Dora Patricia Esquivel Barreras
Expediente 82/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 82/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 16/06/2023
Partes del expediente
- Dora Patricia Esquivel Barreras
- agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, por medio del cual solicita la cancelación de la póliza de fianza número ********************, expedida por Liberty Fianzas, Sociedad Anónima de Capital Variable, valiosa por la cantidad ******************** (********************), exhibida con la finalidad de que surtiera efectos la suspensión definitiva. Ahora, toda vez que en el presente juicio de amparo se concedió a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal, por lo que no existe responsabilidad que el tercero interesado tenga que hacer efectiva en términos de lo previsto por el artículo 156 de la Ley de Amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 293 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, se ordena la cancelación de la póliza de fianza ********************, valiosa por la cantidad de ******************** (********************). Con transcripción del presente acuerdo, devuélvase a la afianzadora correspondiente la póliza de referencia, para que proceda a realizar lo antes ordenado; hágase la anotación en el libro de control electrónico.
- Principal
Tijuana, Baja California, nueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de revisión, dentro del plazo legal, en contra de la sentencia dictada el veintiocho de abril del año en curso; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria. Ahora, en la sentencia definitiva se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal en los términos siguientes: "[.] para el efecto de que la Jueza Sexto de lo Civil, de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil 643/2017 a partir del ilegal emplazamiento realizado a la aquí agraviada, y provea nuevamente lo conducente respecto del mismo. Concesión que se hace extensiva a lo reclamado al actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad." Por ello, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, den cumplimiento con el fallo protector. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicha temporalidad, o no manifestar el impedimento legal que se tenga para ello, se remitirá el expediente al tribunal colegiado que corresponda para seguir el trámite de inejecución; mismo que podrá culminar con la separación del puesto y consignación de quien resulte responsable. Asimismo, se impondrá a quien corresponda una multa de cien a mil días en términos del artículo 258 de la Ley de Amparo, equivalente al valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Una vez que transcurra el plazo concedido a las autoridades vinculadas, dese nueva cuenta para acordar lo conducente. Notifíquese.
- Principal
Competencia Este tribunal es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto que la materia de reproche guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza de lo reclamado La peticionaria reclama el emplazamiento que le fue practicado en autos del juicio 643/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias jurídicas y materiales; actuar estatal demostrado al tenor de las manifestaciones vertidas en su informe justificado por las autoridades responsables, que encuentran corroboración con las fotocopias certificadas del expediente relativo, a las cuales se otorga valor pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.Examen de fondo del asunto Analizados de manera exhaustiva los autos, se concluye que asiste la razón a la parte peticionaria. En el único concepto de violación la quejosa aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las responsables vulneraron las normas de emplazamiento contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por lo que no tuvo oportunidad de defender sus intereses legales. Es fundado el concepto de violación, supliendo la queja deficiente en armonía con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, se destacan los antecedentes del juicio sumario civil ********************del índice del Juzgado Sexto Civil, de esta ciudad: i) Jesús Adriana Báez Gerardo, demandó a ******************** en la vía sumaria civil por la recisión de un contrato de compra venta. ii) Antecediendo prevención, la demanda se admitió a trámite en la forma y vía propuestas, registrándose bajo partida ********************en el índice del Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad, por lo que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos. iii) Agotados los domicilios proporcionados para llevar a cabo la diligencia de llamamiento, se ordenó girar oficio a diversos entes auxiliares a fin de que localizaran el domicilio de ********************, y hecho lo anterior, lo informaran al juzgado para estar en aptitud de proveer con respecto al emplazamiento por edictos solicitado por la parte actora. iv) Agotados los domicilios proporcionados por los entes auxiliares, se ordenó el emplazamiento de ******************** por medio de edictos, y una vez exhibidos, se tuvo por emplazada a la pasivo procesal. v) Al advertir vicios en el emplazamiento practicado, de manera oficiosa, la Jueza Sexto de lo Civil, lo dejó sin efectos y ordenó de nueva cuenta su realización; luego de agotar los domicilios que obraban en autos, de nueva cuenta, se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa por medio de edictos; teniendo por legalmente emplazada a la impetrante mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno. vi) No obstante, por auto de veintiuno de octubre de ese mismo año, se dejó sin efectos el nuevo llamamiento a juicio ordenando una vez más su realización por medio de edictos, los cuales