Doroteo Pérez Ramírez

Expediente 693/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
693/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
09/03/2021

Partes del expediente

  • Doroteo Pérez Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 693/2020 Puebla, Puebla, nueve de marzo de dos mil veintiuno. CAUSA ESTADO AUTO QUE DECLARÓ CUMPLIDA LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que el auto de veinte de enero de dos mil veintiuno que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo, ha causado estado, para todos los efectos legales a que haya lugar, pues ninguna de las partes lo impugnó a pesar de estar notificados para ello. ARCHIVO. En consecuencia, en términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales1 - publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente al constituir un asunto concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En atención a la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de los autos, estima que el presente asunto carece de relevancia documental; ello, porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de depuración, lo cual deberá acaecer dentro de los noventa días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años2. Ello, en virtud de que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido acuerdo; pues, se trata de un asunto en el cual se concedió la protección constitucional. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS A LAS PARTES. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. DEVOLUCIÓN DE CUADERNOS AUXILIARES. En virtud de que no existen cuadernos pendientes por devolver, se deja de emitir algún pronunciamiento al respecto. INCIDENTE DE SUSPENSION. En virtud de que en el presente juicio no se aperturó incidente de suspensión con relación a los actos reclamados, resulta innecesario emitir algún pronunciamiento al respecto. RESGUARDO DEL EXPEDIENTE. Con apoyo en el artículo 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente deberá resguardarse en el archivo físico de este órgano jurisdiccional durante el lapso de tres años. Luego, una vez que transcurra el lapso de conservación, el juicio de amparo deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis o Depósito Documental que corresponda; ello una vez realizada la depuración del expediente. CARÁTULA DEL EXPEDIENTE. Se instruye a la secretaria encargada de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. ANOTACIONES EN LOS LIBROS DE GOBIERNO. Se instruye a la Analista Jurídico SISE para efectos de que haga las anotaciones correspondientes, tanto en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes como en el libro de gobierno. Asimismo, deberá verificar que los datos asentados en la carátula de este expediente -conforme se encomendó en el apartado precedente- sean coincidan con las anotaciones en los libros de gobierno (físico y electrónico). REVISIÓN DEL EXPEDIENTE. Por otra parte, se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el presente expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3, párrafo octavo de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN DEL PRESENTE PROVEÍDO. Se descarta emitir oficio para notificar este acuerdo, pues ningún derecho procesal está involucrado en la declaración de causar estado este proveído. Aunado a que si el fiscal adscrito, quejoso o tercero interesado desearan conocer el estado de este juicio, se considera que tienen las condiciones para ingresar a la página de internet donde se publicará este acuerdo. Pese a lo anterior, se deja establecido que si alguna parte deseara conocer el estado procesal de este juicio, se le habrá de informar en caso de recibir oficio o escrito donde lo solicite. De ahí que este proveído se habrá de notificar a las partes por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 693/2020 Puebla, Puebla, dieciocho de febrero de dos mil veintiuno. Antecedentes. De conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, resulta un hecho notorio2 para esta juzgadora el brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-23- que condujo a adoptar una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad en la República Mexicana. Así, mediante el Acuerdo General 21/20205 (reformado por el diverso 37/2020), el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estableció un esquema para la reanudación de plazos procesales y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales -vigente a partir del tres de agosto de dos mil veinte- reactivando en su totalidad el funcionamiento de éstos. Con base en éstas, se ordenó a los órganos jurisdiccionales del sexto circuito (entre otros) regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, lo que implicó, entre otras cuestiones, la suspensión de plazos y términos procesales durante su vigencia, dando trámite solamente a los asuntos catalogados como urgentes o seguidos en la modalidad de "juicio en línea". Reanudación de plazos y términos procesales. Ahora, en sesión de trece de febrero de dos mil veintiuno -comunicada mediante la circular SECNO/10/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del dieciocho de febrero su vigencia el esquema de operación previsto en el ya citado Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020). Por tanto, de conformidad con el artículo 367 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en relación con el diverso 20 del Acuerdo General 21/2020, se reanudan los plazos y términos procesales del presente juicio. Sin embargo, es menester precisar que la reanudación de ninguna manera implica su reinicio. Plazo para impugnar el auto que