Dulce Anahi Salgado Castellanos
Expediente 55/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 21 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 55/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 26/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Juez Primero de lo Familiar de Primera Instanmcia del Distrito Judicial de Hidalgo, Ciudad
- Dulce Anahi Salgado Castellanos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Vista la certificación de cuenta evidencia que la quejosa y tercero interesado, no se inconformaron dentro del plazo previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, contra el proveído de veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este sumario constitucional; en consecuencia, el proveído de mérito se tiene por consentido para los efectos legales conducentes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo y 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Es menester precisar que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa. Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Visto el estado procesal de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a las partes en proveído de tres de marzo de dos mil veintidós, para que manifestaran lo que a su derecho conviniera con la forma en que la autoridad responsable adujo dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, se procede a realizar el estudio de las constancias que integran este juicio para verificar el cumplimiento del fallo protector, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. El treinta de junio de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional emitió la sentencia correspondiente, en la que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal; a saber: "PRIMERO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ****, contra el acto reclamado y la autoridad responsable que quedaron precisados en los considerandos segundo y cuarto, por los motivos, causas y fundamentos expuestos en el considerando NOVENO de esta sentencia y para los efectos precisados en la parte final del mismo. (.)." Inconforme con dicha sentencia, el tercero interesado Jesús Alejandro Pichardo Martínez, interpuso recurso de revisión, del cual correspondió conocer y resolver al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, quien mediante ejecutoria dictada el once de febrero de dos mil veintidós, en el amparo en revisión civil 86/2021, confirmó la sentencia dictada por este órgano de control constitucional, para los efectos precisados en la resolución impugnada. Con motivo de lo anterior, el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se requirió a la responsable Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, su cumplimiento, el cual debería ser para el efecto de que realizara lo siguiente: "1. Deje sin efectos el acto reclamado; 2. Dicte uno nuevo en el cual deberá: a). Reiterar las consideraciones relacionadas con la guardia y custodia del menor. b). Analizar si la pensión alimenticia provisional fijada en el auto recurrido cumple con el principio de proporcionalidad sobre la base de la previsto en el artículo 397 del Código Civil del Estado y conforme a ello gradúe el monto de dicha medida cautelar." Ahora, mediante oficio 862, la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, con residencia en Iguala, Guerrero, remitió copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 413/2018-III. De las que se advierte que la responsable dejó sin efectos la sentencia interlocutoria de catorce de enero de dos mil veintiuno, únicamente por lo que respecta al estudio realizado a los alimentos fijados a cargo de la quejosa ****; y dictó uno nuevo (veinticuatro de febrero de dos mil veintidós), en el que dejó subsistentes las consideraciones relativas a la guardia y custodia del menor; además, indicó que hasta ese momento no se encuentra justificada la actividad laboral de la quejosa (deudora alimentaria), pues mediante escrito exhibido ante ese juzgado el diecinueve de mayo de dos mil veintiuno, manifestó que no cuenta con un trabajo; del estudio socioeconómico practicado por el personal de la Procuraduría para la protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, del cual se advierte que la quejosa (deudora alimentaria), refirió que tiene un ingreso semanal de quinientos pesos y que canta en un grupo musical y que cada que hay evento obtiene trecientos pesos. Además, precisó que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, se dejó sin efecto la pensión alimenticia a cargo de **** y a favor de ****, pues estimó que la aquí quejosa cuenta con la capacidad para realizar cualquier actividad laboral para sufragar sus necesidades alimentarias. Asimismo, agregó respecto de las necesidades del acreedor alimentario, se encuentra agregada al expediente de origen una constancia de estudios, suscrita por la profesora ****, en su carácter de Directora del Jardín de Niños "Inés Salgado Arroyo" del Naranjo, Guerrero, municipio de Iguala de la Independencia, Guerrero, en la cual se hace constar que el niño se encuentra cursando el tercer grado. Ante tales consideraciones, la responsable procedió a resolver en términos del artículo 397 del Código Procesal Civil y juzgado con perspectiva de género, consideró el principio de proporcionalidad, el determinar cómo pensión alimenticia, a cargo de ****, y a favor de su descendiente con iniciales D.A.P.S., la cantidad liquida mensual de $2,074.44 (dos mil setenta y cuatro pesos 44/100 moneda nacional), que corresponde al cuarenta por ciento del salario mínimo diario es $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), pensión que deberá depositar ante ese juzgado los cinco primeros días de cada mes, a favor del Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia del Estado, para que a su vez sea entregado al acreedor alimentario por conducto de su progenitor. Lo anterior, pone de manifiesto que los efectos establecidos en la ejecutoria de amparo, fueron satisfechos porque la autoridad responsable dejó sin efectos el acto reclamado de catorce de enero de dos mil veintiuno, únicamente por lo que respecta al estudio realizado a los alimentos fijados a cargo de la quejosa ****, y ante previas consideraciones procedió a resolver en términos del artículo 397 del Código Procesal Civil, relativo a la pensión alimenticia, a cargo de Dulce Anahí Salgado Castellanos, y a favor de su descendiente con iniciales D.A.P.S.. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo (quince días), se tendrá por consentido el presente proveído. Por otro lado, mediante escrito presentado ante este juzgado el ocho de marzo de dos mil veintidós, el tercero interesado ****, realizó manifestaciones relativas al cumplimiento de la sentencia de amparo emitida en el presente sumario constitucional, en la que refiere que la autoridad responsable vulnera de forma grave derechos fundamentales y humanos de su menor hijo, puesto que dicha cantidad equivale a $68,248 (sesenta y ocho pesos 248/100 moneda nacional), diarios, toda vez que se le privaría de las condiciones que engloban los alimentos como lo son la comida, vestido, atención médica, educación y recreación. Se toma conocimiento de las manifestaciones vertidas por la parte tercera interesada; en ese orden, la autoridad responsable hasta ese momento, no encontró justificada la actividad laboral de la deudora alimentaria, por lo que ante tales circunstancias, procedió a resolver en términos del artículo 397 del Código Procesal Civil y juzgando con perspectiva de género, consideró que en atención al principio de proporcionalidad, era procedente determinar cómo pensión alimenticia, a cargo de *****, y a favor de su descendiente con iniciales D.A.P.S., la cantidad liquida mensual de $2,074.44 (dos mil setenta y cuatro pesos 44/100 moneda nacional), que corresponde al cuarenta por ciento del salario mínimo diario es $172.87 (ciento setenta y dos pesos 87/100 moneda nacional), cantidad que resulta al multiplicar el salario diario por treinta días, y multiplicado por el 40%, en términos del artículo citado en este párrafo, por lo que no le asiste la razón al tercero interesado, ya que contrario a ello, se advierte que la responsable tomo en consideración su calidad de mujer, las condiciones laborales que ésta tiene, el estudio socioeconómico de la que se obtiene el ingreso semanal de la quejosa, así como la constancia de estudios del menor, a efecto de fijar la pensión alimenticia en los términos que lo hizo. No obstante lo anterior, se dejan a salvo los derechos del tercero interesado para que los haga valer en la forma y en la vía que considere pertinentes. Finalmente, no se emite mayor pronunciamiento respecto a las manifestaciones que hace valer ****, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública en su carácter de representante especial del menor con iniciales D.A.P.S., toda vez que manifestó estar conforme a lo resuelto por la autoridad responsable, y toda vez que este juzgador determinó que la sentencia se encuentra cumplida en sus términos. Notifíquese personalmente a las partes y por oficio a la autoridad responsable.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, agréguese a los autos el escrito de *****, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de Defensoría Pública, en su carácter de representante especial del menor con iniciales D.A.P.S., personalidad que tiene reconocida en autos, por medio del cual formula manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. En tales condiciones, se tiene por hechas sus manifestaciones, las cuales serán tomadas en consideración en el momento procesal oportuno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa contenida en su precepto legal 2º, agréguese a los autos el escrito signado por el tercero interesado *****, por medio del cual promueve el incidente por exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo. Precisado lo anterior, y respecto a la solicitud del accionante constitucional conviene establecer lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo: "Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. En el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Al remitir los autos al tribunal colegiado de circuito, la jueza o el juez de distrito o el tribunal colegiado de apelación, formará un expedientillo con las copias certificadas necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la ejecutoria. El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico. Artículo 196. Cuando el órgano judicial de amparo reciba informe de la autoridad responsable de que ya cumplió la ejecutoria, dará vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado, para que dentro del plazo de tres días manifiesten lo que a su derecho convenga. En los casos de amparo directo la vista será de diez días donde la parte afectada podrá alegar el defecto o exceso en el cumplimiento. Dentro del mismo plazo computado a partir del siguiente al en que haya tenido conocimiento de su afectación por el cumplimiento, podrá comparecer la persona extraña a juicio para defender su interés. Transcurrido el plazo dado a las partes, con desahogo de la vista o sin ella, el órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, sin excesos ni defectos. Si en estos términos el órgano judicial de amparo la declara cumplida, ordenará el archivo del expediente. Si no está cumplida, no está cumplida totalmente, no lo está correctamente o se considera de imposible cumplimiento, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, como establece, en lo conducente, el artículo 193 de esta Ley." Dichos preceptos establecen la obligación que tienen los jueces a seguir en los procedimientos de ejecución de cumplimiento. Ahora bien, como una cuestión previa, debe decirse que la procedencia del incidente de exceso en el cumplimiento de la sentencia no lo establece expresamente la ley de la materia. En ese sentido, de la jurisprudencia de rubro "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO", se destaca que en el procedimiento de ejecución para el cumplimiento de las sentencias se debe atender a lo siguiente: 1. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes. 2. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa. 3. Además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa; además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. 4. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y requerir nuevamente para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. 5. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. 6. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. 7. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. 8. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. 9. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. 10. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que dentro del plazo de tres días legalmente computados, manifiesten lo que a su derecho convenga. 11. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. 12. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. 13. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Hecha tal precisión, de las constancias de autos, se advierte que por auto de tres de marzo de dos mil veintiuno, el Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Hidalgo, remitió copias certificadas de diversas documentales, con la finalidad de que se tenga cumplido el fallo protector, motivo por el cual se otorgó la vista correspondiente a fin de que las partes manifestaran lo que a su derecho legal convenga, sin que hasta esta etapa procesal, este juzgador haya emitido pronunciamiento alguno respecto a si la sentencia se encuentra cumplida en sus términos. Por lo tanto, es evidente que el proceso de ejecución en términos de dicha jurisprudencia se encuentra en el punto diez, antes citado, ya que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes para que manifiesten lo que a su derecho legal convenga respecto a la forma en que la responsable pretende dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se desecha por notoriamente improcedente el incidente por exceso en el cumplimiento de la sentencia de amparo, pues no se encuentra previsto en la Ley de Amparo, ni se establece con tal carácter dentro del procedimiento de ejecución de cumplimiento. No obstante lo anterior, se toma conocimiento de lo manifestado por la parte tercero interesada, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo; por lo tanto, una vez que fenezca el plazo concedido este juzgador realizara el pronunciamiento respectivo. Notifíquese.
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