se tuvieron por exhibidos en la audiencia celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós, y en esa misma resolución se declaró rebelde y presuntivamente confesa a ********************. vii) Seguida la secuela procesal, el siete de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró rescindido el contrato de compraventa materia de la acción, y se condenó a la parte demandada a la entrega del bien inmueble materia de juicio, así como al pago de diversas prestaciones. Cabe precisar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho de audiencia como aquel que toda persona tiene para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, propiedad, posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. En el particular, asiste la razón a la quejosa, pues la jueza responsable, previo a ordenar el emplazamiento por edictos de ********************, debió agotar de manera eficiente la indagación de su domicilio, para así poder llegar a colegir que éste se ignoraba, en términos de la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, así como que el actuario responsable agotara efectivamente la dirección arrojada por los oficios de localización, de modo que ante una búsqueda exhaustiva pero que resultara infructuosa, fuera dable concluir que se ignoraba de manera general el paradero de la persona demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 122, 274 y 275, y la parte conducente del título noveno del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. De la interpretación de los preceptos legales referidos se obtiene que los jueces podrán, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; también, que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados; asimismo, se aprecia que procede la notificación por edictos, cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. Dada la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya ilegalidad es la más significativa del procedimiento, porque impide a la parte demandada realizar la defensa de sus intereses, es necesario considerar si el juez de la causa realizó todas las diligencias que estaban a su alcance para conocer el domicilio de la demandada y poder establecer si se agotaron los medios para su localización. En ese tenor, si las diligencias e informes recabados no son aptos para considerar que se realizó una búsqueda adecuada del demandado, ya sea porque se obtuvieron datos imprecisos o no se efectuaron las investigaciones correspondientes, motiva a que se estimen insuficientes para ordenar el emplazamiento a juicio por edictos, pues el desconocimiento o ignorancia del domicilio debe ser general, y el juzgador, conforme a lo dispuesto por los artículos 274 y 275 en cita, está facultado para ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían aquéllas que, dadas sus funciones, se aprecie que cuentan con padrones de registros ya sean electrónicos, magnéticos o físicos que incluyan nombres y domicilios de personas, para solicitarles, en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial o diligencia de que se trate, y así considerar que la búsqueda está agotada, ya que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona es incierto o desconocido, debido a que no se pudo averiguar sobre ella, siendo así inevitable el emplazamiento a juicio por edictos. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a/J.6/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 304, abril de 2004, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso." Ahora, de las constancias que acompañó a su informe justificado la Jueza Sexto de lo Civil, de esta ciudad, consistentes en fotocopia certificada de las actuaciones que integran el expediente 643/2017, se aprecia que previo a ordenar el emplazamiento por edictos de la parte demandada, giró oficios a diversas entidades para que procedieran a la búsqueda y localización del domicilio de ********************, y al no poder realizarse el llamamiento a juicio pretendido, ordenó su emplazamiento por edictos de conformidad con los artículos 122, fracción II, y 275 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera insuficiente la indagatoria que realizó la jueza responsable para poder llegar al convencimiento que se desconocía de manera general el domicilio de la demandada (aquí quejosa), porque en la diligencia practicada el seis de mayo de dos mil veintiuno, se obtuvo un indicio objetivo para dar con el paradero de ********************, en razón de lo expresado por la persona que atendió al fedatario judicial, quien le manifestó: "[.] me manifiesta que en el domicilio donde se actúa no vive la demandada, que el que vive en el domicilio donde se actúa es el (sic) de la voz en unión de su esposo CARLOS FRANCO, desde hace aproximadamente SEIS MESES, lo anterior, en virtud de que su esposo CARLOS FRANCO y la demandada DORA PATRICIA ESQUIVEL BARRERAS, tiene (sic) celebrado un contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble en que se actúa [.]." Manifestaciones de las que se obtiene que la responsable pudo ordenar al actuario que se constituyera de nueva cuenta en el domicilio de trato a fin de indagar respecto del paradero de la aquí quejosa, pues resulta plausible colegir que un arrendador tiene contacto con su arrendatario para efectos del cobro de las rentas, de manera que es posible obtener datos para su localización por conducto de su inquilino (en el caso el arrendatario Carlos Franco); y por ello, no puede colegirse que se ignoraba, de manera general, el domicilio de la agraviada, para así actualizarse la hipótesis que establece la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Lo que se considera, ya que la falta de emplazamiento a juicio o su verificación en forma contraria a lo dispuesto por la ley, es la violación más grave y de mayor magnitud, porque imposibilita al demandado a contestar la demanda, aportar pruebas, interponer recursos, formular alegatos y realizar todos los actos que tenga a su alcance para lograr una adecuada defensa de sus intereses. Por lo que, al no haberse demostrado que en el juicio natural se ignoró de manera general el domicilio de la demandada, aquí quejosa, virtud de que no se obtuvo la información respectiva de fuente que pudo resultar idónea. Ello evidencia que el acto reclamado transgredió, en perjuicio de la solicitante del amparo, el derecho de audiencia previsto por el artículo 14 constitucional, pues no se justificó la medida excepcional de llamarla al juicio de origen mediante edictos. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 133, diciembre de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión civil 17/2022, de su estadística. Concesión de amparo En tales condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Jueza Sexto de lo Civil, de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil ********************a partir del ilegal emplazamiento realizado a la aquí agraviada, y provea nuevamente lo conducente respecto del mismo. Concesión que se hace extensiva a lo reclamado al actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:PRIMERO. Para los efectos apuntados en la parte relativa del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó de la Jueza Sexto de lo Civil, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, precisados en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA, EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, A LA PARTE TERCERO INTERESADA, LA SENTENCIA DE FECHA VEINTIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS: "... Competencia Este tribunal es legalmente competente para resolver el presente juicio al tenor de lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como en los Acuerdos Generales 3/2013 y 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en tanto que la materia de reproche guarda consecuencias materiales en la circunscripción territorial en la que se ejerce jurisdicción. Precisión inicial Es obligación de este juzgado dictar una sentencia clara, fundada y motivada que dilucide el controvertido de derechos humanos propuesto de manera congruente y exhaustiva, con apego a lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley de Amparo, que prevé las formalidades de las sentencias relativas. Fijación y certeza de lo reclamado La peticionaria reclama el emplazamiento que le fue practicado en autos del juicio 643/2017, del índice del Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad, así como sus consecuencias jurídicas y materiales; actuar estatal demostrado al tenor de las manifestaciones vertidas en su informe justificado por las autoridades responsables, que encuentran corroboración con las fotocopias certificadas del expediente relativo, a las cuales se otorga valor pleno de conformidad con los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles.Examen de fondo del asunto Analizados de manera exhaustiva los autos, se concluye que asiste la razón a la parte peticionaria. En el único concepto de violación la quejosa aduce que el acto reclamado viola en su perjuicio los derechos establecidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en tanto que las responsables vulneraron las normas de emplazamiento contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, por lo que no tuvo oportunidad de defender sus intereses legales. Es fundado el concepto de violación, supliendo la queja deficiente en armonía con el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Previo al estudio de fondo del asunto, se destacan los antecedentes del juicio sumario civil ********************del índice del Juzgado Sexto Civil, de esta ciudad: i) Jesús Adriana Báez Gerardo, demandó a ******************** en la vía sumaria civil por la recisión de un contrato de compra venta. ii) Antecediendo prevención, la demanda se admitió a trámite en la forma y vía propuestas, registrándose bajo partida ********************en el índice del Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad, por lo que se ordenó el emplazamiento de la parte demandada y se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia de conciliación, pruebas y alegatos. iii) Agotados los domicilios proporcionados para llevar a cabo la diligencia de llamamiento, se ordenó girar oficio a diversos entes auxiliares a fin de que localizaran el domicilio de ********************, y hecho lo anterior, lo informaran al juzgado para estar en aptitud de proveer con respecto al emplazamiento por edictos solicitado por la parte actora. iv) Agotados los domicilios proporcionados por los entes auxiliares, se ordenó el emplazamiento de ******************** por medio de edictos, y una vez exhibidos, se tuvo por emplazada a la pasivo procesal. v) Al advertir vicios en el emplazamiento practicado, de manera oficiosa, la Jueza Sexto de lo Civil, lo dejó sin efectos y ordenó de nueva cuenta su realización; luego de agotar los domicilios que obraban en autos, de nueva cuenta, se ordenó el emplazamiento de la aquí quejosa por medio de edictos; teniendo por legalmente emplazada a la impetrante mediante proveído de seis de octubre de dos mil veintiuno. vi) No obstante, por auto de veintiuno de octubre de ese mismo año, se dejó sin efectos el nuevo llamamiento a juicio ordenando una vez más su realización por medio de edictos, los cuales se tuvieron por exhibidos en la audiencia celebrada el catorce de febrero de dos mil veintidós, y en esa misma resolución se declaró rebelde y presuntivamente confesa a ********************. vii) Seguida la secuela