declaró cumplida la ejecutoria de amparo. Visto el estado procesal del juicio, se observa que el veinte de enero de dos mil veintiuno, se declaró cumplida la sentencia emitida en el presente asunto. Además, el referido acuerdo fue notificado al quejoso -última parte notificada- el veintiséis de enero siguiente, previo aviso de notificación. De este modo, conforme la certificación de cuenta, han transcurrido solo dos de los quince días con los que cuentan para interponer el recurso de inconformidad, pues la suspensión de plazos inició el uno de febrero del año en curso. Por tanto, como los plazos y términos procesales han sido reanudados, se informa a las partes que los días restantes con los que cuentan para interponer el referido medio de impugnación, correrán a partir de ésta data. Consulta física del expediente y presentación de promociones físicas. Se hace saber a los intervinientes en este sumario constitucional que se retoman las medidas de contingencia sanitaria establecidas en el Acuerdo General 21/2020 (reformado por el diverso 37/2020), por lo que el acceso a las instalaciones de este juzgado para la consulta del expediente de manera física será mediante cita que deberán agendar en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" y el sistema "Agenda OJ". De igual forma, la recepción de todas las promociones que deseen presentar de manera física, serán recibidas a través de la Oficialía de Partes Común de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, la cual se encuentra ubicada en el arco de seguridad del inmueble donde dichos órganos jurisdiccionales tienen su sede (avenida 23 poniente, número 2509, colonia Volcanes, Puebla, Puebla). Notificación del presente proveído. Del artículo 309, fracción II10, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se deduce que, cuando el proceso se mantiene inactivo por un lapso prolongado -más de seis meses- antes de la sentencia definitiva o entre ésta y el cumplimiento o ejecución forzosa, la notificación ordenada a alguna de las partes deberá hacerse en forma personal. Sin embargo, la suspensión del presente asunto únicamente abarcó del uno al quince de febrero de dos mil veintiuno, esto es, menos de seis meses. De ahí se obtiene que este acuerdo deba notificarse mediante listas; pues, la carga procesal de las partes de vigilar regularmente las actuaciones publicadas de conformidad con el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, no se diluyó durante este breve periodo de inactividad. En efecto, las cargas procesales para las partes y demás sujetos que intervienen en el proceso, parten del supuesto lógico y jurídico de que los sujetos a quienes se les imponen conocen la existencia del procedimiento, activo y no paralizado, ante un tribunal determinado, lo cual ocurre ordinariamente, en el caso del quejoso, cuando presenta su demanda; y, de las autoridades responsables y terceros interesados, cuando son emplazadas a juicio. Así, con tales actos, se genera y mantiene la vinculación de dichos sujetos a las consecuencias del proceso, hasta el dictado de la sentencia definitiva o resolución final del juicio, y en su caso, se prolonga hasta las actuaciones concernientes a su cumplimiento o ejecución forzosa, cuando se inician y continúen a la brevedad. Luego, el presente asunto únicamente tuvo un periodo breve de inactividad, motivo por el cual resulta innecesario refrendar la vinculación de las partes; pues, como ya se precisó, estas tienen la carga procesal de vigilar regularmente las actuaciones. Además, debe destacarse que tanto la suspensión de labores como su reanudación fueron dadas a conocer al público en general en el portal de internet del Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, se ordena notificar este acuerdo por lista, dado que no contiene algún requerimiento para las partes. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    JUICIO DE AMPARO 693/2020 En la misma data, la secretaria da cuenta a la jueza, con la certificación precedente y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de once de noviembre de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de acceso a la justicia (a través de la tutela judicial efectiva) de Doroteo Pérez Ramírez, pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad, actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, por las razones que en seguida se exponen: En el dictado de los actos reclamados, fueron vulnerados los derechos de legalidad y debido proceso en perjuicio de Doroteo Pérez Ramírez. Esto es, el juez responsable dentro del proceso penal *** de su índice, dictó el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, al determinarlo extemporáneo. Empero, dicho acuerdo impugnado le fue notificado a las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre de dos mil veinte y el recurso citado se interpuso a las quince horas del cuatro de septiembre de dos mil veinte, es decir, el juez responsable computó el plazo de veinticuatro horas para su interposición desde el momento de su notificación; sin embargo, en atención a lo previsto en el artículo 48 del código adjetivo penal, el término para interponer el recurso de revocación contará a partir del día hábil siguiente al en el cual se haya notificado de la resolución recurrida. Además, el juez responsable invocó preceptos inaplicables a la resolución que constituye el acto reclamado, de ahí que se estimó que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, al no dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, referentes a que todo acto de autoridad debe reunir esas características. Al no