Dora Lilia Gutierrez Benitez

Expediente 488/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
488/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
20/07/2022

Partes del expediente

  • Dora Lilia Gutierrez Benitez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de julio de dos mil veintidós. Certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término de tres días concedido a la parte quejosa a fin que manifestara lo que a su derecho conviniera respecto al cumplimiento del fallo protector dictado en este asunto, lo que así aconteció el dieciocho de julio de dos mil veintidós; por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver con base en los elementos que obran en el expediente. En consecuencia, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, Marzo de 2000, página 243, cuyo rubro dice: .... Efectos del fallo protector. En principio, debe precisarse que a través de la sentencia emitida el trece de diciembre de dos mil veintiuno, misma que confirmó el Quinto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, en sesión ordinaria de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia de la unión a Dora Lilia Gutiérrez Benítez, contra los actos que reclamó del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y otras autoridades, para lo siguiente: .... Para lo cual, las autoridades responsables, deberán, en el ámbito de sus respectivas competencias: 1. Dar respuesta a la solicitud de pensión formulada por la parte quejosa el treinta de julio de dos mi diecinueve. 2. Notificarle la contestación respectiva." Acciones realizadas para cumplir la sentencia. Por su parte, la delegada de las autoridades responsables, mediante oficio registrado con el folio 10084, informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y para acreditarlo, remitió original del diverso oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, a través del cual dio contestación al escrito de treinta de julio de dos mil diecinueve, signado por la aquí quejosa Dora Lilia Gutiérrez Benítez, y ordenó la formación del expediente respectivo e inició el trámite correspondiente a la pensión de jubilación que solicitó. Asimismo, solicitó que dicha resolución se le notificara Dora Lilia Gutiérrez Benítez, por conducto de este juzgado, lo que así aconteció el trece de julio de dos mil veintidós. Documental a la que se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2º de esta última legislación, por haber sido expedida por funcionarios públicos en ejercicio de sus facultades legales conferidas. Declara cumplido fallo protector. En esas condiciones, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a los lineamientos ordenados por este órgano jurisdiccional en la sentencia de amparo, en razón de que a través del oficio emitido el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable: 1. Dio contestación al escrito de treinta de julio de dos mil diecinueve, signado por la aquí quejosa Dora Lilia Gutiérrez Benítez, 2. Ordenó la formación del expediente respectivo e inició el trámite correspondiente a la pensión de jubilación que solicitó, y 3. solicitó que dicha resolución se le notificara Dora Lilia Gutiérrez Benítez, por conducto de este juzgado, lo que así aconteció el trece de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones. Sin que obste a lo anterior las manifestaciones realizadas por el autorizado de la parte quejosa mediante escrito de cuenta, en las que sustancialmente sostiene que debe declararse no cumplida la ejecutoria de amparo con base en los siguientes argumentos: a) Que es incorrecto que el oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, hubiese sido emitido por la Jefa del Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, y no por la Junta Directiva de ese instituto, ya que la primera de las autoridades mencionadas no cuenta con la facultad para resolver en definitiva, aunado a que conlleva a que las diversas responsables no se hayan pronunciado respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. b) Que la resolución emitida el treinta de junio de dos mil veintidós, no cumple con lo ordenado en la ejecutoria de amparo, en atención a que la razón dada por la autoridad responsable relativa a que no se cuente con el comunicado por parte de la patronal en el que se indique la fecha a partir de la cual causó baja la quejosa, no es un requisito previo a la realización del trámite de pensión o jubilación, ya que el punto 9 del apartado "políticas de operación" del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete, únicamente establece que el departamento de gestión de pensiones y jubilaciones deberá asegurarse que los trámites de pensión por jubilación y por edad y tiempo de servicios, hayan sido promovidos por el patrón del trabajador de base en coordinación con la organización sindical. c) Que la respuesta dada a través del oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, no cumple con el fallo protector, toda vez que produce una solución de continuidad en el incumplimiento de la garantía de impartir justicia de manera pronta ya que no se resolvió el trámite relativo en los términos previstos por los artículos 58 y 120 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, 3, 4, 6, 7, 8, 23 y 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Asegurados de la ley en cita. d) Que en el oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, la autoridad responsable es omisa en precisar qué ley, reglamento o norma establece que el requisito relativo a que resulta indispensable la baja del trabajador, pues los artículos 68 y 73 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no refieren de modo alguno tal requisito. e) Que de los artículos 3, 26 y 27 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, se obtiene que para el trámite de las solicitudes respectivas únicamente se impone al solicitante la exhibición de