Dora Angélica Muñoz Sánchez
Expediente 559/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 3 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 559/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 17/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Dora Angélica Muñoz Sánchez
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto dictado el veintiocho de septiembre de dos mil dieciséis, en el presente juicio de garantías, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa sin valor jurídico por ende destruible.
- Principal
PÚBLICO POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISEIS, CON EFECTOS DE NOTIFICAR PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA: Vista; la demanda de amparo promovida por Dora Angélica Muñoz Sánchez, Silvia Flores Ortega, Ma. de la Luz Rodríguez Ruiz, Myrna Edith Treviño López, J. Jesús Cortés Pargas, Raúl Luevano Ortiz, Enrique Vázquez Huerta, Isidro Rentería Santos, Silvia Moreno Cortés, Ma. Elena Aguilar Salas, Ma. del Socorro Vázquez Martínez, Luis Miguel Valdez González, Sergio Olague Rodríguez, María Guadalupe Palacios Rodríguez, Rafael López Ibarra, Angélica Esparza García, José Juan Ríos Varela y Herminio Díaz Vázquez, por conducto de su apoderado, licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno, bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "1).- A AUTORIDAD SEÑALADA COMO Responsable le reclamo el oficio PF/1726/16 mediante el cual se informó al H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas que en atención al oficio número TCA/1453/2016 mediante el cual se solicitó a la Autoridad señalada como Responsable por parte del H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas se sirviera descontar de las participaciones que le corresponden al Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas y a efecto de dar cumplimiento al Laudo Condenatorio de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce y a la Resolución Incidental de Liquidación de diez de noviembre de dos mil quince, para lo cual la Autoridad señalada como Responsable le contestó a dicho oficio que no daría cumplimiento a tal oficio en razón de que supuestamente que una vez que analizó la viabilidad financiera por la Dirección de Contabilidad de esa Dependencia, el Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas que no contaba con los Recursos económicos con los cuales pudiera efectuarse la deducción solicitada, de ahí la Autoridad Responsable de manera anticonstitucional manifestó que SE ENCONTRABA IMPOSIBILITADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PETICIÓN REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS." Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, los artículos 159, 282 a 285 de la Ley del Servicio Civil en Zacatecas, establecen: "Artículo 159. Corresponde a la o el Magistrado Presidente del Tribunal: I. Ejercer la representación del Tribunal y dirigir la administración del mismo; II. Presidir las Sesiones; III. Cuidar el orden y la disciplina del Tribunal; IV. Designar o remover a la o el Secretario General de Acuerdos, secretarias y secretarios proyectistas y actuarias y actuarios y demás servidoras y servidores públicos del Tribunal, previa aprobación del pleno; V. Asignar los expedientes a cada una de las y los magistrados; VI. Llevar la correspondencia oficial del Tribunal; VII. Ejecutar los laudos dictados por el Tribunal; ." "Artículo 282. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por una autoridad diferente del Tribunal, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias. La autoridad exhortada no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. "Artículo 283. Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento. "Artículo 284. Siempre que en ejecución de laudo deba darse una suma de dinero o hacer efectivo un derecho de la o el trabajador, la o el Presidente cuidará que se le entregue personalmente la cantidad que corresponda o que en la misma forma se cumpla la obligación a la que la parte contraria haya sido condenada. En su caso, los laudos podrán cumplirse por exhorto. "Artículo 285. Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa.". De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente: El Magistrado Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, tiene la obligación de ordenar la ejecución de los laudos dictados por los referidos tribunales. Dicho Magistrado Presidente, en ejecución del laudo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, de acuerdo a lo establecido por los mencionados artículos de la legislación laboral aplicable al caso concreto, sobresale la facultad que se otorga a los Magistrados Presidentes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para ejecutar los laudos; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de aquéllos. Lo anterior, siempre y cuando la referida ejecución hubiere sido solicitada por la parte que obtuvo resolución a su favor, de conformidad con el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como sucede con cualquier particular, el incumplimiento de ejecutar los laudos, en la especie, la contumacia del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, a través de la omisión de exhibir la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, no obstante encontrarse autorizada para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa, dentro