Dulce Jasive Camacho Vilches
Expediente 774/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/06/2022
Partes del expediente
- Dulce Jasive Camacho Vilches
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. De la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, el proveído de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha causado estado. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Luego, en atención al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto: a) De conformidad con el artículo 8, fracción I, del citado Acuerdo, corresponde a la clasificación de expedientes de trámite. b) En términos del artículo 21 del referido acuerdo el cuaderno principal es destruible, toda vez que encuadra en la hipótesis del inciso a), de dicho numeral, al ser un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia. c) A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad con la fracción I, del artículo 8 del Acuerdo en comentario, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, con base en el artículo 24 del multicitado Acuerdo, se procederá a su destrucción. Además, de conformidad, con el artículo 35 del citado Acuerdo General se ordena hacer constar en la carátula de este expediente la clasificación realizada al mismo, a través de los sellos correspondientes.
- Principal
Se apertura audiencia constitucional
- Principal
Toluca, Estado de México, dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, el quejoso Manuel Rodríguez Luevano, en atención a la vista otorgada hace del conocimiento a este órgano jurisdiccional que la autoridad responsable señalada en el presente juicio, está cumpliendo cabalmente con la ejecutoria emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, toda vez que el quejoso realizó manifestaciones en el término concedido para tal efecto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector. Es aplicable, por analogía, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito publicada con el número 247, en las páginas 203 y 204, de la actualización 2002, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, que establece: "INCONFORMIDAD. EL TRIBUNAL DE AMPARO DEBE PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, EN VEZ DE DECLARARLA CUMPLIDA APOYÁNDOSE, ÚNICAMENTE, EN QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CON APERCIBIMIENTO QUE SE LE HIZO EN ESE SENTIDO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." En principio, es de puntualizarse que el acto reclamado se hizo consistir en: La omisión de emitir el dictamen de actualización de pensión, solicitado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno y registrado con el número de folio 2, 194, 595, 42102. Previa substanciación del juicio de amparo, el veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se emitió la sentencia correspondiente, en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión al quejoso para los siguientes efectos: ". Se concede al quejoso Manuel Rodríguez Luevano el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la autoridad responsable Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), se pronuncie en el ámbito de su competencia con relación a solicitud de actualización de pensión presentado el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, y notifique el mismo al solicitante ahora quejoso; debiendo remitir copia certificada de dicha respuesta y notificación a este Juzgado de Distrito." Asimismo, el tres de mayo del año en curso, causo ejecutoria la referida sentencia, y se requirió al Comité de Pensiones del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, para que dentro del plazo de tres días diera total cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto y remitiera copias certificadas de las constancias que así lo acrediten. Luego, en fecha trece de mayo de dos mil veintidós, se recibió el oficio sin número (con anexos) signados por el representante legal del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), mediante el cual, remitió copias constatadas del dictamen CP/76905/2022, de veintidós de abril del año en curso. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable cumplió con la directriz de la concesión de amparo, es decir, emitió el dictamen de pensión en respuesta a la solicitud hecha por el quejoso Manuel Rodríguez Luevano. A las constancias remitidas por la autoridad responsable por ser documento público tiene valor probatorio, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo. Así pues, del análisis comparativo entre lo resuelto en la ejecutoria de amparo y la conducta desplegada por la responsable al respecto de aquélla, se concluye que en el caso particular se ha dado cumplimiento al fallo protector, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y consecuentemente, se colige que se ha restituido al quejoso en el goce de sus derechos humanos transgredidos, lo que constituye el fin último de la ejecutoria de amparo; por lo tanto, toda vez que la autoridad responsable no incurrió en defecto, al acatar los efectos de la sentencia amparadora en su totalidad; así como tampoco incurrió en exceso, ya que no se extralimitó de lo expresamente solicitado; por tanto, se declara cumplida la sentencia. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 201/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 301 del Tomo XXX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, diciembre de 2009, Novena Época, materia común, con número de registro 165807, que establece: "EJECUTORIA DE AMPARO. EL AUTO QUE DECLARA SU CUMPLIMIENTO NO DEBE CONTENER PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA LEGALIDAD DE LA EJECUCIÓN, SINO FORMULARSE LISO Y LLANO. El artículo 105 de la Ley de Amparo impone a las autoridades responsables la obligación de cumplimentar las ejecutorias de amparo, así como el procedimiento tendiente a lograr su exacto y debido cumplimiento, cuando no fueren obedecidas a pesar de los requerimientos formulados al efecto y de su párrafo tercero se deduce la obligación del Juez de Distrito de pronunciarse sobre el cumplimiento que, en su caso, hubieren dado las autoridades responsables. Así, cuando dichas responsables justifiquen ante el indicado juzgador la ejecución del fallo protector de que se trate y éste, a su juicio, considere que se ha cumplido con la ejecutoria, deberá declararlo así en el proveído correspondiente de manera lisa y llana, y abstenerse de calificarlo con expresiones tales como "debido", "exacto", "cabal", u otras semejantes ya que ello implicaría prejuzgar sobre la legalidad de la ejecución y, además, produciría confusión tanto al quejoso, ante la incertidumbre del medio de defensa legal procedente, si no se conformara con los términos de fondo del acto autoritario que acata la referida sentencia de amparo, como a las autoridades responsables, ante los razonamientos de la impugnación relativa y la determinación judicial con la calificación y, además, podría llevar al propio juzgador a emitir un fallo contradictorio con dicha determinación, en el supuesto de que declarara fundada alguna queja por exceso o defecto en la ejecución." Hágase del conocimiento del quejoso la presente determinación, para los efectos del artículo 202 de la Ley de Amparo, previas anotaciones en el libro de gobierno, quedando a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma que considere convenientes.