tres documentos, entre los que no se encuentra de manera específica el requisito consistente en la baja como trabajador activo. f) Que la autoridad responsable es omisa en definir de fondo la procedencia o no del beneficio solicitado, ya que la respuesta no está fundada ni motivada, por lo que se sigue dejando en estado de indefensión a la parte quejosa al no obtener una respuesta congruente con lo que se solicita, toda vez que no se le proporciona la información que le permita conocer cabalmente el acto, decisión o resolución de la autoridad. Una vez sintetizados los motivos de inconformidad planteados en contra del cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, esta autoridad estima que los mismos deben declararse infundados. En relación al argumento indicado con el inciso a), se considera que el hecho de que únicamente la autoridad responsable Jefa de Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, haya emitido la respuesta a la solicitud de la parte quejosa a través del oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, no puede estimarse por sí solo, un incumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ello, toda vez que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que debe tenerse por cumplida la ejecutoria de amparo si se demuestra que se dio contestación por escrito a la solicitud de la parte quejosa incluso aunque provenga de una autoridad diversa de la responsable, siempre que se trate de un inferior jerárquico cuyas funciones se vinculen con la petición. Lo que en la especie acontece, pues en términos de los artículos 24, fracción IX y 66, fracción IX, del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la Jefa de Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones de dicho instituto contará con las obligaciones y facultades que le indiquen el Director General y su superior jerárquico -Junta Directiva al ser el órgano máximo y rector de conformidad en el numeral 5 del citado reglamento-. Por tanto, si en la contestación dada a través del oficio de treinta de junio de dos mil veintidós se estableció que se realizaba por instrucciones precisas del Director General y de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, es claro que la autoridad responsable contaba con atribuciones para emitir la citada contestación. Aunado a que en términos del artículo 66, fracción III del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la autoridad responsable se encuentra vinculada con la petición de jubilación planteada por la parte quejosa, pues se establece como obligación de ésta lo relativo a la integración y seguimiento del trámite de pensiones y jubilaciones. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.129/2006 (con número de registro electrónico 174238) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta a página 279 del Tomo XXIV, Septiembre de 2006, cuyo contenido dispone: ...... Por otro lado, los motivos de disenso marcados con los incisos b), c), d) y e), devienen inatendibles e ineficaces, en atención a que a través de ellos la parte quejosa hace valer cuestiones que se relacionan directamente con el fondo de la respuesta emitida a su solicitud de pensión por jubilación presentada el treinta de julio de dos mil diecinueve. Lo anterior es así, ya que mediante los argumentos planteados por la parte quejosa se pretende evidenciar que la contestación contenida en el oficio de treinta de junio de dos mil veintidós es ilegal, al contrariarse diversas disposiciones legales contempladas en la normatividad del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Sin embargo, tales aspectos no pueden considerarse materia del cumplimiento al fallo protector, por tratarse de cuestiones que implican aspectos de fondo que no fueron materia de la sentencia de amparo, y por ende no son susceptibles de ser abordadas en un proveído como el que ahora se emite, el cual sólo tiene por objeto verificar si las responsables acataron o no el fallo protector conforme a lo que les fue exigido, es decir, en lo relativo a emitir la contestación respectiva a la solicitud de jubilación presentada el treinta de julio de dos mil diecinueve, por la peticionaria del amparo y notificarle la misma. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J.14/2016 (registro 2010983) sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación a página 717 del Libro 27, Febrero de 2016, Tomo I, del rubro y texto siguientes: .... Aunado a que no debe perderse de vista que el hecho de que la decisión adoptada por las autoridades responsables fuera desfavorable a la parte quejosa no implica un incumplimiento al fallo protector, ya que si bien el artículo 8 constitucional garantiza que a toda petición debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido (lo cual fue materia de la sentencia de amparo), ello no significa necesariamente que se resuelva en determinado sentido a favor de sus intereses. Se corrobora lo anterior con la jurisprudencia PC.XV.J/6 A (11a.), del Pleno del Decimoquinto Circuito, visible en la página 2141, Libro 9, enero de 2022, Tomo III, Undécima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 2024038, que establece: -...... Se cita como apoyo la jurisprudencia 130 (con número de registro electrónico 391020) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de 1995, que establece: ... Finalmente, también resulta infundado el planteamiento hecho valer por la parte quejosa a que se hizo alusión en el inciso f), en razón de que se estima que contrario a lo que sostiene, la respuesta emitida por la Jefa de Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no lo deja en estado de indefensión, ni es incongruente con lo solicitado. En efecto, a través de la respuesta contenida en el oficio de treinta de junio de dos mil veintidós, la Jefa de Departamento de Gestión de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California