Dora Maria Sandoval Diaz
Expediente 329/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 17/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Iguala · Guerrero
Partes del expediente
- Dora Maria Sandoval Diaz
Actuaciones
- Principal
Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro de los juicios de amparo bajo el número 239/2023. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa ***, reclama lo siguiente: La negativa y/u omisión y/o abstención y/o inactividad procesal por parte de la Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero, en la carpeta de investigación número 12110510100062170322. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [..] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del primer precepto citado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado otros precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que precisa el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supra subordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, tratándose de los órganos del Estado, estos pueden actuar en dos tipos de relaciones: de supra a subordinación y en relaciones de coordinación; en las primeras, actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen las características de unilaterales, coercitivos e imperativos; en las últimas, no cuentan con ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular, de tal suerte que para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado se hace consistir en: La negativa y/u omisión y/o abstención y/o inactividad procesal por parte de la Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero, en la carpeta de investigación número 12110510100062170322. Ahora, debe decirse que el juicio de amparo, únicamente procede cuando el acto reclamado provenga de una autoridad y no cuando el conflicto se suscite actuando el ente público como particular. Por tanto si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación, la calidad procesal del ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. De ahí que, si en el caso se advierte de las constancias adjuntas al escrito de cuenta así como de los antecedentes narrados por la quejosa, se observa que el treinta de marzo de dos mil veintidós, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Mina, y el agente del Ministerio del Fuero Común, del Distrito judicial de Mina, de Coyuca de Catalán, Guerrero, solicitaron ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción en los Distritos de Mina y Cuauhtémoc, audiencia inicial, y con motivo de lo anterior se inició la carpeta judicial C 31/2022, en la que se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la misma, se advierte que la misma ya se judicializó y que por tal motivo el agente del Ministerio Público no actúa como autoridad, sino como parte en dicha carpeta. Luego, es indiscutible que la autoridad que señala como responsable no tiene tal calidad, pues cambia a sujeto del procedimiento penal con calidad de parte, una vez que éste judicializa la carpeta de investigación. Por consiguiente, el acto que reclama no son actos de autoridad para los efectos del amparo, pues como ya se señaló es sujeto del procedimiento penal, tal y como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior la tesis I.8o.P.23 P, emitida por los Tribunales Colegiados, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, junio 2019, página 5285, registro digital 2020129, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ***, de conformidad con el numeral 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad ". Medio de contacto Por otro lado, como lo peticiona la promovente téngase medio de contacto, las direcciones de correo electrónico que señala en el escrito de cuenta a fin de establecer el contacto por dicho medio con este juzgado federal en los casos que se requiera. Notifíquese personalmente a la quejosa.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, EL AUTO DE DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE DICE: "... ..." Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero. Registro Fórmese expediente electrónico; regístrese en los libros de control del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), dentro de los juicios de amparo bajo el número 239/2023. Estudio de la demanda En esas condiciones, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, es necesario establecer que en términos de lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Del criterio jurisprudencial anterior, se puede advertir que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda. Mientras que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En ese sentido, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que la quejosa ***, reclama lo siguiente: La negativa y/u omisión y/o abstención y/o inactividad procesal por parte de la Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero, en la carpeta de investigación número 12110510100062170322. Hecha tal precisión, este órgano jurisdiccional considera que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [..] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Del primer precepto citado, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando ésta resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, de la Ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, con independencia de la naturaleza formal de dicho sujeto. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha fijado otros precedentes en relación con el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo y estableció que es aquella que con fundamento en una norma legal pueda emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados; por tanto, las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con el particular, independientemente de su naturaleza formal. b) Que esa relación tenga su origen en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad. c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Como se ve, la definición de autoridad para efectos del juicio de amparo que precisa el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la tesis emitida por el máximo tribunal de la Nación, con la diferencia de que conforme a la nueva legislación, la definición de autoridad es más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Así, al exigir la Ley de Amparo que el acto de autoridad de un particular debe ser equivalente a un acto de autoridad, se estima que el mismo tiene que ser una manifestación