Dulce María Beatriz Irigoyen Guzmán

Expediente 2424/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2424/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
12/02/2018

Partes del expediente

  • Dulce María Beatriz Irigoyen Guzmán

Actuaciones

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de febrero de dos mil dieciocho. Vistos los presentes autos y la certificación del secretario, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del auto de doce de enero del año en curso. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para que surta los efectos legales a que haya lugar. Ahora, vistas las constancias que como justificación de su informe remitieron las autoridades responsables, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, es necesario precisar que de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que DULCE MARÍA BEATRIZ IRIGOYEN GUZMÁN, acude a esta instancia constitucional a inconformarse contra actos de la Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, consistentes en: a). La omisión de emitir laudo dentro del expediente laboral D-1/246/2017; b). La falta de notificación de dicho laudo. Ahora bien, las autoridades responsables Presidenta y Actuaria, ambas de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado informaron que no son ciertos los actos reclamados (foja 26); manifiestando que con fecha veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió resolución en forma de laudo dentro del expediente laboral D-1/246/2017, y que ya se encuentra notificado. Para corroborar lo anterior, remitieron copias certificadas de dicha resolución, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, entre las que se encuentra la resolución emitida el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, donde se resolvió: ". PRIMERO.- La actora DULCE MARÍA BEATRIZ IRIGOYEN GUZMÁN, SÍ demostró su acción ejercitada. SEGUNDO.- El demandado ÁNGEL LOMA NEXTICAPA, NO opuso excepciones ni defensas que la ley le confiere. ." (fojas 27 a 29). Laudo que fue debidamente notificado a la parte quejosa a través de su autorizada Karen León García, el cuatro de enero de la presente anualidad (foja 30). Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de emitir laudo dentro del expediente laboral D-1/246/2017, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "ARTÍCULO 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio. No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio; II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó; III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Se sostiene lo anterior, pues la demanda de amparo fue presentada el seis de diciembre de dos mil diecisiete y la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, dentro del expediente laboral D-1/246/2017, con fecha veintisiete de noviembre de la pasada anualidad, emitió la resolución en forma de laudo (fojas 27 a 29). Por lo que al momento de presentación de la demanda de garantías, no existía el acto aquí reclamado por DULCE MARÍA BEATRIZ IRIGOYEN GUZMÁN. Así entonces, procede DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA dentro del presente juicio de garantías por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión por parte de la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, para emitir laudo dentro del expediente laboral D-1/246/2017. Ahora, tocante al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación del laudo que se emita dentro del expediente laboral D-1/246/2017, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, se advierte que en el caso se actualiza una causa de improcedencia manifiesta e indudable que da lugar a sobreseer en el juicio. Para así considerarlo, se desprende que las autoridades responsables Presidenta y Actuaria, ambas adscritas a la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, al rendir su informe justificado informaron que no son ciertos los actos reclamados (foja 26). De las constancias que como justificante de su informe remitieron las responsables, se desprende que dentro del expediente laboral D-1/246/2017, si bien el veintisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se emitió el laudo correspondiente, éste fue debidamente notificado a la parte quejosa a través de su autorizada Karen León García, el cuatro de enero de la presente anualidad (foja 30), constancias a las que se les concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Bajo ese contexto, este Tribunal Federal advierte que en la presente contienda constitucional se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". El precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de amparo, la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todos los efectos del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí alguna huella. En la especie, se considera actualizada la causa de improcedencia invocada porque si la pretensión de la parte quejosa al ejercer la acción constitucional era que la Presidenta de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, notificara el laudo dictado en el expediente laboral D-1/246/2017; aquélla se vio satisfecha en la medida en que el cuatro de enero del año en curso, fue debidamente notificado a la parte quejosa a través de su autorizada Karen León García, el cuatro de enero de la presente anualidad (foja 30). Por consiguiente, se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el pleno goce del derecho que le había sido violado, como si el acto tildado de inconstitucional no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó alguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional, de tal manera que los efectos de la omisión reclamada han cesado, razón por la que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que referente al diverso acto reclamado consistente en la falta de notificación del laudo que se emita dentro del expediente laboral D-1/246/2017, del índice de la Junta Especial número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, debe SOBRESEERSE FUERA DE AUDIENCIA el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de ese ordenamiento. Así entonces, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con veintidós minutos del dieciséis de enero del año en curso, sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, pues en el caso a estudio surgió una causa notoria e indudable de improcedencia en este juicio de amparo, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; además de que tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución General de la República, en cuanto dispone que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Háganse las anotaciones correspondientes. Finalmente, sin que cause perjuicio a la solicitante de amparo el hecho que mediante auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete (admisión), se haya asentado como su nombre el de María Beatríz Irigoyen Guzmán, cuando el correcto es Dulce María Beatríz Irigoyen Guzmán; lo anterior, tomando en consideración que las autoridades responsables al rendir su informe justificado, lo hicieron refiriéndose al nombre correcto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento que se le realizó en el proveído de veintiocho de noviembre del presente año, en el que se le requirió a efecto de que compareciera ante este órgano jurisdiccional y asociado del actuario de la adscripción, se constituyeran en el domicilio que proporcionó a fin de emplazar a los terceros interesados Raúl Gómez Campillo, Administradora Inmobiliaria Gomcamp, Sociedad Anónima de Capital Variable y Grupo G.C.R., Sociedad Anónima de Capital Variable. Atento a lo anterior, de autos se advierte que no se ha logrado el emplazamiento de los citados terceros interesados no obstante que se han agotado los medios para investigar el domicilio de los mismos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo de la Ley de Amparo se ordena el emplazamiento de los terceros interesados Raúl Gómez Campillo, Administradora Inmobiliaria Gomcamp, Sociedad Anónima de Capital Variable y Grupo G.C.R., Sociedad Anónima de Capital Variable por medio de edictos a costa del quejoso José Armando Isaac Mendoza Loaiza, los cuales contendrán una relación sucinta de la demanda, y deberán publicarse por tres veces consecutivas, de siete en siete días, en el "Diario Oficial" y en cualquiera de los periódicos siguientes Reforma, Excélsior, El Financiero o El Universal, a elección de la parte inconforme, por ser los de mayor circulación en la República Mexicana. En tal sentido, se pone a disposición de la parte quejosa los aludidos edictos por el término de veinte días siguientes a que surta efectos la notificación del presente proveído, en el entendido de que dentro del referido término, la parte impetrante deberá recoger y entregar los mencionados edictos para su publicación, así como acreditar ante este órgano jurisdiccional dicha entrega [esto es, que efectuó las gestiones tendientes para su publicación], con apercibimiento que de no realizar lo anterior en el término concedido para ello, o de no manifestar y demostrar fehacientemente la incapacidad que tuviere para tal efecto, se decretará el sobreseimiento del presente juicio de garantías en cumplimiento a lo establecido en el artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, doce de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de diez días que prevé en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de revisión; en consecuencia, con fundamento en lo que disponen los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, según su artículo 2°, se declara que la sentencia que sobresee en el juicio. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, glósense los incidentes de suspensión y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente, así como los cuadernos del incidente de suspensión serán susceptibles de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia. Finalmente, devuélvanse a su lugar de origen las copias certificadas relativas al expediente 538/2015.

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