haberlo considerado así el juez responsable, transgredió los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. Por lo anterior, se concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos: "Deje insubsistente el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal 408/2013. En su lugar, dicte uno nuevo, en el cual desestime los argumentos esgrimidos con relación a la presentación extemporánea del recurso de revocación y con plenitud de jurisdicción, de manera congruente, fundada y motivada, provea sobre la admisión (de ser el caso) del medio de impugnación." De esa forma, la sentencia dictada en este juicio de amparo causó ejecutoria el cuatro de diciembre de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Luego, fueron suspendidas, las labores de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación - salvo asuntos de carácter urgente-, de forma genérica, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, debido al brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-24-, lo cual originó una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar el brote epidémico referido en la República Mexicana. Enseguida, en atención a lo dispuesto en la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó), relativo a la reanudación de plazos en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID- 19, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales que había imperado durante la emergencia sanitaria; ello, con la finalidad de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por lo que el doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron los plazos y términos procesales del presente juicio, lo cual permitió continuar con la ejecución de la sentencia de protección de derechos que también se vio interrumpida, a raíz del brote epidémico de infecciones por COVID-19. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra el quejoso, dentro del proceso 408/2013 de su índice, dejó insubsistente el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar emitió el nuevo auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso *, y señaló las diez horas del once de diciembre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de recurso de revocación. Como se ve, el cumplimiento de la autoridad responsable se traduce en una restitución de los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucional, en favor del aquí quejoso, en los términos indicado en la sentencia de once de noviembre de dos mil veinte. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si el quejoso o la parte tercera interesada, insistieran en estar inconformes con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se les hace de su conocimiento que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal. b) El ocho de diciembre de dos mil veinte el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emitió una nueva resolución para cumplir con la ejecutoria de amparo. c) El once de diciembre de dos mil veinte se recibió en este juzgado el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla mediante el cual remitió las constancias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. d) En esta data (veinte de enero de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y al tercero interesado (por lista); por oficio al agente del ministerio público en su carácter de tercero interesado y autoridad responsable; y cúmplase

  4. Principal

    SE DEJO AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA: JUICIO DE AMPARO 693/2020 En la misma data, la secretaria da cuenta a la jueza, con la certificación precedente y el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. Puebla, Puebla, veinte de enero de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, para manifestarse respecto de las constancias remitidas por el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, relativas al cumplimiento dado al fallo protector de once de noviembre de dos mil veinte, dictado por este órgano de control constitucional. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se procede a verificar de oficio y con base en las constancias remitidas por la autoridad responsable, si la sentencia dictada se ha ejecutado conforme lo juzgado. Pues sería infructuoso para el quejoso obtener el amparo y la protección de la Justicia Federal, cuando la ejecución no cumple con todos y cada uno de los fines precisados en la sentencia -a través de sus efectos-2. Lo anterior, porque si bien el acceso a la justicia de los gobernados, en un primer momento, se mide en la sentencia, lo cierto es que en realidad solo se materializa hasta su fiel ejecución3. Bajo esa premisa, se advierte materializado el derecho de acceso a la justicia (a través de la tutela judicial efectiva) de Doroteo Pérez Ramírez, pues de acuerdo con las constancias de autos, se advierte que la autoridad, actuó conforme a los efectos esgrimidos en la ejecutoria de amparo. Se afirma lo anterior, por las razones que en seguida se exponen: En el dictado de los actos reclamados, fueron vulnerados los derechos de legalidad y debido proceso en perjuicio de Doroteo Pérez Ramírez. Esto es, el juez responsable dentro del proceso penal *** de su índice, dictó el acuerdo de nueve de septiembre de dos mil veinte mediante el cual desechó de plano el recurso de revocación interpuesto por el quejoso contra el acuerdo de uno de septiembre de dos mil veinte, al determinarlo extemporáneo. Empero, dicho acuerdo impugnado le fue notificado a las diez horas con treinta minutos del tres de septiembre de dos mil veinte y el recurso citado se interpuso a las quince horas del cuatro de septiembre de