Dulce María Carranza Fuentes

Expediente 516/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
516/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
20/05/2019

Partes del expediente

  • Dulce María Carranza Fuentes

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinte de mayo de dos mil diecinueve. Vistos los presentes autos y tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el inciso a), fracción I, del artículo 97 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto Recurso de Queja contra el auto de tres de mayo del año en curso, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda interpuesta; en consecuencia, con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, se declara que HA CAUSADO ESTADO EL AUTO DE MÉRITO, para todos los efectos legales; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro respectivo y ARCHÍVESE el presente asunto como total y definitivamente concluido. Ahora bien, en cumplimiento a lo que establece el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transparencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito y con apoyo en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el expediente principal en que se actúa, es susceptible de DESTRUCCIÓN en el plazo de cinco años, ya que se trata de un juicio de amparo en el sin decidir en lo principal lo dio por concluido. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo, Décimo Tercero y Vigésimo Quinto del Acuerdo General en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial (momento en el cual deberá realizarse la anotación en el libro de gobierno respectivo). Finalmente, se hace la observación que no existen documentos originales exhibidos por las partes, entendiéndose como tales en términos del citado acuerdo: "Todo aquél soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán consideradas como documentos originales". Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veinticuatro de abril de dos mil diecinueve. Agréguese a sus autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada el cuatro de abril de dos mil diecinueve, dentro del toca R-486/2018, derivado de la revisión interpuesta en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 559/2018; téngase a la superioridad devolviendo el expediente principal y un anexo del mismo. Acúsese el recibo correspondiente. Dese a conocer a las partes la devolución de los autos originales que se encontraban ante el tribunal revisor, haciéndoles saber que el recurso de referencia, fue resuelto bajo los siguientes puntos resolutivos: "PRIMERO.- Queda firme la decisión que decretó el sobreseimiento en el juicio de garantías, por el acto reclamado al Delegado Catastral del Instituto Registral y Catastral del Estado; y, Registrador Público de la Propiedad, ambos de la circunscripción territorial de Tecali de Herrera, Puebla, consistente en la inscripción de la adjudicación de los bienes que integran la masa hereditaria. SEGUNDO.- En la materia del presente recurso, se revoca la sentencia sujeta a revisión. TERCERO.- En los términos y para los efectos precisados en el último considerando de esta ejecutoria la Justicia de la Unión ampara y protege a AMANDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, contra el acto reclamado al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, consistente en la falta de llamamiento al juicio sucesorio intestamentario 36/2014 de su índice". Por tanto, en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, para que realice los actos precisados por la superioridad en la ejecutoria pronunciada dentro del toca R-486/2018, dentro del término de tres días a partir de la legal notificación del presente proveído. Se apercibe a la mencionada autoridad responsable, que de no dar cumplimiento a lo anterior, se hará acreedora a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo, así como el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, constitucional, y primero, segundo y tercero transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, cuyo monto diario será de $84.49 (ochenta y cuatro pesos con cuarenta y nueve centavos moneda nacional), atento a la actualización publicada en el propio diario el diez de enero de dos mil diecinueve, y se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no las exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se le informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se le comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero y 269 de la Ley de Amparo. Por otra parte, no es el caso de formular diverso requerimiento para el cumplimiento de la ejecutoria, en razón a que el Titular del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Tecali de Herrera, Puebla, no tiene superior jerárquico; es así, porque de conformidad con el artículo 17 de la Constitución Federal, el ejercicio de la función jurisdiccional se caracteriza por la autonomía e independencia judicial, así como por la imparcialidad del juzgador; por su parte el artículo 146 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla prevé que la función judicial que desempeñan sus integrantes se rige, entre otros principios, por los de imparcialidad e independencia, que implican la autonomía de jueces y magistrados en el dictado de sus resoluciones; esto, con independencia de las faltas administrativas y delitos en que puedan incurrir con motivo de sus funciones.

  3. Principal

    ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ANAYELI SÁNCHEZ SÁNCHEZ, por propio derecho, y en representación del menor A.C.N.S., contra el acto reclamado al JUEZ PRIMERO DE LO CIVIL DEL DISTRITO JUDICIAL DE HUEJOTZINGO, PUEBLA, consistente la omisión de realizar las gestiones necesarias para garantizar el pago de los alimentos decretados en favor del menor A.C.N.S., en los autos del juicio de alimentos 2243/2009. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE, Y PERSONALMENTE A LAS PARTES.

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