del expediente laboral 517/2010, puede ser vencida a través de los instrumentos legales con que cuenta el Magistrado Presidente del referido Tribunal, para lograr el cumplimiento de su determinación. Es decir, dentro del juicio laboral, el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, no actúa en un esquema de supra a subordinación con los quejosos ?como condición para la categorización de un acto de autoridad?, sino en todo momento de coordinación, la cual, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, encontrándose ambos en el mismo nivel procesal dentro del juicio laboral, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de la ejecución de laudos, ambos están sujetos a las facultades del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien dicta las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Por lo anterior, al derivar la omisión del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, en ejecución de laudo, de exhibir la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, no obstante encontrarse autorizada para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa, dentro del expediente laboral 517/2010, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, pues carece de las atribuciones que distinguen los actos de autoridad descritas con anterioridad por tener relación con la ejecución del laudo en el procedimiento laboral, de ahí que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." A mayor abundamiento, corresponde a los Presidentes de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje de oficio, la ejecución de los laudos. Aunado a que si una de las partes en el proceso laboral considera que no se está cumpliendo debidamente el laudo, puede instar al presidente a que actúe en la forma debida para lograr la ejecución. Además, en caso de que el Presidente respectivo sea omiso o niegue la petición, el solicitante tiene la facultad de hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 242 de la Ley del Servicio Civil en Zacatecas; por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso cuenta con la posibilidad de instar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas para que ejecute el laudo debidamente y con un medio ordinario de defensa, que le permite combatir los actos emitidos por aquél, en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.T.71 L (10ª), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Dora Angélica Muñoz Sánchez, Silvia Flores Ortega, Ma. de la Luz Rodríguez Ruiz, Myrna Edith Treviño López, J. Jesús Cortés Pargas, Raúl Luevano Ortiz, Enrique Vázquez Huerta, Isidro Rentería Santos, Silvia Moreno Cortés, Ma. Elena Aguilar Salas, Ma. del Socorro Vázquez Martínez, Luis Miguel Valdez González, Sergio Olague Rodríguez, María Guadalupe Palacios Rodríguez, Rafael López Ibarra, Angélica Esparza García, José Juan Ríos Varela y Herminio Díaz Vázquez, por conducto de su apoderado, licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ténganse por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Martín Barrera Aldana, Ulises Daniel Muñoz Delgado, Fátima Judith Benítez López, Lilia Mariana López García e Ivonne del Rocío Guerrero Muñoz; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle del Manzano número doscientos tres, fraccionamiento Agronómica II, en la ciudad de Zacatecas.
- Principal
Vista; la demanda de amparo promovida por Dora Angélica Muñoz Sánchez, Silvia Flores Ortega, Ma. de la Luz Rodríguez Ruiz, Myrna Edith Treviño López, J. Jesús Cortés Pargas, Raúl Luevano Ortiz, Enrique Vázquez Huerta, Isidro Rentería Santos, Silvia Moreno Cortés, Ma. Elena Aguilar Salas, Ma. del Socorro Vázquez Martínez, Luis Miguel Valdez González, Sergio Olague Rodríguez, María Guadalupe Palacios Rodríguez, Rafael López Ibarra, Angélica Esparza García, José Juan Ríos Varela y Herminio Díaz Vázquez, por conducto de su apoderado, licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas, el Juez acuerda: Regístrese en el libro de gobierno, bajo el número que legalmente le corresponda y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el artículo 112, de la Ley de Amparo dispone: que dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite la demanda; por ende y toda vez que el artículo 113, de la ley en cita dice que el Juez de Distrito debe examinar ante todo el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado. En acatamiento a lo anterior, es de indicarse que la parte quejosa señala: "1).- A AUTORIDAD SEÑALADA COMO Responsable le reclamo el oficio PF/1726/16 mediante el cual se informó al H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas que en atención al oficio número TCA/1453/2016 mediante el cual se solicitó a la Autoridad señalada como Responsable por parte del H. Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas se sirviera descontar de las participaciones que le corresponden al Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas y a efecto de dar cumplimiento al Laudo Condenatorio de fecha veintiuno de noviembre del año dos mil catorce y a la Resolución Incidental de Liquidación de diez de noviembre de dos mil quince, para lo cual la Autoridad señalada como Responsable le contestó a dicho oficio que no daría cumplimiento a tal oficio en razón de que supuestamente que una vez que analizó la viabilidad financiera por la Dirección de Contabilidad de esa Dependencia, el Municipio de Cañitas de Felipe Pescador, Zacatecas que no contaba con los Recursos económicos con los cuales pudiera efectuarse la deducción solicitada, de ahí la Autoridad Responsable de manera anticonstitucional manifestó que SE ENCONTRABA IMPOSIBILITADA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA PETICIÓN REALIZADA POR EL MUNICIPIO DE CAÑITAS DE FELIPE PESCADOR, ZACATECAS." Señalado lo anterior, una vez realizado el estudio respectivo de la demanda de garantías, este órgano jurisdiccional advierte que con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1°, fracción I y 5°, fracción II, estos últimos, interpretados en sentido contrario y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda que se atiende. En efecto, los invocados preceptos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; y omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general.". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Conforme a los preceptos legales que anteceden, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Por lo tanto, se considera que autoridad para efectos del juicio de amparo es aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora bien, los artículos 159, 282 a 285 de la Ley del Servicio Civil en Zacatecas, establecen: "Artículo 159. Corresponde a la o el Magistrado Presidente del Tribunal: I. Ejercer la representación del Tribunal y dirigir la administración del mismo; II. Presidir las Sesiones; III. Cuidar el orden y la disciplina del Tribunal; IV. Designar o remover a la o el Secretario General de Acuerdos, secretarias y secretarios proyectistas y actuarias y actuarios y demás servidoras y servidores públicos del Tribunal, previa aprobación del pleno; V. Asignar los expedientes a cada una de las y los magistrados; VI. Llevar la correspondencia oficial del Tribunal; VII. Ejecutar los laudos dictados por el Tribunal; ." "Artículo 282. Cuando la sentencia deba ser ejecutada por una autoridad diferente del Tribunal, se le dirigirá exhorto con las inserciones necesarias. La autoridad exhortada no podrá conocer de las excepciones que opongan las partes. "Artículo 283. Los laudos deben ejecutarse una vez que transcurra el plazo para que la parte condenada pueda acudir a la demanda de amparo. La o el Secretario hará la certificación del plazo contado a partir de la notificación personal del laudo. Las partes podrán convenir en las modalidades del cumplimiento. "Artículo 284. Siempre que en ejecución de laudo deba darse una suma de dinero o hacer efectivo un derecho de la o el trabajador, la o el Presidente cuidará que se le entregue personalmente la cantidad que corresponda o que en la misma forma se cumpla la obligación a la que la parte contraria haya sido condenada. En su caso, los laudos podrán cumplirse por exhorto. "Artículo 285. Transcurrido el término señalado en el artículo 283, la o el Presidente, a petición de la parte que obtuvo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa.". De los artículos reproducidos deriva, en lo que interesa en este asunto, lo siguiente: El Magistrado Presidente del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, tiene la obligación de ordenar la ejecución de los laudos dictados por los referidos tribunales. Dicho Magistrado Presidente, en ejecución del laudo, dictará auto de requerimiento de pago, apercibiendo a la o el deudor que de no efectuarlo, se le impondrá una multa de hasta quince veces el salario mínimo general vigente en la fecha de la diligencia; de no hacerlo en un nuevo requerimiento, se librará oficio a la Secretaría de Finanzas para que exhiba la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, quedando autorizada aquélla para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa. En esencia, en el procedimiento para conseguir la ejecución de los laudos, de acuerdo a lo establecido por los mencionados artículos de la legislación laboral aplicable al caso concreto, sobresale la facultad que se otorga a los Magistrados Presidentes del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje para ejecutar los laudos; la obligación de proveer a la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y el deber de dictar todas las medidas necesarias para el cumplimiento de aquéllos. Lo anterior, siempre y cuando la referida ejecución hubiere sido solicitada por la parte que obtuvo resolución a su favor, de conformidad con el artículo 285 de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, como sucede con cualquier particular, el incumplimiento de ejecutar los laudos, en la especie, la contumacia del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, de cumplir con lo ordenado por el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas, a través de la omisión de exhibir la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, no obstante encontrarse autorizada para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa, dentro del expediente laboral 517/2010, puede ser vencida a través de los instrumentos legales con que cuenta el Magistrado Presidente del referido Tribunal, para lograr el cumplimiento de su determinación. Es decir, dentro del juicio laboral, el Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, no actúa en un esquema de supra a subordinación con los quejosos ?como condición para la