Doroteo Perez Ramirez
Expediente 300/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 9 actuaciones registradas, la última del 5 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 300/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 05/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Doroteo Perez Ramirez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
De la certificación precedente y del estado que guardan los autos, se advierte que la parte quejosa omitió recurrir el auto por el cual se sobreseyó en el presente juicio fuera de audiencia. En consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, se declara que el referido auto ha causado estado y se tiene por consentido por las partes. Por tanto, se ordena hacer las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado y archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. En otro orden, de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito; y en atención a la hipótesis prevista en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracciones I de dicho acuerdo, el presente juicio de amparo es susceptible de destrucción, dado el sentido de la sentencia y carece de relevancia documental. Se instruye a la secretaria para que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico, ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo de la Ley de Amparo, y posteriormente realice la certificación correspondiente.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el cual cumple el requerimiento de ocho de mayo del año en curso y remite copia certificada de diversas constancias deducidas del proceso *** de su registro. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, que el quejoso ***, señaló como acto reclamado: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro de la causa ***, por parte de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Luego, del informe justificado como de la copia certificada recibida con esta data, se aprecia que el citado proceso se instruyó contra *** y ***, como probables responsables en la comisión del delito cometido contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público, en agravio de la procuración y administración de justicia y de *** (quejoso). Asimismo, advierto que el citado juez responsable el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia en contra de los citados encausados, dicha sentencia fue apelada por los sentenciados (a través de sus defensores particulares) y por el agente del ministerio público adscrito al juzgado responsable. La Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada en la causa penal *** y ordenó la reposición del procedimiento. El juez responsable el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, desahogó la vista y procedió al dictado de la sentencia dentro del citado proceso, en contra de dicha resolución el quejoso ***, así como los sentenciados *** y la representación social interpusieron recurso de apelación, la cual fue confirmada por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El treinta de enero de dos mil diecinueve, ***, se acogió al beneficio de la conmutación de la pena y ***, promovió amparo directo, el cual se encuentra en trámite. Así, la única sentencia pendiente de dictar era la de ***, pero respecto de ella, el quince de febrero de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia de vista. Luego, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva a ***, la cual fue notificada al quejoso hasta el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; contra dicha sentencia el agraviado aquí quejoso, la sentenciada y la representación social interpusieron recurso de apelación. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el dos de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el acto reclamado lo es la omisión por parte del juez responsable de emitir sentencia a ***, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ésta no le había sido notificada al quejoso, sino hasta el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En ese contexto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Se afirma lo anterior, porque del informe justificado como de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se aprecia que emitió sentencia definitiva contra los sentenciados en la causa penal de origen; y respecto de la última sentenciada el quejoso fue notificado de dicha resolución durante el trámite de este asunto; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos de la omisión atribuida. Dichas copias certificadas allegadas por la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces se corrobora la cesación de los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable porque se emitió el pronunciamiento que extingue los alcances de la omisión reclamada, pese a que dicha determinación se haya emitido previo a la presentación de la demanda de amparo, porque al inexistir constancia de su notificación al quejoso, se generó la presunción de que aquél ningún conocimiento tenía de la sentencia emitida el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve; pero como tal notificación sobrevino durante el trámite de este juicio de amparo, por eso resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la responsable a que emitiera la sentencia correspondiente dentro de la causa *** y la notificación al quejoso; lo cual ya aconteció. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se emitió la respectiva sentencia, al grado de haber restituido al quejoso en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 300/2019, promovido por el quejoso ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y dos minutos de este día. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
- Principal
SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A PARTE QUEJOSA SIN QUE COMPARECIERA A NOTIFICARSE DE MANERA PERSONAL DE RESOLUCIÓN DE CATORCE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, POR LO CUAL SE NOTIFICA DICHA RESOLUCIÓN QUE DICE: Se agrega al expediente el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, por el cual cumple el requerimiento de ocho de mayo del año en curso y remite copia certificada de diversas constancias deducidas del proceso *** de su registro. Ahora, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte en el escrito de demanda de protección de derechos, que el quejoso ***, señaló como acto reclamado: La omisión de dictar sentencia definitiva dentro de la causa ***, por parte de la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla. Luego, del informe justificado como de la copia certificada recibida con esta data, se aprecia que el citado proceso se instruyó contra *** y ***, como probables responsables en la comisión del delito cometido contra la administración de justicia y en otros ramos del poder público, en agravio de la procuración y administración de justicia y de *** (quejoso). Asimismo, advierto que el citado juez responsable el veintidós de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia en contra de los citados encausados, dicha sentencia fue apelada por los sentenciados (a través