Dora María González Esquivel

Expediente 709/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
709/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
03/10/2019

Partes del expediente

  • Dora María González Esquivel

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta que en el presente juicio de amparo no existen documentos originales ni copias certificadas exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  2. Principal

    Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por Dora María González Esquivel, en relación a la prevención que le fue hecha en auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, misma que se tiene por cumplida dentro del término que le fue concedido. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de referencia. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La parte quejosa señaló como actos reclamados: ".IV.- SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO.- LA ILEGAL DETERMINACION DE REQUERIMIENTO PARA QUE LA SUSCRITA C. DORA MARIA GONZALEZ ESQUIVEL CUMPLA DE FORMA VOLUNTARIA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, HACIENDO ENTREGA DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD HACIENDA DE SAN MATEO, NUMERO 33, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, DE GUADALUPE, ZACATECAS, RECAIDA EN EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 66/2016, TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CUARTO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL." ".IV. SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO.- EL ILEGAL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE RECOVACION PLANTEADO POR MI ABOGADO PATRONO EL LICENCIADO RAUL BRISEÑO CHAVEZ, CONTRA EL DIVERSO AUTO DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADOR ME REQUIERE PARA QUE CUMPLA DE FORMA VOLUNTARIA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, PARA QUE HAGA ENTREGA DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD HACIENDA DE SAN MATEO, NUMERO 33, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, DE GUADALUPE, ZACATECAS." Conforme a esos actos que reclama, puede concluirse que los mismos, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, que debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el que según se advierte, emana de un juicio donde la quejosa fue oída y vencida. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda y escritos aclaratorios, se advierte: 1. Mario Alberto Cuevas Rodríguez (señalado como tercero interesado), entabló demanda de divorcio necesario contra la aquí quejosa, radicado en el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital con el número 656/2016. 2. Una vez que se ofrecieron pruebas y se desahogaron en sus términos, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva. 3. En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, a solicitud de Mario Alberto Cuevas Rodríguez (aquí tercero interesado), la autoridad señalada como responsable requirió a la quejosa Dora María González Esquivel, para que en el término de quince días, diera cumplimiento con la sentencia emitida en el juicio de divorcio necesario 656/2016, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su desalojo en vía de ejecución forzosa. 4. Contra dicho acuerdo la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, no admitió el Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital (lo que constituye del acto reclamado). De lo anterior se desprende que en términos de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo que promueve la quejosa, es indudablemente improcedente, en la medida en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, que debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y que según la propia afirmación de la quejosa, emana de un juicio donde fue oída y vencida. Pues, conforme a la narrativa de la quejosa, desahogadas las pruebas y una vez dictada la sentencia por el Juez natural, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, fue requerida para que hiciera entrega en forma voluntaria del inmueble ubicado en Bulevar Hacienda de San Mateo, número treinta y tres (33), del Fraccionamiento Santa Rita en Guadalupe, Zacatecas, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de quince días, se procedería en ejecución forzosa a desalojarla, interponiendo recurso de revocación contra dicho auto, mismo que en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve no admitió el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, que constituye el acto reclamado. En consecuencia, debido a que como ya quedó precisado, la resolución impugnada es intermedia, dictada después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no es combatible a través del juicio de amparo indirecto, pues se trata de hipótesis que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, que por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse, por mandato expreso o categórico del artículo 17 Constitucional; esto sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los jueces o tribunales, para que pronuncien el acuerdo exclusivo de la ejecución, pues esta actuación es básica, determinante e indispensable para la promoción del amparo. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Y, la Tesis número P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la "última resolución" que se dicta en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Dora María González Esquivel, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    se publica el auto de diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta suscrito por Dora María González Esquivel, en relación a la prevención que le fue hecha en auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, misma que se tiene por cumplida dentro del término que le fue concedido. Por tanto, se tiene por cumplido el requerimiento de referencia. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto anterior, se desprende que es procedente desechar la demanda de amparo, cuando el juez de distrito encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En esos términos, para los efectos del desechamiento de la demanda, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos anexos. Además, se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia que se advierta es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran aportar las partes. De esta manera, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda, escritos aclaratorios y anexos que se acompañen, y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que aun en el caso de que se llegara a admitir la demanda, los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean indispensables para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Por tanto, para que un motivo de improcedencia sea manifiesto e indudable, es necesario que de manera clara y patente así se advierta del escrito de demanda, al grado de que se tenga la certeza y plena seguridad de su existencia, a pesar de las pruebas que posteriormente se aportaren, es decir, si se tiene duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda pues, de lo contrario, se privaría a la quejosa de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que pudiera causarle perjuicio. En el caso en concreto, es procedente desechar de plano la demanda de garantías, sin suspender el acto reclamado; hipótesis que se surte en el caso en estudio, toda vez que con relación al acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción IV, este último aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. "Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior;" La parte quejosa señaló como actos reclamados: ".IV.- SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES DE PROCEDIMIENTO.- LA ILEGAL DETERMINACION DE REQUERIMIENTO PARA QUE LA SUSCRITA C. DORA MARIA GONZALEZ ESQUIVEL CUMPLA DE FORMA VOLUNTARIA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, HACIENDO ENTREGA DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD HACIENDA DE SAN MATEO, NUMERO 33, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, DE GUADALUPE, ZACATECAS, RECAIDA EN EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO (18) DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), DENTRO DEL JUICIO DE DIVORCIO NECESARIO, CON NUMERO DE EXPEDIENTE 66/2016, TRAMITADO ANTE EL JUZGADO CUARTO DEL RAMO FAMILIAR DEL DISTRITO JUDICIAL DE LA CAPITAL." ".IV. SENTENCIA RECLAMADA Y VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO.- EL ILEGAL AUTO DICTADO EN FECHA VEINTISIETE (27) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE (2019), QUE DECLARA INADMISIBLE EL RECURSO DE RECOVACION PLANTEADO POR MI ABOGADO PATRONO EL LICENCIADO RAUL BRISEÑO CHAVEZ, CONTRA EL DIVERSO AUTO DE FECHA 18 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE, MEDIANTE EL CUAL EL JUZGADOR ME REQUIERE PARA QUE CUMPLA DE FORMA VOLUNTARIA CON LA SENTENCIA DEFINITIVA, PARA QUE HAGA ENTREGA DENTRO DEL TERMINO DE QUINCE DIAS, DEL INMUEBLE UBICADO EN BOULEVARD HACIENDA DE SAN MATEO, NUMERO 33, DEL FRACCIONAMIENTO SANTA RITA, DE GUADALUPE, ZACATECAS." Conforme a esos actos que reclama, puede concluirse que los mismos, no constituyen la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, que debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; en el que según se advierte, emana de un juicio donde la quejosa fue oída y vencida. Se afirma lo anterior, toda vez que de los antecedentes de la demanda y escritos aclaratorios, se advierte: 1. Mario Alberto Cuevas Rodríguez (señalado como tercero interesado), entabló demanda de divorcio necesario contra la aquí quejosa, radicado en el Juzgado Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital con el número 656/2016. 2. Una vez que se ofrecieron pruebas y se desahogaron en sus términos, el veinticinco de junio de dos mil dieciocho, se dictó sentencia definitiva. 3. En acuerdo de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, a solicitud de Mario Alberto Cuevas Rodríguez (aquí tercero interesado), la autoridad señalada como responsable requirió a la quejosa Dora María González Esquivel, para que en el término de quince días, diera cumplimiento con la sentencia emitida en el juicio de divorcio necesario 656/2016, con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá a su desalojo en vía de ejecución forzosa. 