajo la jurisdicción de dicha autoridad. Tiene aplicación, la tesis aislada emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de texto y rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causas de improcedencia, debe abordarse de oficio por ser una cuestión de orden público y de análisis preferente al fondo del asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Respalda lo sostenido, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Ahora bien, este órgano de control constitucional, advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;.". La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo vigente, es decir, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. La causal de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Así, de las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Es aplicable dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia 2ª./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Como se precisó, el quejoso, reclama la privación ilegal de la libertad fuera de procedimiento contra el quejoso; así como la incomunicación. Sin embargo, el Concejo de Vigilancia y Mediación de Justicia del Gobierno Comunal de Chera, Michoacán 2021-2024, al rendir su informe de ley (foja 32), expuso que la salida del quejoso tuvo lugar a las once horas con cincuenta y ocho minutos del dos de diciembre de dos mil veintiuno. A efecto de acreditar dichas afirmaciones, exhibió copias certificada de la bitácora de dos de diciembre de dos mil veintiuno, de la que se advierte que Dionicio Chávez Romero salió en la hora y fecha indicada, asentándose la firma del interesado, tal y como se advierte de la siguiente imagen: La documental de referencia merece valor probatorio al tenor de lo dispuesto los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Tiene aplicación, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Manifestaciones de las que se dio vista al quejoso, tal y como se advierte de la constancia de notificación de cuatro de diciembre de dos mil veintiuno, sin que expusiera nada al respecto. En esas condiciones, si de las constancias que allegó la autoridad responsable, se advierte que el quejoso fue puesto en libertad el dos de diciembre de dos mil veintiuno, es inconcuso que en la especie se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues es evidente que la privación de la libertad de la que fue objeto y la incomunicación que pudo derivar de dicha detención cesó en sus efectos. De modo que al haber cesado los efectos del acto reclamado que se analiza, se hace innecesario el análisis de su constitucionalidad, pues la posible afectación causada al quejoso ha desaparecido como si se le hubiera concedido el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, no siendo factible que esa actuación judicial reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. Ello es así, toda vez que los alcances por los que se podía otorgar la protección constitucional debían delimitarse en función del acto reclamado (privación de la libertad ocurrida el veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno) y respecto de la autoridad que la propicio, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo vigente, conforme al criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación antes citada. En mérito de las anteriores consideraciones, al surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, se sobresee en el presente juicio de garantías, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya la anterior consideración, por identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI, y 80 de la Ley de Amparo interpretada, con los numerales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo Vigente, la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 9/98, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como la tesis P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 71, tomo VI, noviembre de 1997, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En la inteligencia de que el sobreseimiento decretado impide entrar al estudio de los conceptos de violación, atento al contenido de rubro: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con los artículos 1, 5 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información confidencial, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117 de la citada ley. Por tanto, de conformidad con los artículos 118 y 119, en relación con el Tercero Transitorio de la citada ley, la publicación de la presente sentencia es pública a partir del día de hoy, en versión pública, y a través del módulo de captura del Sistema Integral se Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de distrito, conforme a los artículos Primero y Segundo del Acuerdo General 87/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en la circular 1/2004 de la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de Nuevos Órganos del nombrado Consejo de la Judicatura Federal; al efecto, se ordena al secretario glosar al presente juicio la constancia de captura de la resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hermelinda Romero López en favor de Dionicio Chávez Romero, contra los actos que reclamado del Concejo Mayor del Gobierno Comunal; y, el Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia, ambos de Cherán, Michoacán de Ocampo 2021-2024; por los motivos expresados en los considerandos tercero y quinto del presente fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica y física que se fija en el tablero ubicado en el exterior de este inmueble que alberga al Poder Judicial de la Federación. Así lo resuelve y firma electrónicamente el licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Licenciada María Teresa Torres Espinoza, quien da fe.

  3. Principal

    En treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria CERTIFICA: Que en el correo institucional de este juzgado 6jdo11cto@correo.gob.mx, se recibieron dos oficios y anexos los cuales quedaron registrados bajo los folios 16963 y 16962. Lo que se hace constar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta a la secretaria encargada del despacho. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Téngase al personal del Concejo Mayor y Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo, desahogando el requerimiento formulado en proveído de veintisiete de diciembre pasado; y al efecto exhibe copia certificada de la bitácora de ronda comunitaria de dos de diciembre de dos mil veintiuno, con lo que se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese.

  4. Principal

    En veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado que guardan los autos. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: Del estado que guardan los autos se desprende que en proveído de cuatro de diciembre del año en curso, se tuvo al personal del Concejo Mayor y Concejo de Procuración, Vigilancia y Mediación de Justicia del Gobierno Comunal de Cherán, Michoacán de Ocampo, rindiendo informe a la suspensión de plano e informe justificado, asimismo, del contenido de los referidos informes, se observó que el quejoso directo Dionicio Chávez Romero, fue puesto en libertad a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del día dos de diciembre del año en curso; sin embargo, el referido personal fue omiso en adjuntar las constancias que acreditaran tal circunstancia. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que quede notificados del presente proveído, remitan a este Juzgado copia certificada de documentales que acrediten que el quejoso directo Dionicio Chávez Romero, fue puesto en libertad a las veintitrés horas con cincuenta y ocho minutos del día dos de diciembre del año en curso Se apercibe a la referida autoridad que de no cumplir con lo anterior, sin causa justificada, se hará efectiva la multa establecida en el auto admisorio, esto es, se les impondrá una multa a cada una de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a $17,924.00 (diecisiete mil novecientos veinticuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 260 fracción II, de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional señalada en autos, se difiere y en su lugar se fijan las TRECE HORAS CON DIECISEIS MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente el Licenciado José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria Ma. Guadalupe Gutiérrez Moreno, quien da fe.

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