de sus defensores particulares) y por el agente del ministerio público adscrito al juzgado responsable. La Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado, dejó sin efecto la sentencia definitiva pronunciada en la causa penal *** y ordenó la reposición del procedimiento. El juez responsable el diecisiete de febrero de dos mil dieciocho, desahogó la vista y procedió al dictado de la sentencia dentro del citado proceso, en contra de dicha resolución el quejoso ***, así como los sentenciados *** y la representación social interpusieron recurso de apelación, la cual fue confirmada por la Tercera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado. El treinta de enero de dos mil diecinueve, ***, se acogió al beneficio de la conmutación de la pena y ***, promovió amparo directo, el cual se encuentra en trámite. Así, la única sentencia pendiente de dictar era la de ***, pero respecto de ella, el quince de febrero de dos mil diecinueve, se desahogó la audiencia de vista. Luego, el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva a ***, la cual fue notificada al quejoso hasta el dieciséis de abril de dos mil diecinueve; contra dicha sentencia el agraviado aquí quejoso, la sentenciada y la representación social interpusieron recurso de apelación. Entonces, si la demanda de amparo fue presentada el dos de abril de dos mil diecinueve, se advierte que el acto reclamado lo es la omisión por parte del juez responsable de emitir sentencia a ***, pues a la fecha de la presentación de la demanda de amparo ésta no le había sido notificada al quejoso, sino hasta el dieciséis de abril de dos mil diecinueve. En ese contexto, en este asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, la cual establece lo siguiente: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Se afirma lo anterior, porque del informe justificado como de las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, se aprecia que emitió sentencia definitiva contra los sentenciados en la causa penal de origen; y respecto de la última sentenciada el quejoso fue notificado de dicha resolución durante el trámite de este asunto; lo cual trae como consecuencia la cesación de efectos de la omisión atribuida. Dichas copias certificadas allegadas por la autoridad responsable, constituyen una prueba documental pública que merece pleno valor probatorio, en término de lo dispuesto por los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Entonces se corrobora la cesación de los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable porque se emitió el pronunciamiento que extingue los alcances de la omisión reclamada, pese a que dicha determinación se haya emitido previo a la presentación de la demanda de amparo, porque al inexistir constancia de su notificación al quejoso, se generó la presunción de que aquél ningún conocimiento tenía de la sentencia emitida el veintiuno de marzo de dos mil diecinueve; pero como tal notificación sobrevino durante el trámite de este juicio de amparo, por eso resulta ocioso examinar la constitucionalidad del acto reclamado, pues este juicio tenía como objeto obligar a la responsable a que emitiera la sentencia correspondiente dentro de la causa *** y la notificación al quejoso; lo cual ya aconteció. Sirve de sustento al caso, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, junio de 1999, materia común, página 38, de rubro y texto: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En consecuencia, al haber cesado los efectos de la omisión reclamada, porque ya se emitió la respectiva sentencia, al grado de haber restituido al quejoso en su derecho fundamental violado, como si se hubiera concedido el presente juicio de amparo, con fundamento en la fracción XXI, del numeral 61, de la Ley de Amparo, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, en el presente juicio de garantías 300/2019, promovido por el quejoso ***. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, visible en la página 386, tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. En tales condiciones, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta y dos minutos de este día. Por tanto, se hace del conocimiento de las partes el contenido de este proveído; anótese lo procedente en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido.
- Principal
Se agrega al expediente el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual rinde el informe justificado que le corresponde. En consecuencia, se da a conocer su llegada a las partes, para que en el plazo de ocho días contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su derecho e interés convenga, sin perjuicio de ser relacionado con el valor que la ley le concede al momento de celebrar la audiencia constitucional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora, dada la naturaleza jurídica del acto reclamado, consistente en la omisión de dictar sentencia en la causa penal **, resulta innecesario llamar al presente juicio de amparo a persona alguna con el carácter de tercero interesado. Es así, pues aun cuando en el proceso del cual deriva el acto reclamado, existiera alguna persona que tenga dentro de ese procedimiento intereses contrarios a los del ahora quejoso, lo cierto es que a dicha persona en nada le afectaría la eventual concesión del amparo que aquí, en un momento dado, se suscitara. Por el contrario, es del interés general y social, aunado a que beneficia a todas las partes procesales, que los órganos jurisdiccionales cumplan con la tutela judicial efectiva prevista en el artículo 17 constitucional, en la medida que emitan sus fallos y proveídos de manera pronta y sin dilación alguna; motivo por el cual se estima (como se dijo) innecesario proveer sobre el emplazamiento de tercero interesado alguno. Ello, porque de ordenarlo pudiera ocasionar mayores dilaciones procesales cuando el impetrante del amparo, reclama como violación a sus derechos fundamentales, la omisión de emitir sentencia, traducida en la dilación que ha existido en la causa penal de origen; y de ordenar el emplazamiento mencionado provocaría el retardo en la integración del presente juicio. Por otra parte, a fin de mejor proveer en el presente asunto, con apoyo en el artículo 75 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso 297 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se requiere al Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, para que en el término de tres días remita copia certificada legible de las sentencias dictadas en el proceso *** de su índice, así como su respectiva notificación. En la inteligencia que de omitir hacerlo en el plazo indicado, o bien, manifestar la imposibilidad que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización (a razón de su valor diario), con apoyo en lo dispuesto en los normativos 237 fracción I, 238 y 259, de la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior Jurisprudencia número 363, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 8/96, publicada en la página 309, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO".
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