Doncan Esneider Betancourt
Expediente 1330/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1330/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/11/2023
Partes del expediente
- Doncan Esneider Betancourt
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Transcurrió plazo. Vista la certificación de cuenta y el estado de autos, se advierte que trascurrió el plazo de cinco días establecido en el artículo 98, párrafo primero, en relación con el numeral 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de doce de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó la demanda de amparo; sin que lo hubiere hecho. Causa estado. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Certificación. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que se ha incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, a fin de que coincidan en su totalidad, lo que verificó la secretaria actuante al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de conformidad con los artículos 25 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Archivo. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, por tanto, háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción IV del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse desechado la demanda de amparo, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción en los términos previstos en el citado precepto; realícese la anotación administrativa conducente. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese
- Principal
hago constar que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 26, fracción III y 29, ambos de la Ley de Amparo, se practica la notificación de la determinación de doce de octubre de dos mil veintitrés, a la parte promovente Rodrigo Roberto Langle Méndez, en el juicio de amparo 1330/2023-I, por medio de lista de estrados, que en síntesis dice:"ijuana, Baja California, doce de octubre de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1330/2023-I. Análisis de la demanda de amparo. Este juzgado procede a analizar la demanda de amparo de que se trata, pues tomando en consideración que el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del precepto de mérito, se advierte la facultad del Juez para desechar de plano una demanda, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Desechamiento de demanda. Con base en lo expuesto, se estima que la demanda de amparo promovida es improcedente al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. En efecto, el precepto legal en cita establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios. [.]" De la lectura del dispositivo legal transcrito, se advierte que el juicio de amparo resulta improcedente cuando la acción constitucional se promueve contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En ese sentido, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: a) Que existan por lo menos dos juicios de amparo. b) Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. c) Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. d) Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Establecido lo anterior, se estima que los requisitos anteriores se encuentran colmados, generando con ello la improcedencia de este juicio constitucional. Para demostrar tal afirmación se estudiarán las exigencias precisadas de manera particular, como a continuación se detalla. Primer requisito. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. En el caso, se estima actualizado el requisito en análisis, en razón que de la certificación de cuenta se advierte que en esta fecha, se proveyó sobre la demanda de amparo promovida por Rodrigo Roberto Langle Méndez, a favor de Doncan Esneider Betancourt, misma que se radicó bajo el número 1328/2023-VI. Además, la presente demanda y la promovida en el juicio 1328/2023-VI, se presentaron en línea a través del portal electrónico del Poder Judicial de la Federación, una a las ocho horas con diez minutos y la otra a las ocho horas con veinte minutos, ambas del doce de octubre de dos mil veintitrés. Segundo requisito. Que uno de esos juicios constitucionales se encuentre en trámite. Este requisito también se considera satisfecho, en atención a que el juicio de amparo 1328/2023-VI, promovido por Rodrigo Roberto Langle Méndez, a favor de Doncan Esneider Betancourt, se encuentra en trámite al haberse realizado el pronunciamiento respectivo sobre la demanda en esta fecha, proveyéndose sobre la suspensión de plano y ordenándose la ratificación de la misma, es decir, no fue desechada ésta. Tercer requisito. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuren como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. Por lo que respecta a esta exigencia debe decirse que ambos juicios de amparo, esto es, el identificado con el número 1328/2023-VI, así como el presente asunto, existe identidad de partes, ya que se trata del mismo quejoso y de la misma autoridad responsable. Ello, pues en ambos juicios constitucionales la parte quejosa es Rodrigo Roberto Langle Méndez, a favor de Doncan Esneider Betancourt, y la autoridad responsable señalada es el Director de la Estancia Migratoria de Tijuana, Dependiente de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California en esta ciudad. De ahí que, esta exigencia también se encuentre satisfecha. Cuarto requisito. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. Finalmente, este requisito se encuentra satisfecho, toda vez que en ambos juicios de amparo la parte quejosa reclama, sustancialmente: -Privación de la libertad y prohibición de libre tránsito. - Incomunicación. - Deportación y expulsión del país. Actos cuya existencia se reclama a partir de la presentación de ambas demandas, esto es, ocho horas con diez minutos y ocho horas con veinte minutos, ambas del doce de octubre de dos mil veintitrés. Por tanto, es claro que la parte quejosa a través de este juicio de amparo y el diverso 1328/2023-VI, reclama los mismos actos reclamados de la misma autoridad responsable, trayendo como consecuencia la actualización de la causal de improcedencia en estudio. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda promovida por Rodrigo Roberto Langle Méndez, a favor de Doncan Esneider Betancourt. La anterior determinación no implica una violación al derecho humano de acceso a la justicia, pues su ejercicio se encuentra normado por diversos presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia, cuya finalidad es dotar de firmeza jurídica a las determinaciones judiciales y lograr que éstas puedan ser acatadas. Es por ello que, si bien es cierto conforme al artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las normas relativas a los derechos humanos debe interpretarse de acuerdo a la Constitución y con los Tratados Internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, es decir, atento al principio pro persona y bajo una óptica de tutela más amplia, también lo es que en cuanto a la procedencia del juicio de amparo, dispone reglas específicas, lo que no implica que este no sea un recurso judicial efectivo. Así, el establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados, deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Máxime, que los requisitos para admitir los juicios, incidentes en ellos permitidos, o recursos intentados, establecidos por el legislador, son de interpretación estricta para no limitar el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, haciendo posible, en lo esencial, el ejercicio de dicho derecho, por lo que debe buscarse, con apoyo en los principios pro homine e in dubio pro actione, la interpretación más favorable al ejercicio de ese derecho humano, sin soslayarse los presupuestos esenciales de admisibilidad y procedencia de los juicios, incidentes en éstos permitidos o recursos intentados. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 22/2014, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Página 325, Materia Constitucional, Registro 2005917, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." Dato de contacto. Téngasele señalando el correo electrónico que indica única y exclusivamente para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al presente expediente previa certificación correspondiente. Notificación por lista. Por otra parte, dado que en la demanda de amparo, el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 fracción III, en relación con el 29, ambos de la Ley de Amparo, se ordena al actuario de este juzgado, notificar a la parte quejosa por lista de acuerdos el presente auto y los subsecuentes, aún los de carácter personal. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. De conformidad con el Acuerdo General Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, fórmese el expediente electrónico respectivo. Notifíquese personalmente al promovente."
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