procesal, el siete de septiembre de dos mil veintidós, se dictó sentencia definitiva en la que se declaró rescindido el contrato de compraventa materia de la acción, y se condenó a la parte demandada a la entrega del bien inmueble materia de juicio, así como al pago de diversas prestaciones. Cabe precisar que el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contempla el derecho de audiencia como aquel que toda persona tiene para que previamente a cualquier acto de autoridad que pueda llegar a privarla de su libertad, propiedad, posesiones o de sus derechos, se le dé oportunidad razonable de defenderse en juicio. En el particular, asiste la razón a la quejosa, pues la jueza responsable, previo a ordenar el emplazamiento por edictos de ********************, debió agotar de manera eficiente la indagación de su domicilio, para así poder llegar a colegir que éste se ignoraba, en términos de la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, así como que el actuario responsable agotara efectivamente la dirección arrojada por los oficios de localización, de modo que ante una búsqueda exhaustiva pero que resultara infructuosa, fuera dable concluir que se ignoraba de manera general el paradero de la persona demandada, de conformidad con lo establecido en los artículos 122, 274 y 275, y la parte conducente del título noveno del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. De la interpretación de los preceptos legales referidos se obtiene que los jueces podrán, para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos, valerse de cualquier persona, sea parte o tercero, y de cualquier cosa o documento, ya sea que pertenezca a las partes o a un tercero, sin más limitación que la de que las pruebas no estén prohibidas por la ley ni sean contrarias a la moral; también, que los tribunales podrán decretar en todo tiempo, sea cual fuere la naturaleza del negocio, la práctica o ampliación de cualquier diligencia probatoria, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad sobre los puntos cuestionados; asimismo, se aprecia que procede la notificación por edictos, cuando se trate de personas cuyo domicilio se ignora. Dada la trascendencia del llamamiento a juicio, cuya ilegalidad es la más significativa del procedimiento, porque impide a la parte demandada realizar la defensa de sus intereses, es necesario considerar si el juez de la causa realizó todas las diligencias que estaban a su alcance para conocer el domicilio de la demandada y poder establecer si se agotaron los medios para su localización. En ese tenor, si las diligencias e informes recabados no son aptos para considerar que se realizó una búsqueda adecuada del demandado, ya sea porque se obtuvieron datos imprecisos o no se efectuaron las investigaciones correspondientes, motiva a que se estimen insuficientes para ordenar el emplazamiento a juicio por edictos, pues el desconocimiento o ignorancia del domicilio debe ser general, y el juzgador, conforme a lo dispuesto por los artículos 274 y 275 en cita, está facultado para ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían aquéllas que, dadas sus funciones, se aprecie que cuentan con padrones de registros ya sean electrónicos, magnéticos o físicos que incluyan nombres y domicilios de personas, para solicitarles, en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial o diligencia de que se trate, y así considerar que la búsqueda está agotada, ya que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona es incierto o desconocido, debido a que no se pudo averiguar sobre ella, siendo así inevitable el emplazamiento a juicio por edictos. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 1a/J.6/2004 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 304, abril de 2004, tomo XIX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "EDICTOS, NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE. INTERPRETACIÓN DE LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 117, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE JALISCO. Si bien conforme a lo dispuesto en el artículo 117, fracción II, del Código Procesal Civil para el Estado de Jalisco, procede la notificación por edictos, cuando el actor manifiesta bajo protesta de decir verdad que se ignora el domicilio de su contraria, previo informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado; el caso es, que aunque de ello no se desprende en forma expresa la obligación del juzgador de investigar de alguna otra forma el domicilio de dicho demandado, cuando éste se desconoce, sí podrá, haciendo uso de su prudente arbitrio, y para mejor proveer ordenar la expedición de oficios a los titulares de diversas oficinas o dependencias públicas, como lo serían todas aquéllas que dadas sus funciones, se estime, que cuentan con padrones de registros electrónicos o magnéticos, que incluyan nombres y domicilios de personas, para así solicitarle en auxilio de la administración e impartición de justicia, llevar a cabo una búsqueda del domicilio de la persona a la que se pretende comunicar una actuación judicial en el juicio o diligencia de que se trate. Dicha búsqueda sería con independencia de la obligación que la propia disposición establece de recabar un informe de la Policía Municipal del domicilio del demandado, pues los tiempos actuales, así como el incremento de la población imponen precisamente, la necesidad de actualizar los mecanismos que tiendan a garantizar la existencia de una administración de justicia eficaz, acorde con la realidad social. En esas condiciones, cabe precisar, que la actuación de búsqueda del juzgado se encuentra plenamente justificada, toda vez que no debe quedar duda de que el domicilio de la persona a notificar es incierto o