Dotlin Beverly Thompson
Expediente 563/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 563/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 05/06/2023
Partes del expediente
- Dotlin Beverly Thompson
- Dotlin Beverly Thompson y Otros.
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por la parte promovente recurso de queja, en contra del proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintitrés; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. De conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento al artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de destrucción, por haberse tenido como no presentada la demanda de amparo, estableciéndose como fecha para tal efecto el ocho de junio de dos mil veintiséis. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que sea el caso requerir a la promovente para que comparezca ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para la devolución de documentos originales y/o fotocopias certificadas, virtud que no obran constancias de esa naturaleza.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de mayo de dos mil veintitrés. Agréguense el oficio remitido por la autoridad responsable y anexos, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, téngasele informando la observancia dada a la suspensión de plano, asimismo, se le tiene designando delegados y señalando domicilio procesal. De igual forma, téngasele informando que las directamente agraviadas Dotlin Beverly Thompson y Julia Caren Reid (nombre correcto), ya no se encuentran albergadas en la estación migratoria de esta ciudad, como se advierte de los documentos de salida que les fueron otorgados, constancias que adjunta a su misiva. Por ende, al no existir los actos materia de reclamo, pues las impetrantes ya no están retenidas ni alojadas contra su voluntad en la referida estación, con independencia de la calidad migratoria que tengan o tendrán en definitiva en el Estado mexicano, lo cual no forma parte de la litis constitucional, se tiene por no presentada la demanda de amparo de que se trata, quedando sin efectos las providencias dictadas al decretarse la suspensión de plano, de conformidad con el artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo.
- Principal
Tijuana, Baja California, quince de mayo de dos mil veintitrés. Vista la constancia actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo el fedatario de la adscripción para localizar a las directamente agraviadas Dotlin Beverly Thompson y Julián Caren Reid. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a la promovente de la demanda, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, informe el lugar en el que puedan ser localizadas las referidas agraviadas, o bien de encontrarse en libertad las presente ante este órgano jurisdiccional para que ratifiquen o no la demanda promovida en su favor; bajo apercibimiento que de no dar cumplimiento en la forma y término apuntados, se tendrá por no presentada la demanda. Por otra parte, requiérase al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de veinticuatro horas, legalmente computado, de ser el caso, remita fotocopia certificada de la resolución dictada en el proceso administrativo migratorio en la que determinó la liberación de las aquí impetrantes, así como sus notificaciones. Bajo apercibimiento a la promovente y a la responsable que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio. hago constar que se notifica por medio de lista a la parte quejosa, la determinación de quince y dieciséis de mayo de dos mil veintitrés emitida en autos del juicio de amparo al rubro citado, por no haber comparecido ante este órgano jurisdiccional en el término de ley a recibir notificación personal, no obstante haber sido legalmente citado para tal efecto. Lo anterior, en términos del artículo 29 de la Ley de Amparo. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda por comparecencia promovida en favor de Dotlin Beverly Thompson y Julián Caren Reid, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y de otra autoridad, por considerar que se vulneran en perjuicio de las agraviadas los derechos fundamentales contenidos en el artículo 22 constitucional; fórmese expediente y regístrese en el libro de control electrónico con el número 563/2023-D. Suspensión de plano Ahora, tomando en consideración que en la demanda se precisa como uno de los actos reclamados destacados la incomunicación, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano, para los efectos siguientes: ( Cese de inmediato la incomunicación, de la que se dice son objeto las directamente agraviadas, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, es decir, las penas de infamia, marcas, azotes, palos, tormento de cualquier índole y cualquier otra pena inusitada y trascendental; lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acaten bajo su más estricta responsabilidad. En relación con el acto consistente en la privación de la libertad, con fundamento en el numeral 164 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables a fin de que pongan a Dotlin Beverly Thompson y Julián Caren Reid, a disposición del Ministerio Público correspondiente, si su detención deriva de la comisión de un delito. Si la detención de las directamente agraviadas no tiene relación con la comisión de un delito sino por su irregular estancia en el país, las quejosas quedan a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, en la estación migratoria donde fueron presentadas, cuyo alojamiento no podrá exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, luego del cual, si las autoridades migratorias determinan sujetarlas a un procedimiento administrativo migratorio deberán ponerlas en libertad para su continuación, para lo cual deben otorgarles los permisos de estancia correspondientes; asimismo, tienen la obligación de determinar su situación migratoria definitiva, incluso, la relativa a un posible retorno asistido o de deportación. Se arriba a esta decisión, en observancia a lo resuelto por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el amparo en revisión 388/2022, en el que se determinó que los periodos de alojamiento de personas extranjeras en estaciones migratorias, previstos en el artículo 