categorización de un acto de autoridad?, sino en todo momento de coordinación, la cual, es la entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, encontrándose ambos en el mismo nivel procesal dentro del juicio laboral, existiendo bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación, ya que tratándose de la ejecución de laudos, ambos están sujetos a las facultades del Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien dicta las medidas necesarias para que dicha ejecución sea pronta y expedita. Por lo anterior, al derivar la omisión del Secretario de Finanzas de Gobierno del Estado de Zacatecas, en ejecución de laudo, de exhibir la cantidad de la condena ante la o el Presidente del Tribunal, no obstante encontrarse autorizada para deducir dicha cantidad del presupuesto o participación que corresponda a la entidad pública morosa, dentro del expediente laboral 517/2010, no es autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por el numeral 5°, fracción II de la Ley de Amparo, pues carece de las atribuciones que distinguen los actos de autoridad descritas con anterioridad por tener relación con la ejecución del laudo en el procedimiento laboral, de ahí que el juicio de amparo es improcedente. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, del rubro y texto siguiente: "AYUNTAMIENTOS DE QUINTANA ROO Y YUCATÁN. EL INCUMPLIMIENTO A UN LAUDO PRONUNCIADO EN UN JUICIO LABORAL EN EL QUE FIGURARON COMO PARTE DEMANDADA, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El incumplimiento a un laudo por los Ayuntamientos de Quintana Roo y Yucatán, derivado de un juicio laboral en el que figuraron como parte demandada, no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, porque en el marco normativo de esas entidades federativas, los tribunales burocráticos estatales cuentan con una amplia gama de instrumentos legales para lograr el cumplimiento y la ejecución de sus laudos, lo que supone que se ubican en un plano de coordinación que caracteriza a las relaciones laborales, y la igualdad procesal que subyace en ellas también se extiende al ámbito de la ejecución de los laudos; es decir, los Ayuntamientos demandados no actúan en un esquema de supra a subordinación, sino dentro de una relación laboral con el particular actor." A mayor abundamiento, corresponde a los Presidentes de los Tribunales de Conciliación y Arbitraje de oficio, la ejecución de los laudos. Aunado a que si una de las partes en el proceso laboral considera que no se está cumpliendo debidamente el laudo, puede instar al presidente a que actúe en la forma debida para lograr la ejecución. Además, en caso de que el Presidente respectivo sea omiso o niegue la petición, el solicitante tiene la facultad de hacer valer el recurso de revisión previsto en el artículo 242 de la Ley del Servicio Civil en Zacatecas; por tanto, previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso cuenta con la posibilidad de instar al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en Zacatecas para que ejecute el laudo debidamente y con un medio ordinario de defensa, que le permite combatir los actos emitidos por aquél, en la etapa de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.13º.T.71 L (10ª), emitida por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN EL JUICIO LABORAL. PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL AMPARO, SÓLO DEBE AGOTARSE CUANDO HAYA DADO INICIO LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL LAUDO CON UN ACTO TENDIENTE A SU CUMPLIMIENTO. El artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo, establece la procedencia del recurso de revisión en contra de los actos emitidos por los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en los supuestos de ejecución de los laudos y convenios. Ahora bien, la fase ejecutiva en un procedimiento laboral, invariablemente nace a la vida jurídica con el primer acto que tienda a lograr el cumplimiento de una condena. En tal virtud, resulta innecesario agotar el medio de impugnación ordinario mientras no se haya dado inicio a esa etapa de ejecución. En las relatadas circunstancias, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5° de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, ha lugar a desechar de plano la demanda de amparo promovida por Dora Angélica Muñoz Sánchez, Silvia Flores Ortega, Ma. de la Luz Rodríguez Ruiz, Myrna Edith Treviño López, J. Jesús Cortés Pargas, Raúl Luevano Ortiz, Enrique Vázquez Huerta, Isidro Rentería Santos, Silvia Moreno Cortés, Ma. Elena Aguilar Salas, Ma. del Socorro Vázquez Martínez, Luis Miguel Valdez González, Sergio Olague Rodríguez, María Guadalupe Palacios Rodríguez, Rafael López Ibarra, Angélica Esparza García, José Juan Ríos Varela y Herminio Díaz Vázquez, por conducto de su apoderado, licenciado Francisco Javier Cabañez Escobedo, contra actos del Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Zacatecas. Ténganse por autorizados de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados Martín Barrera Aldana, Ulises Daniel Muñoz Delgado, Fátima Judith Benítez López, Lilia Mariana López García e Ivonne del Rocío Guerrero Muñoz; y, como domicilio para tales efectos, el ubicado en calle del Manzano número doscientos tres, fraccionamiento Agronómica II, en la ciudad de Zacatecas.
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