4. Contra dicho acuerdo la aquí quejosa interpuso recurso de revocación, mismo que el veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, no admitió el Juez Cuarto del Ramo Familiar de la Capital (lo que constituye del acto reclamado). De lo anterior se desprende que en términos de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo que promueve la quejosa, es indudablemente improcedente, en la medida en que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución, que debe entenderse como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o bien, se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; y que según la propia afirmación de la quejosa, emana de un juicio donde fue oída y vencida. Pues, conforme a la narrativa de la quejosa, desahogadas las pruebas y una vez dictada la sentencia por el Juez natural, el dieciocho de julio de dos mil diecinueve, fue requerida para que hiciera entrega en forma voluntaria del inmueble ubicado en Bulevar Hacienda de San Mateo, número treinta y tres (33), del Fraccionamiento Santa Rita en Guadalupe, Zacatecas, con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo de quince días, se procedería en ejecución forzosa a desalojarla, interponiendo recurso de revocación contra dicho auto, mismo que en auto de veintisiete de agosto de dos mil diecinueve no admitió el Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital, que constituye el acto reclamado. En consecuencia, debido a que como ya quedó precisado, la resolución impugnada es intermedia, dictada después de concluido el juicio dentro del periodo de ejecución de sentencia, no es combatible a través del juicio de amparo indirecto, pues se trata de hipótesis que, de tolerarse, resultarían conducentes a la obstaculización en el cumplimiento de sentencias ejecutorias, que por razones de interés social, no pueden entorpecer o dilatarse, por mandato expreso o categórico del artículo 17 Constitucional; esto sin perjuicio del derecho de la parte interesada para instar a los jueces o tribunales, para que pronuncien el acuerdo exclusivo de la ejecución, pues esta actuación es básica, determinante e indispensable para la promoción del amparo. Tiene aplicación al caso, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 28/2010, publicada en la página sesenta, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, materia civil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 164639, del tenor: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio.". Y, la Tesis número P./J. 32/2001, publicada en la página 31, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que literalmente dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN ÚLTIMA RESOLUCIÓN, A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la "última resolución" que se dicta en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." En estas condiciones, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia en análisis, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Dora María González Esquivel, por su propio derecho, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Visto; la demanda de amparo presentada por Dora María Gonzalez Esquivel, contra actos del Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, por violación a diversos preceptos Constitucionales, se acuerda: Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 709/2019-III y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, en virtud que de la lectura íntegra de la demanda de mérito se advierte que la misma presenta irregularidades, en virtud que la quejosa es omisa en señalar de manera clara y en orden cronológico los antecedentes del acto reclamado. Asimismo, señala como acto reclamado el auto de dieciocho de julio de dos mil diecinueve, en se le requirió para que de forma voluntaria haga entrega del bien inmueble cuya ubicación señala, en el término de quince días, auto que le reclama al Juez Cuarto del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Zacatecas, lo cual se le notificó el veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. No obstante, respecto de dicho acto no indica si hubo algún apercibimiento para el caso de que no entregue el bien inmueble que cita en el plazo de quince días qué refiere. De igual forma, en el capítulo de antecedentes en el punto tercero señala que interpuso recurso de revocación sin precisar si fue contra el acto que aquí reclama. Por tanto, a fin de estar en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda en relación a la demanda de cuenta, con fundamento en el artículo 114, fracciones I y II, en relación con el artículo 108, fracción II, ambos de la Ley de Amparo; requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días: Narre de manera clara y precisa y en orden cronológico los antecedentes del acto reclamado. Si con motivo del requerimiento para la entrega del bien inmueble que cita, le fue hecho o no algún apercibimiento por la autoridad que señaló como responsable. Si contra el acto que reclama interpuso el recurso de revocación que menciona. Se apercibe al promovente del amparo, que en caso de no dar cumplimiento con lo requerido en el plazo indicado, se tendrá por no presentada su demanda, conforme lo dispone el numeral 114 de la Ley de Amparo. Como lo solicita la quejosa, téngase por autorizado al licenciado Raúl Briseño Chávez, para oír y recibir notificaciones, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; y como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle Benito López, numero doscientos dos (202), en la Colonia Alma Obrera, en esta ciudad de Zacatecas.

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