- Principal
Mesa ll. Toluca, Estado de México, veintitrés de mayo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, ténganse por recibidos los escritos de cuenta; a través de los cuales, con el primero *** en su carácter de tercero interesado, ofrece medios de prueba y formula alegatos. Ahora bien, respecto a los medios probatorios que ofrece, consistentes en: Documentales: Documental publica, consistente en los informes rendidos por las autoridades señaladas como responsables, así como las constancias que se hayan acompañado para soportar su informe. Documental pública, consistente en las copias certificadas, relativas al incidente de nulidad, de actuaciones, promovido por la quejosa Enny Isabel Salgado Negrete y/o Enny Isabel Salgado Negrete Zendejas, a través de su apoderado para actos de dominio Alejandro Enrique Zendejas Hernández. Todo lo actuado en el presente juicio en lo que le favorezca a la parte quejosa. Presuncional en su doble aspecto legal y humana, todo lo que pueda beneficiar a sus intereses. Respecto a las indicadas dentro en los incisos a), b) y II, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Y, por cuanto a la precisada en el inciso c) se reserva a proveer lo conducente hasta en tanto se encuentre debidamente integrado el presente asunto. Continuando, por cuanto a sus alegatos, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, los cuales serán considerados al momento de dictar el fallo correspondiente. Por otra parte, con el segundo tercero y cuarto de los ocursos de cuenta, la quejosa ****, solicita con el primero de éstos, el diferimiento de la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha en el presente juicio, en virtud de que refiere que no han sido acordadas ni entregadas las copias solicitadas a la autoridad responsable Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, así como diversas solicitadas al Director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, circunstancia de la cual solicita se les requieran a dichas autoridades por medio de este órgano jurisdiccional, bajo los apercibimientos de ley o en su caso se conceda un término suficiente para que dichas autoridades exhiban las copias solicitadas. Atento a lo anterior, se acuerda de conformidad su petición, respecto a su solicitud de diferimiento de la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha y en su lugar se fijan las doce horas con cuarenta y cinco minutos del diecisiete de junio de dos mil veintidós, para su verificativo. Sin embargo, respecto a su solicitud de que se requieran las copias certificadas que solicitó al Juzgado Quinto Mercantil del Distrito Judicial de Toluca, así como al Director General de Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, no ha lugar a proveer de conformidad su petición, en virtud de que de la interpretación de su escrito, no se advierte que las mismas las ofrezca como medios de prueba en el presente sumario, aunado a que no especifica las constancias que solicito a la responsable; y toda vez que la Contraloría del Poder Judicial del Estado de México, no es autoridad responsable en el presente juicio. Luego, con el segundo de los escritos signados por la parte quejosa, ofrece los medios de prueba siguientes: 1.- Documental pública, consistente en copia del pasaporte número G09807708, con vigencia del cuatro de julio de dos mil once, hasta el cuatro de julio de dos mil veintidós, expido por la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la Representación Estado de México de esa Secretaría. 2.- Documental pública, consistente en la copia certificada de las Constancias de Percepciones y Retenciones por Intereses y Dividendos, de treinta y uno de diciembre de dos mil cinco, que emite Banco Santander Serfin, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfin. Por el periodo comprendido entre el uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil cinco. 3.- Documental pública, consistente en las copias certificadas de la Constancia de Situación Fiscal, de diez de diciembre de dos mil catorce, emitida por el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno Federal. 4.- Documental pública, consistente en las copias certificadas de la Constancia de Situación Fiscal de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, emitida por el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno Federal. 5.- Documental pública, consistente en las copias certificadas de la Constancia de Situación Fiscal de once de julio de dos mil diecinueve, emitida por el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, del Gobierno Federal. Los cuales, con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la celebración de la audiencia constitucional. Y con su tercer ocurso, formula alegatos, los cuales con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, se tienen por formulados, mismos que serán considerados al momento de dictar el fallo correspondiente. Finalmente, con el ultimo ocurso de cuenta, Arturo Fernández García, en su carácter de apoderado legal de la moral Aranfin Soluciones, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, en lo sustancial solicita copias certificadas de todo lo actuado, incluyendo las constancias que hayan ofrecido como sustento de su dicho las partes autorizando para recogerlas a los profesionistas señalados en su escrito de recibido el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno (acordado el treinta y uno de mayo siguiente), Hugo Núñez Núñez, Laura Cecilia Mendieta Tapia y Elia Martínez Piñuelas, y como consecuencia de lo anterior, solicita se difiera la audiencia constitucional señalada para el día de la fecha en el presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 278, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo de conformidad con su numeral 2, expídanse a costa del promovente, las copias certificadas que solicita, previa razón y firma que por su recepción obre en autos para debida constancia legal y téngase como autorizadas para recibirlas a las personas que refiere. En el entendido que para asistir al órgano jurisdiccional a recoger las mismas, deberá realizar el trámite previsto en el Acuerdo General 21/2020, a fin de generar la cita correspondiente. Y respecto a su solicitud de que se difiera la audiencia constitucional, no se emite mayor pronunciamiento, toda vez que como se advierte de párrafos que anteceden, ya se acordó similar petición. Notifíquese.
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