111 de la Ley de Migración, contravienen la temporalidad máxima establecida por el precepto 21 de la Constitución Federal, para legitimar la privación de la libertad de una persona por razones de naturaleza administrativa. En otro tenor, respecto a la deportación, expulsión o traslado, se toman las medidas siguientes: ( Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125, 126 y 160 de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente se encuentran, es decir, que no se ejecute ninguna orden de esa naturaleza, si es que a la fecha no se ha cumplimentado, y en caso de haberse llevado a cabo dichos actos, permanezcan las quejosas en el lugar donde se encuentren, por una temporalidad que no puede exceder de un periodo superior a las treinta y seis horas, lo cual deberá hacerse del conocimiento de las autoridades responsables para que la acate bajo su más estricta responsabilidad; debiendo quedar las directamente agraviadas a disposición de este juzgado de distrito por lo que hace a su libertad personal, y a disposición de la autoridad administrativa que corresponda en cuanto a la continuación del procedimiento respectivo. Se invoca la jurisprudencia P./J. 80/2007 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, diciembre de 2007, tomo XXVI, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. El artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo establece que procede conceder la suspensión de oficio, entre otros actos, contra la deportación, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que consiste en el acto jurídico administrativo dictado por la autoridad migratoria para hacer abandonar el territorio nacional al extranjero que no reúne o deja de satisfacer los requisitos sanitarios, migratorios o ambos, para su internación y permanencia en nuestro país. Ahora bien, la primera Ley General de Población expedida en nuestro país coincidía con la de Amparo en lo relativo al acto de deportación ejecutado por autoridad administrativa, pero en la vigente, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de enero de 1974, el legislador federal introdujo el concepto de expulsión, en lugar del de deportación sin mayor justificación, manteniendo la identidad en sus efectos y en las causas que la originan, lo que significa que para los efectos de la Ley de Amparo, en específico para el capítulo de la suspensión, el término deportación y el de expulsión son términos equivalentes. En ese tenor, resulta indudable que contra el acto de expulsión previsto en la Ley General de Población, y emanado de la autoridad administrativa, procede la suspensión de oficio, en términos del artículo 123, fracción I, de la Ley de Amparo." Además, las autoridades responsables deberán, bajo su más estricta responsabilidad, instruir y salvaguardar la integridad física y la vida de las directamente agraviadas. Informes de suspensión de plano Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las responsables para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rindan su informe en acato a la suspensión de plano, debiendo comunicar dentro del mismo plazo, el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto del acto reclamado consistente en la privación de la libertad; hágase de su conocimiento que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el numeral 262, fracción III, del ordenamiento legal invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. Se comisiona al actuario de este juzgado para que al momento de la notificación del presente proveído, asiente las condiciones físicas en las que se encuentren las quejosas. Se faculta al fedatario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio de las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir el comunicado a ellas dirigido, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de demanda Con apoyo en el artículo 15 de la propia ley, requiérase a las quejosas para que manifiesten si ratifican o no la demanda promovida en su favor, lo que podrán realizar en el acto de la notificación de este proveído, o bien, dentro de los tres días siguientes, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos, a efecto de que proceda a la localización de las referidas agraviadas en el domicilio de las autoridades responsables. Así también, requiérase al Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, para que proporcione un perito traductor en el idioma que hablen las agraviadas a fin de que el actuario judicial desahogue la diligencia encomendada por este órgano jurisdiccional, toda vez que quien promueve refiere que el país de origen de las quejosas es Jamaica; por tanto, a fin de que se imponga del contenido de la diligencia y del juicio de amparo promovido en su favor, se faculta al fedatario judicial asiente las medidas realizadas por las autoridades responsables para llevar a cabo la encomienda; en la inteligencia de que el actuario, podrá utilizar herramientas electrónicas para posibilitar lo que aquí se ordena, como sería el caso de una aplicación para traducir mensajes escritos o lenguaje hablado simultáneamente, que descargue en su teléfono inteligente o dispositivo similar. En el supuesto de que el fedatario judicial no localice a las directamente agraviadas en las instalaciones de las responsables, se le faculta para que le requiera las constancias en las que se advierta la situación jurídica de las extranjeras, en relación con su estatus migratorio, así como, el derecho a la libertad y tránsito en este país; ello, para que este juzgado se encuentre en posibilidad de acordar lo que en derecho corresponda. Domicilio y medios de comunicación no procesal En relación con el domicilio y medios de comunicación no procesal proporcionados, se reserva el acuerdo conducente, hasta en tanto se practiquen las diligencias aquí mandatadas. No obstante, por única ocasión se ordena la notificación personal del presente proveído en el lugar donde se dice se encuentran resguardadas las agraviadas. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Transparencia Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte en este asunto. Expediente electrónico Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese.
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