Dulce Ángel Marín Fuente
Expediente 1271/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1271/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2023
Partes del expediente
- Dulce Ángel Marín Fuente
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se tiene por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual, ** autorizada en términos amplios del quejoso ** hace del conocimiento que en fecha trece de septiembre del presente año, el tercero interesado se desistió de la prueba motivo del presente juicio de amparo, por lo que considera que se actualiza una causa de sobreseimiento en el juicio en que se actúa. Atento a lo anterior, por lo que hace a las manifestaciones vertidas, y toda vez que en trece de septiembre del presente año, se tuvo por admitido el recurso de queja 241/2023 del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, como anexo al oficio que al efecto se gire, previa copia simple que se glose en autos, remítase el escrito original a dicho Tribunal Colegiado para los efectos a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, admite el recurso de revisión hecho valer por el quejoso Dulce Ángel Marín Fuentes, el cual quedó registrado bajo el número de 241/2023 de su estadística. Circunstancias de la que este órgano toma conocimiento. Cúmplase.
- Principal
MESA IV. Toluca, Estado de México, siete de septiembre de dos mil veintitrés.****************************************Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el oficio de cuenta, a través del cual, la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, acusa recibo de las constancias respectivas a fin de sustanciar el recurso de queja hecho valer por el quejoso ** por el cual, interpuso recurso de queja contra el auto del veinticinco de agosto de dos mil veintitrés, el cual quedó registrado bajo el número 241/2023 de su estadística; de lo que se toma conocimiento; asimismo, solicita que en el plazo de veinticuatro horas se instruya a quien corresponda para que se haga disponible el expediente electrónico de este asunto.**************************************** Por tanto, en relación a su solicitud, es de precisarse que mediante auto de cuatro de septiembre pasado, se ordenó realizar las gestiones respectivas a fin de que este asunto se hiciera disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Ad quem al que le correspondiera conocer por razón de turno del recurso de queja referido en el párrafo precedente, estuviera en posibilidad de consultar las constancias respectivas en dicho sistema, sin embargo, en obvio de mayores dilaciones, se reitera a la oficial judicial "A" de la adscripción, a efecto de que vincule el presente expediente en su versión electrónica a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a fin de que el Tribunal Colegiado oficiante, esté en aptitud de consultar las constancias respectivas en dicho sistema.****************************************Asimismo, se pone a su disposición la extensión de la oficial judicial A encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) #340 3359, para que, en caso de cualquier inconveniente en relación con la visualización del expediente electrónico de este juicio de amparo, sea factible atenderla de manera inmediata.****************************************Cúmplase.
- Principal
Toluca, Estado de México, veinticinco de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, téngase por recibido el escrito de cuenta, por medio del cual, el quejoso Dulce Ángel Marín Fuentes, desahoga la prevención realizada en acuerdo de fecha veintiuno de agosto de dos mil veintitrés. En ese sentido, téngase a la parte quejosa dando cumplimiento a lo ordenado por este órgano jurisdiccional el veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, por lo que se deja sin efectos el apercibimiento formulado. Ahora, previo a admitir la demanda de amparo, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo y del escrito por el cual da cumplimiento a la prevención, se advierte que el quejoso reclama "la determinación de ocho de agosto del presente año en la causa penal 5/2023 del índice del Juzgado de Distrito del Oro, Estado de México en donde admite el desahogo de la prueba testimonial a cargo del policía de investigación Adrián Cesario Jiménez, solicitada por la parte acusada." En principio, es necesario señalar que el artículo 107, fracciones III, incisos b), y c), IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y." A su vez, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso.". B De lo anterior se advierte que la disposición legal y constitucional transcritas establecen lo que se conoce como principio de definitividad en el juicio de amparo, consistente en que la parte quejosa, previamente al ejercicio de la acción constitucional, por regla general, debe agotar los medios ordinarios de defensa que establecen los preceptos aplicables, en el entendido que, de no hacerlo así, será improcedente el juicio de amparo. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos fundamentales, de modo que para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. Es aplicable la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1304, del Tomo XLV, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que establece: "RECURSOS ORDINARIOS. El hecho de no hacer valer los procedentes contra un fallo ante los tribunales ordinarios, es causa de improcedencia del amparo que se enderece contra ese fallo." Asimismo, es aplicable la jurisprudencia VI. 2o. J/52, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 401, del Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, de julio - diciembre de mil novecientos noventa, Octava Época, con número de registro 224841, que establece: "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común." Sin embargo, de las disposiciones antes transcritas, se advierten excepciones al principio de definitividad, es decir, que no se está obligado a agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que procedan contra los actos reclamados, en los siguientes casos: a) Contra actos que afecten personas extrañas al juicio (artículo 107, fracción III, inciso c) de la Carta Magna). b) Contra actos administrativos, respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución (artículo 107, fracción IV, de la Constitución Federal y artículo 61 de la Ley de Amparo, fracción XX). c) Los que importen una violación a sus derechos humanos consagrados en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal (artículo 107, fracción XII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos). d) Tratándose de amparo contra leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación (párrafo tercero de la fracción XIV del precepto 61 de la Ley de Amparo). e) Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional (artículo 61, fracción XVIII, inciso a), de la Ley de Amparo; y, f) Contra actos dictados por autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o judiciales, si carecen de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones dictadas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia (último párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo). g) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso (inciso d), fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo)." Es aplicable la tesis LVI/2000, aprobada por la Segunda Sala, publicada en la página 156, del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Julio de 2000, Novena Época, con número de registro 191539, que establece: ""DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia." Luego, en el caso el acto que aquí se reclama, no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de excepción antes precisados y, por ende, la parte quejosa no está exenta de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en contra del acto reclamado. Lo anterior se afirma, de acuerdo con lo previsto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, existe la obligación de agotar el principio de definitividad previamente a la promoción del juicio de amparo, lo cual acontece en el caso concreto, pues tal como se advierte del escrito de demanda, la parte aquí quejosa es parte formal en el procedimiento de origen; de ahí la obligación de agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación común. Por tanto, conforme a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a agotar los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan conforme a la Ley que rige el acto reclamado. Ahora bien, para que se actualice la causa de improcedencia en análisis, es menester que se satisfagan los siguientes requisitos: a) El acto reclamado sea proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) La ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Ese recurso o medio de defensa, se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; d) Por virtud de dicho medio ordinario de defensa, la resolución o acto judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el citado precepto. Por tanto, se abordará a continuación el estudio para determinar si previamente a la promoción del juicio de amparo contra actos que se rijan por el Código Nacional de Procedimientos Penales, debe agotarse la promoción del recurso de revocación, previsto en los artículos 465 y 466 del citado ordenamiento, que a la letra dicen: "Artículo 465. Procedencia del recurso de revocación El recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial en contra de las resoluciones de mero trámite que se resuelvan sin sustanciación. El objeto de este recurso será que el mismo Órgano jurisdiccional que dictó la resolución impugnada, la examine de nueva cuenta y dicte la resolución que corresponda. Artículo 466. Trámite El recurso de revocación se interpondrá oralmente, en audiencia o por escrito, conforme a las siguientes reglas: Si el recurso se hace valer contra las resoluciones pronunciadas durante audiencia, deberá promoverse antes de que termine la misma. La tramitación se efectuará verbalmente, de inmediato y de la misma manera se pronunciará el fallo, o Si el recurso se hace valer contra resoluciones dictadas fuera de audiencia, deberá interponerse por escrito en un plazo de dos días siguientes a la notificación de la resolución impugnada, expresando los motivos por los cuales se solicita. El Órgano jurisdiccional se pronunciará de plano, pero podrá oír previamente a las demás partes dentro del plazo de dos días de interpuesto el recurso, si se tratara de un asunto cuya complejidad así lo amerite. La resolución que decida la revocación interpuesta oralmente en audiencia, deberá emitirse de inmediato; la resolución que decida la revocación interpuesta por escrito deberá emitirse dentro de los tres días siguientes a su interposición; en caso de que el Órgano jurisdiccional cite a audiencia por la complejidad del caso, resolverá en ésta". En atención al artículo transcrito, se evidencia que contra el acto que se reclama en la presente vía consistente en la determinación de ocho de agosto del presente año en la causa penal 5/2023 del índice del Juzgado de Distrito del Oro, Estado de México en donde admite el desahogo de la prueba testimonial a cargo del policía de investigación Adrián Cesario Jiménez, solicitada por la parte acusada, procede la promoción del recurso de revocación, el cual se interpondrá en los términos del artículo 466 antes citado. Lo anterior, toda vez que conforme al ordinal 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el recurso de revocación es procedente, en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial, contra las resoluciones de mero trámite, que se resuelvan sin sustanciación. Ahora bien, para determinar si la determinación relativa a la determinación de ocho de agosto del presente año dictada en la causa penal 5/2023 del índice del Juzgado de Distrito del Oro, Estado de México en donde admite el desahogo de la prueba testimonial a cargo del policía de investigación Adrián Cesario Jiménez, solicitada por la parte acusada es catalogada como aquellas de mérito trámite, es importante señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 35/2020 estableció que la expresión "sin sustanciación", que prevé el dispositivo legal mencionado, son aquellas que son resueltas de plano sin agotar una tramitación especial y que si la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla, el juez de la causa debe resolver de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 2760, Libro 77, Agosto de 2020, Tomo III, Registro digital: 2022001, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que es del rubro y texto siguientes: "RECURSO DE REVOCACIÓN. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "SIN SUSTANCIACIÓN", PREVISTA POR EL ARTÍCULO 465 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: Los órganos colegiados contendientes sostuvieron posturas encontradas respecto a qué debe entenderse por el referido requisito de procedencia. Criterio jurídico: Esta Primera Sala considera que las resoluciones "sin sustanciación" son aquellas emitidas de plano, es decir, sin agotar una tramitación especial. Justificación: El citado artículo establece que el recurso de revocación procederá en cualquiera de las etapas del procedimiento penal en las que interviene la autoridad judicial contra las resoluciones de mero trámite que se resuelvan "sin sustanciación". Ahora bien, a partir de una interpretación teleológica, es dable otorgar significado a dicha expresión para entender que se refiere a resoluciones emitidas de plano, sin agotar una tramitación especial, porque la norma procesal que rige el actuar del juzgador no tiene asignado un procedimiento específico a seguir previo a su emisión, esto es, no prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla y, por tanto, el Juez resuelve de plano lo pedido. De ahí que, el recurso de revocación procede contra las determinaciones de mero trámite que hayan sido resueltas sin agotar previamente un procedimiento específico." En consecuencia, por las consideraciones y fundamentos expresados, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XVIII de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda, por existir causa manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo indirecto. En diversa guisa, se tiene al menor Dulce Ángel Marín Fuentes, señalando como representante legal a su favor a Hortencia Galindo Galindo, de conformidad con el artículo 8 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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