determinó que la solicitud de pensión por jubilación presentada por la aquí quejosa el treinta de julio de dos mil diecinueve, no cumplía los requisitos establecidos en los artículos 3 y 26 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California, y por ende no procedía continuar con el trámite correspondiente hasta en tanto se satisficiera la exigencia consistente en acompañar el comunicado de la parte patronal en el que indicara la fecha a partir de la cual la peticionaria del amparo causó baja como trabajadora activa. De lo anterior, puede advertirse que la respuesta aludida no es incongruente con lo solicitado, ya que se estableció puntualmente el motivo por el cual las responsables se encuentran imposibilitadas para continuar con el trámite sobre la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, al indicársele que debe acompañarse el comunicado de la parte patronal en el que se señale la fecha a partir de la cual causó baja como trabajadora activa, fundando esa consideración en el punto 9 del apartado "políticas de operación" del Procedimiento Específico para la Gestión de Pensiones y Jubilaciones, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el dieciocho de agosto de dos mil diecisiete. Además, se indicaron como diversos fundamentos el artículo 67 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, así como los diversos numerales 3 y 23 del Reglamento para el Otorgamiento de Pensiones a los Empleados de Gobierno del Estado y Municipios del Estado de Baja California. Por tal motivo, se estima que la respuesta emitida atendió a la solicitud de la quejosa de manera congruente al pronunciarse sobre la procedencia del trámite relativo a la pensión que solicitó, exponiéndose los motivos por los cuales se consideró que dicha petición no contenía las exigencias necesarias para darle el trámite respectivo. Sin que, como se expuso, mediante este proveído pueda analizarse si los fundamentos o motivos expuestos por la responsable son los correctos o si la determinación se encuentra apegada a derecho, ya que el derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional, únicamente implica que la autoridad ante quien se eleve una petición deba emitir una respuesta en breve término, la notifique y que ésta sea congruente con lo solicitado. Por tanto, los alcances de la ejecutoria de amparo impiden que esta juzgadora pueda examinar los motivos o fundamentos que sustentan la respuesta, ya que estos deberán ser materia de estudio a través de los medios de defensa que procedan en contra de la decisión emitida por la autoridad. Se invoca como sustento, la jurisprudencia 2a./J.1/2001 (con número de registro electrónico 190356) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ..... Declara cumplido fallo protector. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 196, segundo párrafo, de la ley de la materia, se declara cumplida la ejecutoria de amparo sin excesos ni defectos; háganse las anotaciones correspondientes en el rubro de observaciones del libro gobierno respectivo del índice de este juzgado. Certificación. Por otra parte, vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se estima que el cuaderno principal del presente juicio de amparo es susceptible de depuración, al ubicarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, ya que se concedió el amparo en este asunto. Hecho lo anterior, realícense las anotaciones en el libro de gobierno. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15 del mencionado Acuerdo, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Manifestaciones. Agréguese a los autos el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual desahoga la vista otorgada en proveído de seis de julio de dos mi veintidós, y realiza manifestaciones en relación al cumplimiento dado por la autoridad responsable, mismas que se tomarán en consideración al momento de valorar dicho cumplimiento. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, seis de julio de dos mil veintidós. Informe de cumplimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la delegada de las autoridades responsables, mediante el cual, se le tiene informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo en este asunto, y al efecto remite la constancia con la que acredita su dicho. Vista con cumplimiento. En consecuencia, con el contenido del referido oficio y anexo, y con el resto de las constancias que obran en autos, dese vista a las partes por el plazo de tres días legalmente computado, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, y una vez transcurrido dicho plazo, con o sin manifestación alguna, tráiganse los autos para resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable; lo anterior con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Se ordena notificación. Ahora, toda vez que la responsable manifestó la imposibilidad que tuvo para notificar a la quejosa el contenido de la resolución de la respuesta dirigida a la quejosa Dora Lilia Gutiérrez Benítez, emitida el treinta de junio de dos mil veintidós, en el domicilio que ésta le señaló, por las razones que expuso; por tanto, en atención a lo solicitado por la responsable, notifíquesele de manera personal a la parte quejosa la respuesta que remitió. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, cinco de julio de dos mil veintidós. Oficio devuelto. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio 11504 devuelto por el Titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del Instituto de Servicios de Salud Pública del Estado de Baja California, dirigido al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali Reexpedición de oficio. Por tanto, en obvio de mayores dilaciones y a fin de lograr la debida integración del presente asunto, reexpídase vía estafeta dicha misiva a la autoridad correcta. Notifíquese.

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