dos mil veinte, es decir, el juez responsable computó el plazo de veinticuatro horas para su interposición desde el momento de su notificación; sin embargo, en atención a lo previsto en el artículo 48 del código adjetivo penal, el término para interponer el recurso de revocación contará a partir del día hábil siguiente al en el cual se haya notificado de la resolución recurrida. Además, el juez responsable invocó preceptos inaplicables a la resolución que constituye el acto reclamado, de ahí que se estimó que no se encuentra debidamente fundada ni motivada, al no dar cumplimiento a los requisitos exigidos por el artículo 16 constitucional, referentes a que todo acto de autoridad debe reunir esas características. Al no haberlo considerado así el juez responsable, transgredió los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucional. Por lo anterior, se concedió el amparo al quejoso para los siguientes efectos: "Deje insubsistente el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, dictado en el proceso penal 408/2013. En su lugar, dicte uno nuevo, en el cual desestime los argumentos esgrimidos con relación a la presentación extemporánea del recurso de revocación y con plenitud de jurisdicción, de manera congruente, fundada y motivada, provea sobre la admisión (de ser el caso) del medio de impugnación." De esa forma, la sentencia dictada en este juicio de amparo causó ejecutoria el cuatro de diciembre de dos mil veinte, y se requirió el cumplimiento a la autoridad responsable. Luego, fueron suspendidas, las labores de los órganos judiciales del Poder Judicial de la Federación - salvo asuntos de carácter urgente-, de forma genérica, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte hasta el once de enero de dos mil veintiuno, debido al brote epidémico de infecciones por COVID-19 -enfermedad producida por el virus SARS-CoV-24-, lo cual originó una serie de acciones transversales, dirigidas a mitigar y controlar el brote epidémico referido en la República Mexicana. Enseguida, en atención a lo dispuesto en la circular SECNO/1/2021-, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal determinó que a partir del doce de enero de dos mil veintiuno -en el sexto circuito y otros- retoma vigencia el esquema de operación previsto en el Acuerdo General 21/2020 (y el diverso 25/2020 que lo modificó), relativo a la reanudación de plazos en los órganos jurisdiccionales ante la presencia de la enfermedad COVID- 19, se levantó la suspensión de plazos y términos procesales que había imperado durante la emergencia sanitaria; ello, con la finalidad de reactivar en su totalidad el funcionamiento de los órganos jurisdiccionales. Por lo que el doce de enero de dos mil veintiuno, se reanudaron los plazos y términos procesales del presente juicio, lo cual permitió continuar con la ejecución de la sentencia de protección de derechos que también se vio interrumpida, a raíz del brote epidémico de infecciones por COVID-19. Ahora, de autos se advierte que la autoridad responsable en acatamiento a la sentencia de protección de derechos, y para resarcir las violaciones perpetradas contra el quejoso, dentro del proceso 408/2013 de su índice, dejó insubsistente el auto de nueve de septiembre de dos mil veinte, y en su lugar emitió el nuevo auto de ocho de diciembre de dos mil veinte, en el cual admitió a trámite el recurso de revocación interpuesto por el quejoso *, y señaló las diez horas del once de diciembre del año en curso, para el desahogo de la audiencia de recurso de revocación. Como se ve, el cumplimiento de la autoridad responsable se traduce en una restitución de los derechos fundamentales de legalidad y debido proceso, previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucional, en favor del aquí quejoso, en los términos indicado en la sentencia de once de noviembre de dos mil veinte. De ahí que, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se determina tener por cumplida la sentencia de amparo, sin excesos ni defectos. En consecuencia, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que esté en aptitud de manifestarse -si lo desea- en términos de sus obligaciones legales. Pero, si el quejoso o la parte tercera interesada, insistieran en estar inconformes con la presente determinación de tener por cumplida la ejecutoria de amparo, se les hace de su conocimiento que tienen derecho a recurrirla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Para su presentación cuentan con un plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel al que surta efecto la notificación de éste acuerdo. Por último, para efectos de registrar la presente determinación en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), puntualizo: a) El cuatro de diciembre de dos mil veinte, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, en la cual se concedió la protección federal. b) El ocho de diciembre de dos mil veinte el Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla, emitió una nueva resolución para cumplir con la ejecutoria de amparo. c) El once de diciembre de dos mil veinte se recibió en este juzgado el oficio del Juez Primero de lo Penal del Distrito Judicial de Puebla mediante el cual remitió las constancias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. d) En esta data (veinte de enero de dos mil veintiuno) se declara cumplida la ejecutoria de amparo. Notifíquese; de manera personal al quejoso y al tercero interesado (por lista); por oficio al agente del ministerio público en su carácter de tercero interesado y autoridad responsable; y cúmplase

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