desconocido, debido precisamente a que, nadie y en ninguna parte se pudo averiguar sobre él, siendo inevitable la notificación por edictos, pues la falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, constituye una violación de gran entidad al transgredirse con ello las formalidades esenciales del procedimiento, lo que impediría el pleno ejercicio del derecho de defensa del afectado, esto es, de su garantía de audiencia contenida en el artículo 14 constitucional, siendo que debe darse mayor certeza y seguridad al proceso relativo. Así es, la gran importancia que tiene en el juicio correspondiente ese acto procesal denominado "emplazamiento de las partes", es, que se realice de la manera más eficiente, a fin de que no quede ninguna duda de que se agotaron todas las diligencias previstas en la ley para cumplir cabalmente con ello, y así obtener plena seguridad jurídica en el desarrollo del proceso." Ahora, de las constancias que acompañó a su informe justificado la Jueza Sexto de lo Civil, de esta ciudad, consistentes en fotocopia certificada de las actuaciones que integran el expediente 643/2017, se aprecia que previo a ordenar el emplazamiento por edictos de la parte demandada, giró oficios a diversas entidades para que procedieran a la búsqueda y localización del domicilio de ********************, y al no poder realizarse el llamamiento a juicio pretendido, ordenó su emplazamiento por edictos de conformidad con los artículos 122, fracción II, y 275 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera insuficiente la indagatoria que realizó la jueza responsable para poder llegar al convencimiento que se desconocía de manera general el domicilio de la demandada (aquí quejosa), porque en la diligencia practicada el seis de mayo de dos mil veintiuno, se obtuvo un indicio objetivo para dar con el paradero de ********************, en razón de lo expresado por la persona que atendió al fedatario judicial, quien le manifestó: "[.] me manifiesta que en el domicilio donde se actúa no vive la demandada, que el que vive en el domicilio donde se actúa es el (sic) de la voz en unión de su esposo CARLOS FRANCO, desde hace aproximadamente SEIS MESES, lo anterior, en virtud de que su esposo CARLOS FRANCO y la demandada DORA PATRICIA ESQUIVEL BARRERAS, tiene (sic) celebrado un contrato de arrendamiento respecto del bien inmueble en que se actúa [.]." Manifestaciones de las que se obtiene que la responsable pudo ordenar al actuario que se constituyera de nueva cuenta en el domicilio de trato a fin de indagar respecto del paradero de la aquí quejosa, pues resulta plausible colegir que un arrendador tiene contacto con su arrendatario para efectos del cobro de las rentas, de manera que es posible obtener datos para su localización por conducto de su inquilino (en el caso el arrendatario Carlos Franco); y por ello, no puede colegirse que se ignoraba, de manera general, el domicilio de la agraviada, para así actualizarse la hipótesis que establece la fracción II del artículo 122 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California. Lo que se considera, ya que la falta de emplazamiento a juicio o su verificación en forma contraria a lo dispuesto por la ley, es la violación más grave y de mayor magnitud, porque imposibilita al demandado a contestar la demanda, aportar pruebas, interponer recursos, formular alegatos y realizar todos los actos que tenga a su alcance para lograr una adecuada defensa de sus intereses. Por lo que, al no haberse demostrado que en el juicio natural se ignoró de manera general el domicilio de la demandada, aquí quejosa, virtud de que no se obtuvo la información respectiva de fuente que pudo resultar idónea. Ello evidencia que el acto reclamado transgredió, en perjuicio de la solicitante del amparo, el derecho de audiencia previsto por el artículo 14 constitucional, pues no se justificó la medida excepcional de llamarla al juicio de origen mediante edictos. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 133, diciembre de 1995, tomo II, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Similar criterio sostuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Decimoquinto Circuito, con residencia en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión civil 17/2022, de su estadística. Concesión de amparo En tales condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal impetrados, con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, para el efecto de que la Jueza Sexto de lo Civil, de esta ciudad, deje insubsistente todo lo actuado en el juicio sumario civil ********************a partir del ilegal emplazamiento realizado a la aquí agraviada, y provea nuevamente lo conducente respecto del mismo. Concesión que se hace extensiva a lo reclamado al actuario adscrito al Juzgado Sexto de lo Civil, de esta ciudad. Transparencia y acceso a la información Considerando que las partes en el presente juicio no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Así, con fundamento en los artículos 107, fracción II, párrafo inicial, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 74, 75, 76, 77, fracción I, y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se resuelve:PRIMERO. Para los efectos apuntados en la parte relativa del presente fallo, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos que reclamó de la Jueza Sexto de lo Civil, con sede en esta ciudad, y de otra autoridad, precisados en esta resolución. SEGUNDO. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último apartado....". LO ANTERIOR, POR NO HABER ACUDIDO A ESTE JUZGADO DE DISTRITO, A RECIBIR LA NOTIFICACIÓN PERSONAL, NO OBSTANTE HABER SIDO CITADO LEGALMENTE PARA TAL EFECTO.
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