unilateral, externa y definitiva de voluntad que expresa una decisión de carácter imperativo como un órgano autoritario del Estado, que puede producir una afectación a los derechos fundamentales de los gobernados. Ahora, en relación con esta distinción entre actos de autoridad y actos de particulares, es importante tener en cuenta la clasificación de las relaciones jurídicas que realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo directo en revisión 904/2014, y que se refiere a tres tipos fundamentales de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son aquellas que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracteriza por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supra subordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que estos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos, entre las que se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. De lo anterior se colige, que será autoridad para efectos del juicio de amparo, aquella que se ubique en un plano de supra a subordinación frente a los particulares y cuyos actos, desde esa posición, creen, modifiquen o extingan situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, tratándose de los órganos del Estado, estos pueden actuar en dos tipos de relaciones: de supra a subordinación y en relaciones de coordinación; en las primeras, actúan como autoridad frente a particulares y sus actos contienen las características de unilaterales, coercitivos e imperativos; en las últimas, no cuentan con ese poder de mando y realizan actividades como cualquier particular, de tal suerte que para identificar si un ente actuó en uso de sus atribuciones públicas es indispensable realizar un análisis casuístico. En el caso que nos ocupa, el acto reclamado se hace consistir en: La negativa y/u omisión y/o abstención y/o inactividad procesal por parte de la Dirección General de Investigación de la Fiscalía de Justicia en el Estado de Guerrero, en la carpeta de investigación número 12110510100062170322. Ahora, debe decirse que el juicio de amparo, únicamente procede cuando el acto reclamado provenga de una autoridad y no cuando el conflicto se suscite actuando el ente público como particular. Por tanto si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito y el ejercicio de la acción penal, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación, la calidad procesal del ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte. De ahí que, si en el caso se advierte de las constancias adjuntas al escrito de cuenta así como de los antecedentes narrados por la quejosa, se observa que el treinta de marzo de dos mil veintidós, el Ministerio Público de la Unidad de Investigación del Distrito Judicial de Mina, y el agente del Ministerio del Fuero Común, del Distrito judicial de Mina, de Coyuca de Catalán, Guerrero, solicitaron ante el Juez de Control y Enjuiciamiento Penal con jurisdicción en los Distritos de Mina y Cuauhtémoc, audiencia inicial, y con motivo de lo anterior se inició la carpeta judicial C 31/2022, en la que se fijaron las nueve horas con treinta minutos del veinticinco de abril de dos mil veintidós para que tuviera verificativo la misma, se advierte que la misma ya se judicializó y que por tal motivo el agente del Ministerio Público no actúa como autoridad, sino como parte en dicha carpeta. Luego, es indiscutible que la autoridad que señala como responsable no tiene tal calidad, pues cambia a sujeto del procedimiento penal con calidad de parte, una vez que éste judicializa la carpeta de investigación. Por consiguiente, el acto que reclama no son actos de autoridad para los efectos del amparo, pues como ya se señaló es sujeto del procedimiento penal, tal y como lo establece el artículo 105 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sirve de sustento a lo anterior la tesis I.8o.P.23 P, emitida por los Tribunales Colegiados, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, junio 2019, página 5285, registro digital 2020129, de rubro y texto: "MINISTERIO PÚBLICO. UNA VEZ QUE JUDICIALIZA LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SU CALIDAD PROCESAL CAMBIA DE AUTORIDAD (ENTE ACUSADOR) A SUJETO DEL PROCEDIMIENTO CON LA CALIDAD DE PARTE, POR LO QUE SI SE PROMUEVE AMPARO INDIRECTO CONTRA SUS ACTOS EMITIDOS CON POSTERIORIDAD A ESTA FASE, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE. Si bien el Ministerio Público es la autoridad que tiene a su cargo la investigación del delito, y el ejercicio de la acción penal, en términos de los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cierto es que una vez que el representante social judicializa la carpeta de investigación con la finalidad de formular imputación contra determinada persona, la calidad procesal del Ministerio Público cambia de autoridad (ente acusador) a sujeto del procedimiento penal con la calidad de parte, como lo establece el artículo 105 del propio código, por lo que sus actos se verifican en un plano de igualdad de condiciones adjetivas entre éste, el imputado, su defensor, la víctima u ofendido y su asesor jurídico. Bajo esa premisa, si se promueve el amparo indirecto contra sus actos emitidos con posterioridad a esta fase, como pudiera ser, por ejemplo, la conducta que adoptó durante la celebración de la audiencia inicial, el juicio de control constitucional es improcedente, en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, el cual establece el concepto de autoridad responsable para efectos del juicio de control constitucional." En ese orden de ideas, al actualizarse de manera manifiesta e indudable las causas de improcedencia invocadas, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda, promovida por ***, de conformidad con el numeral 61, fracción XXII, en relación con el 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. Autorizados De igual manera, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en razón de que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Domicilio Por otro lado, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en *** de esta ciudad ". Medio de contacto Por otro lado, como lo peticiona la promovente téngase medio de contacto, las direcciones de correo electrónico que señala en el escrito de cuenta a fin de establecer el contacto por dicho medio con este juzgado federal en los casos que se requiera. Notifíquese personalmente a la quejosa.
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